El Juzgado de Instrucción número 4 de la capital ha admitido a trámite la querella presentada a principios de mes por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), una de las organizaciones más activas en la marea blanca
de protesta contra el proceso de privatización de la gestión sanitaria
que Esperanza Aguirre emprendió en 2003. La querella se presenta por
posibles irregularidades en la gestión del Servicio Madrileño de Salud
desde el año 2004 contra varios cargos y excargos, como los exconsejeros
de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes, y contra las empresas que
recibieron adjudicaciones sanitarias, por presuntos delitos de
prevaricación, cohecho, fraude y malversación en adjudicaciones
sanitarias.
En su querella, Afem denunciaba supuestas irregularidades cometidas en la adjudicación y gestión de los primeros tres hospitales que el Gobierno regional puso en manos de empresas:
los de Valdemoro, Móstoles y Torrejón de Ardoz, inaugurados entre 2007 y
2012. Además, denunciaba "el trasvase injustificado, masivo y
sistemático de pacientes" de la sanidad pública hacia clínicas
concertadas mediante engaño a través del sistema centralizado de citas, el llamado 'call center' sanitario.
Otra de las alegaciones de Afem es "la ausencia de control en la
facturación intercentros y la no reclamación a Capio de 1,5 millones de
euros", lo que supondría un perjuicio a la Hacienda pública.
"Se trata de una maniobra política más del Partido socialista y de su
sindicato afín. No tiene más significado. Simplemente lo que dice el
juez es que va a examinar las acusaciones que hace el PSOE y su
sindicato afín, en modo alguno se refiere a ningún tipo de decisión. Es
un acto puramente de trámite", asegura el consejero de Sanidad, Javier
Fernández-Lasquetty, es unas declaraciones grabadas y enviadas a los
medios por su Gabinete de prensa.
Afem se querelló contra todos los implicados en el proceso
privatizador: Patricia Flores Cerdán, viceconsejera de Asistencia
Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud; Antonio Burgueño
Carbonell, director general de Hospitales; Juan Antonio Álvaro de la
Parra, representante de Fundación Jiménez Díaz U.T.E.; Grupo Ribera
Salud; Capio Sanidad; Manuel Lamela Fernández; exconsejero de Sanidad de
Madrid, Juan José Güemes Barrios, también exrresponsable de esta
cartera, Unilabs y Asisa. Todos los cargos políticos están citados a
declarar y deberán acudir con su abogado.
Patricia Flores fue directora general de Atención Primaria con el
exconsejero Juan José Güemes. Fue nombrada viceconsejera de Asistencia
Sanitaria en sustitución de Ana Sánchez, que dejó el cargo cuatro meses
después de la llegada de Lasquetty. Actualmente es la segunda persona
con más poder en la Consejería de Sanidad madrileña. El año pasado una frase suya sobre la atención a los pacientes crónicos motivó una gran controversia en la Asamblea de Madrid. Antonio Burgueño es director general de Hospitales
desde 2008. Unos días después de que lo nombrara Juan José Güemes dejó
su acta de concejal por el PP en un pueblo de Toledo. Es un profesional
muy conocido en el ámbito de la sanidad privada porque trabajó para la
aseguradora Adeslas y puso el marcha en hospital de Alzira, en Valencia,
el centro que inauguró el modelo sanitario de gestión privada que ahora
está impulsando la Comunidad de Madrid.
Uno de los múltiples aspectos presuntamente delictivos que menciona
la extensa querella de Afem --elaborada por el bufete de abogados López
Rodó & Cruz Ferrer, cuyos gastos se pagan gracias a una colecta masiva entre los sanitarios madrileños--
son las vinculaciones entre cargos políticos y empresas privadas que se
han beneficiado con el proceso de privatización. Los dos últimos
exconsejeros de Sanidad madrileños, Manuel Lamela y Juan José Güemes,
tienen o han tenido intereses en la sanidad privada. Manuel Lamela estuvo en el cargo entre 2003 y 2007,
cuando le salpicó el escándalo del caso de las supuestas sedaciones
irregulares en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En 2010 creó la
mercantil Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar
Madrid como destino del turismo sanitario. Tanto la Comunidad de Madrid
como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones. Ahora
preside la Fundación Lafer y acumula puestos en fundaciones y sociedades mercantiles dedicadas a la sanidad como negocio.
En enero pasado, Juan José Güemes —en el cargo entre 2008 y 2010—
renunció a su puesto en la empresa de análisis clínicos Unilabs después
de que se conociera que esta firma compró en noviembre pasado el 55% de
la UTE (unión temporal de empresas) que realiza los análisis clínicos de
seis hospitales públicos. Se da la circunstancia de que Güemes formaba
parte del Ejecutivo madrileño cuando se adjudicó esta concesión
administrativa, que suponía la privatización de los laboratorios
clínicos que atienden a 1,2 millones de habitantes. La Consejería de
Sanidad decidió en 2008 que las pruebas analíticas las gestionara una empresa,
y sacó un concurso para adjudicar el servicio durante ocho años, con
posibilidad de prórroga hasta 10. Ofreció 173 millones de euros. Se
trataba de centralizar los análisis de los seis hospitales recién
inaugurados en la región, los mismos cuya gestión ha aprobado ahora
privatizar el Gobierno regional. Finalmente, la UTE liderada por Ribera
Salud ganó el concurso al ofrecer 125 millones, un precio que la
Asociación de Profesionales de Laboratorios Públicos (Aprolap) consideró
“temerario” por ser excesivamente barato. Un año después la Consejería
de Sanidad cerró tres laboratorios públicos para ceder las pruebas
analíticas que realizaban a la UTE ganadora.
Juan José Güemes ha asegurado este mediodía a EL PAÍS que no ha
recibido ninguna notificación oficial y que prefiere no hacer
declaraciones hasta que pueda leer el auto judicial.
Los médicos denuncian que hospitales de gestión privada "atraen
pacientes de otras áreas de protección, a través del denominado Call
Center fundamentalmente de hospitales públicos de gestión directa por el
SERMAS, viniendo obligados estos últimos a pagar la prestación
sanitaria realizada. La elección del centro en ocasiones ha sido
voluntaria por parte del paciente, pero en otras se ha producido
coacciones o engaños", según recoge el auto del juez. Este diario relató
en enero pasado cómo médicos, administrativos del sistema público y
pacientes denuncian el sistema de derivaciones a clínicas privadas de la Consejería de Sanidad. Aseguran que ofrece información engañosa con la que se “presiona” a los usuarios para que acepten operarse en privadas a las que la Administración paga por esos procedimientos.
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