La pelea en torno al modelo lingüístico en la escuela catalana se
adentra en un callejón sin salida. Una madeja cada vez más liada entre
la defensa a ultranza de la Generalitat y la mayoría de los partidos de
la comunidad de un sistema en el que gran parte de las asignaturas se
enseñan en catalán, y una cascada de resoluciones judiciales que obligan
a abrir alguna alternativa con más horas de castellano para aquellos
alumnos que lo pidan.
La consejera de Enseñanza de Cataluña, Irene Rigau (CiU), descartó
ayer cualquier posibilidad de revisión del modelo, a pesar de los fallos
judiciales y, en concreto, del último auto
dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que
dice —aplicando la doctrina del Supremo— cómo hay que satisfacer las
demandas de las familias que reclaman más horas de castellano: si un
alumno lo pide, habrá que dárselas a él y a toda su clase, aunque el
resto de padres quieran la inmersión en catalán. El fallo deja que la
Generalitat decida cómo hacerlo. ¿Por qué no contemplan la posibilidad
de estudiar otros modelos lingüísticos como el balear, el valenciano o
el del País Vasco (con distintas opciones con el castellano o el euskera
como lengua principal y otro bilingüe) para satisfacer a todos los
padres? “Apostamos por la integración total”, sentenció Rigau.
“Defenderemos el modelo de cohesión que durante más de 30 años ha hecho
que la lengua no sea tema de conflicto en Cataluña, aunque
lamentablemente lo es fuera de Cataluña”, añadió.
La Generalitat va a recurrir el auto del TSJC por este motivo,
convencida además —así lo dijo Rigau— de que el Supremo les dará la
razón en su rechazo a que la decisión de que un alumno decida la lengua
de un aula. Siempre ha defendido que con la atención individualizada se
cumplen las decisiones judiciales. Consiste en que el profesor atienda
en castellano a aquel alumno que así lo pida, aunque la clase es en
catalán.
La mayoría de los partidos catalanes (CIU, ERC, PSC, ICV y CUP)
ofrecieron ayer en el Parlament un apoyo cerrado a esa defensa de la
inmersión lingüística al rechazar una moción de Ciudatans que reclamaba
un reparto equilibrado de catalán, castellano y una lengua extranjera
(trilingüismo).
En la polémica política terció el ministro de Educación, José Ignacio
Wert, que contestó al anuncio de la Generalitat de que no cumplirá el
auto: “La Constitución dice claramente que las sentencias y las demás
resoluciones judiciales hay que cumplirlas. No es algo que
voluntariamente se pueda hacer o dejar de hacer”. Y les recordó que el
proyecto de reforma educativa
que impulsa incluye un punto para hacer cumplir la doctrina del
Tribunal Constitucional que, sin cuestionar la inmersión, exige un
reparto equilibrado entre las lenguas. La reforma educativa establece
que si un alumno catalán exige recibir educación con el castellano como
lengua principal, la Generalitat tendrá que ofrecérsela, si es
necesario, pagándole un colegio privado.
El debate de las lenguas escolares en zonas bilingües existe y ha
existido en distintas comunidades de España y en todo el mundo, sin que
se haya encontrado una opción que no genere algún problema, según
recordaba en ese diario hace unos meses la especialista china Zhenzhou
Zhao (en el gigante asiático conviven unos 300 idiomas y dialectos).
Los argumentos a favor de la inmersión en Cataluña siempre han sido
la defensa de un idioma que está en inferioridad frente al castellano y
el fomento de la cohesión social, evitando la segregación por razón de
lengua. De hecho, en el País Vasco, el Consejo Escolar criticó hace años
que el modelo separado de enseñanza en una u otra lengua puede acabar
creando guetos.
En la Comunidad Valenciana (con distintos itinerarios), las quejas se
suelen referir a la escasez de oferta en valenciano; de hecho, el
Gobierno se acaba de ver obligado por decisión judicial a
introducir líneas en este idioma en dos colegios. La Consejería de
Educación, por su parte, insiste en “el equilibrio actual” entre ambas
lenguas y de una “convivencia en el sistema educativo”, por la que “ha
velado” la Generalitat “repetando la elección de las familias”. Después
de tres décadas de aplicación del modelo bilingüe, alrededor de un 30%
de alumnos están matriculados en valenciano. El modelo, que ha aumentado
sin cesar el alumnado en la lengua autóctona, pierde impulso al llegar a
la Secundaria. “La Ley establecía que el valenciano en la enseñanza es
obligatorio en todos los niveles, pero la Administración no ha
garantizado la existencia de suficientes programas en valenciano en
todas las localidades ni a todos los niveles”, se lamenta la
Confederación de Ampas Gonzalo Anaya. “La continuidad de la enseñanza en
valenciano en la ESO no está garantizada y en las etapas
postobligatorias desaparece”.
En Galicia, el reparto de horas entre las cooficiales (con el
objetivo de una presencia creciente del inglés) cuenta con muchos
expertos en contra y tampoco ha dejado contentos a los movimientos de
padres que quieren enseñanza principalmente en castellano. El presidente
de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aconsejó ayer
a Cataluña que copie el “bilingüismo cordial” gallego, a pesar de que
los tribunales han tirado atrás varios puntos de su nuevo decreto.
Francisco Luna, filólogo y anterior director del Instituto Vasco de
Evaluación e Investigación Educativa del Gobierno vasco, señala que, al
construir el sistema de tres modelos, se buscó el equilibrio entre la
libertad de elección de las familias y la necesidad de impulsar el
euskera. Entonces, dice, “un sistema monolingüe era inviable; sin la
posibilidad de que las familias eligieran, el sistema se hubiese
hundido, porque a los problemas de falta de recursos se hubiese sumado
el rechazo social”.
Ahora, todos los agentes coinciden en la necesidad de superar los
tres modelos para avanzar al plurilingüismo. El anterior Gobierno y su
consejera socialista, Isabel Celaá, iniciaron la experimentación del
marco trilingüe, que caminaba en esa dirección con un marco que exigía
que el 20% de las horas se impartiese en euskera, el 20% en castellano y
el 20% en inglés. El 40% restante quedaría en manos de los centros
educativos. 118 colegios públicos y concertados, un total de 12.000
alumnos, participan en la actualidad en su experimentación.
“La UNESCO recomienda que los alumnos estudien en su lengua materna
hasta los 10-11 años. Y a partir de ahí, el bilingüismo está bien”,
señala el profesor de Ingeniería Lingüística de la Politécnica de Madrid
Jesús Cardeñosa, que defiende la variedad de opciones, al menos, hasta
esa edad. Esto es, que al alumno que en su casa habla en castellano le
enseñen en esa lengua; pero lo mismo con el que habla catalán, por lo
que juzga una mala solución la que exige el TSJC. El experto lamenta que
muchas veces estas decisiones se alejen de lo educativo.
“Estamos ante una cuestión política. Los que quieren que el catalán
sea una lengua residual quieren quitar la inmersión lingüística. Y visto
que el debate de una doble línea escolar [una es castellano y otra en
catalán] no ha calado en Cataluña, ahora darán este nuevo paso”, se
quejó ayer Rigau. Mientras, el ministro Wert siempre ha defendido que
las sentencias (y su propuesta en la ley) no cuestionan la inmersión,
sino que solo defienden el derecho legítimo de un grupo de padres, sean
pocos o muchos. Así, entre acusaciones mutuas de uso interesado del
debate, lo cierto es que este se ha situado en el centro de la tensión
política en torno al aumento del independentismo en Cataluña.
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