Axioma número uno: "Estados Unidos va a regularizar la situación de todos los inmigrantes ilegales". Axioma número dos: "Los inmigrantes tendrán un periodo de adaptación de ocho años hasta conseguir la plena residencia". Axioma número tres: "Republicanos y demócratas coinciden en lo esencial en la reforma".
Son tres frases que se repiten como un mantra cada vez que se habla de inmigración en Estados Unidos. Pero no son exactas. Tampoco inexactas, porque, hasta ahora, la única propuesta más o menos concreta es la que la Casa Blanca ha filtrado al diario 'USA Today' y que el 'Miami Herald' ha publicado en su integridad.
Sin embargo, incluso con esa propuesta, calificada como excesivamente
generosa por muchos republicanos, los ilegales necesitarían ocho años
para lograr el permiso de residencia, y al menos cinco más para conseguir la nacionalidad.
Con el plan alternativo del 'Grupo de los Ocho' (cuatro senadores demócratas y otros cuatro republicanos), ese proceso podría dilatarse fácilmente hasta los 15 ó 20 años, según algunas asociaciones de inmigrantes.
Como referencia, la reforma inmigratoria aprobada por Ronald Reagan
en 1986 apenas dejaba 18 meses desde que los inmigrantes regularizaran
su estatus hasta que pudieran solicitar el permiso de residencia. Para
Juan Jose Gutierrez, presidente de la organización Vamos Unidos USA, "la reforma de Reagan y la que intentó Bush en 2006 eran mejores que lo que se está planeando ahora".
Ésta y otras organizaciones empiezan en California este domingo una
serie de manifestaciones que culminarán con una gran marcha en
Washington el 10 de abril.
El primer obstáculo —y una de las mayores incertidumbres— es que la propuesta del Grupo de los Ocho exige que, antes de que los 11 millones de inmigrantes irregulares puedan siquiera solicitar estar en una situación legal, EEUU deberá:
1. "Aumentar el número de aviones sin piloto y
equipo de supervisión, mejorar la 'interoperabilidad' de los sistemas y
aumentar el número de agentes en los lugares de entrada y entre ellos".
En otras palabras: reforzar el control de las fronteras de EEUU;
Esto significa todo y nada. Las medidas de refuerzo de la frontera
pueden ser un mero trámite o una transformación del sistema inmigratorio
de EEUU.
2. Crear "un sistema de entradas y salidas que
determine si han salido del país todas las personas que han entrado en
EEUU por aeropuertos [...] con visas temporales"; Si esta medida se
lleva a la práctica, el atasco de la ley puede ser impresionante, porque
se estima que el 40% de los ilegales de EEUU (entre 5 y 5,5 millones) han entrado por este sistema. La práctica de llegar con un visado temporal y quedarse es común en todo el mundo, y controlar eso puede suponer reestructurar de arriba abajo el sistema inmigratorio estadounidense.
3. Crear una comisión formada por "gobernadores, fiscales generales y líderes comunitarios"
del sudoeste de EEUU que tendrá carácter consultivo, para evaluar los
resultados de esa reforma inmigratoria; Esto es, igualmente, ambiguo.
Las funciones de la comisión no están claras. Pero sí hay un factor
incuestionable: introduce la variable electoral local (no solo la
nacional) en el proceso. Arizona y Nuevo Mexico, por ejemplo, celebran
elecciones a gobernador en 2014. En ambos estados hay gobernadoras
republicanas que han adoptado políticas muy duras contra los
inmigrantes. California también tiene elecciones en 2014, pero en ese
estado la actitud hacia los inmigrantes es más favorable.
Falso problema
Más allá de las cuestiones prácticas, estos requisitos desvían la
atención y crean un falso problema. Porque, desde que estalló la crisis
de las hipotecas basura, en 2008, apenas hay inmigración ilegal a los Estados Unidos.
Según el Departamento de Seguridad Interior, el número de ilegales en
el país alcanzó su máximo, 12 millones, en 2007. Desde entonces, ha
estado estabilizado en entre 11,2 y 11,5 millones. Exigir la seguridad
de la frontera en un momento en el que la frontera es esencialmente segura
es simplemente crear un problema donde no lo hay. Y, si se quiere
reforzar la frontera para evitar que, en el futuro, los inmigrantes
vuelvan a cruzarla, no hace falta que ése sea el requisito previo e
inexcusable para la reforma.
Así pues, el proceso de naturalización podría no empezar antes de 2015,
cuando ya hayan pasado las elecciones al Senado y al Congreso de 2014, y
las de gobernadores de Arizona, Nuevo Mexico y California.
Entonces se entraría en la fase de los ocho años del Visado de
Inmigrante Potencialmente Legal, que deberá ser solicitado por los
ilegales que estén residiendo en el país cuando la ley hubiera sido
aprobada. Eso implicará costes legales considerables.
Los inmigrantes deberán presentar certificados médicos, pruebas de
residencia y, posiblemente, precisarán asistencia de abogados. Eso
implica costes que podrían fácilmente situarse en los miles de dólares y
que además suponen un factor de incertidumbre para un grupo de
población que normalmente tiene un nivel educativo muy bajo. Pero la
ambigüedad legal, de nuevo, es abrumadora. Porque la propuesta de la
Casa Blanca declara que, si la acumulación de peticiones de visado es
menor de la prevista, esos ocho años podrían reducirse.
Incluso asumiendo que finalmente sean ocho años, sólo tras ese
periodo de tiempo, los inmigrantes podrán solicitar el Permiso de
Residencia y Trabajo (la 'Green Card'). Una vez que se tiene la Green
Card, hay que esperar un mínimo de cinco años para obtener la
ciudadanía. Pero, en realidad, podría ser más tiempo. "Cuando anunció en
Las Vegas su intención de llevar a cabo una reforma inmigratoria,
Barack Obama declaró que los ilegales deberían ponerse a la cola de
todos los que han solicitado legalmente la Green Card", recuerda
Gutiérrez. Así, salen un mínimo de 13 años. Y un máximo de... no se sabe.
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