¿Tiene los criminales nazis derecho a la privacidad para ocultar su
identidad o sus crímenes? Esa es la cuestión que debía dirimir un
tribunal alemán que esta tarde ha absuelto a los dos periodistas que se
sirvieron de la cámara oculta para desenmascarar y llevar a juicio a
Heinrich Boere, al que consiguieron localizar en 2009 en el asilo de
ancianos en el que pasaba plácidamente su vejez sin haber respondido
ante la Justica por haber pertenecido a las SS en la década de los 40.
Gracias al documento audiovisual que consiguieron Jan Ponsen y Jelle Visser fue
posible probar que Boere, tal y como él mismo confesó sin saber que
había una cámara grabando, se alistó voluntariamente en las SS a los 18 años y fue posteriormente asignado al comando especial Feldmeijer.
Era un fanático convencido, según se deduce de sus propias palabras. "Hicimos todo eso porque los judíos nos volvían locos ¿no lo entiende? Además, una orden es una orden", se justificaba.
Estas declaraciones, emitidas por el programa de la televisión
pública holandesa 'EenVandaag', fueron llevadas ante un tribunal, de
forma que en 2010 Boere fue condenado a cadena perpetua por su
complicidad en crímenes cometidos durante la ocupación de Holanda y como
participante de la operación Silbertanne (Abeto de plata), a la que se
atribuye el asesinato de al menos 54 civiles.
"No conocíamos a aquellos hombres. El servicio de seguridad de las SS
nos dio sus nombres y, sencillamente, nos pusimos en camino. Se nos
dijo que eran partisanos”, había reconocido el propio Boere.
Su abogado, Matthias Rahmlow, acusó entonces a los periodistas por haber publicado las imágenes grabadas con cámara oculta. La cámara oculta es legal en Alemania, pero la ley obliga a pixelar el rostro de las personas
que aparecen en imagen sin conciencia de estar siendo grabadas y en
muchas ocasiones también a disimular sus voces, resquicio legal al que
se agarró como a un clavo ardiendo para pedir hasta tres años de prisión
para los periodistas.
El juez Fuchs, del tribunal de distrito de Eschwieler, ha establecido sin embargo en la sentencia que "la necesidad de que esa información y esas pruebas llegasen al público reviste mucha más importancia
que el derecho a la privacidad del afectado", por lo que han sido
absueltos del cargo de violación al derecho de la imagen privada.
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