El juez instructor del accidente de tren del pasado 24 de julio en Santiago en el que murieron 79 personas considera que la decisión tomada por Adif en 2010 de abrir la línea de alta velocidad Ourense-Santiago en ancho convencional y los cambios en los sistemas de seguridad en que ello derivó “es sospechoso de criminalidad”. Según el juez Luis Aláez “se jugaba con la vida de muchas personas todos los días por lo que la transformación de la línea tenía que conllevar medidas adicionales de seguridad”. Así lo refleja en un nuevo auto en el que además de pedir a los peritos que le adelanten ya una primera valoración sobre ese hecho, también llama a declarar como testigos al jefe de maquinistas que un año y medio antes del accidente alertó del riesgo existente en la curva de Angrois y a dos de sus superiores.
En el accidente de Angrois un tren Alvia descarriló por exceso de velocidad después de que su maquinista, Francisco José Garzón, único imputado actualmente, se olvidase de frenar a tiempo supuestamente despistado tras recibir una llamada telefónica. El juez Aláez consideraque ese error humano debía haber sido previsto y paliado con más medidas de seguridad que las que allí existían. En su último auto, con fecha del jueves, el juez analiza la decisión tomada en 2010 de que la línea Ourense-Santiago, proyectada originalmente con ancho internacional, el propio de la alta velocidad, se abriese inicialmente en ancho ibérico. Con ello se evitarían retrasos en Ourense y Santiago al tener que cambiar el ancho de rodadura de los trenes, pero esa decisión implicó también cambios en los sistemas de seguridad de la línea. En particular, se redujo el ámbito en el que se instaló el sistema de control constante de velocidad, el ERTMS, que finaliza cuatro kilómetros antes de la curva de Angrois.
En su auto, el juez Aláez también cita a declarar el próximo 7 de marzo y en calidad de testigos a tres técnicos intermedios de Renfe: el jefe de maquinistas de Ourense que un año y medio antes del accidente avisó de la insuficiente señalización de la curva de Angrois, el superior inmediato al que envió un correo con dicha advertencia y un miembro del departamento de Seguridad en la Circulación de Renfe al que supuestamente también se lo habría remitido pero quien, según declaró por escrito a la propia empresa, no tiene constancia de haberlo recibido. Aláez considera necesario “conocer el curso que haya podido seguir aquella alerta de los maquinistas”.Aláez considera que la decisión de cambiar el ancho de la línea se tomó “probablemente por motivos comerciales”, “un beneficio que no ampararía o justificaría aquel incremento del riesgo, ya que presumiblemente la única utilidad que obtuvo la sociedad con aquella decisión ha sido el ahorro de unos minutos de viaje entre Ourense y Santiago”. El juez considera también que los miembros del Consejo de Administración de Adif, a los que ya intentó imputar hace unos meses, debían ser conocedores de la merma de la seguridad que suponía el cambio de ancho de vía.
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