“Las enmiendas del Partido Popular (PP) a la iniciativa sobre los
desahucios aceptan la sentencia europea, pero con la boca pequeña. Y
aportan más problemas que soluciones”, reflexiona José María Fernández
Seijo, el magistrado que elevó a Luxemburgo la cuestión que dio pie al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea a emitir un fallo muy crítico con la legislación hipotecaria española.
El pasado martes, cuando el Grupo Popular hizo públicas sus
enmiendas, Fernández Seijo debió leerlas varias veces para
comprenderlas: “Incluso para un jurista es complicado porque mezcla
muchas leyes. Es un corta y pega”.
El texto inicia ahora su tramitación parlamentaria y será sometido a
debate, pero la mayoría absoluta del PP garantiza el éxito de sus
enmiendas. Está por ver hasta dónde está dispuesto a ceder el Ejecutivo
ante la presión de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH) y del resto de partidos políticos. Pero, si la reforma prosperara
como está planteada ahora mimo, ¿de qué modo afectaría a los
consumidores?
María Guevara fue desahuciada en 2010. Su piso fue subastado meses
después y Banesto —la entidad financiera con la que ella y su por
entonces marido habían firmado en 2005 una hipoteca de 236.000— lo
compró por 70.000 euros (un 30% de lo que a ella le había costado). Solo
unas semanas después fue vendido a otro propietario y el banco obtuvo
un beneficio de 10.000 euros. Ahora, tres años después de haber perdido
su casa, a Guevara le siguen reclamando unos 200.000 euros, de los que
casi 50.000 son intereses. En el momento de firmar la hipoteca, ella y
su marido ingresaban unos 2.400 euros al mes, aunque llegaron a pagar
hasta 1.400 de hipoteca. Su esposo se quedó en paro y la abandonó.
Ahora, ella cobra 1.000 euros mensuales con los que debe hacer frente a
un préstamo de 500 euros y a los 300 del alquiler de una habitación en
la que vive con su hija. Clama por la condonación de la deuda, pero ha
obtenido una negativa detrás de otra.
Las enmiendas del PP no le afectan, puesto que bajo ningún concepto
contemplan la retroactividad. Con la reforma, no obstante, Guevara
habría podido mantener su piso porque los ingresos de la unidad familiar
eran inferiores a tres veces al IPREM, el baremo que da derecho a
entrar en el umbral de exclusión, que en 2013 está fijado en 532,51
euros. Antes de las enmiendas, el límite era del doble del IPREM. Sin
embargo, la propuesta imposibilita la aplicación retroactiva, por lo que
Guevara no puede acogerse a la norma. Le será imposible recuperar su
casa. Esta es una de las principales críticas que hace el magistrado
Fernández Seijo: “La norma no es aplicable ni sobre las 198.000
ejecuciones que ahora mismo están en tramitación ni sobre las miles de
personas que ya han sido desalojadas”.
Si las enmiendas del PP prosperan tal como las presentaron el martes,
los usuarios podrán saldar sus cuentas pendientes con el banco si pagan
el 65% de la deuda en cinco años, o el 80% en 10 años. “Para la mayoría
de los afectados afrontar esta deuda sigue siendo imposible porque casi
la totalidad del dinero reclamado”, sostiene una portavoz de la PAH.
Una de las novedades planteadas por los populares y que avala, entre
otros, el magistrado Fernández Seijo es el aumento del 60% al 75% del
precio mínimo por el que puede comprarse una vivienda en una subasta
judicial. Hasta ahora la entidad bancaria era la que normalmente
encargaba la tasación del inmueble. Ahora, los deudores podrán presentar
una valoración alternativa que prevalecerá sobre la acreditada por el
banco, lo que hará que, previsiblemente, aumente el importe recaudado.
Fernández Seijo sostiene que la dación en pago es un punto
fundamental que el PP no ha tocado en su propuesta, salvo para las
viviendas de protección oficial, cuya deuda quedará saldada con la
reentrega del inmueble a la Administración. El magistrado que
desencadenó el golpe europeo a la ley hipotecaria considera que la
sentencia permitía haber afrontado la reforma con mayor ambición y
asegura que aplicará la normativa comunitaria hasta que la española
recoja las exigencias de la Unión.
Propuestas del PP
La deuda quedará saldada si se abona el 65% en cinco años o el 80% en 10 años (más los intereses legales del dinero).El precio mínimo por el que podrá adquirirse la vivienda en una subasta judicial aumenta del 60% al 75% del valor de tasación.
Si el deudor alega la existencia de una cláusula abusiva, queda a discreción del juez qué hacer: paralizar el lanzamiento, continuarlo o derogar la cláusula.
Para que el banco pueda iniciar la ejecución hipotecaria tendrá que haber, al menos, tres meses de impagos.
Si antes de la subasta el deudor presenta una tasación alternativa, esta prevalecerá sobre la del banco.
E El umbral de renta para pedir la paralización del desahucio aumenta hasta los 1.597,53 euros por familia y beneficia a los avalistas.
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