El rechazo ciudadano a la nueva ley de tasas es generalizado. La medida la desaprueban tanto los votantes del PSOE como los del PP. Así queda reflejado en una encuesta elaborada por Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía.
Para dos de cada tres, no exageran quienes apuntan que esta norma va a
dar lugar a una justicia de ricos y otra de pobres, y que el peso de
estas tasas recaerá sobre las clases medias. El 84% considera que
vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva que establece la
Constitución y por tanto deben ser recurridas ante el Tribunal
Constitucional “lo antes posible”.
“No sé por qué el ministro está enrocado en no reconocer algo
patente”, ha señalado el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer,
durante la presentación del estudio hoy al mediodía. El encargado de
dar a conocer los datos ha sido el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia,
quien ha asegurado que le ha llamado la atención el “altísimo índice de
respuesta”. “Los medios de comunicación han dado una información que ha
calado en la ciudadanía”, ha resaltado.
La iniciativa del Ejecutivo ha sido criticada por partidos de la oposición, pero también por profesionales del derecho, sindicatos y asociaciones de consumidores.
Se ha cuestionado su constitucionalidad y los socialistas ya han
anunciado que interpondrán un recurso. Ahora, este sondeo, elaborado a
partir de 1.000 entrevistas telefónicas realizadas el pasado lunes,
cuantifica también el descontento de los ciudadanos. El 90% critica que
el Ministerio de Justicia no haya buscado el acuerdo con todas las
partes implicadas antes de promover la aprobación urgente de la ley.
“Pocas veces en mi vida había visto un porcentaje tan abrumador”, ha
comentado el presidente de la empresa demoscópica.
El 83% de los encuestados opina que con este sistema el ciudadano
medio se va a sentir menos protegido que antes por la justicia y más
alejado de ella. La mayoría no cree que gracias a esta medida el sistema
judicial vaya a funcionar mejor (68%) ni que se vayan a lograr ingresos
adicionales que permitan financiar mejor la justicia gratuita (89%).
Para el 84%, el Estado tiene la obligación de pagar dicha justicia
gratuita a través de los Presupuestos Generales y no mediante tasas como estas. La opinión generalizada es que no hay razones que justifiquen esta decisión.
A tenor de los datos, Toharia ha concluido que “difícilmente se puede
sostener que en este tema no haya un clamor popular”, ante lo que
Carnicer le ha pedido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,
que “no vuelva a invocar que esta es una cuestión corporativa que no
importa a los ciudadanos”. “Si nuestra Constitución establece una tutela
judicial efectiva, ponerle cualquier tipo de obstáculos es
inconstitucional”, ha continuado, para posteriormente reconocer que en
momentos de crisis se podría aceptar por ejemplo una tasa “testimonial”
para la segunda instancia. “Pero las cuantías de estas tasas están
hechas para impedir el acceso a los tribunales”, ha criticado.
El Consejo General de la Abogacía ha planteado una serie de acciones
para seguir protestando por esta nueva medida. Además de poner a
disposición de los letrados formularios para que pidan a los juzgados
que planteen la cuestión de inconstitucionalidad, ha creado una
plataforma junto a operadores jurídicos, sindicatos y asociaciones de
consumidores. Esta mantendrá su primera reunión el lunes. Carnicer ha
avanzado que el martes se celebrará otro encuentro con “otros operadores
para aunar voluntades”: “Seguiremos pidiendo que esta ley sea derogada o
como poco se reduzca muchísimo y se dejen exentos muchos casos”.
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