La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dará a conocer esta mañana su fallo definitivo sobre la aplicación de la'Doctrina Parot', que podría dejar en libertad a la etarra Inés del Río Prada y decenas de terroristas con delitos de sangre, así como a numerosos asesinos comunes y violadores reincidentes. Esta en juego la validez legal de una jurisprudencia española que indica que toda reducción de tiempo de encarcelamiento debe aplicarse sobre cada una de las penas que pesan sobre el convicto y no sobre los 30 años de cumplimiento máximo efectivo de cárcel previsto por la ley.
"¿Es igual un asesinato que 132?", se interrogaba el abogado del Estado Isaac Salama el pasado 20 de marzo ante los 17 jueces de la Gran Sala del Alto Tribunal que han examinado estos últimos meses el caso en apelación, a instancias del gobierno español y las asociaciones de víctimas. Hoy, a las 11.30 horas, sabremos si aquella pregunta formulada durante la vista logró hacer saltar algún resorte en el complejo razonamiento legalista de los magistrados.
Para la sala tercera del TEDH, que examinó en primera instancia el caso en julio de 2012, la sentencia 197/2006 del Tribunal Supremo que ha generado la llamada Doctrina Parot viola los artículos 5 y 7 del Convenio de Derechos Humanos y "vacía de contenido las reducciones de pena por trabajo". Entonces los siete jueces del tribunal dieron la razón a la militante abertzale argumentando que se había producido en su caso "una aplicación retroactiva y, por tanto, errónea de la nueva interpretación jurídica del cálculo de las redenciones de condena".
Aquel fallo ordenaba al gobierno español liberar "cuanto antes" a la sanguinaria integrante del comando Madrid, condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos. Y, además, condenaba al Estado a indemnizar a la demandante con 30.000 euros por daños morales y 1.500 por gastos y costas.
Tras la publicación de la sentencia, hasta 33 presos de ETA recurrieron a la Corte Europea con los mismos argumentos que Del Río. Pero el Supremo español acordó mantener la aplicación de la doctrina para todos ellos mientras no se produjese la revisión del caso. De ahí que el fallo de hoy, que ya no se puede recurrir ante ninguna instancia superior, resulte trascendental.
Cierto es que el ejecutivo de Rajoy pudo negarse en 2012 a liberar a Del Río tras 23 años de cumplimiento efectivo de pena, aduciendo que esperaría al fallo en apelación para prevenir la más que probable fuga de la etarra. Pero no le sería tan fácil hacerlo ahora tras una sentencia en firme, por mucho que el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, haya evocado el recurso a cierta "ingeniería jurídica" para retrasar la salida de los etarras de la cárcel por medios legales y de procedimiento judicial.
El fin de la Doctrina Parot provocaría, pues, la puesta en libertad de 61 terroristas de ETA, 7 del GRAPO, 1 del GAL y 14 presos comunes (uno de los cuales está condenado por 74 violaciones). De los 61 etarras que podrían quedar en la calle, nueve han cumplido sólo uno o dos años de cárcel por cada asesinato y hay 44 con delitos de sangre que suman un total de 239 asesinatos; entre ellos, terroristas de historial sangriento como Troitiño, Kubati, Legorburu, Arruti o Lasa Mitxelena y criminales como Pablo Manuel García Ribao, condenado a 1.721 años de prisión como autor de 74 violaciones, o Miquel Ricart, sentenciado a 186 años por tres asesinatos y cuatro violaciones, en el caso de las niñas de Alcaser.
La derogación representaría, además, una victoria moral para la banda terrorista responsable de la muerte de 829 personas en más de 40 años de atentados, precisamente cuando ayer se cumplió el segundo aniversario de la tregua unilateral decretada por ETA y que tan pocos avances ha supuesto por el momento para el proceso de paz en el País Vasco.
Una doctrina 'necesaria'
Esta doctrina es "justa, correcta y necesaria y ha sido muy útil para luchar contra ETA", recordaba hace unos días Mariano Rajoy en el Pleno del Congreso de los Diputados, consciente de la cercanía de la fecha decisiva. Minutos antes, el diputado del PNV Aitor Esteban le había preguntado si el gobierno estaba pensando en "no acatar" la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en caso de que fuera contraria a los intereses de España.
Para Rajoy, la Doctrina Parot tiene el aval del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y habrán de ser ellos quienes interpreten el fallo de Estrasburgo. En ese sentido, el Constitucional lleva al parecer varios meses estudiando posibles respuestas legales a un veredicto negativo y la Sala de lo Penal del Supremo tiene previsto en su pleno del próximo viernes revisar el texto que se hará público este lunes en Estrasburgo.
El orden del día hoy, en el Palais des Droits Humains, establece que a las 11.30 horas el presidente de la Gran Sala, el luxemburgués Dean Spielmann, realice un resumen de los hechos, recuerde el resultado del proceso ordinario que dio la razón a la demandante Del Río, evoque la vista celebrada el pasado mes de marzo y termine leyendo el fallo definitivo.
Como en la sesión de alegaciones de marzo, se espera en la capital alsaciana la presencia de cientos de periodistas acreditados, de los funcionarios públicos españoles y de los letrados británicos contratados por Bildu para representar a la etarra, así como de los dirigentes de las principales asociaciones de víctimas del terrorismo, parlamentarios vascos y representantes de distintos colectivos abertzales. Estos últimos, por cierto, ya han convocado manifestaciones callejeras para el día de hoy en las principales ciudades de Euskadi y Navarra, no se sabe si para celebrar o impugnar el veredicto.
Entretanto, evocando lo que diga hoy la corte de Estrasburgo, Mariano Rajoy ha comentado que el Gobierno adoptará "aquellas posiciones que corresponda a la luz de la normativa aplicable y el interés general, respetando el ordenamiento jurídico y los convenios internacionales sucritos por España". Lo cual no aclara mucho.
Diecisiete magistrados de las más variadas nacionalidades –uno sólo de los cuales repite respecto al primer juicio– han tomado ya una decisión que afecta gravemente al sistema español de políticas penitenciarias y que será revelada hoy al mediodía en el Palais des Droits Humains. Esta primavera llegó a anunciarse la lectura del fallo en julio y luego en septiembre, pero al final se ha retrasado a octubre. Lo cual, según expertos familiarizados con el modus operandi de la Corte Europea de Derechos Humanos, no es buena señal pues indica que no había acuerdo.
A pesar de todo, los abogados del Estado español y las asociaciones de víctimas se aferran a la lógica de que, a falta de consenso entre los jueces, la TEDH decida aplicar su propia jurisprudencia y respete la independencia de la Justicia española, como ya ocurrió en los sumarios de Kafkaris contra el Estado de Chipre o de Hogben contra el Reino Unido. "La justicia criminal es competencia de cada Estado miembro", dijo entonces el Alto Tribunal. Aunque hoy amaneció nublado, en Estrasburgo se esperan temperaturas casi peninsulares y que al mediodía brille el sol.
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