Polémica en México por Ley General de Víctimas

México, 12 jul (PL) El gobierno federal podría promover una controversia constitucional ante la orden del Congreso mexicano de publicar en sus términos la Ley General de Víctimas, advirtió hoy el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré. En conferencia de prensa, Poiré aseguró que el actual texto no cuenta con los elementos indispensables para que la atención a las víctimas sea eficiente. Si se publica ley de víctimas como lo ordena el Congreso, "se corre el riesgo de que la atención que ya se le brinda a las víctimas se perdiese. El objetivo del gobierno federal es darle una atención a las víctimas como se lo merecen, y para eso debemos tener una buena ley". Por eso al ser cuestionado si no se descarta una controversia constitucional por este tema, respondió "no está descartado, por supuesto tenemos que ver en qué términos viene la comunicación específica por parte del Senado de la República". De igual forma insistió en el llamado a las organizaciones de la sociedad civil y al Congreso de la Unión "a que nos sentemos a trabajar en una ley que verdaderamente nos dé resultados". Después de negar los señalamientos en el sentido de que las observaciones a la ley por parte del gobierno federal fueron realizadas fuera de tiempo, advirtió que lo que corresponde ahora es avanzar en esa reforma constitucional lo antes posible. Lo importante, señaló, es tener una legislación que al mismo tiempo garantice que quienes hayan sido víctimas tengan por parte del Estado toda la atención que merecen. El Congreso aprobó la Ley General de Víctimas en abril pasado, fue entregada al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación en junio, pero la devolvió al Legislativo con distintas observaciones. Los señalamientos del Ejecutivo han sido rechazados por los legisladores y las organizaciones civiles. Ayer el Senado alertó que enviará al Ejecutivo la Ley para su publicación en los términos actuales. Las observaciones del gobierno de Felipe Calderón son consideradas un intento de veto por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que impulsó la ley ante la presidencia y el Congreso durante las distintas etapas de su recorrido legislativo. Esta medida ha sido un reclamo permanente de defensores de derechos humanos durante la estrategia federal de lucha contra el crimen organizado, que ha ocasionado, junto con la violencia generada por los enfrentamientos entre bandas delincuenciales, más de 60 mil muertos en los últimos seis años.