Casi 17 años después, llega hoy a la Audiencia de Girona el caso de la explosión de la pirotécnica Brau de Vidreres, que causó la muerte de cuatro trabajadores y dejó heridas a otras cinco personas. El fiscal no acusa porque considera que tras los informes periciales no fue posible determinar cuál fue la causa directa de la explosión y, por lo tanto, no ve indicios de delito, ni hay autor penalmente responsable. Los familiares de las víctimas solicitan cinco años de cárcel para cada uno de los nueve acusados por homicidio imprudente y una indemnización de más de 891.000 euros.
La explosión ocurrida el 3 de junio de 1993, según el fiscal, se produjo en el interior de la nave III de la pirotecnia. Su principal consecuencia fue una onda calorífica y tres explosiones más en cada una de las naves de trabajo, donde se guardaban unas cinco toneladas de material. La deflagración mató a Jordi Fusté, Joan García, y los hermanos Jordi y Benvingut Joals, e hirió a otras cinco personas. Tras 16 años, 8 meses y 5 días, Rafael Brau y Maria Rosa Estrada, los propietarios de la pirotecnia, Manuel Borraz y Rafael Ríos, encargados de la fábrica, German Vidal, el encargado por parte de la Guardia Civil de las inspecciones y los dueños y representantes legales de las empresas proveedoras de Brau y la aseguradora, Mario Igual, Juan Vicente Jurado, Luis Casanovas y Joaquín Enrique Peñalver, se sientan en el banquillo de los acusados.
No es la primera vez que este caso, que ha pasado por las manos de más de una docena de jueces, en su más que dilatada, fase de instrucción llega a la Audiencia. El vía crucis de jueces que han instruido esta causa, que ha estado más de 10 años en el Juzgado número 2 de Santa Coloma de Farners, ha hecho indignar a las familias de las víctimas, que han manifestado públicamente sus dudas de que se pueda hacer justicia.
Cuando parecía que la instrucción había concluido y el caso podía ir a juicio, alguien se dio cuenta de que el juzgado que debía hacerlo, el número 3 de Girona, no era competente. Se resolvió y llegó a la Audiencia. En 2004, cuando se iba a empezar el juicio, la sección tercera de la Audiencia devolvió el caso al Juzgado de Santa Coloma alegando deficiencias en la instrucción. En concreto el tribunal consideró que debían quedar excluidos de la imputación el responsable de Industria y el entonces sargento de la Guardia Civil, Germán Vidal, al considerar que el delito les había prescrito. Además, resolvió que debían estar incluidas en la causa las compañías aseguradoras.
En Santa Coloma, una nueva juez había cogido las riendas del Juzgado número 2 y debía pronunciarse sobre el sobreseimiento o no del delito de homicidio imprudente para los dos acusados que la Audiencia había considerado que quedaban excluidos. Ante la sorpresa general, en 2006, esta juez archivó la causa para todos los acusados porque no apreció indicios de criminalidad. Las acusaciones presentaron recurso y la Audiencia consideró que el juzgado de Santa Coloma "se extralimitó en sus pronunciamientos" y ordenó que arreglara las anomalías y remitiera el caso al tribunal competente.
El Tribunal Supremo resolvió que no había prescrito el delito para ninguno de los acusados y resolvió que "existieron hechos presuntamente delictivos y susceptibles de generar responsabilidad penal»" Si no hay ningún nuevo contratiempo está previsto que el juicio empiece hoy y se alargue hasta el próximo 18 de febrero.
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