La muerte por tuberculosis de un inmigrante africano por la supuesta
falta de asistencia hospitalaria adecuada en Mallorca ha abierto una
polémica sobre la atención sanitaria a los sin papeles, que desde
septiembre del año pasado quedaron sin tarjeta sanitaria por decisión
del Ministerio de Sanidad. El hombre falleció el pasado 21 de abril, y
el caso fue denunciado ayer por la coalición econacionalista de
izquierdas Més per Mallorca, con la posterior adhesión de Médicos del
Mundo. El grupo político responsabilizó al Gobierno balear del PP por el
fallecimiento “sin asistencia médica” del ciudadano senegalés de 28
años. En cambio, la Consejería de Salud rechazó esta versión, y relató
las tres ocasiones en las que el paciente acudió a un centro de salud y
al hospital comarcal, aunque reconoce que se le dio un antiinflamatorio
por una bronquitis aguda, sin internamiento.
La diputada econacionalista Fina Santiago afirmó que “no se le
atendió” en el sistema público de salud a la víctima por carecer de
papeles y de tarjeta sanitaria. La parlamentaria tildó el asunto de
apartheid y anunció futuras acciones penales contra el consejero de
Sanidad, Martí Sansaloni, del PP, por “denegación de auxilio”.
Santiago señaló que el enfermo acudió al centro de Can Picafort donde
se le atendió y posteriormente al hospital de Inca, en el que no se le
hizo una radiografía necesaria. Proclamó que murió “solo y sin
asistencia” en su casa, que se trató de “una muerte evitable con un
tratamiento sencillo”.
La Consejería de Salud, para rebatir las acusaciones, desveló el
historial de citas del ciudadano senegalés que llevaba ocho años en
España. Fue atendido el 25 de febrero, en una unidad básica de Salud de
Can Picafort donde narró que hacía un mes que tenía tos y comunicó que
el hijo de un amigo suyo estaba ingresado en el hospital de Inca por
tuberculosis. La doctora le hizo una prueba rápida para descartar esta
enfermedad contagiosa. Tres días después de la primera visita, la prueba
ofreció un resultado negativo. “Aun así, para asegurarse”, dice la
versión oficial, la doctora remitió al paciente a urgencias del hospital
de Inca “para valoración, una radiografía del tórax para descartar la
tuberculosis”.
Pero no fue sino al cabo de un mes, el 5 de abril, cuando el enfermo
acudió al hospital porque tenía tos y dolor al tragar. En los archivos
de este centro no se tiene constancia de que aportara ningún tipo de
documentación de sus anteriores visitas a la atención primaria. La nota
oficial concluye que la enfermera hizo la selección correspondiente (el
llamado triaje que sirve para decidir el orden de atención en
urgencias), y el médico que le atendió le diagnosticó una bronquitis
aguda y le recetó un antibiótico y un antiinflamatorio. Se le dio un
informe de alta en el que se le recomendaba que acudiera a su médico de
familia otra vez para evaluar la evolución del proceso. Según la
gerencia de Atención Primaria de Baleares el enfermo no acudió,
posteriormente, a ningún centro de salud.
Los denunciantes aseguran que al hombre “no se le practicaron las
pruebas necesarias y se limitaron a darle ibuprofeno (un
antiinflamatorio)”. Indican que no se le atendió en el hospital de Inca
por no tener tarjeta y que incluso le advirtieron de que debía pagar los
gastos de su atención, una práctica que Médicos del Mundo ha denunciado
con anterioridad. Ambas acusaciones las rechaza la Consejería de Salud
que afirma que atiende, en urgencias, sin coste a los inmigrantes sin
papeles ni tarjeta.
Los amigos y compatriotas de la víctima organizaron el pasado sábado
un mercadillo para recaudar los 7.000 euros para poder trasladar el
cadáver a Senegal. Algunos senegaleses de su entorno reconocen haber
sido sometidos ya a pruebas preventivas y estar recibiendo medicación
para evitar la propagación de la enfermedad. Més per Mallorca no duda en
vincular la muerte del joven con la política del Gobierno central, que
decidió que los inmigrantes en situación irregular quedaran sin tarjeta
sanitaria, y con derecho solo a atención en caso de urgencias o si se
trata de menores o mujeres embarazadas. Pero, en teoría, las comunidades
también deben atender casos de salud pública, como el de la
tuberculosis, informa Emilio de Benito. La duda está en si la falta de
documentación hizo que el hombre fuera peor atendido o que él mismo
renunciara a las visitas que le recomendaron.
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