En algunos lugares se llama la Operación Espora y en otros la Operación Boletus, pero el objetivo es el mismo: acabar con el tráfico ilegal de setas y con las bandas organizadas que saquean el monte en busca de un producto que ha pasado de ser una afición a un negocio cada vez más importante. Tanto la Guardia Civil como los Agentes Forestales, los expertos en micología y los vecinos de los pueblos afectados describen el mismo escenario: bandas organizadas de unas 40 o 50 personas, que durante la temporada acampan en el bosque, trabajan de sol a sol y son capaces de recolectar cerca de una tonelada de setas en una jornada, sobre todo boletus o níscalos.
“Hay un mercado impresionante. Como me dijo alguien, es como la droga, pero legal. El problema es que siempre existe alguien que lo compra”, señalan fuentes del Seprona (el servicio forestal de la Guardia Civil) en Madrid que insisten en que, dado que es fenómeno relativamente reciente, las investigaciones para determinar quién está detrás de estas bandas todavía no han dado resultado. “Está claro que tienen un comprador. Todo está perfectamente organizado y estructurado. No tenemos claro a quién o quiénes venden las setas”, agregan las mismas fuentes.
“Es un problema propiciado por la crisis. Hace unos años que empezamos a detectar campamentos que se dedican a la recolección masiva”, explica Arturo Notivoli, jefe del Seprona en Huesca. La presencia de las bandas, casi en su totalidad formadas por personas de nacionalidad rumana según la Guardia Civil, va cambiando con las temporadas y dependiendo de la presión policial. Palencia, por ejemplo, tuvo muchos problemas en 2013 y casi ninguno en 2014. En Soria, en cambio, según la Junta de Castilla y León, se habían producido hasta noviembre 695 denuncias y habían sido decomisados 15.000 kilos de setas. Ante el consumidor final, los boletus pueden costar entre 15 y 30 euros y los níscalos entre 10 y 15.
Junto a las carreteras que recorren los bosques del norte de Soria, una de las zonas micológicas más importantes de España donde la recolección está muy controlada, pueden verse constantes carteles que recuerdan que la acampada silvestre está prohibida y que la recolección de setas está regulada. Durante la temporada, toda la región se vuelca en el negocio de las setas: hoteles, restaurantes, casas rurales, guías, jornadas micológicas, lonjas de setas dirigidas directamente a los consumidores. Son necesarios permisos para recoger para consumo propio y sólo los que están empadronados pueden recolectar cantidades ilimitadas destinadas a la venta. Cerca de la plaza de El Royo, un bello pueblo de piedra que ofrece vistas al monte desde cualquier ángulo, dos vecinos departen: como casi todo el mundo aquí, conocen bien el campo y son recolectores. Y, como todo el mundo, se han cruzado con “los rumanos”. “Hay más españoles que rumanos, pero con la xenofobia todas las culpas van a ellos. Aunque es verdad que dejan el monte muy sucio”, explica Alfredo Villar, de 64 años. “Hay gente que se aprovecha de ellos y les compra los hongos para luego revenderlos”, agrega Angel Palacios, de 60 años.
“Este año ha sido una invasión”, asegura un agente forestal apostado junto a la Laguna Negra. Y no se refiere sólo a las bandas organizadas, sino a la cantidad de recolectores de todo tipo que han pasado por los bosques sorianos. “El problema es que los rumanos tienen a quién vender, quién les compra y quién les trae. Viven en condiciones muy duras: duermen en el monte, en furgonetas, debajo de un puente. Les pagan menos que a los locales”, explica su compañera. Aseguran haber hablado con alguno de ellos cuando, casi siempre en operaciones conjuntas con la Guardia Civil, les multan y les requisan las setas. “Recorren Europa, son como los tempraneros: van haciendo la ruta, que muchas veces empiezan en otros países. Llegan a sitios increíbles, en los que ni siquiera nosotros sabemos que hay setas”, agrega. Salvo en Palencia, donde recolectar setas sin permiso se considera hurto y robo si supera los 400 euros (se produjeron 60 detenciones y 35 imputaciones en 2013), en el resto de las provincias es una falta administrativa que se salda con una multa. También muchas veces se levantan sanciones por faltas que van desde dejar basura en el monte, no utilizar cestas o rastrillar hasta por desplazarse en vehículos sin la ITV pasada.
Sigue siendo un misterio dónde van a parar las toneladas de setas que logran recoger cuando se zafan de la policía. A la entrada de la localidad de San Leonardo de Yagüe, en una tarde de noviembre, varios coches con ciudadanos rumanos vendían cajas con setas en un local donde se produce un constante trasiego de mercancía. Aseguran que se trata de una venta al por mayor totalmente legal. Según diferentes fuentes, en ocasiones los recolectores ilegales, al no tener permiso, venden las setas a vecinos que sí tienen licencia y así pueden entrar en el sistema sin problemas (este año, según diferentes testimonios, las setas ilegales se compraban a 1 o 1,5 euros y se vendían a 3 o 4, según el momento de la temporada). Otras fuentes indican que se trata de ventas a mucho mayor escala o por encargo. “Se las compran empresarios piratas e incluso acceden directamente a los mercados”, señala Álvaro Picardo, director general de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. A la pregunta de si representan un peligro de salud pública porque puedan recolectar las setas equivocadas, Gabriel Moreno Horcajada, presidente de la Sociedad Micológica Madrileña, responde: “Saben recoger, no se confunden”.
Dado que el fenómeno de las setas es relativamente nuevo, todavía no hay ni una legislación unificada ni estadísticas fiables. Según Cesefor,una fundación sin ánimo de lucro que por encargo de la Junta de Castilla y León gestiona el mayor parque micológico regulado de Europa –400.000 hectáreas de montes públicos distribuidas por siete provincias de la autonomía–, las setas generan unos ingresos de 65 millones de euros en la región. Los datos muestran claramente que el fenómeno está creciendo con fuerza: durante la campaña 2013-2014 se se concedieron 65.160 permisos en Castilla y León, casi el doble que la temporada anterior. La organización que agrupa a los empresarios de setas asegura que todavía no hay datos nacionales sobre lo que mueve el negocio micológico en España.
La ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza, que el Partido Popular quiere dejar aprobada este mes suscita -pese a las sucesivas modificaciones para suavizarla- un rechazo muy mayoritario de los españoles, según una encuesta realizada por Metroscopia para la ONG Avaaz.org. El sondeo, que ha preguntado a 600 personas, concluye que el 82% de los consultados cree que el texto debería ser modificado (un 42%) o directamente retirado (40%) en lugar de aprobarse en el Congreso de los Diputados. Solo el 7% considera que la futura norma debería quedarse tal y como está. Incluso entre los que se definen como votantes del Partido Popular, son mayoría (un 46%) los que responden que el texto debe cambiarse antes de que la ley sea promulgada. Un 86% de los encuestados sostiene que una legislación de ese calado debería contar con el apoyo de todos los partidos. 
