Los querellados son, además de Netanyahu, el ministro de Defensa, Ehud Barak; el de Exteriores, Abigdor Lieberman; el de Inteligencia y Asuntos Atómicos, Dan Meridor; el de Asuntos Estratégicos, Moshe Ya'alon; el de Interior, Eli Yishai y el ministro sin cartera Benny Bergin. También está entre ellos el vicealmirante Eliezer Marom. La querella considera que todos ellos se reunieron "desde el momento en que se tuvo conocimiento de la partida de la flotilla" para "concretar la operación ", "en el marco del ataque sistemático y generalizado contra la población civil palestina" y con el objeto de "abortar cualquier intento de acción solidaria contra la población palestina".
Debido a la reforma de la jurisdicción universal que limitó la competencia española a los casos en los que hubiera víctimas españolas, la querella se centra en la detención, la deportación y las torturas supuestamente sufridas por Segarra Arau y Espinar, que fueron "detenidos ilegalmente, trasladados forzosamente a territorio israelí y deportados a territorio turco al margen de lo estipulado en el derecho internacional", dice la querella. El escrito, sin embargo, enmarca esos delitos en un contexto "de ataque generalizado e institucionalizado sobre la población palestina, concretamente en la franja de Gaza" hacia donde la flotilla "transportaba cooperantes y voluntarios, además de toneladas de ayuda humanitaria".
"Las fuerzas israelíes", continúa, "obedeciendo el plan acordado por estos siete ministros, abordaron en aguas internacionales a la flotilla, la atacaron con gran desproporción en cuanto a los medios empleados, dispararon a matar, asesinaron a personas desarmadas, civiles, lesionaron a otras muchas, las detuvieron y encarcelaron en una prisión de territorio israelí, y tras 72 horas las deportaron a Estambul".
La querella también considera que los hechos pueden suponer un delito contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Recuerda que las personas que viajaban a bordo del Mavi Marmara -cooperantes, periodistas, parlamentarios, población civil en general y los heridos por la operación de abordaje- están protegidos según el artículo 608 del Código Penal y los tratados internacionales suscritos por España.
El juez de la Audiencia Nacional al que corresponda la querella deberá decidir ahora si la admite a trámite. Si así fuera, daría lugar a la segunda investigación judicial por crímenes internacionales supuestamente cometidos por miembros del Gobierno de Israel que se sigue en España. La anterior -la matanza de una decena de civiles, entre ellos varios niños, en un bombardeo selectivo para acabar con un líder de Hamás en 2002, investigada por el juez Fernando Andreu- generó un conflicto diplomático entre España e Israel.
La ex ministra de Asuntos Exeriores israelí, Tzipi Livni, exigió a su homólogo español, Miguel Ángel Moratinos, una reforma de la legislación española para evitar procesos como éste. Esa modificación, que restringió el principio de jurisdicción universal a los casos en los que hubiera españoles, entró en vigor días antes de que la fiscalía de la Audiencia Nacional recurriera ese caso investigado por Andreu a la Sala de lo Penal que, finalmente, le dio carpetazo.
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