La denuncia contra el franquismo por "genocidio" toma impulso en la Justicia argentina. Hace dos meses, una jueza había archivado la demanda tras no admitirla a trámite, pero los denunciantes recurrieron a un tribunal de apelaciones y éste revocó la decisión de la magistrada.
Los camaristas Horacio Catanni y Martín Irurzun, de la Cámara Federal porteña que ha procesado a centenares de represores de la dictadura argentina (1976-1983), ordenaron este viernes a la jueza María Servini de Cubría que anule el 'carpetazo', abra una causa penal y tome medidas.
Entre otras diligencias, se reclama al Gobierno español para que informe si ahora en España existe en trámite algún proceso por los crímenes del franquismo, del tipo del que en su momento abrió el juez suspendido Baltasar Garzón.
Le indicaron que pregunte si "efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático generalizado y deliberado para aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física, llevado a cabo entre 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977".
'Un camino ilegal'
En su momento, el fiscal Federico Delgado sostuvo que "es innegable que los crímenes del franquismo constituyen delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, el reclamo de quienes pretenden una investigación en la Argentina está amparado en altísimas razones de justicia sustantiva", pero se negó a impulsar una causa por entender que había otra pesquisa similar en España.
"Iniciar un proceso en la República Argentina equivaldría a utilizar un camino ilegal para remediar una ilegalidad mayor", opinó en su momento el fiscal.
Si como se prevé La Moncloa llegara a informar de que no hay nada en curso, entonces la juez Servini de Cubría tendrá las manos libres para declararse competente en razón del principio de Justicia Universal, que, por los tratados jurídicos internacionales, rige para juzgar los delitos contra la Humanidad.
Además, los miembros del tribunal revocaron otra decisión de la juez y aceptaron como querellante en la causa a una de las denunciantes, Inés García Holgado, que es sobrina de un desaparecido y nieta sobrina de dos fusilados. Uno de ellos, Elías García Holgado, ejecutado al iniciarse la guerra civil en 1936 cuando también era alcalde y diputado provincial en Salamanca.
"Actúa en su condición de familiar de los sujetos pasivos y que en tal carácter busca con su intervención, por un lado el castigo de los culpables, y por otro reconstruir el destino final de sus parientes", sentenciaron.
García Holgado y Darío Rivas Cando, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936 cuando era alcalde de la localidad de Castro de Rei, interpusieron su denuncia en el juzgado el pasado 14 de abril, fecha elegida por ser el aniversario de la Segunda República.
Con el apoyo de organismos de Derechos Humanos, la medidapretendió ser una reivindicación del juez Garzón ante su proceso en el Tribunal Supremo por investigar al franquismo y en devolución de favores porque en los 90 rompió la impunidad entonces reinante en Buenos Aires acusando en la Audiencia Nacional a la dictadura argentina.
Lo curioso y que nadie en Buenos Aires alcanza a explicar es que la denuncia abarca hasta 1977, más allá de la muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975, involucrando de esa manera a 13 ministros, gobernadores, jefes militares, guardias civiles y policías durante el franquismo y el inicio de la transición que aún están vivos.
Entre otros, alcanza nada menos que al Rey Juan Carlos I en su condición de comandante de las fuerzas armadas, al ex presidente Adolfo Suárez, y a Manuel Fraga Iribarne, ex ministro franquista y fundador de Alianza Popular, antecesora del Partido Popular.
La querella fue presentada el 14 de abril por familiares de desaparecidos españoles y está respaldada por la Asociación de la Memoria Histórica, las Abuelas de Plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación de Ex detenidos-desaparecidos, la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, entre otras asociaciones cívicas.
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