Ha finalizado el plazo e Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres no han pagado la fianza civil
de casi 8,2 millones de euros por las posibles responsabilidades
pecuniarias. En consecuencia, el juzgado puede iniciar el proceso
conocido como "apremio" y poner en marcha los trámites
para proceder al embargo de sus bienes hasta cubrir los casi 8,2
millones de euros. No obstante, no es previsible que ese procedimiento comience de forma inmediata, han informado fuentes jurídicas.
Al cerrar el juzgado de Instrucción a las 14.00 horas no se había
registrado ninguna documentación relacionada con dicha fianza y durante
la tarde-noche tampoco se ha recibido en los juzgados de guardia.
El pasado día 30, el titular del juzgado de instrucción número 3 de la capital balear ordenó al duque de Palma y a Torres aportar de forma solidaria 8.189.448,44 euros en concepto de fianza de responsabilidad civil en esta causa que investiga el presunto desvío de 6,1 millones de fondos públicos a través del Instituto Nóos.
En el auto en el que impuso la fianza, el juez advertía a los dos
principales imputados de que si no depositaban la fianza en cinco días
hábiles, plazo que ha acabó la pasada noche, se procedería "al embargo
de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla y que se hará
efectiva con cargo a la totalidad de sus patrimonios".
De hecho, en el auto en el que Castro dictó la fianza,
también abrió el periodo de tres días para que los abogados de
Urdangarin y Torres presentaran recursos contra la decisión, plazo que
terminó el lunes. Sin embargo, ambos imputados registraron sendos recursos ante el Juzgado
el pasado martes pasadas las 13.00 horas. Los recursos de reforma no
paralizan la obligación de depositar la caución por responsabilidad
civil.
El juez instructor del 'caso Nóos' considera que en la instrucción se han hallado "más que suficientes indicios de criminalidad" en la actuación de Urdangarin y Torres al frente del Instituto Nóos, según afirmó en el auto en el que les impuso la fianza.
Apuntó a la comisión por parte de ambos de los delitos
de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de
fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias en
varios de los convenios que suscribieron a través de Nóos.
La cifra, que se ajusta con exactitud a lo que habían solicitado la
Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias,
corresponde a los fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana
percibidos por Nóos entre 2004 y 2007 por diversos contratos
presuntamente irregulares, más un tercio añadido de esa cantidad como se
hace habitualmente en cálculos procesales.
'Injusto empobrecimiento'
Iñaki Urdangarin ha recurrido la fianza de responsabilidad civil de casi 8,2 millones de euros argumentado que se vería abocado a un "injusto empobrecimiento" y se produciría un "enriquecimiento injusto" para los beneficiarios de la anterior cantidad.
Pero además insiste el letrado del duque de Palma, como ya hizo en
anteriores fases del proceso, en que su cliente está sufriendo
indefensión en esta investigación. Critica al juez que ha hecho una
selección "parcial, sesgada y fuera de plazo" de
determinados documentos del sumario, "cuya elección o rechazo de otros
también ha sido subjetiva", en especial referencia a las declaraciones
de los testigos y o imputados.
Los duques de Palma tienen un gran patrimonio inmobiliario. Además del conocido palacete en el barrio barcelonés de Pedralbes,
por el que pagó casi siete millones de euros -incluidas reformas-,
poseen dos pisos, dos plazas de garaje y un trastero en un edificio de
la calle Pedrera de Palma de Mallorca. También tienen una vivienda en Terrasa, y algunos medios apuntan a que posee otras tres más al 50% con Diego Torres.
Acudirá al Constitucional
El duque de Palma también advirtió ayer de que podría acudir al Tribunal Constitucional por haberse vulnerado su derecho de defensa,
en el escrito en el que recurre la fianza de 8,1 millones impuesta por
el juez que investiga el desvío de fondos del Instituto Nóos.
El abogado del duque de Palma, Mario Pascual Vives,
argumentó en su escrito que durante la instrucción del caso se había
vulnerado el derecho de defensa de su cliente, hasta el punto de que "no sabe de qué hechos o delitos debe defenderse de manera concreta y precisa".
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