La convocatoria de la manifestación del pasado 25 de septiembre bajo el lema Rodea el Congreso
no supone la comisión de delito alguno. Así lo estima el juez de la
Audiencia Nacional Santiago Pedraz que esta mañana ha dado carpetazo al
caso abierto contra ocho organizadores de la marcha por un presunto
delito contra las Instituciones del Estado. El juez mantiene que los
promotores imputados en ningún caso trataron de invadir el Congreso, como mantenía la policía ni alteraron el normal funcionamiento de la Cámara
y recuerda que los fines de la protesta -exigir la dimisión del
Gobierno, la disolución de las Cortes e iniciar un proceso
constituyente- están protegidos por el derecho fundamental a la libertad
de expresión.
Pedraz inicia su resolución subrayando la gravedad de la denuncia que
presentó la policía el pasado 14 de agosto. En ese escrito, los agentes
le indicaban que la intención de los convocantes de la marcha era
"ocupar una de las instituciones públicas más importantes del Estado",
el Congreso de los Diputados. La policía advertía además que la
convocatoria había movilizado hasta ese momento a 42.162 personas y que
los invitados a la marcha ascendían a 608.983 personas.
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El juez relata cómo, "dada la gravedad de lo expuesto por la Unidad
de Delincuencia Económica y Financiera" de la policía, ordenó
identificar a los promotores en Facebook y Google, así como a los titulares de las dos cuentas abiertas para financiar el acto
y los desplazamientos a Madrid de los manifestantes así como de las
personas que ingresaron dinero en ellas. Esto último lo ordenó ante la
advertencia de los titulares de esas cuentas "desempeñan un papel activo
en la organización de los hechos presuntamente delictivos objeto de
investigación y cabiendo ser consideradas las aportaciones económicas a
las mismas como colaboración en dichos actos".
Inicialmente, la policía identificó a 30 promotores de la marcha,
pero Pedraz solo llamó a declarar como imputados a ocho de ellos, que
estaban citados a declarar hoy. Siete de ellos han comparecido ante el
juez y tras negar todos ellos que tuvieran la intención de entrar en la
Cámara, han quedado en libertad. El octavo imputado, Antonio López, un jornalero de Jérez del Marquesado (Granada)
se ha negado a comparecer en el juzgado acogiéndose a la "objeción de
conciencia" y a que no compartía los hechos que se le achacaban, según
contó él mismo a las puertas del tribunal. El juez considera que el
hecho de que no se haya presentado "resulta indiferente, por cuanto
citado en forma el mismo habría renunciado a declarar lo que tuviera por
conveniente", por lo que también archiva el caso respecto a él.
El magistrado recuerda también, cómo, a pesar de la gravedad de los
hechos denunciados inicialmente por la policía, la delegada del Gobierno
en Madrid, Cristina Cifuentes, autorizó la manifestación. En su
acuerdo, Cifuentes contaba que, realmente, "la convocatoria no pretendía
ocupar el Congreso, sino que "la verdadera intención de la
convocatoria" era "permanecer de forma indefinida en el Paseo del Prado,
en las inmediaciones" de la Cámara. Por tanto, concluye Pedraz, "la
gravedad aventurada por la policía no era tal" por lo que decidió no
imputar a ninguna otra persona a pesar de las múltiples identificaciones
de promotores presentadas por los agentes.
El auto señala cómo la manifestación no alteró en ningún caso la
actividad del Congreso como lo demuestra las manifestaciones de uno de
los diputados, que llegó a señalar que la cámara había podido "mantener
su actividad hasta el momento con absoluta normalidad". "La normalidad
más allá de la esquina del paseo del Prado no es así, se han producido
algunas detenciones y algunos alborotos, pero por lo que sabemos, todos
los diputados han podido acceder a la cámara sin ningún problema",
señaló ese mismo diputado.
HUELLAS DE LAS PROTESTAS. En
la concentración de apoyo a los imputados del 25-S ha habido también
heridos en las manifestaciones, como David R., de 35 años. Las marcas de
la porra son visibles en su cuerpo. "Seguiré manifestándome, pero me
tiemblan las piernas". / E. GARCÍA DE BLAS
La resolución también detalla cómo hasta hoy mismo, Interior ha
intentado llevar el caso a la Audiencia Nacional. El juez cuenta cómo
esta misma mañana, se ha recibido un informe de la Brigada Provincial de
Información de la policía señalando a cinco de los detenidos el pasado
25 de septiembre como posibles autores de un delito contra las
Instituciones. Pedraz asegura que no es a los agentes a los que
corresponde apreciar el delito concreto que hayan cometido, sino que
debe ser el propio juzgado de Instrucción Madrid que lleva el caso, el
número 8, el que, en caso de que aprecie delitos que competen a la
Audiencia, los ponga en conocimiento de esta.
Por último, el juez descarta uno a uno los delitos contra las
Instituciones que apreciaba la policía. Matiene, en primer lugar que "no
existe indicio alguno" de que los promotores imputados tuvieran
"intencionalidad de invadir" el Congreso. Después subraya que, en ningún
momento se alteró su "normal funcionamiento" y que el objetivo de
conseguir la dimisión de Gobierno y la apertura de un proceso
constituyente con el que se presentó la protesta, no solo no es
delictivo, sino que está protegido por el derecho a la libertad de
expresión.
Pero, además, adelanta la decisión que tomará respecto de la inhibición de los 35 detenidos por los disturbios durante la protesta que acordó la juez de Instrucción 8
de Madrid en favor de la Audiencia. Pedraz recuerda que el perímetro de
seguridad instalado en torno a la Cámara "está alejado de la sede, sin
que pueda considerarse como parte del edificio del Congreso". "No cabe
deducir que intentar rebasar el perímetro implique querer entrar en el
edificio", dice. "Puede pensarse también que solo quisiera llegar a las
puertas o simplemente rodearlo o cercarlo, como expresaba la
convocatoria". Tampoco consta que "a algún diputado se le hubiera
impedido salir del hemiciclo".
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