El dueño del macroprostíbulo Paradise de la Jonquera (Alt Empordà), José Moreno, ha vuelto a sentarse este lunes en el banquillo de los acusados en la Audiencia de Girona. La fiscalía pide para él 14 años de cárcel porque considera que lideró entre 2009 y 2010 una red de proxenetas dedicada a captar mujeres de Brasil para prostituirlas en los dos clubes que regentaba en las comarcas gerundenses. Junto a Moreno, también se juzga a otros siete sospechosos de formar parte de esta trama. Todos han negado los cargos que se les imputan. Está previsto que el juicio dure toda la semana.
En apenas dos horas, los ocho procesados —que solo han contestado a las preguntas de sus defensas— han negado todas las acusaciones. El fiscal ha solicitado para José Moreno 11 años por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y otros tres por atentar contra el derecho de los trabajadores. Además, pide que pague una multa de 5.400 euros y 11 años de inhabilitación para regentar prostíbulos. El abogado de Moreno, Lluís Frigola, niega las acusaciones y pide su absolución.
En su declaración ante el tribunal de la sección cuarta, Moreno ha reconocido que en 2008 —cuando fue detenido— facilitó dinero para que vinieran tres o cuatro mujeres de otros países "como un favor" porque le habían dicho que querían trabajar en su local. Ha destacado la "ignorancia" con la que actuó porque, según ha asegurado, desconocía que "era delito". Ha recordado que ya fue condenado por estos hechos y ha reiterado ante los magistrados que, tras saber que era ilegal de boca de su abogado, "nunca jamás lo he vuelto a hacer ni lo haré". El gerente de uno de los mayores prostíbulos de Europa, ha asegurado: "Nunca he tenido necesidad de traer chicas, solo se hizo en plan de favor porque la verdad es que tanto el Eclipse como el otro local que tengo, el Paradise, están trabajando y no es necesario traer a ninguna señorita. Hay señoritas por aquí, por España y por Europa".
Ha asegurado también que no cobra ninguna cantidad por las relaciones sexuales que las mujeres que se alojan en su club mantienen con los clientes. Ha añadido que tienen total libertad en sus horarios y que cobra el mismo precio tanto a sus trabajadoras como a sus consumidores por las copas, tres factores que, de no ser ciertos, serían delito.
Según el fiscal, Moreno planeó atraer mujeres brasileñas para que ejercieran la prostitución en sus locales, el Edén de Melianta (Pla de l'Estany) —cerrado años atrás— y Eclipse de (Mont-ras), con el objetivo de "enriquecerse con la actividad sexual retribuida de las chicas". Para ello, hizo todo lo necesario "para simular que el viaje lo hacían como turistas, eludiendo así las leyes de inmigración". Para llevar a cabo su plan, se puso en contacto con varias personas y formó un grupo que le ayudaba "siguiendo sus instrucciones y a cambio de dinero".
Moreno adelantaba el dinero a sus colaboradores para pagar los billetes y otros gastos para traer a las víctimas del extranjero. Rodrigo Rodrigues, Luís Rodríguez, Thirce Rodrigues y su marido Eduardo Osuna, se encargaban de ponerse en contacto con las extranjeras, les procuraban los billetes, el dinero y la información necesaria. Además, las iban a buscar al aeropuerto y las trasladaban al Edén. Estos procesados, junto con Abraham Soler, José Manuel Caeiro y Mattia Cabras, todos ellos trabajadores del Edén, eran los encargados también de cobrar a las mujeres el dinero que se les había avanzado para el billete de avión, además de otras cantidades que les exigían. Estas deudas, según han denunciado algunas víctimas, normalmente ascendían a alrededor de 2.500 euros, aunque alguna aseguró que le pidieron 6.000 euros.
Una vez conseguían que las chicas llegaran a las comarcas de Girona, las llevaban a los locales para "ejercer la prostitución durante todos los días de la semana, en horario principalmente nocturno y no solo para devolver las cantidades de dinero que los procesados exigían". Según la fiscalía, las víctimas también eran "obligadas" a pagar por alojamiento, comida, toallas, sábanas, electricidad, análisis de sangre, exámenes ginecológicos, películas o días de fiesta, entre otros conceptos.
Para el fiscal, el objetivo de esta red de proxenetas dirigida por Moreno no solo era "enriquecerse con la actividad sexual de las chicas" sino también intentar que la deuda no se pudiera pagar rápidamente y que tuvieran que trabajar en el club el máximo tiempo posible.
Diez mujeres declararán en el juicio, la mayoría, testigos protegidos, que llegaron a España entre 2009 y 2010 y que aseguran que recibieron indicaciones claras para "fingir" que entraban en el país "como turistas". Algunas contaron a la policía que habían sido amenazadas con ser cortadas "en pedacitos" o con hacer daño a sus familias en Brasil.
Paralelamente, el fiscal también acusa a dos de los implicados, Rodrigo Rodrigues y Luis Rodríguez, de actuar por su cuenta engañando, en este caso a hombres, para hacerlos venir al país bajo el pretexto de que trabajarían como camareros o en la construcción. Una vez aquí, los llevaban a pisos de Girona, Barcelona y Madrid y los obligaban a prostituirse para saldar la deuda del viaje. El fiscal destaca que no existiría ninguna vinculación entre la red dirigida por Moreno y la actividad de prostitución de estos procesados.
La fiscalía solicita las penas más elevadas para estos dos hombres, Rodrigues y su ex pareja, Rodríguez. Para el primero, pide una pena de 20 años y 6 meses de prisión por delitos contra los derechos de los ciudadanos, contra los derechos de los trabajadores, relativo a la prostitución y amenazas. Para Luis Rodríguez, pide 18 años y 6 meses y, para ambos, solicita una multa de 7.800 euros. También pide 11 años de inhabilitación para explotar burdeles.
Para Thirce Adriana Rodrigues y Mattia Cabras , el fiscal pide 13 años y medio de prisión, 9 años de inhabilitación para explotar o trabajar en prostíbulos y 2.400 euros de multa por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores y amenazas. Para el marido de Thirce, Eduardo Osuna y los encargados del Edén, Abraham Soler y José Manuel Caeiro, el fiscal pide una pena de 11 años y 6 meses de prisión y 9 años de inhabilitación para explotar burdeles por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores .
En concepto de responsabilidad civil, la fiscalía solicita que los procesados paguen de forma solidaria 10.000 euros a cada una de las víctimas. En total, 100.000 euros. Rodrigo Rodrigues y Luís Rodríguez también deberían pagar, entre ambos, 10.000 a cada uno de los hombres que habrían traído engañados para ejercer la prostitución.
Se da la circunstancia de que Audiencia de Girona ya condenó en 2008 a tres años de prisión por hechos similares a José Moreno. Cuatro de los actuales procesados también fueron juzgados con Moreno en un juicio de febrero del 2012 contra una red de proxenetas.
