Árbitro y ‘sheriff’ contra la piratería

Los titulares se los llevaron los de siempre (Google, las entidades de gestión, las webs de enlaces, los secretarios de Estado…), aunque el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, que pasó el viernes por el Consejo de Ministros, contase con un protagonista tapado, como esos secundarios que acaban robándole el plano a la estrella cuando menos se lo espera. La entidad administrativa sobre la que más funciones nuevas han recaído con este cambio legislativo es la Sección Primera de la Comisión de la Propiedad Intelectual. Su nombre no resulta precisamente sexi, pero si el texto pasara el trámite parlamentario tal cual, el órgano colegiado, dependiente del Ministerio de Cultura e integrado por cuatro vocales, “profesionales de reconocido prestigio” y no necesariamente funcionarios, pintaría mucho en la propiedad intelectual.

La Sección Primera es la llamada a mediar si los agregadores de noticias (Google News y el resto) no llegan a un acuerdo sobre el concepto y el alcance de la ya famosa “compensación equitativa” a los editores de contenidos. O si las entidades de gestión no logran en el plazo legal previsto de cinco meses crear un organismo privada que sirva de ventanilla única a los usuarios de contenidos sujetos a derechos de autor. También tiene el mandato de controlar las tarifas que imponen las entidades de gestión, aunque esa labor quedará mermada por el hecho de que no pueden efectuar esa supervisión por iniciativa propia, sino solo cuando medie conflicto.

La Sección Primera intervendrá en las tarifas solo en caso de conflicto

Una de las objeciones más recurrentes que se escucha estos días entre los afectados por la ley es si el órgano no acabará tomando demasiado protagonismo, cuando no resultará sepultado por una montaña ingobernable de trabajo. También, si sus nuevas atribuciones no serán más propias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. “Los miembros de la Sección Primera son expertos en derechos de la propiedad intelectual”, justificó Lassalle. “Hasta ahora todo lo decidían las entidades de gestión sin ningún control por parte del ministerio. Este cambio supone más seguridad jurídica. Todo ello contribuirá a vencer el recelo social hacia las entidades”.

No es ese el único recelo que, según fuentes de la industria cinematográfica, ha preocupado a los redactores de la ley. La aspiración de endurecer la persecución contra la piratería, otra de las “medidas estrella” del proyecto, obedecería a la presión (una vez más) de la industria estadounidense. Chris Dodd, lobbysta de reputada trayectoria y consejero delegado de la MPAA (algo así como la patronal de Hollywood), se reunió en noviembre, siempre según esas fuentes, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para trasladarle (de nuevo) la preocupación de la Administración de Obama por el problema de la piratería en España, una inquietud que también abordó el presidente de EE UU en su encuentro con Rajoy. En el horizonte está la divulgación anual de la lista 301, que elabora la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA) con la intención de afear la conducta de “los países más piratas”. España se salvó el año pasado de reingresar en ella.

En el horizonte está la publicación de la nueva ‘lista 301’ de países más ‘piratas’

Las nuevas normas podrían evitar el bochorno en este 2014, confían en Cultura. Para que las buenas intenciones se conviertan en hechos la Secretaría de Estado ha prometido más recursos para la Sección Segunda, que adquiere ahora un protagonismo inédito en la legislación española en la lucha contra la piratería cultural.

En el punto de mira estarán las webs de enlaces, que desarrollan una “labor activa y no neutral”. Y si bien no alojan contenidos sujetos a derechos de autor, sí guían a otras páginas que los alojan masivamente con fines de lucro. A partir de ahora, la comisión dispondrá de una vía civil más rápida para identificar a los responsables de esas webs.Llegado el caso, también podrá imponer sanciones, que van de los 30.000 euros a los 300.000, aunque, según aseguraron fuentes de la Secretaría de Estado, casi nunca se llegará a esos extremos. La mayor parte de los expedientes abiertos por la comisión acaban con la retirada del contenido vulnerador de la propiedad intelectual denunciado; cuando el infractor recibe un primer aviso rara vez ceja en su empeño. De las 404 solicitudes aceptadas en sus dos años de vida, 152 acabaron en retirada de los enlaces, a cinco páginas con dominio .es se les canceló este y 16 cerraron completamente.

Para los más contumaces, la ley prevé medidas nuevas, como la posibilidad de multar a quienes se anuncien o cursen pagos electrónicos para las páginas web infractoras y se nieguen a colaborar en el estrangulamiento del negocio. Solo en última instancia, se podría llegar al “bloqueo del servicio por parte de los proveedores de Internet”. A estas medidas hay que añadir la reforma en curso del Código Penal, que prevé penas de hasta seis años.

¿Y cómo quedan los usuarios?

Ha sido norma en la regulación española en materia de protección de la propiedad intelectual y el anteproyecto que ahora pasa a su tramitación parlamentaria no es una excepción. Las medidas de lucha contra la piratería contempladas en el articulado no se dirigirán en ningún caso contra los usuarios.

¿Cambiará eso en el futuro? No, garantizó el viernes durante una entrevista con este diario José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura.

¿Quiénes serán perseguidos por la nueva LPI? Aquellos que masivamente y con finalidad lucrativa faciliten sin autorización contenidos sujetos a derechos de autor. También, aquellas webs de enlaces dedicadas a enseñar el camino a páginas que alojen contenidos fraudulentos, como los llamados ciberlockers, que no pueden ser perseguidas pues tienen residencia legal en el extranjero. En todos los casos, para merecer persecución el resultado de esas acciones tienen que suponer una vulneración significativa y a gran escala de los derechos de autor.

¿Se irá contra los internautas por compartir enlaces fraudulentos? No, si se entiende que no concursa el ánimo de lucro ni se causa perjuicio económico. Se entiende que en esos casos la labor del usuario no es activa, sino neutral.

¿Habrá que pagar a los editores por compartir noticias en las redes sociales? No. Los agregadores de noticias están obligados a remunerar a los editores, pero los motores de búsqueda, no, porque se entiende que ofrecen un menú de enlaces en una labor de mera intermediación técnica. Poner un enlace en Facebook o Twitter se asimila a ese supuesto.

Las elecciones europeas tienen efectos secundarios

“¿Sabes ya algo, Miguel?”, le preguntó un diputado socialista a Miguel Arias Cañete el pasado miércoles antes de que este compareciera en el Congreso. “No me han dicho nada todavía, pero tengo todas las papeletas”, le vino a contestar el ministro de Agricultura. Al acabar la comparecencia, Cañete avivó aún más las especulaciones sobre su posible candidatura a las elecciones europeas porque se empeñó en hacerse fotos con los diputados que forman parte de la Comisión de Agricultura, casi dando a entender que sería la última vez que acudiría en su condición de ministro. Sobre él recaen todas las miradas en el PP para encabezar la lista europea, pero Mariano Rajoy mantiene su silencio, sin dar pistas sobre su decisión.

La capacidad de decidir en solitario del presidente del Gobierno ha quedado acreditada esta semana con su dedazo sobre Juan Manuel Moreno para encabezar el partido en Andalucía, puenteando hasta a la secretaria general, María Dolores de Cospedal. “Ni Aznar en sus mejores tiempos”, sostiene un veterano dirigente del PP para referirse a esa autoridad de Rajoy.

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Si Cañete es el elegido, Rajoy tendrá que hacer el primer cambio en su Gobierno desde diciembre de 2011 y está por ver si afecta solo a Agricultura. El 25 de febrero se celebra el debate sobre el estado de la nación y el 6 de marzo se reúne en Dublín el Partido Popular Europeo (PPE). Es decir, en ese intervalo de tiempo el PP debería presentar su cabeza de lista, aunque técnicamente podría esperar hasta finales de abril.

Antes de que al actual portavoz en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, anunciara su retirada de la carrera europea, un sector importante del partido presionaba a Rajoy para que nombrara ya al aspirante. Pero ahora el escenario ha cambiado. Ya no hay tanta prisa, a pesar de que el PSOE haya movido ficha esta semana con la propuesta de Elena Valenciano como candidata para las europeas, dando idea de cuál es su apuesta. Porque la posible candidatura de Mayor Oreja era un foco de tensión interna que la dirección del partido tenía que resolver con celeridad. Y porque casi todos en el PP dan por hecho, salvo sorpresas, que Rajoy y la dirección apurarán los tiempos.

Varios cargos consideran que esta estrategia ofrece una mala imagen del partido con vistas al congreso del PPE cuando la práctica totalidad de las formaciones hermanas en Europa ya tienen candidato. Aun así, muchos minimizan el impacto de Valenciano y consideran que esperar hasta el final tiene sus ventajas. “Cuando llegue el próximo gallo, en el corral todos se olvidarán del que estaba y empezarán a hablar del nuevo”, resume un miembro del Comité Ejecutivo. “Que Valenciano aproveche este momento”. Mientras tanto, el PP, preocupado por las encuestas y el clima de división interna, ha dejado claro esta semana cuál va a ser uno de los ejes de su precampaña. Esto es, fijar un enemigo común. Y ese enemigo es la vicesecretaria general del PSOE. Los populares difundieron el viernes un documento interno que arremete contra la aspirante socialista con tono áspero, al igual que hizo el jefe del Ejecutivo con Alfredo Pérez Rubalcaba en su discurso de clausura de la convención nacional de Valladolid.

El argumentario carga contra la candidata y trata de ironizar con que los socialistas “reconocen que no tenían una candidata mejor para encabezar la lista de las europeas que la señora Valenciano”, lo que, en palabras del secretario de Organización del PSOE, Óscar López, supone “un arranque de campaña pobre para un partido como el PP, incapaz de poner un candidato ni un plan sobre la mesa”.

El futuro del PSOE y del propio Alfredo Pérez Rubalcaba dependen en gran parte de esas elecciones, casi como primarias de las primarias. Rubalcaba no ha decidido aún si se presentará a esas primarias o si abandonará, pero, en todo caso, la conclusión de su reflexión depende de ese resultado. Si gana el PSOE puede pensarse continuar, pero si pierde tendrá muy difícil optar a las primarias de noviembre: quedaría muy debilitado y hasta podría precipitarse algún movimiento interno para quitarle de la secretaría general. Es decir, el líder del PSOE quema todas las naves y apuesta todo lo que tiene para esas elecciones.

Los socialistas aseguran que les beneficia el hecho de que estas elecciones siempre son malas para los que gobiernan, porque castigar al Gobierno no tiene repercusión en La Moncloa. Es obvio que en este momento el PP de Rajoy está muy tocado y está por ver que los anuncios de rebajas de impuestos que concretará el presidente en el debate del estado de la nación y los apuntes de recuperación económica sean percibidos y valorados por los ciudadanos.

El calendario legislativo y el futuro del aborto están en juego

El PSOE intenta plantear una campaña muy ideológica. Por un lado, aprovechará el enorme espacio que le ha regalado el PP al abrir el debate sobre el aborto. La candidatura de Valenciano gana fuerza y sentido con ese asunto sobre la mesa. Sirve también para diferenciar las posiciones de PP y PSOE y poner en cuestión el “todos son iguales” que tanto lastra a los socialistas.

Por otro lado, los socialistas pretenden identificar Europa y el Parlamento Europeo como el lugar desde donde vienen los males de los ciudadanos o, sobre todo, los recortes y sacrificios. El voto, según planteará el PSOE, será contra la derecha europea de Angela Merkel, por simplificar. Los dos partidos se enfrentan en estas elecciones entre ellos, como es lógico, pero también en conjunto contra un enemigo común: la crítica al bipartidismo. Todas las encuestas, especialmente, las de Metroscopia muestran un pronóstico ajustado y una caída de la suma de los dos partidos en favor de otras opciones y, sobre todo, en favor de la abstención.

También marcará el calendario legislativo y su contenido. Alberto Ruiz-Gallardón se juega de alguna forma poder mantener su apuesta de reforma del aborto. Es consciente de que un resultado pésimo bloquearía el anteproyecto de ley porque muchos verían en él la causa directa de la debacle.Por eso, el reto de ambos es movilizar a los suyos y superar la barrera del 60% de participación. Por supuesto, les va la vida en que las opciones nuevas no capitalicen esa supuesta crisis del bipartidismo. Y que IU y UPyD tampoco lo hagan. El resultado tiene para el Gobierno, según reconoce un destacado ministro, un efecto determinante para lo que queda de legislatura. Porque, además, un año después habrá elecciones municipales y autonómicas, en las que muchos barones y candidatos regionales y locales se la juegan. Una derrota llevaría a una situación similar a la del PSOE en 2011, cuando ningún cabeza de lista quería compartir actos con José Luis Rodríguez Zapatero porque estaba en decadencia.

Cómic predijo la creación de Internet y varios de sus aspectos hace 50 años

Un libro de historietas para niños hace 50 años previó la creación de Internet y varios de sus servicios más populares como Skype, Netflix, el motor de búsqueda y otros con una precisión impresionante.

Un artículo publicado en 1965 en una edición de 'Eagle', un cómic británico para niños, predijo la llegada de Internet, con una precisión impresionante, además de prever la aparición de servicios similares a Skype, Netflix, Kindle y Google años antes de que la primera red de computadoras ARPANET fuera creada por encargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD, por sus siglas en inglés) y décadas antes de que la primera encarnación de la red mundial llegara a disposición del público en general, informa el sitio infowars.com.

Los autores del artículo, titulado 'Computadoras para todos' ('Computers for Everyone', en inglés), preguntaban a sus pequeños lectores: "¿Les gustaría ser capaces de resolver cualquier problema matemático en una fracción de segundo, hacer que cualquier página de cualquier libro o periódico al instante aparezca ante sus ojos, tener toda la información de hechos conocidos por el hombre a su alcance: y todo esto sin salir de su propia sala de estar? Este fantástico sueño de logros científicos puede hacerse realidad en la década de 1990, si un plan que ahora se está desarrollando por los mejores científicos de este país y EE.UU. tiene éxito".
(...)
Además de predecir la llegada de la red mundial en calidad de herramienta de comunicación, el artículo previó varios servicios populares como Netflix, Skype, Kindle e incluso el "Internet de las cosas" en el que cada aparato electrodoméstico está vinculado a la red mundial. La llegada de las conexiones de fibra óptica de alta velocidad también fue mencionada en el artículo, que habla de un nuevo sistema que "lleva miles de veces más información que un cable a velocidades cercanas a la de la luz".

Restos humanos caen del cielo en Arabia Saudita

Un insólito hecho se produjo en Arabia Saudita, luego que restos humanos cayeran del cielo, literalmente, en la ciudad de Yeda el útlimo domingo, causando fuerte impresión entre el público.

Un portavoz de la policía informó que los hallazgos iniciales indican que los restos pertenecían a una persona que había quedado atrapada en la rueda de una aeronave, según indicó la cadena CNN en su página web.

Al parecer, los restos habrían “caído del tren de aterrizaje de un avión”, por lo que ya se han iniciado las investigaciones correspondientes del caso. Las autoridades no han brindado mayores detalles al repecto.

Ello específicamente en el hecho que la policía no ha indicado si las partes del cuerpo están relacionadas con el avión de la aerolínea saudí que hizo un aterrizaje de emergencia en la ciudad de Medina. (....)

El insólito velatorio de un boxeador asesinado

Christopher Rivera fue despedido de pie y vestido de boxeador en un rincón de un cuadrilátero.

Con sus guantes de color azul, botas, bata de boxeo y lentes oscuros, el cuerpo del asesinado pugilista puertorriqueño Christopher Rivera Amaro fue velado de pie, en un escenario con forma de cuadrilátero.

El cadáver del boxeador de 23 años permaneció poco menos de 24 horas de pie en una esquina del cuadrilátero de color rojo con cadenas blancas, que simulaban las cuerdas del ring, en cuyo centro se ubicaba encendida una única vela. Detrás del cuerpo del púgil, cortinas blancas y rojas, colores de la bandera puertorriqueña.

(...)
"Recrear el ring nos llevó varias horas, pero todo los demás es normal", aseguró Rodríguez, aunque reconoció que embalsamar el cuerpo para que permanezca de pie requiere un poco más de tiempo del acostumbrado.

Dos enormes rocas pasan por encima de una finca en Italia

Un inesperado desprendimiento de rocas ocurrida en la localidad Traminer, en la provincia Tirol del Sur, en el norte de Italia, dañó una finca, pero afortunadamente nadie resultó herido.

Compró un boleto de primera clase y comió gratis durante un año

Adquiriendo un ticket de lujo para un viaje que jamás llegó a realizar, un chino logró comer durante meses sin que nadie lo notara.

En tiempos de crisis, hay que valerse del ingenio para enfrentar el desafío es saber cuidar cada moneda y encontrar caminos para vivir lo mejor posible: Eso es lo que hizoun ciudadano chino que adquirió un boleto aéreo en Primera Clase en laEastern China Airlines y lo utilizó para aprovechar a lo largo de un año de los alimentos y bebidas del salón VIP del aeropuerto Xi’an.

El periódico chino-malayo Kwong Wah Yit Poh explicó que la forma que encontró ésta persona, cuya identidad no fue dada a conocer, para obtener alimentación durante varios meses, fue adquiriendo un ticket de lujo para un viaje que jamás llegó a realizar.

El caso, que despertó sorpresa entre las autoridades aeroportuarias, no tiene antecedentes en el mundo de la aviación, y que muchos temen que pueda ser copiado por otras personas en diferentes partes del mundo.

Según cuenta la agencia Sunny Travel News, el hombre se trasladaba cada día hasta el aeropuerto, hacía los trámites del check-in y se dirigía hasta el salón VIP, donde se proveía de alimentos y servicios como cualquier otro pasajero de Primera Clase.

Luego, ya satisfecho y con el estómago lleno, en lugar de embarcar a bordo del vuelo previsto, decidía cancelarlo y cambiarlo para el día siguiente. Apenas 24 horas después, volvía a repetir la escena: check-in, ingreso al salón VIP, comer y beber y volver a cambiar su vuelo. Y esto mismo se repitió cada día a lo largo de varios meses.

Al parecer nadie se percató de lo que hacía hasta casi un año después. (...)

Costillitas ahumadas con salsa barbacoa

Las pruebas de financiación ilegal cercan al gerente del PP de Madrid

Las facturas son evidentes. Acreditan el fraccionamiento del coste de un acto del PP y el pago endosado, en parte, a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), es decir, una financiación irregular. Todo ello con la aprobación del que aún es gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. La Ley prohíbe que entes como Fundescam, que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados, financiaran actos de partido ya que sus fondos debían destinarse, exclusivamente a seminarios o cursos de formación. El PP lo hizo, pero el delito está prescrito.

El registro en la nave en la que la trama corrupta Gürtel guardaba buena parte de su documentación, y con la que ya cuentan las partes, desvela uno más de estos desvíos e irregularidades en la financiación del PP.

El congreso regional celebrado en septiembre de 2002 eligió a los candidatos del PP a la Alcaldía de la capital y a la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, respectivamente. Su organización, en el Palacio Municipal de Congresos, fue encargada a Special Events, una de las empresas de la trama que lideraba Francisco Correa. Su coste alcanzó los 39.666,79 euros. Dos días después del congreso, la misma empresa remitió un fax al gerente del PP en el que le explicaba “después de la conversación telefónica mantenida en la mañana de hoy” el desglose que iban a hacer del coste: “Facturado a Fundescam, 18.112 euros. Pendiente de facturar, resto, 21.554,79”, detalla.

En el mismo documento existe una anotación realizada ese mismo día y con indicación de la hora a la que se efectuó: “Beltrán me pide esperar para el pendiente de facturar”, dice.

Como acreditación final del endoso, el registro efectuado por la policía aportó otra factura dirigida a Fundescam por un montante de 18.112 euros, exactamente la misma cantidad anunciada en el fax. Y, aunque en el concepto señala que corresponde a “trabajos realizados en cursos, seminarios y jornadas del ejercicio 2002”, en una indicación inferior señala: “esta factura es por la entrega a cuenta del Congreso Regional del 21 de septiembre 2002 y ha sido extendido con un concepto provisional el cual está sujeto a ser modificado en su momento”.

Esta no es la única prueba de la financiación ilegal del PP madrileño. La Agencia Tributaria ya certificó, con otros documentos incautados, que, al menos una parte de la facturación emitida a Fundescam era falsa ya que el cliente real era el Partido Popular. Hacienda llegó a esta conclusión en 2010, al principio de la investigación del caso Gürtel y en 2012 cuando, ya bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy, los inspectores hicieron llegar al juez instructor, Pablo Ruz, un informe en el que denunciaban la existencia de documentos que acreditaban que servicios realizados por la trama Gürtel para el PP acabaron siendo pagados por Fundescam.

La nueva factura de la luz nos deja a oscuras

Entre las dos y las siete de la madrugada de ayer, el precio de la electricidad en el mercado mayorista diario (OMIE) era de 0 euros (sin contar peajes ni impuestos). A las ocho de la mañana subió a 2,50 euros por megavatio por hora. A las diez de la mañana subió a 6,61 euros y a las cinco de la tarde bajó a un euro. A partir de esa hora volvió a subir y se disparó a las diez de la noche hasta los ocho euros por megavatio hora, el precio más alto de la jornada. Esto es lo que habrían pagado las viviendas con contadores digitales si estuviera ya funcionando el nuevo sistema de fijación de la tarifa de la luz regulada por el Gobierno, que entrará en vigor en abril (se llamará precio voluntario para el pequeño consumidor, PVPC, en sustitución de la TUR), a la que tienen derecho los clientes con una potencia inferior a 10 kilovatios y que actualmente disfrutan 16 millones de viviendas. A las que aún no tienen contadores digitales se les habría facturado el precio medio del día: 3,12 euros por megavatio por hora.

Fuente: OMIE. / EL PAÍS

El Ministerio de Industria remitió el lunes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el borrador del real decreto que establece este nuevo mecanismo, que sustituye al actual sistema de subastas que determina un precio fijo cada trimestre, implantado en 2009. Según el Gobierno, así se eliminará el sobrecoste (calculado en 1.160 millones de euros entre 2010 y 2013) que generan los intermediarios que participan en las subastas, principalmente bancos de inversión y entidades financieras, y bajará un 3% la factura de los clientes con tarifa regulada. Una factura que se ha incrementado un 60% desde 2007.

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Esto es en teoría. En la práctica, puede pasar cualquier cosa. “Es como tener una hipoteca a interés variable, pero con mucha más incertidumbre, porque los tipos de interés de las hipotecas se revisan cada seis meses o cada año y el precio de la electricidad en el mercado cambia cada segundo”, advierte Jorge Morales, experto en energía y productor fotovoltaico. “El mercado diario es tan volátil que si hubiera estado vigente el nuevo sistema, teniendo en cuenta condiciones meteorológicas como el viento, la factura de diciembre habría sido un 12% más cara de lo que fue, mientras que la de enero habría sido un 15% inferior”, calcula.

Para quienes no quieran vivir con la incertidumbre que genera este sistema, el real decreto ofrece la posibilidad de contratar un precio cerrado por kilovatio por hora durante un año. Pero esta opción saldrá más cara. No solo eso. “Obliga a una permanencia durante 12 meses. Es decir, el cliente no tiene derecho a cambiar de opinión a mitad de año ni a pasarse a otra comercializadora si no está contento”, avisa Ileana Izverniceanu, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios(OCU). “No aconsejamos esta opción, pero la otra tampoco nos parece buena. La factura va a ser aún más farragosa y nadie va a saber lo que está pagando. ¿Quién se va a poner a comprobar que lo que le facturan es lo que realmente consumió cada hora de los dos meses anteriores?”, se pregunta.

Lo mismo opina Rubén Sánchez, portavoz de la organización de consumidores Facua. “Si a los que tengan contadores digitales se les va a cobrar un precio distinto cada hora, teniendo en cuenta las horas que hay en una factura de 60 días, en cada recibo puede haber hasta 1.500 precios distintos. Así va a ser muy difícil saber si te están cobrando lo correcto”, dice. Tanto Facua como la OCU auguran una avalancha de reclamaciones porque los clientes no van a entender la factura, y advierten de que va a ser más difícil demostrar errores de facturación.

La complejidad del mecanismo ha conseguido que, en este caso, las eléctricas opinen lo mismo que los defensores de los consumidores. Las compañías han calificado el sistema de “bomba de relojería” y afirman que “la luz no bajará lo suficiente”. Además, el presidente de la patronal Unesa, Eduardo Montes, ha subrayado que se va a plantear “un problema de facturación” por el plazo tan breve que se les ha dado para adaptarse. “No sé si perjudica o favorece a los consumidores, pero es de una complejidad enorme”, dijo en unas jornadas de Esade.

Como un jeroglífico también lo ve la Asociación Nacional de Ahorro y Eficiencia Energética (ANAE), que considera una desventaja que cada factura sea distinta. “La ventaja es que sabemos que sin las subastas en la media anual estaremos pagando menos”, afirma Francisco Valverde, su presidente. Valverde opina que es pronto para hablar del impacto que tendrá el mecanismo basado en los contadores digitales, ya que hasta 2018 no estarán implantados en todos los hogares. “De momento, las únicas beneficiadas son las eléctricas porque les permite la telegestión”, afirma. Por ejemplo, pueden hacer la lectura sin enviar a un técnico a la vivienda. Pero los clientes no ven ningún beneficio porque no pueden consultar en tiempo real sus propios datos, pues solo las compañías tienen acceso directo a esa información. “Eso implica, además de que tenemos que fiarnos de la lectura de las eléctricas, que no podemos aprovechar esos datos para hacer un consumo más eficiente”, lamenta Morales.

En España hay instalados unos siete millones de contadores digitales. Es decir, solo una tercera parte del total de dispositivos que hay que cambiar, según establece la ley, antes de 2018. Pero según Arechalde, actualmente solo cuatro de estos siete millones dan verdaderamente servicio, ya que para que la instalación sea completa hay que incorporar un concentrador en la red eléctrica para que sea del todo efectivo.“De momento, el consumidor no podrá ver los datos de otra manera que no sea a través de las páginas web de la eléctrica con la que tenga contratado el servicio, donde podrá pedir una lectura inmediata”, corrobora Ibon Arechalde, jefe del laboratorio de telecomunicaciones de Tecnalia, encargado de certificar estos dispositivos. Arechalde considera conveniente que en un futuro, cuando culmine el proceso de instalación, los consumidores puedan consultar sus datos en tiempo real, porque los contadores lo permiten.

Tecnalia es uno de los dos laboratorios en todo el mundo que se encarga de certificar el buen funcionamiento de estos dispositivos. “En Europa la instalación está menos avanzada que en España, ya que la directiva comunitaria que obliga a renovarlos deja margen hasta 2020. En Italia, entre 2006 y 2009 se hizo la transición en más de 35 millones de contadores, pero con aparatos más limitados, que solo ofrecen datos de consumo, mientras que los que se están instalando aquí permiten una telegestión más avanzada. En Francia solo se han instalado 100.000 como experiencia piloto, al igual que en Alemania y Reino Unido”, explica Arechalde.

También van a ser distintos entre sí los recibos de los que no tengan contadores digitales, a los que se aplicará el precio medio diario del OMIE. “Como la lectura no se hace los mismos días en todas las viviendas, cada cliente tendrá un periodo de facturación distinto y, por tanto, un precio medio diferente. Y cada consumidor, si quiere comprobar que se le ha facturado bien, tendrá que comprobarlo en el OMIE”, dice Morales.

Facua considera que el nuevo mecanismo, sea con contador digital o por precio medio diario, es ilegal porque vulnera la Ley de Consumidores, que obliga a informar sobre el precio de un servicio antes de su contratación. “Es como pedir un café sin saber cuánto vale hasta después de tomarlo”, recuerda su portavoz.

El Gobierno asegura que se va a conseguir una rebaja del 3%

Sánchez también advierte de que, al eliminar las subastas trimestrales, el Gobierno “se ha quitado de encima el problema de tener que anunciar cada tres meses una subida o una bajada de la luz”. “Y algo peor: no vamos a saber si la luz sube o baja porque cada consumidor tendrá una factura distinta”, añade. “Lo que ha hecho el Gobierno es desentenderse de una responsabilidad que aún le corresponde. No se puede dejar en manos de las empresas un mercado que aún está liberalizado a medias, sin unas reglas que protejan al consumidor”, insiste la portavoz de la OCU.

La OCU augura otro posible problema. “Con lo farragoso que va a ser el sistema, los comerciales pueden hacer su agosto. Si ya son comunes las prácticas agresivas para arrebatar clientes a la competencia, prometiendo ofertas complicadísimas que nadie entiende, ¿qué no harán cuando empiecen a llegar facturas con precios distintos cada hora?”, comenta Izverniceanu. “Veremos qué pasa el primer mes que los ciudadanos reciban un susto porque el mercado se haya disparado y les llegue una factura altísima”, apunta Morales. “Algunos preferirán pagar un precio fijo, aunque sea más alto. Y otros pedirán volver al sistema anterior”, aventura.

“La pederastia está tan enraizada que la Iglesia teme una hecatombe”

Sara Oviedo Fierro (Ecuador, 28 de julio de 1952) fue elegida en 2012 vicepresidenta del Comité de la Convención de Derechos del Niño en la ONU ante el que compareció el Vaticano el pasado 16 de enero. La socióloga ecuatoriana, que empezó a los 13 años a defender los derechos de los indígenas, las mujeres y los niños, fue testigo de las respuestas esquivas y de la negativa de los portavoces de la Santa Sede a ofrecer datos y hechos concretos sobre los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Como coautora del durísimo informe emitido tras la comparencia, en el que la ONU exige a la Iglesia que entregue a los curas pederastas y que proteja a los niños, Oviedo afirma en esta entrevista, a través de videoconferencia, que el tema de la pederastia está “tan enraizado en las bases de la Iglesia” que sus autoridades tienen miedo a enfrentar el problema.

Pregunta. Hasta ahora nunca nadie había conseguido interpelar a la Santa Sede. ¿Fue difícil sentar al Vaticano?

Respuesta. Lo que hicimos fue cumplir con el procedimiento de realizar exámenes a todos los países firmantes del tratado de los derechos del niño, pero la diferencia es que teníamos la convicción de que había que hablar de la pederastia. El diálogo con la Santa Sede se dio en un momento en el que era factible. Existe una mayor apertura de la Santa Sede y existe una necesidad latente de las víctimas y la sociedad de reconocer este tema.

P. ¿Cumplirá el Vaticano los compromisos?

R. Yo insisto en que ya hay cosas que hemos logrado. La primera es reconocer el problema de la pederastia en todo el mundo. Hasta ahora ninguna autoridad, como la ONU en este caso, lo había verificado como un problema importante que existe y que debe ser tratado. Y otra cosa es reconocer el dolor de las víctimas, que han tenido en su ser esa sensación de culpabilidad y de no ser oídos. El Comité tuvo valentía y consistencia, sé que ellos sintieron en nuestras palabras esa posición madura al pedirles que muestren los datos que nunca han dado, que den cuenta de las acciones que están haciendo y que entreguen a los sacerdotes criminales a la justicia común.

El asunto de la pederastia está tan enraizado en las bases de la Iglesia que hace temer que si esto se enfrenta ocurra una hecatombe

P. ¿Cómo valora las respuestas de los portavoces ante el Comité?

R. La comparencia de ese día fue una suerte de sainete. Ellos plantearon que es un hecho que hay pederastas, que están muy avergonzados y que están haciendo una serie de medidas para evitarlo. El diálogo a la larga fue un tira y afloja. Nosotros insistíamos en conocer casos concretos y en decirles medidas que se deberían hacer. Ellos decían que sí, que hay que hacer cosas, pero no hechos concretos. No entregaron una lista de sacerdotes sacados del sacerdocio por pederastia. Como resumen, yo no les creo. O están haciendo muy poco o no están haciendo. Fue una situación bien ambigua, muy confusa.

P. ¿Cómo definiría su actitud?

R. Yo advertí mucho miedo, la inseguridad propia de quien es cogido en falta y de quien sabe que está defendiendo lo indefendible. Quien contesta así sabiendo todo el daño que se ha hecho a tantas vidas humanas tiene mucho cinismo.

P. ¿Mintieron los portavoces del Vaticano durante la comparecencia?

R. Yo no creo que hayan mentido. Sí creo, como dicen, que están preocupados y que han tomado tibias medias, pero el problema es ese, que creo que lo hacen para contentarnos y para que bajemos la presión. Usaron esa forma ambigua tratando de que nosotros cayéramos en el juego y que al final les dijéramos: “Qué bien que están pensando en todo eso y gracias”. Pero no caímos, les dijimos claramente que no les creíamos, con diplomacia y en buen ambiente, sin gritos: “No les creemos, no se ve lo que hacen. Las víctimas siguen esperando respuestas”.

P. ¿La Iglesia se siente impune?

R. Si analizamos sus respuestas ese día no les veo síntomas de sentirse impunes, aunque en los hechos sí han actuado así, con la lógica de seguirlos protegiendo [a los pederastas]. Si un militar es evidenciado en situaciones de este tipo se lo entrega a la justicia común, no se entiende por qué ellos no lo hacen. La única conclusión que saco es que el asunto de la pederastia es estructural y que está tan enraizado en las bases de la Iglesia que hace temer que si esto se comienza a enfrentar ocurre una hecatombe y salen comprometidas todas las estructuras y sus autoridades. Por la protección con la que tratan el asunto nos hacen pensar que el tema es muchísimo más grande.

P. Los portavoces del Vaticano les han acusado de interferir en la libertad religiosa ¿qué opina?

R. Yo pienso que eso fue una salida por la tangente para poder disminuir la presión. Quisieron decir que no solo estábamos siendo duros e injustos con el tema de la pederastia, sino que interferíamos en otros como el aborto, la homosexualidad o la cuestión de género, pero ellos saben que no hubo insistencia sobre esos asuntos.

P. ¿Cómo valora el silencio del papa Francisco tras el informe?

Tal vez nosotros no lo veamos, pero sí llegará la justicia

R. A mí me gustan las personas que hablan un poco tarde, pero con consistencia y con la verdad. Me parece coherente que no haya hablado, él debería hablar con hechos y para presentar las propuestas. Si hablase ahora para decir lo que están diciendo los portavoces de la Santa Sede defraudaría a mucha gente. Creo que se está tomando su tiempo para ofrecer respuestas concretas.

P. Para las víctimas esto ha sido una gran victoria. ¿Qué sigue ahora para ellas?

R. Las víctimas son las que tienen la sartén por el mango. Creo que nosotros cumplimos de manera madura y consistente. Ahora les corresponde a ellas hacer las demandas en sus países de origen, volver a la carga y proponerse agendas bien claras para ver cómo conseguir que en la práctica se vayan concretando los hechos que la Santa Sede reconoció ante el Comité que hay que hacer.

P. Las asociaciones mexicanas piden que se juzgue al Vaticano por crímenes de Estado, ¿cree que hay elementos para ello?

R. Yo no sé sinceramente cuáles son los elementos necesarios para eso, a mí eso ya no me compete juzgarlo.

P. El portavoz del Vaticano ante la ONU dijo que hay pederastia en la Iglesia igual que en otras profesiones.

R. Justamente ellos como guías espirituales están obligados a dar ejemplo. Además, no porque lo hacen los otros se justifica, son ellos los que han asumido ser guías espirituales y han asumido el celibato. La protección a los sacerdotes criminales ha creado ahí un lugar casi morboso, con situaciones muy insanas donde la sexualidad humana está absolutamente deformada.

P. ¿Cree que algún día se hará justicia a las víctimas?

R. Yo creo que el ser humano va avanzando y esa humanidad va a poner el límite a quien haya que ponérselo. Tal vez nosotros no lo veamos, pero sí llegará la justicia.

P. ¿Es usted creyente?

R. Es complicado. Yo creo en Dios, pero en el Dios de los pobres. A mí me cuesta mucho creer en la institución Iglesia, que ha cometido tantos errores y que está siempre del lado de los que tienen el poder. No me nace creerle.

Jazztel es la operadora más agresiva en televenta y la más incumplidora

Jazztel es, con diferencia, la operadora de telecomunicaciones más agresiva en las campañas de televenta y también la que más incumple el código deontológico de buenas prácticas que firmaron los operadores en julio de 2012 para evitar el acoso y las malas prácticas con los consumidores.

Así lo certifica el último panel de control realizado por los propios operadores en el último trimestre del año pasado, en el que se pone de manifiesto que, según la muestra, el 63% de las llamadas son emitidas por Jazztel; el 9,9% por Telefónica; el 8,8% por Ono, el 7,8% por Vodafone; el 6,5% por Orange; el 0,9% por Yoigo y el restante 3,1% por otros operadores.

Llama la atención este dato si se tiene en cuenta que Jazztel, presidida por Leopoldo Fernández Pujals, tiene 1,4 millones de clientes de banda ancha y un millón de clientes, y realiza seis veces más llamadas que Telefónica, que cuenta con 38 millones de clientes (fijo, Internet y móvil) o que Vodafone, que posee 14,7 millones de clientes (ADSL y móvil). Una portavoz de Jazztel no quiso valorar este sondeo.

El muestreo también arroja como conclusión que Jazztel es la compañía con un menor nivel de cumplimiento de los nueve indicadores de calidad que incluye el código deontológico firmado por los operadores, y Movistar es la que mayor grado de cumplimiento tiene. Así, Telefónica tiene un 91% de grado de cumplimiento sobre los nueve indicadores que se han medido, seguida de Vodafone con 90%, y de Orange, Ono y Yoigo —que realiza un porcentaje muy bajo de las llamadas— con un 89%, mientras que el de Jazztel baja hasta el 83%.

Los nueve indicadores a los que se comprometen los operadores son: no repetir la llamada en tres meses al mismo número para un mismo número; no exceder en tres segundos la respuesta tras la llamada;  no llamar a consumidores de la lista Robinson (aquellos que no quieren recibir ningún tipo de comunicación comercial); facilitar una información veraz para que el consumidor pueda tomar una decisión; identificación del número desde el que se realiza la llamada; identificación de la operadora y la empresa que la realiza; respetar los horarios (de lunes a viernes en horario comercial, sábados por la mañana y prohibición para domingos y festivos) y no utilizar medios desleales para denigrar a la competencia.

Mejoras en la 'lista Robinson'

Las operadoras han señalado, en un comunicado conjunto, que “de forma general, se presenta una mejora desde el inicio de la medición en el cumplimiento de los principales indicadores definidos". Así, seis de los nueve indicadores mejoran, entre ellos, el de la información veraz, listas Robinson, identificación del número y la no utilización de medios engañosos. Por el contrario, los restantes tres indicadores se mantienen o empeoran ligeramente (respuesta rápida, identificación de operadora y reiteración de llamadas).

Los operadores destacan que en el último muestreo de llamadas, correspondientes al periodo noviembre-diciembre de 2013, que ningún operador ha realizado llamadas a ninguno de los clientes incluidos en la lista Robinson.

El Código Deontológico persigue el cumplimiento de buenas prácticas en las operaciones de televenta. El objetivo es medir y mejorar el cumplimiento de ítems relacionados con la experiencia del cliente que recibe la llamada: tiempos de espera; horario y número de llamadas; identificación clara del operador que está haciendo la llamada y del número desde el que se realiza; respetar listas Robinson y dar información clara y completa de la oferta, sin utilización de medios engañosos, fraudulentos y desleales.

Como próximos pasos, todos los operadores se comprometen a continuar con el seguimiento semanal del panel y a definir planes de acción para los principales puntos de mejora.

El juez del Alvia dice que Adif “jugó con la vida de muchas personas”

El juez instructor del accidente de tren del pasado 24 de julio en Santiago en el que murieron 79 personas considera que la decisión tomada por Adif en 2010 de abrir la línea de alta velocidad Ourense-Santiago en ancho convencional y los cambios en los sistemas de seguridad en que ello derivó “es sospechoso de criminalidad”. Según el juez Luis Aláez “se jugaba con la vida de muchas personas todos los días por lo que la transformación de la línea tenía que conllevar medidas adicionales de seguridad”. Así lo refleja en un nuevo auto en el que además de pedir a los peritos que le adelanten ya una primera valoración sobre ese hecho, también llama a declarar como testigos al jefe de maquinistas que un año y medio antes del accidente alertó del riesgo existente en la curva de Angrois y a dos de sus superiores.

En el accidente de Angrois un tren Alvia descarriló por exceso de velocidad después de que su maquinista, Francisco José Garzón, único imputado actualmente, se olvidase de frenar a tiempo supuestamente despistado tras recibir una llamada telefónica. El juez Aláez consideraque ese error humano debía haber sido previsto y paliado con más medidas de seguridad que las que allí existían. En su último auto, con fecha del jueves, el juez analiza la decisión tomada en 2010 de que la línea Ourense-Santiago, proyectada originalmente con ancho internacional, el propio de la alta velocidad, se abriese inicialmente en ancho ibérico. Con ello se evitarían retrasos en Ourense y Santiago al tener que cambiar el ancho de rodadura de los trenes, pero esa decisión implicó también cambios en los sistemas de seguridad de la línea. En particular, se redujo el ámbito en el que se instaló el sistema de control constante de velocidad, el ERTMS, que finaliza cuatro kilómetros antes de la curva de Angrois.

En su auto, el juez Aláez también cita a declarar el próximo 7 de marzo y en calidad de testigos a tres técnicos intermedios de Renfe: el jefe de maquinistas de Ourense que un año y medio antes del accidente avisó de la insuficiente señalización de la curva de Angrois, el superior inmediato al que envió un correo con dicha advertencia y un miembro del departamento de Seguridad en la Circulación de Renfe al que supuestamente también se lo habría remitido pero quien, según declaró por escrito a la propia empresa, no tiene constancia de haberlo recibido. Aláez considera necesario “conocer el curso que haya podido seguir aquella alerta de los maquinistas”.Aláez considera que la decisión de cambiar el ancho de la línea se tomó “probablemente por motivos comerciales”, “un beneficio que no ampararía o justificaría aquel incremento del riesgo, ya que presumiblemente la única utilidad que obtuvo la sociedad con aquella decisión ha sido el ahorro de unos minutos de viaje entre Ourense y Santiago”. El juez considera también que los miembros del Consejo de Administración de Adif, a los que ya intentó imputar hace unos meses, debían ser conocedores de la merma de la seguridad que suponía el cambio de ancho de vía.

Bruselas amenaza a España con un expediente por disparar pelotas de goma

El lanzamiento de pelotas de goma contra un grupo de inmigrantes por parte de la Guardia Civil continúa metiendo en aprietos al Gobierno español. Después de que tanto el delegado del Gobierno en Ceuta como el director de la Guardia Civil desmintieran estas prácticas, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se vio obligado a admitir el jueves en el Congreso de los Diputados que el pasado día 6 efectivamente se dispararon bolas de goma,en un episodio en el que murieron al menos 14 inmigrantes. Ahora los problemas no le llegan por las críticas de las ONG o de la oposición: es la Comisión Europea la que exige explicaciones y amenaza con la apertura de un expediente.

“Las autoridades españolas tienen la responsabilidad de analizar las circunstancias en las que ocurrió este incidente en Ceuta”, ha señalado el portavoz de la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, “muy preocupada” por la confirmación de que efectivamente las fuerzas de seguridad del Estado usaron bolas de goma.

El equipo de Malmström reclama a España que clarifique este episodio y da un paso más: sugiere que, si estas explicaciones no le convencen, podría tomar medidas. “Como guardiana de los tratados, la Comisión Europea se reserva el derecho de dar los pasos adecuados si hay evidencias de que un Estado miembro ha violado la legislación europea”, añade. Por si quedaba alguna duda, la comisaria ha usado su cuenta de Twitter para mostrar su preocupación.

No es este el primer encontronazo entre Fernández Díaz y su homóloga europea. A principios del pasado mes de diciembre, Malmström expresó sus dudas sobre la instalación de cuchillas en las vallas de Melilla. “Por lo que sé de cuando se retiraron, las cuchillas no impedían que la gente entrara, solo hacían que llegaran con más heridas”, aseguró.

También anunció en aquella ocasión que pediría explicaciones al Gobierno español. Pero tras una reunión con el ministro en el que este mostró su enfado por las palabras de Malmström, la Comisión admitió que los Estados miembros tienen las competencias para gestionar sus fronteras y que no disponían de indicios de que España hubiera violado la ley europea. “Pese a todo, no estoy convencida de su efectividad”, añadió la comisaria en una especia de reconocimiento de que no tenía instrumentos para reprobar estas prácticas, pese a que personalmente le disgustaran.

Pero esta vez parece diferente. Malmström reconoce que los Estados miembros tienen las responsabilidad de gestionar sus fronteras externas. Pero este control ha de hacerse siempre de forma “proporcional con los objetivos perseguidos”. “Se debe hacer de acuerdo con el respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad humana”, añade el portavoz de la responsable comunitaria.

Además de los problemas con los inmigrantes, Fernández Díaz ha recibido críticas por otras iniciativas de su departamento. El Consejo de Europa –institución al margen de la UE, que incluye a medio centenar de países– tildó de “desproporcionada” la ley de Seguridad Ciudadana con la que se castiga a aquellos que se manifiesten sin autorización.

Prohibido el ‘spam’ telefónico de noche y durante el fin de semana

Las llamadas telefónicas comerciales quedarán prohibidas desde las nueve de la noche hasta las nueve de la mañana entre semana y durante todo el día los fines de semana y festivos. Así lo han pactado esta tarde CiU, PP y PSOE, por iniciativa de CiU, durante una reunión que ha mantenido la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso para realizar los últimos ajustes a la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que será aprobada el próximo miércoles.

Los diputados también han acordado que en los contratos telefónicos indeterminados o que se prolonguen de manera automática se va a tener que informar al consumidor si existen compromisos de permanencia o vinculaciones de uso exclusivo de los servicios de un determinado prestador, así como penalizaciones en caso de baja.

También se han incorporado al texto dos enmiendas de la Izquierda Plural que facilitan la accesibilidad a las personas con discapacidad a los contratos, de forma que se exige que éstas se emitan con letra más grande en caso de que el usuario así lo solicite.

El texto inicial de la reforma, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado octubre, adapta la legislación española a la directiva europea de 2011 que regula el comercio electrónico y las contrataciones realizadas a distancia, bien por teléfono o por Internet. El texto, entre otras cosas, obliga a ampliar la información que las empresas deben facilitar antes de formalizar un contrato o venta —eliminando la letra pequeña—, extiende el derecho a renunciar o desistir del contrato de siete días hábiles actuales a 14 días naturales y establece que el comprador tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción “para evitar cargos encubiertos”, según explicó la ministra Ana Mato en su presentación.