En el recurso ante la Audiencia de Barcelona el abogado de la empresa, Josep Jover, volvió a solicitar que ante la confusión interpretativa del alcance que debe tener el pago del canon se consultara a las instancias europeas. Esta petición, que había sido rechazada por el primer juez, fue escuchada en la Audiencia. Por esta razón, ahora ha llegado a Luxemburgo.
En los meses previos al inicio de la vista, el tribunal remitió el caso a todos los estados miembros para que pudieran aportar sus alegaciones. Lo han hecho varios países. Finlandia y Gran Bretaña, por ejemplo, remitieron una opinión favorable a la tesis de Traxtore. Hoy, ante el tribunal se han presentado, además de los abogados de las partes, representantes de Alemania, Grecia y España, que se oponen a las tesis de Traxtore aunque ofrecen matices en su argumentación. Alemania, por ejemplo, considera que debe haber una mayor proporcionalidad al fijar el precio del canon, mientras que Grecia lo defiende en su integridad de la misma manera que los hoteles han de pagar por instalar televisores.
La audiencia, que ha durado toda la mañana, ha consistido en intentar responder a una pregunta altamente técnica sobre si la compensación equitativa (retribución a quien tiene el derecho de la obra por el lucro cesante que supone la obtención lícita de una copia para uso privado) debe entenderse como remuneración equitativa (si alguien hace negocio con la copia de una obra debe retribuir a quien tiene los derechos de la misma). En definitiva, el debate se centraba en si aquellos que utilizan soportes informáticos de almacenamiento pero con fines profesionales y no para obtener una copia privada de archivos sometidos a derechos deben pagar igualmente el canon digital. Por ejemplo, la Administración de Justicia. En la audiencia, un abogado de las partes ha defendido el pago del canon por parte de la administración porque sus equipos son empleados por sus funcionarios para obtener copias con fines particulares.
El 11 de mayo la abogada general del Tribunal elevará sus conclusiones y la sentencia llegará tras las vacaciones de verano. Lo que dictamine el tribunal de Luxemburgo generará una obligación de interpretación en todos los estados miembros de la Unión Europea. Según cual sea la misma, España y todos los países que aplican el canon con los mismos criterios podrían verse obligados a corregirlos.
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