Todo Por las Nueces 2014

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Comedia repleta de accion establecida a finales de los anos 50′s en una ficticia Oakton (Virginia), donde veremos las andanzas de una traviesa ardilla (Surly) y su compinche rata (Buddy), quienes planean un atraco a un almacen de nueces que se les acabara yendo de las manos.

Android Cop 2014

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En un futuro cercano, un policía y su compañero robótico deberán entrar en La Zona, una sección prohibida de la ciudad habitada por personas violentas e infectadas. Ambos deberán trabajar codo con codo para descubrir el origen de la enfermedad utilizando para ello la poderosa tecnología y armamento de la máquina.

ARROZ DE COCIDO DE CARNE

El Supremo de El Salvador cuestiona la ley de amnistía

El 25 de julio de 1981, una patrulla de 20 soldados del Ejército salvadoreño llegó al pueblo de San Francisco Angulo. Eran sobre las once de la mañana. Sin mediar palabra, asesinaron a 45 personas. En 2005, familiares de las víctimas comenzaron a exigir justicia y que se supiera la verdad de lo ocurrido. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador lanzó el miércoles un rayo de esperanza sobre la causa al ordenar a la Fiscalía General investigar quiénes ordenaron y cometieron los asesinatos.

Durante la guerra civil salvadoreña, entre 1980 y 1992, se produjeron este tipo de carnicerías que respondían a una táctica de contrainsurgencia conocida como tierra arrasada. Se trataba de “quitarle el agua al pez”, es decir, quitarle a la guerrilla la base social de apoyo.

Hay registro de masacres, como las de El Mozote y la de Río Sumpul, en las que fueron asesinadas un millar de personas en cada una. Los registros del Informe de la Comisión de la Verdad, auspiciado por laONU, dan cuenta de tales atrocidades de lesa humanidad, que nunca han sido investigadas judicialmente en El Salvador: lo impide una ley de amnistía promulgada en 1993, durante el Gobierno de Alfredo Cristiani.

La sentencia de amparo emitida por la Sala de lo Constitucional es ahora favorable a los familiares de las víctimas: Higinio Ponce Ruiz, Ina de los Ángeles Arias de Rodríguez, Miguel Romero y Blanca Nohemy, quienes exigen desde 2005 saber la verdad. Aunque hubo exhumaciones de más de 40 cadáveres de las víctimas, la Sala de lo Constitucional considera “que el Fiscal General de la República vulneró los derechos de acceso a la jurisdicción y a conocer la verdad de los hechos, al no investigar oficiosamente el homicidio colectivo ocurrido en el cantón San Francisco Angulo, y haber dilatado injustificadamente el inicio de tal actividad investigativa, la cual hasta la fecha no ha sido seria, exhaustiva, diligente ni concluyente”.

Claudia Interiano, en representación de los familiares y del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madelaine Lagadec, considera que “el fallo es un hecho sin precedentes en El Salvador, porque es la primera vez que se habla que se ha violentado un derecho constitucional, que es el acceso a la jurisdicción, y dentro de este, por primera vez se estaría diciendo que se ha violado el derecho a la verdad”.

Interiano explica que la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) abre las puertas para que los familiares de víctimas y supervivientes de la conocida como masacre de Tecoluca reciban reparación emocional, psicológica y física. “Se daría un paso más para sanar a la sociedad salvadoreña”, recalca la activista.

Sectores sociales ligados a grupos que velan por los derechos humanos y el Estado de derecho en El Salvador han demandado ante la Sala de lo Constitucional la anulación de la ley de amnistía de 1993. La sala ha admitido la demanda hecha el año pasado y hay expectativa de que resuelva a favor. Este fallo para investigar la masacre de Tecolucacamina en ese sentido, asevera Interiano.

Cientos de mujeres acuden al registro mercantil para inscribir su cuerpo en contra de la reforma de la ley del aborto

En el Registro Mercantil de Bienes Muebles de Madrid, en el número 44 del paseo de la Castellana, 40 mujeres esperaron ayer miércoles en la fila para solicitar la titularidad sobre un bien: su cuerpo. El objetivo de la acción fue plantarse en contra del anteproyecto de ley del aborto del Gobierno. Una ley que, si sale adelante, permitirá la interrupción voluntaria del embarazo solo en casos de violación o riesgo grave para la salud de la mujer. 

-¿Qué está registrando?

-Mi cuerpo.

-Permítame, voy a hablar con mi jefe. No sé si esto se puede.

Los empleados de los registros que recibieron las solicitudes, primero se asombraron. Luego, cuenta Yolanda Domínguez, la artista visual y activista madrileña que ideó esta iniciativa, muchos se convirtieron en cómplices. La acción se llevó a cabo en Madrid, Bilbao, Barcelona, Pamplona, Sevilla y Pontevedra. Aproximadamente 40 mujeres por ciudad, y de todas las edades presentaron una solicitud para registrar su cuerpo como propiedad.

"Queríamos certificar de manera oficial que nuestro cuerpo nos pertenece", expresa Domínguez indignada. Para ella, la reforma de ley impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sido "la gota que ha colmado el vaso" del trato que siempre se le ha dado a la mujer: "Somos como una mercancía", dice. Para la madrileña, la nueva norma, que se llamará Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, no protege los derechos de la mujer. "Nuestro cuerpo es de todos menos nuestro y eso no lo podemos permitir", sentencia la artista.

Domínguez explica que, en Madrid, el registrador les comentó que su iniciativa podría convertirse en un precedente legal. En Bilbao, las hojas de registro fueron selladas y recogidas para estudiarlas. La oficial pidió a las mujeres que volviesen a las 14.00 para una resolución. Llegada la hora, fueron informadas de que la petición no procedía, cuenta May Serrano, miembro de la plataforma Mujeres Imperfectas, el colectivo encargado de organizar la acción en esta ciudad. En ambos lugares, algunas trabajadoras decidieron unirse y rellenar también una solicitud.

La hoja que se debe entregar en los registros para pedir el derecho sobre un bien requiere de una descripción del objeto. Y cada mujer detalló su cuerpo como quiso. "Mi cuerpo es grande y maravilloso. Funciona a la perfección, me encanta como huele. Tiene dos piernas, dos brazos, un útero, dos ovarios [...]", describió una de las activistas. "Esto fue de lo más curioso. Fue una acción muy potente y muy emocionante. Pero no hay que olvidar que estamos aquí por una triste realidad: que quieren decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestra propiedad", denuncia Serrano.

La legalidad de la ‘doctrina escrache’

La decisión judicial de no considerar delito el escrache celebrado en las puertas del domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha levantado críticas en el PP, e incluso la descalificación de su entorno hacia una de los tres magistrados de la Audiencia provincial de Madrid que dictaron el fallo, atribuyéndole a ella sola la autoría y acusándola de juez socialista. Ese auto, además, únicamente confirma lo dictado anteriormente por otros juzgados sobre distintos escraches en la misma línea.

No es la primera vez —y, probablemente, no será la última— que la justicia no detecta ningún tipo de delito en las manifestaciones pacíficas convocadas frente a las viviendas de cargos públicos para mostrar disconformidad con sus decisiones políticas. De hecho, tan solo en algunos casos se ha tramitado, para alguno de los participantes y por hechos aislados, un expediente por una falta, pero no por un delito.

Las sentencias dicen que el límite de la crítica es más amplio para los políticos

Los argumentos de las resoluciones de juzgados de Cantabria, Aragón, Barcelona, Valencia o Madrid respecto a los escraches son muy semejantes. Y en todos esos casos se apela, a su vez, a sentencias del Tribunal Constitucional como base de sus tesis, con lo que es la doctrina de este alto tribunal la que, realmente, se aplica y no la de jueces de instrucción contra los que, como en el último caso, ha cargado hasta el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Los supuestos delitos que examinan la mayoría de las resoluciones judiciales sobre escraches se refieren a aspectos como la libertad de reunión, las injurias, coacciones, amenazas, los desórdenes o la desobediencia. Varias de ellas hacen referencia a la doctrina del Constitucional, que se aplica desde hace más de 20 años, que señala, en sus sentencias 105/1990 y 85/1992 referidas a la libertad de expresión, que “los límites permisibles de la crítica son más amplios si esta se refiere a personas que por dedicarse a actividades públicas están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones(...) pues precisamente en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica de carácter público es inseparable de todo cargo de relevancia pública”.

También a otra sentencia del mismo Constitucional, la 39/2005, dictada tras un agrio debate en el pleno municipal de un pueblo de Badajoz, que indica que los cargos públicos han de soportar no solo “críticas más o menos ofensivas e indiferentes sino también aquellas otras que puedan molestar, inquietar, disgustar o desabrir el ánimo de la persona a la que se dirigen”.

Esto no quiere decir, en ningún caso, que los cargos públicos queden privados de su derecho al honor y que se valide el insulto. Pero sí es lo que un juez de Torrelavega (Cantabria), en una de las primeras resoluciones tras un escrache, dictada en abril de 2013, señaló: “Es servidumbre de todo cargo político, en un régimen democrático, soportar pacientemente las molestias que le puedan causar este tipo de actos, ya que también se aprovecha de las indudables ventajas de serlo”. Fue tras una denuncia presentada por el entonces alcalde de la misma localidad, del PP.

El argumento principal gira entorno al derecho de reunión, y todos los autos van en la misma dirección y apuntan, en muchos casos, a la doctrina del Constitucional que definió en la sentencia 85/1988 este derecho como el de “una manifestación colectiva de la libertad de expresión efectuada a través de una asociación transitoria de personas que opera de manera instrumental al servicio del intercambio o exposición de ideas, de defensa de intereses o de publicidad de problemas y reivindicaciones”, es decir precisamente lo que hacía la Plataforma Antidesahucios (PAH). La PAH fue uno de los primeros colectivos que más ha participado en escraches a políticos para denunciar el comportamiento de los bancos y las autoridades ante los desahucios.

También hablan esas sentencias favorables de los límites al derecho de reunión para señalar que están fijados en la alteración del orden público y el peligro para las personas o bienes. En ninguna de las causas consultadas se habían sobrepasado estos límites, ya que las manifestaciones se realizaron de manera pacífica. Es el caso de la dictaminada por un juez de Teruel, tras el escrache al diputado del PP por Aragón Santiago Lanzuela, que describió “la ausencia de violencia alguna en la conducta de los intervinientes, algunos niños a hombros de sus padres”.

Los jueces rechazan considerar delito el efecto persuasivo de una protesta

“Las personas que se concentraron y se limitaron a permanecer en el lugar durante un tiempo aproximado de una hora y media (…) teniendo en cuenta que la concentración fue pacífica, que no se profirieron amenazas o insultos, que no se alteró el orden público, no se interrumpió la libre circulación de los vehículos por la calle, ni se desobedecieron las indicaciones de los agentes, se está en el caso de entender que la actuación de estas personas no es constitutiva de ilícito penal alguno”, dijo otra juez de Valencia sobre el escrache en el domicilio del también diputado del PP Esteban González Pons. La misma juez que luego sí se tramitó una denuncia solo contra las dos personas que subieron al rellanoy aporrearon su puerta de la casa de Pons.

“Considerar delictivo el efecto persuasivo que pueda provocar una protesta en las personas a quienes va dirigida implica desconsiderar las exigencias típicas propias del delito de coacción”, expusieron los magistrados de Madrid que archivaron el caso del escrache a Santamaría.

Tampoco se consideró delictivo el escrache feminista y contra el aborto que, el pasado mes de mayo, tuvo lugar frente al domicilio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. La denuncia se saldó con el archivo y una multa de 60 euros a uno de los manifestantes pero no por protestar, sino por negarse a ser identificado por la policía.

En Sevilla, el archivo llegó, pese a la denuncia de la diputada popular Silvia Heredia, porque la concentración ni siquiera llegó a su domicilio, dado que lo desconocían. En este caso, incluso la fiscalía pidió el archivo. Al margen de otras acusaciones, en esta, al igual que en la de Soraya Sáenz de Santamaría, se acusaba de “coartar la libertad de voto”. “No se exterioriza que la finalidad perseguida sea la de quebrantar la voluntad política de la vicepresidenta salvo que todo legítimo intento o deseo de incluir en el criterio de otro sea calificado como tal”, han señalado los jueces.

La fundación de la visita del Papa gastó 2,65 millones en urinarios

A lo grande, se trataba de pensar a lo grande. La burbuja inmobiliaria estaba en su apogeo y la política de grandes eventos del PP en el Gobierno valenciano estaba a punto de alcanzar su paroxismo el 3 de julio de 2006 con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias. Un acontecimiento impulsado por el presidente Francisco Camps, el consejero y miembro del Opus Dei Juan Cotino y el arzobispo de Valencia Agustín García Gasco ya fallecido, quienes junto con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, crearon una fundación específica para organizar la visita del pontífice.

El levantamiento del secreto de sumario de la pieza cuatro del caso Gürtel, relativa a la visita del Papa a Valencia, desvela los millonarios contratos firmados por la Fundación V Encuentro para un evento en el que se manejaron unas previsiones de asistencia (dos millones de peregrinos) que quedaron, finalmente, en una décima parte.

El ‘caso Gürtel’ desvela los contratos del V Encuentro Mundial de las Familias

La Fundación V Encuentro contrató con Acciona cerca de 7.000 urinarios portátiles, cuyo coste se elevó a 2,65 millones de euros. La mayoría de los sanitarios repartidos por el antiguo cauce del Turia y las principales arterias de la ciudad quedaron sin utilizar. El pedido incluyó 5.940 urinarios a 295 euros la unidad, otros 60 preparados para personas con minusvalías del mismo precio y otros 864 sanitarios de mayor categoría (355 euros la unidad).

Las cifras contrastan con el número de sanitarios que instala el Ayuntamiento de Valencia durante la semana grande de Fallas. Un número que en los últimos años ha oscilado entre los 200 y los 300 urinarios portátiles repartidos por las zonas de mayor afluencia de visitantes.

El coste del evento con el Pontífice se estimó en unos 22 millones de euros

A cambio del contrato de los 7.000 urinarios, Acciona se comprometió a donar 550.000 euros en dinero a la Fundación V Encuentro.

Con ser excesivo, el contrato de los sanitarios portátiles no fue el de mayor montante. Los patronos encargaron a la firma Cronosport SL casi medio millón de mochilas del peregrino por un valor de 3,46 millones de euros. La documentación remitida al Tribunal Superior de Justicia de Valencia revela que se encargaron 390.000 mochilas senior y 110.000 junior que incluía un lote de artículos para el peregrino (gorra, abanico de plástico, camisa de manga corta, plano, acreditación, banderita, chapa y plano). Para las mochilas destinadas a los adultos se acordó un precio de 7,60 euros y para los niños de 4,50. El fabricante se comprometió a donar 90.000 euros a la Fundación, un porcentaje en función de la facturación final y 12.000 mochilas gratis para los voluntarios.

En los gastos se incluyó vestuario y regalos para la curia eclesiástica

Los contratos, mantenidos en secreto por la Fundación pese a que tres de sus cuatro patronos son Administraciones públicas, incluyen toda clase de dispendios. A la firma Cuco Comunicación se le contrataron por un millón de euros (990.000 para ser exactos) la construcción de los expositores de la Feria de las Familias —celebrada en Feria Valencia— los materiales necesarios y la campaña de publicidad.

La documentación, remitida por el entonces presidente ejecutivo de la Fundación y hoy prelado de Palencia, incluye el contrato para la confección de 900 casullas y 500 mitras para las autoridades religiosas por importe de 84.500 euros más IVA. Al Papa se decidió regalarle una réplica del Santo Cáliz en plata dorada valorado en 6.055 euros.

Los documentos contables y las actas reflejan la falta de rigor en la gestión económica de la Fundación V Encuentro en un presupuesto que se estimó inicialmente en más de 22 millones de euros.

Temperaturas de 40º bajo cero frenan el hito de dos alpinistas

Vivir al pie de una montaña de 8.000 metros en invierno es vivir fuera del tiempo común. No solo es la soledad, ni siquiera el frío enloquecedor, ni la paciencia exigida para pasar horas eternas esperando un cambio en el parte meteorológico para poder enfrentarse a la montaña: lo peor es saberse aislado. Gracias al teléfono vía satélite y a su conexión de internet, Simone Moro y su equipo juegan a engañarse. Juegan a creer que están en contacto con el mundo. Que están en el mundo. Que una ciudad les aguarda a la vuelta del glaciar. Pero saben que es mentira. Y para recordar su aislamiento, su condición de extraños en una naturaleza extrema, están los sonidos de la noche. Mientras Moro, italiano, y su compañero de cuerda, el alemán David Goettler, tratan de ser los primeros en hollar en invierno la cima del Nanga Parbat (8.125m, Pakistán; el único pico que resta junto al K 2), en el campo base, Emilio Previtali trata de contar la experiencia y vive conectado a los partes meteorológicos que envía con puntualidad y mágica precisión el especialista Karl Gabl desde Europa.

Será este meteorólogo quien decida, sentado en su oficina de Austria, cuándo podrán atacar la cima Moro y Goettler. Pero no será ahora mismo. A las 3.54 de la madrugada del pasado miércoles, un sonido aterrador despierta a los tres expedicionarios. No es el clásico rumor de un alud de roca, nieve o hielo. Se trata de una explosión de ruido tan inopinada que ni siquiera saben, recién despertados, a qué atribuirla. Parece el rumor de una turbina, o el de una tremenda cascada de agua. Es continuo, y, enseguida, enloquecedor. Cuando caen en la cuenta, tratan de esconder la cabeza en el interior de su saco de pluma: es el viento en altura, el viento que barre la cima del Nanga Parbat con rachas de hasta 150 kilómetros por hora. Es la fuerza de algo desconocido incluso para Simone Moro, un alpinista que ha pasado más de 10 meses en invierno tratando (a veces con éxito) de conquistar un ochomil. En estas latitudes, atacar la cima con un viento superior a los 20 kms por hora es un suicidio. Toca esperar. Tras un mes de trabajo, se han encontrado con una vía en la vertiente Rupal de la montaña mucho más técnica y descarnada de lo esperado. Orientada al sur, si no hay nubosidad se puede trabajar correctamente en sus laderas, donde han equipado los tramos más serios para poder huir de la montaña en caso de necesidad. “No queremos ser héroes, sino alpinistas, por eso tratamos de no exponernos más de la cuenta”, explican. Con todo, el hielo negro que cubre buena parte del trazado hasta los 7.000 metros, la altura máxima alcanzada hace cuatro días, les obliga a vigilar cada paso. “Un error aquí es definitivo”.

Para poder aclimatarse, la pareja instaló una tienda diminuta en el hueco de una grieta, a 6.700 metros. Al día siguiente, se obligaron a reconocer el trazado hasta los 7.000 metros. Así lo vivió David Goettler: “Mis ojos absorben lo que ven, tratan de conservar cada detalle. Veo un océano, con olas, con zonas en calma, profundas, sin horizonte. No sé dónde empieza el cielo o dónde acaban las montañas”, describe. “Las olas son las montañas, algunas enormes como el Nanda Devi o los Gasherbrums. Los valles son el océano profundo. Nosotros estamos subidos a la ola más grande, en el Nanga Parbat en invierno. Estoy con Simone a 6.900 metros y no hay nadie más. El sol brilla; es un día claro y limpio. Quizá crean que hace calor… Pero hace viento y la temperatura es bajísima. Nos estamos helando”, advierte. “Tratamos de conservar el calor, mantener lo poco que conservamos. Tenemos que concentrarnos más que nunca en no perder calor. Nuestra diminuta tienda parece frágil, pero está a resguardo del viento y es un bastión. Nos protege. Pero para explorar la ruta debemos abandonarla, no sin antes vestirnos con todo. Calentar pies y botas. Calentar los guantes con la cantimplora llena de té hirviendo. Colocarnos el verdugo que protege nariz y cara”.

Y sigue su relato: “Los crampones producen un ruido extraño sobre el hielo. Caminamos sobre un terreno pronunciado y debemos extremar las precauciones. Un error sería fatal. Nos concentramos para ejecutar cada paso. Vemos por dónde discurre la ruta. La próxima vez que estemos aquí camino a la cima. Pero no sabemos si tendremos semejante oportunidad. El mal tiempo podría durar años aquí… es el juego de los ochomiles en invierno. Pero he visto este océano a mi alrededor y no tengo por qué quejarme”.

Somos alpinistas, no héroes; tratamos de no exponernos más de la cuenta”

La ruta es inhumanamente larga. El campo base queda a unos ridículos 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar, a 4.525 metros de la cima… En la vertiente norte del Everest, el campo base se encuentra a 6.400 m,apenas a 2.448 de la cima. El trazado recorre la vertiente Rupal y enlaza con la arista Mazeno, desde donde se accede a la vertiente Diamir, que se remonta para efectuar una larga travesía a la izquierda hasta enlazar con la ruta Kinshofer (la clásica) y acceder a las rampas cimeras. La travesía preocupa mucho a Simone Moro. Se efectúa a mucha altura y es un terreno en el que no se puede correr, pero donde hay que correr, especialmente de bajada. Desconocen las condiciones de la nieve en ese punto, pero esperan no tener que abrir una huella profunda. “No descartamos tener que vivaquear a la vuelta”, explica Moro, posibilidad que se antoja terrorífica, con temperaturas de -40º.

De nuevo de noche, cada cual se refugia en su tienda, buscando desesperadamente reconciliarse con el calor. Repasan la ruta, memorizan lo conocido y especulan con la idea de salir hacia cima. No será pronto. En el campo base, las tiendas permanecen inmóviles, resguardadas de un viento que ruge en la vertical, a 4.000 metros. ¿Tiene sentido siquiera pensar en asomarse a esas alturas?

El temporal generó una ola de casi 21 metros en la costa asturiana

Una boya oceanográfica de la Universidad de Oviedo registró la noche del sábado una ola de casi 21 metros de altura a cuatro kilómetros de Cudillero y se quedó a pocos centímetros de que fuera calificada como "gigante".

En concreto, la boya está situada a unos cuatro kilómetros al noreste del puerto de Cudillero y entre las 23:00 y las 24:00 horas del pasado sábado, 1 de febrero, registró una ola de 20,87 metros de altura.

En ese mismo periodo de tiempo la altura significativa de la ola -un parámetro que da una idea de la altura aparente del oleaje- fue de 10,54 metros, informa la Universidad de Oviedo.

A pesar de su proximidad a la costa, donde las olas suelen perder altura, esta ola ha sido tan sólo seis metros inferior a la gran ola de 26,13 metros registrada por la boya Augusto González de Linares del Instituto Español de Oceanografía a 40 kilómetros al norte de Santander el 24 de enero de 2009.

El viento más intenso en esta franja de la costa en lo que va de temporal se produjo el 4 de febrero entre las 16:00 y las 17:00 horas, con una velocidad media de 63 kilómetros/hora y ráfagas de 85 kilómetros a nivel del mar.

La boya oceanográfica instalada en la costa de Cudillero es un equipamiento universitario que dispone de un conjunto de sensores meteorológicos y oceanográficos que proporcionan información a tiempo real sobre los nutrientes, el plancton y las corrientes marinas.

El temporal sigue haciendo estragos en diversos puntos de España. Meteorología avisa de que la llegada continuada de frentes desde el oeste peninsular mantendrán a la mitad más occidental del país bajo lainfluencia de precipitaciones y fuertes vientos durante el resto de la semana.

En concreto, la Dirección General de Emergencias de Galicia ha alertado de un temporal de nivel naranja por viento en tierra que afectará a partir de la madrugada a las cuatro provincias gallegas.

Stop Desahucios pide que se anulen las multas a los participantes en escraches

La plataforma Stop Desahucios ha reclamado hoy a la delegada de Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, que anule las multas impuestas a los ciudadanos que han participado en escraches, en virtud del auto por el que la Audiencia Provincial de Madrid avala la legalidad de la protesta llevada a cabo en la vivienda de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Daniel Lozano, miembro de Stop Desahucios Madrid, explicó a Servimedia que sólo en Madrid la Delegación de Gobierno ha impuestomultas que suman 40.000 euros por no comunicar previamente la protesta. Hay sanciones, explicó que la mayoría de esas sanciones son por un valor de 1.500 euros por persona.

Argumentó que el citado auto de la Audiencia Provincial de Madrid establece que no se puede multar a la gente por participar en una manifestación por el hecho de que ésta no haya sido previamente comunicada. En concreto, la resolución señala que una manifestaciónno puede ser calificada de "alegal o ilegítima" por haberse convocado "sin comunicación administrativa previa".

Además, el auto afirma que el hecho de que el derecho de manifestación se ejerza "desatendiendo un requisito procedimental" no basta para considerar dicha conducta "subsumible o constitutiva de infracción penal".

Por otra parte, manifestó que la citada resolución judicial establece que el escrache es una forma "totalmente pacífica y legítima" que tienen los ciudadanos para expresarse ante determinadas decisiones políticas.

En otro orden de cosas, este miembro de Stop Desahucios criticó que continúen los desahucios, pese a los beneficios con los que la banca española cerró 2013. En este sentido, reclamó que la creación de un parque público de viviendas de alquiler social con las casas que se encuentran en poder del Sareb, en lugar de "malvenderlas".

Los arbitrajes de las preferentes dejan fuera a 150.000 afectados

El escándalo de las participaciones preferentes mal comercializadas por las entidades nacionalizadas seguirá vivo mucho tiempo, a tenor de las cifras que ha hecho públicas este miércoles Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España y presidente del FROB. Un total de 534.150 inversores adquirieron preferentes o deuda subordinada. De ellos, 427.952 han acudido al arbitraje y a 269.379 (el 63%) se le ha dado la razón. Se desconoce cuántos han acudido directamente a los tribunales, pero a 158.573 se les ha denegado el arbitraje.

Restoy ha recordado que este proceso no ha terminado y que puede haber más personas que sean admitidas en el arbitraje. Preguntado por si esta situación augura una oleada de reclamaciones judiciales, ha comentado que “algunos han desistido de acudir a los tribunales. Solo hay sentencias sobre el 14% de las demandas y una mayoría es a favor de los inversores, aunque también ha habido muchos acuerdos extrajudiciales”.

Restoy ha ofrecido estos datos en la Comisión de Economía del Congreso, que por primera vez ha sido abierta tras retirar su veto las PP. Los diputados de todos los grupos, menos el PP, han pedido que que se atendian las reclamaciones de los preferentistas, que han protagonizado numerosas protestas. “Soy consciente de que tras cada caso hay un drama. La intervención del FROB ha ayudado a mitigar el coste social de la mala comercialización”. Y ha añadido: “Los movimientos sociales alertaron a las autoridades públicas, que han reaccionado. No está resuelto, pero hemos avanzado”, ha concluído.

Los arbitrajes de Bankia, Novagalicia y Catalunya Caixa han devuelto 1.890 millones, según el FROB. Esta cifra aumentará en otros 1.189 millones cuando Bankia concluya los procedimientos. No obstante, de este montante, Bankia pagará 1.000 millones en acciones.En paralelo, la Audiencia investiga por estafa a los máximos ejecutivos de Caja Madrid y Bancaja por la venta de preferentes. Este caso podría influir en las demandas civiles de los preferentistas. Según fuentes de Bankia, los que compraron preferentes de Caja Madrid en 2009, recuperarían su dinero si la acción de Bankia llega a 1,86, ya que recibieron parte de su inversión en títulos. Este miércoles ha cerrado a 1,33. Estas fuentes dicen que “ahora su pérdida está por debajo del 25%”.

Todos los parlamentarios, excepto el PP, han preguntado a Restoy por el coste de la crisis. Valeriano Gómez, del PSOE, se ha aventurado a que podría estar “entre 150.000 y 200.000 millones”. La respuesta oficial ha sido que aun no es posible calcularlo porque se desconoce el importe de ventas pendientes y el coste de los esquemas de protección de activos (EPA), que hasta 2013 suponían 7.000 millones en ayudas públicas, tras descontar provisiones, de los cuales unos 2.700 millones corresponden a la CAM. Esta cifra augura una factura más baja que la que adelantó el ministro, Luis de Guindos, cuando dijo que la CAM costaría 15.000 millones. Sobre la posibilidad de que Bankia esté privatizada en dos años, Restoy ha dicho: “Ojalá, porque eso supondría que hay ofertas buenas”. También aseguró que el FROB está “absolutamente empeñado en esclarecer a los responsables” de la mala gestión que han generado perjuicios a la hacienda pública.

Un carguero español se parte en dos en la costa vascofrancesa

El carguero español Luno, de 100 metros de eslora, se partió ayer en dos tras quedar a merced del fuerte oleaje y empotrarse contra el dique de la playa vascofrancesa de La Barre, en Anglet, muy cerca del puerto de Bayona, al que se dirigía el buque tripulado en ese momento por 11 marineros y el práctico de esta dársena. Tres horas después del naufragio, todos los tripulantes fueron rescatados y puestos a salvo por helicópteros de la Gendarmería y la Armada francesas.

El barco navegaba sin carga en el momento del siniestro y llevaba para su combustible 127 metros cúbicos de gasóleo (127.000 litros) y 12 toneladas de aceite. El ministro francés de Transportes, Frédéric Cuvillier, que acudió al lugar del naufragio, descartó una contaminación masiva, dado que el vertido de carburante fue “extremadamente limitado”. De las 80 toneladas que almacenaba, entre 60 y 70 quedaron en la proa, varada en la playa. El resto, entre 10 y 20 toneladas, se encontraban en la parte trasera, encallada en el espigón. El alcalde de Anglet, Jean Espilondo, aseguró que el barco desalojó “15 de las 100 toneladas de gasoil”.

El Luno envió una señal de alerta a las 10.00 porque tenía “dificultades” para acceder al puerto de Bayona tras sufrir una avería eléctrica “total”. Dos remolcadores y un práctico salieron en su auxilio para tratar de controlar el rumbo y dirigirlo a la dársena. Aunque el práctico francés logró subir a bordo, las fuertes rachas de viento y los embates de las olas hicieron imposible estas maniobras y empujaron el barco contra el dique.

En la zona se vivieron momentos de tensión e incertidumbre durante la mañana, al desconocerse en qué estado se encontraba la tripulación y si había riesgo de un vertido contaminante en la costa. Solo uno de los marineros resultó ligeramente herido en la cara.

El buque siniestrado, construido en 1994 por Astilleros Murueta y propiedad de la empresa vizcaína Naviera Murueta, zarpó el pasado martes por la tarde desde el Puerto de Pasaia (Gipuzkoa) tras permanecer en esta dársena durante casi un mes para reparar una avería y someterse a una revisión general, según fuentes de la citada Autoridad Portuaria. Es un buque diseñado para cargar sustancias peligrosas y contenedores.

El PP cancela una exposición con un cuadro de Rajoy con heces en la cabeza

El pasado lunes colgó sus cuadros. Y el martes se los quitaron. Ausín Sáinz, de 45 años, no podrá inaugurar el próximo viernes, como tenía previsto, su exposición en el edificio Julián Sánchez El Charro, del Ayuntamiento de Salamanca. El equipo de Gobierno local, encabezado por el alcalde Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha decidido suspender la muestra por contener "imágenes inadecuadas para el público". Entre sus obras se encontraban dos cuadros en los que aparecía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; y la infanta Cristina. Ambos, con heces en la cabeza.

El gobierno local, en un comunicado, ha subrayado que el técnico municipal propuso la suspensión de la exhibición porque el autor "no le mostró" el contenido de determinadas obras. En una, Rajoy —con excrementos sobre la cabeza— y el extesorero del PP, Luis Bárcenas, sostienen una patata entre sus frentes. En otra, la Infanta aparece engalonada con mantilla, joyas y una banda con los colores de España. Sobre su pelo, al igual que con el presidente, se observan heces."Antes de montar la exposición les mandé folletos, información de mis creaciones y mi dossier. Conocían perfectamente cómo es mi obra de denuncia social", explica el artista, que acusa de "censura" al director de la sala, Lorenzo Bernáldez, y al Consistorio. "La decisión se ha tomado tras comprobar el contenido íntegro de la exhibición, inadecuadas para el público, eminentemente familiar, que acude a este espacio", se ha justificado la administración salmantina, que ha remachado que Sáinz ya había expuesto en el Espacio Jovén del Ayuntamiento en 2004.

El artist

El autor, vecino de Salamana y natural de Burgos, relata que en la tarde del martes acudió al edificio para "ultimar los detalles" de la muestra. Cuando estaba trabajando, insiste Sáinz, se acercó el director de la sala y le exigió que desmontara la exposición. El artista se negó. Y entonces, añade el pintor, llegaron dos policías locales que lo retuvieron e identificaron.

"No me dejaban moverme por el lugar. Mientras tanto, estaban quitando las obras y sacándolas a la calle, donde permanecieron bajo la lluvia", explica Ausín Sáinz. "Encima, me van a pasar la factura de los trabajadores que las desmontaron", excalama, antes de recalcar que son los cuadros delpresidente del Gobierno y la Infanta los que disgustan al Ayuntamiento. La exhibición, titulada No apta para todos los públicos, también incluía pinturas con hombres en ropa interior y pechos de mujer. "Sabían lo que había. Yo he actuado correctamente. Si hubiera mala fe, habría colocado los dos cuadros el mismo viernes", concluye el artista.

Los fieles se alejan de Roma

En un gesto sin precedentes, el papa Francisco decidió en noviembre pasado pulsar la opinión de los católicos del mundo entero sobre asuntos corrientes, como los niños nacidos fuera del matrimonio, la contracepción, las parejas de hecho, los divorciados que se han vuelto a casar, las uniones homosexuales o el aborto; y lanzó una consulta universal a través de las parroquias sobre 38 cuestiones que para algunos sectores de la Iglesia son delicados o directamente tabú.

La idea de Jorge Mario Bergoglio era conocer de primera mano cuáles son los principales desafíos para las familias, tema central del consistorio que se celebrará en el Vaticano los días 20 y 21 de febrero y del sínodo del próximo otoño, para averiguar si los católicos comparten o no la doctrina oficial de la Iglesia.

El 90% de suizos pide que se bendiga al divorciado que se vuelve a casar

Las respuestas a las 38 cuestiones que envió el Vaticano a los obispos han empezado a llegar a Roma, y los primeros datos sugieren que el sondeo puede convertirse en un bumerán para el Papa, o tal vez en combustible para la renovación emprendida por el jesuita argentino.

Muchos fieles europeos, algunos de los cuales han respondido a las preguntas a través de Internet, se muestran especial y mayoritariamente críticos con las enseñanzas de la Iglesia sobre la contracepción y el divorcio, por ejemplo.

Alemania y Suiza, dos países muy secularizados, recomiendan con nitidez al Vaticano que abandone su doctrina sobre los divorciados que se vuelven a casar y sobre las parejas homosexuales.

La encuesta realizada por los obispos suizos entre 23.636 feligreses revela que el 90% de los preguntados espera que la Iglesia reconozca y bendiga a los divorciados casados por segunda vez, y que el 60% reconozca y acoja a las parejas gais. Al mismo tiempo, un 80% de los católicos suizos considera que el matrimonio religioso es importante. Los obispos helvéticos afirman, además, que las respuestas son convergentes entre las distintas generaciones y sexos.

En Francia, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Pierre-Marie Carré, ha afirmado que los católicos piden a la Iglesia más apertura a la vida, menos oposición a los anticonceptivos y la abolición de la prohibición de la comunión a los divorciados unidos en una segunda boda. Sobre la sexualidad, la mayoría de los encuestados cree que la Iglesia debería dar algunas orientaciones y dejar el resto a la conciencia de cada cual. Y se oponen a que la Iglesia legisle sobre el deseo de las parejas a tener hijos.En Alemania, lo más destacado es que los jóvenes católicos reconocen abiertamente que no siguen las enseñanzas de la Iglesia sobre la convivencia prematrimonial, que es casi universal en el país, y recuerdan a la jerarquía católica que es irresponsable casarse sin haber probado antes la solidez de la relación. Además, los fieles alemanes creen que el protocolo de anulación de las bodas en el Tribunal de la Rota puede ser “deshonesto”, y muchos divorciados admiten que se alejan de la Iglesia porque les trata “sin misericordia”.

El sondeo ha suscitado mucho interés en las comunidades cristianas de los países desarrollados, y una recepción más tibia en lugares como África, donde muchos asuntos planteados se consideran un tabú. El papa Francisco, que ha afirmado que la Iglesia debe acoger a quienes “no están en regla”, mantiene de momento una posición más conservadora sobre temas doctrinales, especialmente sobre el matrimonio gay.

Derecha a la derecha de la derecha

Es la primera ruptura que se produce tras un largo proceso de concentración de sectores conservadores, liberales y centristas en una misma fuerza política. El lanzamiento del partido Vox por disidentes del PP y el alejamiento entre Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy sacuden la frontera derecha del partido gobernante en coincidencia con el auge espectacular en Europa de movimientos populistas y de extrema derecha. Las razones que mueven a unos y otros son distintas, pero el elemento común es el conflicto con los partidos conservadores o democristianos clásicos.

Por eso importa hacerse una idea de cual es el potencial de la nueva derecha: es decir, cuántas personas podrían estar interesadas en una oferta autónoma a la derecha del PP. Los antecedentes son lejanos, pero si el partido de Blas Piñar (recientemente fallecido) alcanzó casi 400.000 votos en las elecciones de 1979 —su único momento de esplendor—, esa fuerza no puede haberse volatilizado totalmente, ni siquiera por razones biológicas. De los estudios recientes del CIS y de Metroscopia sobre el posicionamiento ideológico de los españoles, José Pablo Ferrándiz, vicepresidente de Metroscopia, deduce un número entre medio millón y 700.000, situado actualmente en ese extremo del abanico político.

El voto populista se alimenta del sentimiento de contestación a las élites y se presenta como una reacción de “los de abajo” contra el sistema político de los “instalados”. Tanto puede ocurrir que se abstenga como que vote a opciones preexistentes, ya sean grupos identificados con la mitología y símbolos del falangismo o movimientos antiinmigración, al estilo de la Plataforma per Catalunya (que ya consiguió 67 concejales en 2011); o a los escindidos del PP. El peligro populista es la facilidad con que puede aprovechar una crisis en los partidos centrales del sistema para convertirse en verdadera fuerza política, siempre que cuente con financiación y un intenso apoyo mediático, como demostró Silvio Berlusconi en Italia.

Por el momento, el peso de todo ese magma en España es limitado. Para que se produjera una alteración sustancial tendría que surgir un potente liderato. “La pregunta clave aquí es si Aznar, a quien corresponde el logro de haber unificado la derecha en España, con el éxito conocido, se va a convertir ahora en su dinamitador”, reflexiona el sociólogo Fernando Vallespín, exresponsable del CIS. “Creo que no”, se responde a sí mismo. “Primero, porque no hay espacio para una derecha a la derecha del PP mientras este siga conservando la marca y mantenga un discurso ideológico que ya está, de hecho, demasiado inclinado en esa dirección”.

“Lo que está ocurriendo parece más bien un intento por desplazar a Rajoy del poder, más que por crear una nueva formación”, añade Vallespín. “En el fondo pienso que late una insatisfacción profunda de un sector del PP con los casos de Cataluña y el fin del terrorismo, y una presión insoportable del lado de un sector de los medios de comunicación que eran su apoyo público tradicional”. Tampoco cree que el auge de los extremismos europeos favorezca las disidencias en el PP: “Es una respuesta a puras cuestiones internas, en las que la cuestión europea o la xenofobia no cuentan”.

Fuente: Metroscopia.

Lo cierto es que los asuntos que movilizan al radicalismo español de derechas están desconectados de los extremismos antieuropeístas y contra los extranjeros en Francia, Holanda, Finlandia o Reino Unido. El independentismo catalán, la gestión del final de ETA o el juego político de la izquierda abertzale son algunos de los caballos de batalla de los disidentes del PP y remiten a cuestiones políticas siempre ulceradas en la política española. Otra vez aparece el tema de la unidad nacional frente a los soberanismos catalán y vasco, incluida la recentralización del Estado, como propone Vox, que propugna un solo Gobierno y un solo Parlamento nacionales, limitándose a aceptar una “descentralización administrativa”.

Pero ese impulso, sobre fondo de crisis económica y de nacionalismo español, tampoco representa vuelta alguna al fascismo, ni continuidad con el ultraderechismo neofranquista de la Transición, que jugó las cartas de la coacción callejera y del apoyo militar a un golpe de fuerza contra la democracia —aunque no le hiciera ascos a presentarse también a elecciones.

El historiador Santos Juliá afirma que ni él ni quienes han trabajado a fondo sobre la extrema derecha en España (José Luis Rodríguez Jiménez, Ferran Gallego, Xavier Casals) han visto una continuidad entre aquella y la que pueda existir en la actualidad. “La extrema derecha del final del franquismo y el principio de la Transición”, explica Santos Juliá, “disfrutaba aún de fuertes apoyos institucionales —en los sindicatos verticales, en las Fuerzas Armadas— que perdieron por completo tras la fracasada intentona golpista del 23-F, su canto del cisne. El lugar que dejaron vacío no fue ocupado por nada similar al MSI italiano, el partido de Le Pen en Francia o movimientos parecidos de Austria o Bélgica, que eran nuevos, no vinculados orgánicamente al fascismo”.

El par

“No sé lo que saldrá de las disidencias del PP”, agrega Santos Juliá. “Pero, en todo caso, nada que pueda decirse continuación de la extrema derecha de la Transición, que acabó en la fragmentación y la irrelevancia”.

La situación ha evolucionado en España de modo muy distinto al resto de Europa, precisamente porque un partido de poder ha logrado ocupar todo el espacio político y electoral de derechas. El proceso de construcción de esa fuerza se inició a partir del momento en que la Unión de Centro Democrático (UCD), instrumento creado por Adolfo Suárez y gran protagonista de la Transición, tuvo que disolverse tras sufrir una catástrofe electoral en 1982, cuando su fundador ya se había marchado del partido. Del 34,4% de los votos obtenidos en 1977, UCD cayó al 6,7% en solo cinco años, tras la división de sus dirigentes. Los electores se fugaron masivamente, bien hacia el PSOE de Felipe González, bien hacia la Alianza Popular de Manuel Fraga. Un resto de centristas permaneció fiel a Suárez bajo otras siglas, durante algunos años; pero a finales de los noventa, José María Aznar culminó la operación de absorber todo el voto de centro y otros restos en el PP. El proceso continuó en 2011, ya con Mariano Rajoy al frente, cuando ese partido atrajo a antiguos electores del PSOE.

Lo llamativo de las últimas disidencias del Partido Popular es la ruptura de ese proceso de concentración. Hay quien cree que no llegará lejos, porque el sistema electoral, fuertemente bipartidista, frena a los nuevos partidos. Personas relevantes del PP se dicen convencidas de que sus votantes dubitativos o críticos volverán a respaldar las candidaturas del partido frente al “caos” que, a su juicio, representaría una conjunción futura de fuerzas de izquierda y nacionalistas.

Pero no conviene dejarse engañar: cuando los proyectos políticos son persistentes, terminan superando las barreras levantadas por las reglas electorales. Para darse cuenta de ello es interesante el caso de Francia, un país cuyo sistema de escrutinio (mayoritario a dos vueltas) ha enmascarado durante decenios la verdadera potencia del Frente Nacional. Ha necesitado 38 años para pasar de un escaso 1% de votos en las presidenciales de 1974 (ganadas por Giscard) al 18% en las presidenciales de 2012 (ganadas por Hollande). Ahora acaricia la posibilidad de encaramarse al primer puesto en las europeas.

Vallespín no cree que Aznar dinamite la unidad de los conservadores

El Frente Nacional francés, conforme se han ido sucediendo los procesos electorales, “ha conseguido ampliar su electorado desde la burguesía hacia las clases trabajadoras; incluso ha terminado arrebatando al Partido Comunista el papel de refugio de los desesperados”, según Antonio Fernández García y José Luis Rodríguez Jiménez, especialistas académicos en la extrema derecha. La familia Le Pen ha construido su peana electoral en las zonas urbanas en crisis económica, donde hay mayores concentraciones de población inmigrante y que sufren más delincuencia. A esto ha añadido recientemente la agitación nacionalista contra la Unión Europea y contra la moneda común.

Condicionar la línea ideológica del PP o acusar de “tibio” al presidente del Gobierno por permitir las excarcelaciones de etarras decididas por la justicia son catalizadores de actitudes emocionales y de reflejos crispados en la política española. Los que se van del PP puede que sean políticos amortizados, pero la cuestión de interés, cara al futuro, es la potencialidad del populismo para abrirse paso cuando se trata de recoger y agrandar el desencanto hacia las corrientes centrales de la política. Esto sí que es un fenómeno visible en muchas partes de Europa. Y no hay razón para pensar que España va a quedar al margen.

El Canal de Panamá denuncia que Sacyr ya ha paralizado las obras

El presidente de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, ha acusado este miércoles al Grupo Unidos por el Canal (GUPC) haber paralizado las obras de ampliación. El anuncio de Quijano sigue a la ruptura de las negociaciones en la madrugada de este martes tras el final del plazo que se habían dado las partes para buscar una salida negociada a los problemas financieros que arrastra el proyecto. No obstante, el responsable de la institución panameña ha advertido de que no van a permitir que las obras se detengan indefinidamente, ya que mantienen el objetivo de que esté acabado en 2015.

“Nos pusieron una amenaza sobre la mesa y hoy (por este miércoles) la han ejecutado”, ha declarado Quijano antes de negar que haya sido la ACP la responsable de romper las negociaciones, tal y como ha asegurado Sacyr en un comunicado remitido horas antes a la CNMV, el regulador bursátil español. En cualquier caso, ha avanzado que, a partir de este momento, las autoridades panameñas inician “un cuidadoso proceso de toma de decisiones, de acuerdo con lo que indica el contrato” firmado por las dos partes en 2009.

“Aunque la negociación ha concluido, esto no significa que un acuerdo ya no sea posible, pero la ventana para lograrlo se cierra minuto a minuto, en especial porque GUPC en estos momentos ya ha suspendido los trabajos y nosotros exigimos que se reanuden y se retomen los trabajos a los niveles de octubre y noviembre", ha argumentado. “No permitiremos chantajes de GUPC en las obras del Canal”, ha recalcado antes de denunciar que el consorcio ha sido “inflexible” al presentar peticiones con “cifras exorbitantes no sustentadas”. Además, tras revelar que ellos también habína propuesto ampliar de nuevo el plazo para las negociaciones, ha asegurado que la litaliana Impregilo ha desplazado a Sacyr en el mando de las conversaciones.

Desde España, el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha negado que las obras se hayan paralizado, aunque ha admitido que no hay dinero para pagar las nóminas. "No hay fecha en concreto" para la paralización, ha añadido en declaraciones a la Cadena Ser antes de comentar que el problema que podría acabar causando la suspensión de los trabajos es la falta de liquidez que sufre el consorcio.

En la entrevista, el presidente de Sacyr ha revelado que en la noche de este martes, después incluso de que la ACP diera por rota la negociación, el consorcio -integrado además por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA- remitió a este organismo una "carta" con una "última propuesta" y en la que ofrecía seguir negociando. Las autoridades panameñas, sin embargo, no han contestado a la misiva.

Manrique ha defendido que, tras esta última oferta, el consorcio "no puede hacer nada más" para solucionar el conflicto. "De verdad, de manera responsable y razonable, el Grupo Unidos por el Canal (GUPC) no puede hacer nada más", ha lamentado Manrique antes de agradecer a todas las personas y autoridades en nombre de Sacyr y del propio consorcio encargado de los trabajos la ayuda que han recibido y reciben durante este tiempo.

Pendientes del arbitraje

"La obra, como toda obra grande y con dificultad técnica, tiene costes imprevistos, que no queremos que los pague la Autoridad del Canal de Panamá, porque el contrato prevé que lo determinen los arbitrajes, y eso es lo que estamos haciendo", ha relatado Manrique. No obstante, ha lamentado que, después de cuatro años de obras y con el 80% del proyecto construido, el retraso en la resolución de las reclamaciones en los órganos de arbitraje en relación a los sobrecostes haya provocado una falta de liquidez. "GUPC está dispuesta a hacer un gran esfuerzo financiero y cofinanciar estos imprevistos", ha subrayado el presidente de Sacyr, quien ha recordado que se había ofrecido a financiarlos al 50%.

Por si acaso y ante un eventual fracaso total, el consejero delegado ha afirmado que "la vida sigue" y que el proyecto de ampliación del Canal representa una "pequeña parte" de la cartera de la compañía. "Sacyr seguirá adelante. Ha demostrado al mundo que ha sabido solucionar los problemas técnicos de, quizá, la obra más difícil del mundo", ha defendido.

Contactos con Becthtel

A primera hora de este miércoles, Sacyr ha remitido a la CNMV un comunicado en el que confirma la ruptura de las negociaciones tras expirar el plazo que se dieron ambas partes para llegar a un acuerdo. El bloque ha tenido lugar en medio de los rumores que apuntan a contactos entre las autoridades del Canal de Panamá y la constructora americana Bechtel, que perdió el contrato frente a Sacyr, o incluso a la posibilidad de que sea el propio canal el que finalice los trabajos, ejecutados en cerca del 80%.

La ACP ha argumentado por boca de Manrique que la distancia entre las partes se mantuvo "porque las pretensiones de GUPC atentaban contra los intereses de Panamá y su Canal". Para sufragar los sobrecostes y aunque, tal y como ha matizado, esa no era responsabilidad de la ACP, desde el Canal ofrecieron "contribuir significativamente mediante una amplia moratoria” y un anticipo de 183 millones de dólares a camnio de que el consorcio pusiera a su vez 100 millones de dólares. “Esto permitiría seguir adelante con las obras, pero cada vez que se vislumbraba un acuerdo, GUPC endurecía su posición y regresaba a su propuesta inicial para que la ACP se hiciera responsable de las cifras exorbitantes de supuestos sobrecostos a los que unilateralmente llegó”, ha criticado Manrique.

El revés en las negociaciones se ha trasladado con carácter inmediato a la cotización de Sacyr, que después de dispararse ayer en bolsa un 6,19%, pasadas las 14.00 horas se dejaba cerca de un 6,14% (la mayor caída del Ibex 35 y de la Bolsa española) hasta los 3,63 euros por acción.

Midiendo la violencia del mar

Olas como no se recuerdan, aseguran muchos testigos, una persona desaparecida en el mar, destrozos de infraestructuras costeras, imágenes asombrosas de la violencia del océano en el litoral del Cantábrico... el temporal de este fin de semana ha sido extraordinario. Y lo es en la percepción de la gente, pero también en los datos oceanográficos: “La boya de Estaca de Bares (A Coruña) midió alturas de oleaje de 12,8 metros, cercanas al récord histórico de 12,9 metros”, informa Puertos del Estado. Y se trata de la media de las olas más altas, por lo que cabe esperar que, cuando se analicen los datos de las boyas de alta mar, haya “registros de olas individuales de más de 20 metros de altura, el equivalente a un edificio de siete pisos”, señala dicho organismo. Su jefe del Área del Medio Físico, Enrique Álvarez, resume la valoración de los expertos: “Es un fenómeno extremo, pero no extraño”.

Fuente: Puertos del Estado. / A. A. / EL PAÍS

Los datos ya disponibles del temporal de los últimos días arrojan valores muy altos, aunque para los expertos son previsibles con la meteorología invernal, cuando la naturaleza combina una gran tormenta con mareas vivas (pleamar más alta de lo normal), una profunda borrasca en el Atlántico Norte que genera oleaje a larga distancia y fuertes vientos. En Santander, el nivel del mar a las seis de la mañana del domingo alcanzó 5,36 metros sobre el punto cero del puerto, dos centímetros por debajo del récord histórico (1992). Una fuerte marea astronómica (por las posiciones de la Luna y el Sol) ha coincidido con una subida adicional del nivel del mar por la propia tormenta, explica Puertos del Estado.

Un total de 15 boyas, situadas estratégicamente en alta mar alrededor del litoral español, a más de 50 kilómetros del litoral, forman la red nacional que mide el oleaje. Además, otra red costera y los mareógrafos toman las medidas marinas constantemente. A este dispositivo hay que añadir boyas de los servicios de algunas autonomías y una delInstituto Español de Oceanografía (IEO). Y con estos instrumentos se toman los datos marinos constantemente. “Cada boya mide cada segundo la elevación de la superficie del mar, durante 30 minutos cada hora”, explica la matemática Marta de Alfonso, responsable de la red exterior de boyas de Puertos del Estado (Ministerio de Fomento).

“Los datos de altura de las olas que manejamos se refieren a lo que denominamos ola significante, que es la media de la tercera parte de las olas más altas medidas durante media hora”, añade esta experta. Este parámetro aparentemente extraño tiene su explicación: hasta que llegaron los aparatos capaces de medir directamente el oleaje, en la segunda mitad del siglo XX, eran los expertos en observación los que, a bordo de buques en las líneas marítimas principales, hacían las estimaciones de oleaje, que iban a parar a los bancos de datos. “Cuando llegaron los aparatos de medida se constató que el ojo humano sobrestima la altura de las olas, y sus datos se corresponden bien con la media del tercio más alto”, señala De Alfonso. Y la ventaja de seguir utilizando ese parámetro, la ola significante, es que los expertos tienen a su disposición los necesarios registros histórico de referencia compatibles con las mediciones instrumentales de las últimas décadas.

El temporal y las mareas vivas se conjugaron en las costas del Norte

“La utilidad portuaria de las medidas de oleaje se extiende en todas las fases: desde el diseño de un puerto, que tiene que hacer frente a ese agente de las olas, hasta la misma construcción, cuando es más vulnerable, y la operación del mismo”, apunta Álvarez. Sin olvidar las alertas y los estudios oceanográficos y climáticos.

Una boya de la red exterior está fijada en el fondo marino (entre 400 y 2.000 metros) y la sujeta un cable elástico con dispositivos para que se mueva libremente en el agua. “A ras de mar tiene un sensor de oleaje con paneles solares, baterías, un procesador y un sistema de GPS para fijar su posición exacta; encima van los sensores meteorológicos y debajo, los que miden temperatura del agua, salinidad y corrientes”, explica De Alfonso. “El sensor de oleaje, con un acelerómetro, mide la fuerza con la que se eleva y cae la superficie del mar, tomando un dato aproximadamente cada segundo, durante 30 minutos cada hora; los datos, con un primer procesado en la boya, se transmiten vía satélite y todos los registros brutos se recuperan al hacer el mantenimiento”, añade.

La red española de boyas exteriores se desplegó entre 1996 y 1998 y es, según su responsable, equiparable a las de otros países europeos. Cada boya cuesta unos 300.000 euros y el mantenimiento de la red, dos millones al año. La de boyas costeras es de los años ochenta. Con toda esta información los expertos conocen la forma de las olas, su fuerza, el desplazamiento, etcétera. La altura significante del oleaje es esencial para saber la situación marina, mientras que la altura máxima individual de ola es un dato anecdótico, puntualiza De Alfonso.

No hay datos para culpar ya al cambio climático de estos fenómenos intensos

Los valores máximos de altura significante de olas medidos en las costas españolas ronda los 13 metros, todos ellos registrados en invierno, desde 2008 hasta ahora; en cuanto a las olas individuales más altas, a la espera de procesar los datos del pasado fin de semana, destaca una de 26,13 metros (24 de enero de 2009) registrada por la boya del IEO en Santander, seguida de una de 23,3 metros (9 de diciembre de 2007), en la boya del Cabo de Peñas (Asturias) y otra de 22,63 metros (11 de marzo de 2008) de la boya de Bilbao / Bizcaia. Son todas olas en alta mar, y el error de las medidas es del 5%.

“El oleaje, al llegar a la costa, sufre muchas transformaciones: las aguas son más someras, las olas se hacen más picudas, las rocas del fondo las atenúan... por eso las medidas objetivas se toman lejos del litoral”, explica la responsable de la red exterior.

A la vista de los datos, “está siendo un invierno severo, pero dentro de la norma”, resume De Alfonso. Es el viento, que transfiere energía, el que genera el oleaje y, si el viento persiste, las olas se propagan a largas distancias haciéndose mas regulares. Así, la reciente violencia del Cantábrico venía de lejos, de la borrasca situada al suroeste de Irlanda. Y a la pregunta de si se debe al cambio climático, la respuesta de los expertos es unánime: no hay nada que permita afirmarlo. Los modelos climáticos indican que los fenómenos extremos se intensificarán debido al calentamiento global, pero lo que está pasando estos días entra perfectamente en la variabilidad meteorológica.