La sensación de alivio les ha durado poco. Con el auto de archivo del juez Pedraz todavía en la mano, dos de las imputadas del 25-S que han declarado hoy, la abogada Doris Benegas y la administrativa Elena Martínez, de 60 y 33 años,
han sido retenidas e identificadas por la policía en las inmediaciones
de la Audiencia Nacional. Ha ocurrido cuando se marchaban, terminada la
concentración en su apoyo a las puertas del tribunal. "¡Más identificada
que con esto...!", se quejaba Elena levantando el auto. "Esto confirma
la espiral represiva en la que nos encontramos", añadía delante de los
agentes. Al margen del incidente, que se ha resuelto a los pocos minutos
cuando les han dejado marchar, los imputados y simpatizantes del 25-S
han reconocido que el carpetazo del juez al proceso abierto contra varios de ellos
por un presunto delito contra las Instituciones del Estado les ha dado
fuerzas para seguir con las movilizaciones. Y su intención es clara:
"Volveremos a rodear el Congreso".
"El juez le ha quitado la razón a todos los que decían que éramos
unos golpistas peligrosos", ha asegurado a la salida Rafael Tejero, de
57 años, profesor de filosofía granadino
que hoy también ha declarado ante el juez. "Ha primado la sensatez,
tenemos tantas razones para decir lo que estamos diciendo...", añadía
con lágrimas en los ojos Doris Benegas.
Los activistas han explicado que solo han tenido que responder a una
pregunta ante el juez: si su intención era alterar el funcionamiento del
Congreso. Todos han contestado que no. Elena Martínez ha argumentado
además ante Santiago Pedraz que no entendía el delito que se le
imputaba: "Le he dicho que yo solo participé en una asamblea en El
Retiro en la que organizamos una manifestación para cambiar el sistema, y
que no sabía por qué eso era un delito contra las instituciones". "Lo
único de lo que somos culpables es de pretender un cambio social".
Fuera de la Audiencia, varias decenas de simpatizantes se han
concentrado para dar su apoyo a los imputados, custodiados por otro
tanto de agentes de policía. La policía no les ha permitido hacerlo a
las puertas del tribunal, y les ha cortado el paso en el Paseo de
Recoletos. Muchos portaban carteles autoinculpatorios —"Yo también
organicé el 25-S", decían— y han esperado la decisión del juez coreando
cánticos de Le llaman democracia y no lo es y pidiendo la
dimisión de la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes.
Entre los concentrados había también heridos en las cargas policiales de las manifestaciones,
como David R., periodista de 35 años ahora de baja por incapacidad con
varias magulladuras aún visibles en su cuerpo. "Seguiré manifestándome,
pero me tiemblan las piernas", reconocía mientras enseñaba la denuncia
que ha presentado contra agentes "sin identificar" por un delito de
lesiones.
Ernesto Charabia, prejubilado de 60 años, alzaba una pancarta
simulando una medalla sobre la que había escrito: "Medalla al valor de
la ciudadanía". "Es que para enfrentarse a estos pseudodemócratas hay
que tener valor y principios". En el 76 y en el 77 fue detenido por
distribuir propaganda ilegal. "El Tribunal de Orden Público se ha
convertido en la Audiencia Nacional", defendía antes de conocer la
decisión del Pedraz. "Estamos en un Estado de excepción, igual que el
que teníamos antes". ¿No advierte ningún cambio, ninguna diferencia?
"Sí, que lo han maquillado", contestaba.
Los manifestantes han recibido con gritos de "¡sí se puede!" y un
sonoro aplauso el archivo de la causa, que han conocido por Luis Miguel,
trabajador social de 48 años de Valladolid, que lo ha anunciado
megáfono en mano. Tras la decisión judicial,
volverán a manifestarse. Este próximo domingo la coordinadora del 25-S
celebrará una nueva asamblea en El Retiro para planificar las nuevas
acciones. "Barajamos una nueva fecha para volver a rodear el Congreso:
el día en que se voten los Presupuestos".
Denuncia contra la Cifuentes por un delito contra las instituciones
Varios imputados han presentado a su vez hoy ante el juez Pedraz una
denuncia contra la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, en la que
piden que se le impute un delito contra las altas instituciones del
Estado por su presunta responsabilidad en los disturbios que ocurrieron
en la manifestación del 25-S. Sostienen que policías y colaboradores
bajo su dirección infiltrados entre los manifestantes fueron quienes
iniciaron intencionadamente los desórdenes.
Pedraz contesta en el auto de archivo que deben dirigirse a los
juzgados de Instrucción porque "no podría atribuírsela [a Cristina
Cifuentes] un delito competencia de la Audiencia Nacional". Es decir,
descarta que la delegada pueda ser imputada por un delito contra altas
instituciones del Estado.
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