La investigación judicial sobre los llamados papeles de Bárcenas
—la contabilidad secreta del extesorero del PP— se está centrando,
entre otros aspectos, en un fraude fiscal supuestamente cometido por la
formación conservadora a través de donativos. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
y la Fiscalía Anticorrupción consideran que aquellas donaciones que
recibió el partido hasta 2011 y que superaban el límite legal de 60.000
euros o que provenían de empresarios con contratos con la Administración
tuvieron que ser declaradas a Hacienda y tributar por el Impuesto sobre
Sociedades. En cambio, el tesorero y gerente del PP Luis Bárcenas
supuestamente troceó en la contabilidad los donativos excesivos para
camuflarlos con un doble objetivo. Por un lado, evitar que quedara
constancia de que los ingresos superaban los límites legales. Por otro,
aprovecharse de la exención tributaria de la que disfrutan las
donaciones que reciben legalmente los partidos políticos.
El artículo 10 de la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos
establece que las rentas obtenidas por las formaciones “para la
financiación de las actividades que constituyen su objeto o finalidad
específica” gozarán de exención en el Impuesto sobre Sociedades. El
texto legal cita expresamente como libres de impuestos las cuotas de los
afiliados, las subvenciones o las donaciones privadas efectuadas por
personas físicas o jurídicas, que hasta 2007 podían ser anónimas.
En un recurso contra la decisión de Ruz de impedir la personación del
PP como acusación popular en la investigación abierta sobre los papeles
de Bárcenas, los abogados del partido citaron este precepto legal para
sostener que no era posible incurrir en delito fiscal por las
donaciones. El juez y el fiscal conceden que los partidos están exentos
de tributar por los donativos privados, pero señalan que esta dispensa
solo está prevista para “las donaciones realizadas en la forma y
cuantía” contempladas por la ley. Es decir, que los donativos que
superen los 60.000 euros o que provengan de empresas que presten
servicios o realicen obras para las Administraciones deben ser
declarados y están sujetos a pagar impuestos.
Según la contabilidad oficial del PP, entre 2002 y 2007 Bárcenas ordenó no menos de 53 ingresos bancarios de pequeñas cantidades
para camuflar donaciones ilegales de empresarios. Los movimientos,
todos de menos de 60.000 euros, sumaban 1,3 millones. Las cantidades
reales supuestamente entregadas por los industriales —casi todos del
ámbito de las obras públicas— figuran en la contabilidad paralela de
Bárcenas publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero.
El juez Ruz ha vuelto a negar al PP la posibilidad de personarse como
acusación popular en la pieza de los papeles del extesorero. El
magistrado ve a la formación conservadora como posible responsable civil
del fraude fiscal.
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