La banca desalojó por la fuerza a al menos 2.405 familias de su casa
en 2012 frente a un total de 32.490 desahucios sobre vivienda habitual,
según revela una nueva estadística que ha presentado este viernes el
Banco de España. Los datos reflejan, además, que en 355 de estos casos
tuvo que intervenir la Policía. Asimismo, si también se tienen en cuenta
los desajolos en los que se requirió la presencia de la fuerza pública
sobre viviendas que no estaban consideradas como habituales, el número
aumenta a 464.
En proporción al número total de hipotecas a los hogares para
adquisición de vivienda, los desahucios afectaron al 0,53% del total,
destaca el Banco de España. De los 32.490 procesos, se registraron
14.110 daciones en pago, según los datos facilitados por las propias
entidades.
Del total de entregas judiciales de vivienda habituales (14.165), la
vivienda estaba vacía en el momento de la posesión en un 83% de los
casos. El 85% de las hipotecas que dieron lugar a entregas judiciales de
viviendas ocupadas en 2012, se originó en el año 2007 o antes de ese
año.
Los datos del Banco de España, que parten de una encuesta a un grupo
de entidades que gestionan más del 85% de los créditos concedidos a las
familias para comprar vivienda, llegan en plena profusión de
estadisticas sobre las ejecuciones hipotecarias tras años de opacidad.
Ello se ha debido a la repercusión social que tienen los desahucios, que
han aumentado con fuerza en los últimos meses por culpa de la
persistencia de la crisis y el imparable auge del paro.
En este sentido, las cifras que maneja el organismo que dirige Luis María Linde están en línea con las que dieron a conocer hace unos días
los registradores. Es más, se encuentran ligeramente por encima. Según
el anuario de este colectivo, considerado por los expertos como “la
fuente más fiable" para tratar de arrojar algo de luz sobre los
desahucios, en España hubo 30.034 desahucios sobre primeras viviendas
por impago de los créditos en 2012. También calculan que la banca
admitió 11.441 daciones en pago en primera vivienda ante la insolvencia
de sus clientes durante el pasado año.
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