Aunque el Gobierno abrió ya en abril la puerta al copago de ciertos fármacos que se administran en los hospitales de forma ambulatoria, la publicación ayer en el BOE
de la lista definitiva de medicamentos afectados por la medida ha
levantado ampollas. Este nuevo copago deberá entrar en vigor a partir
del 1 de octubre, aunque son muchas las voces que dudan de que sea
posible articular el sistema de pago en este tiempo. Andalucía ya ha
mostrado su rechazo frontal y el País Vasco prepara un Real Decreto
alternativo. El PSOE pide incluso la dimisión de Ana Mato.
José Luis Poveda, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH),
reconoce que hace cuatro meses que presentaron algunas alegaciones al
Ministerio de Sanidad explicando las consecuencias y complicaciones que
podría tener el obligar a los pacientes a pagar por ciertos tratamientos
que se administran en las farmacias de los hospitales de forma
ambulatoria (no los que se reciben mientras el paciente está ingresado).
"Colaboramos con el Ministerio y pensamos que con los argumentos que
les dimos no se iba a llevar a cabo la medida. Obviamente nos
equivocamos", se lamenta. Entre la lista de entidades que han
reaccionado al anuncio en el BOE se encuentran numerosas asociaciones de
pacientes, como la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y otras
entidades oncológicas, que ya pidieron en su día a Sanidad que excluya
de este copago a los pacientes crónicos.
Recaudatoria y disuasoria
A juicio del doctor Poveda, cobrar por estos tratamientos para
enfermedades como el cáncer o la hepatitis C no va a cumplir ninguno de
los dos objetivos que se le supone. "Este tipo de medidas tiene dos
fines, recaudatorio y de racionalización, para evitar el sobreuso de medicamentos.
Sin embargo, con esta medida la recaudación que se va a obtener es
mínima y, además, este tipo de fármacos ya tienen una serie de controles
que impiden el sobreuso. Nadie toma un fármaco para la hepatitis C si
no tiene hepatitis C".
Sobre cómo se va a llevar a cabo en la práctica este nuevo copago,
Poveda reconoce que tendrán que ser las comunidades autónomas las que
articulen el cobro al paciente ("bien con tarjetas electrónicas, tasas o
lo que sea"), aunque duda de que sea posible poner en marcha este
sistema antes del 1 de octubre como pretende el ministerio. "No se han
recibido aún instrucciones [en las farmacias hospitalarias] y los
responsables de las CCAA no han expresado aún públicamente cómo se va a
articular".
Generalmente, explica, los pacientes con algunas enfermedades
crónicas, acuden a la farmacia hospitalaria con la prescripción que les
manda su especialista. "Hay fármacos orales, inyectables,
intramusculares y con pautas y dosificaciones muy diferentes", aclara.
Generalmente, los pacientes reciben medicación para cierto plazo de
tiempo, después del cual deben someterse a algún control "para ver la
eficacia, los efectos adversos... En este tipo de tratamientos existen
muchos controles y no hay riesgo de sobreutilización como se argumenta
para instaurar el copago farmacéutico".
La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria tiene previsto
establecer un sistema para recoger las posibles situaciones y problemas
que genere el nuevo copago; "y en su caso volver al Ministerio para que
se reconsidere la medida".
La reacción de los pacientes
Los pacientes con cáncer están entre los más afectados por la medida
(que también afecta a fármacos para la esclerosis, la hepatitis, la
artritis reumatoide...). En este sentido, fuentes de la AECC señalan a
Europa Press que la entidad solicitó ya hace tiempo al Gobierno que
dejara fuera de las medidas de ajuste a los pacientes graves, una
sugerencia que, de momento, el Ejecutivo no ha atendido.
Por su parte, la Federación Española de Padres de Niños con Cáncer ha
pedido al Gobierno que exima a los menores de asumirlo, teniendo en
cuenta su "vulnerabilidad". Pilar Ortega, presidenta de la federación,
asegura que "las cargas económicas de las familias afectadas por el
cáncer pueden suponer un retroceso en su calidad de vida". Ante un
diagnóstico de cáncer de un menor, indica, el incremento medio del gasto
de una familia es de entre 400 y 600 euros mensuales, como consecuencia
de desplazamientos, farmacia, trabajo, etc.
Para el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(Cermi) el nuevo encarecimiento en el acceso a la prestación
farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS), tras los operados el
año pasado con la reforma sanitaria, "mermará gravemente la atención y
protección sanitaria de muchos pacientes que hasta ahora estaban exentos
de aportación, entre ellos, personas con enfermedades crónicas y con
distintas discapacidades".
El PSOE solicita dimisión
La decisión del gabinete de Ana Mato ha disparado también las
críticas desde el partido de la oposición. Ayer, la secretaria de
Política Social del PSOE, Trinidad Jiménez, aseguraba que esta medida es
una muestra más de que el Gobierno "se ceba con los enfermos,
castigando y empobreciendo a los más vulnerables", por lo que considera
necesario que dimita Ana Mato. "Sólo por lo inhumana que es (esta
decisión) y por lo que puede afectar a los pacientes de enfermedades
graves y de larga duración", Mato debería irse "de una vez por todas",
señaló Jiménez.
La presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, ha expresado también su rechazo ante esta norma. "El
Gobierno andaluz no está de acuerdo con que el coste adicional lo sufran
los ciudadanos sino que tienen que ser las grandes industrias
farmacéuticas las que lo hagan", ha enfatizado.
A su juicio, "ahora toma sentido la subasta de medicamentos" que
propone la Junta de Andalucía, de manera que "ahora se entiende con
claridad el porqué la Junta lideraba esa subasta", ha apostillado la
presidenta.
Del mismo modo, ha incidido en que "no están de acuerdo" con esta
propuesta del Gobierno central y analizarán "qué margen" tiene el
Ejecutivo andaluz ante la misma. "En Andalucía no se tenía conocimiento
porque el Ministerio de Sanidad no se lo ha trasladado a la
Consejería", ha reiterado la presidenta autonómica andaluza.
Por su parte, el lehendakari, Íñigo Urkullu, ha anunciado que el
Gobierno Vasco aprobará, "probablemente" el 15 de noviembre, un decreto
para "compensar" por el nuevo sistema de copago farmacéutico a los
sectores sociales más desfavorecidos, en el que no solo se incluirá a
los pensionistas con ingresos inferiores a los 18.000 euros, sino
también, entre otros, a los parados que hayan perdido "todas las
posibilidades de prestaciones".
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