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domingo, 14 de septiembre de 2014

El partido de Putin gana las primeras elecciones en Crimea tras su anexión a Rusia

El partido gubernamental Rusia Unida ha ganado las elecciones del parlamento regional de Crimea, de acuerdo con las encuestas a pie de urna. Según estos datos el partido del presidente ruso, Vladimir Putin, habría obtenido un 70,3% del voto, según la agencia rusa Itar-Tass.
Es la primera vez que Crimea vota desde que fue anexionada por Rusia en marzo del año pasado.
En segundo lugar ha quedado el Partido Liberal Democrático, con un 9,3%; y en tercero, el Partido Comunista, con un 6,5%. La cámara regional tendrá un espectro político muy parecido al del parlamento ruso.
Los candidatos de los otros nueve partidos que se presentaban no han conseguido el apoyo suficiente para tener representación parlamentaria.
Las elecciones locales y regionales se celebraban este domingo en 30 regiones y miles de municipios de toda Rusia. 75 millones de ciudadanos estaban llamados a votar.
Según los primeros resultados, los ciudadanos han refrendado en el cargo a los gobernadores, próximos a Putin en su mayoría y que en algunos casos han adelantado las elecciones para beneficiarse del sentimiento patriótico destaco por la crisis ucraniana.

Òmnium cree que prohibir la consulta puede amenazar la pertenencia de España a la UE

La presidenta de Òmnium Cultural, Muriel Casals, ha advertido este sábado al Gobierno central de que prohibir la consulta que el Govern prevé celebrar el 9 de noviembre puede poner en riesgo la pertenencia de España en la UE, ya que ha considerado que es una convocatoria "legal" amparada en la ley de consultas que aprobará el Parlament.
Ha alertado en una entrevista a Catalunya Informació recogida por Europa Press que la UE "mira con mucho cuidado el respeto a las normas democráticas", y que, si el Ejecutivo de Mariano Rajoy vetara la votación, podría no cumplir los requisitos que exige el organismo supranacional.
"Quien tiene un problema grave de legalidad es el Gobierno español", ha aseverado tras considerar que el Ejecutivo central podría caer en un delito de prevaricación si la suspendiera, ya que la consulta es legal, según ella.
"Sería prácticamente o legalmente o técnicamente prevaricar lo que harían si quieren poner fuera de la ley una cosa tan ordenada, tan clara, tan coherente con el juego democrático como querer votar", ha remarcado.
Ha apostado por que los partidos catalanes formen un gobierno de concentración previo o posterior a la consulta.
Asegura que el compromiso asumido por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y de los partidos favorables a la consulta ha salido "reforzado por la voluntad del pueblo expresada en la calle" en la movilización en forma de 'V' de la Diada.

Oriol Junqueras: 'Ha llegado la hora de que nos saltemos la legalidad española'

Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), no se plantea otro escenario que el de la consulta del 9 de noviembre. Exige al presidente de la Generalitat, Artur Mas, que cumpla con aquello a lo que se comprometió y celebre la consulta, aunque el Tribunal Constitucional la prohíba.
Junqueras cree que ha llegado el momento de saltarse la legalidad española y de pasar a operar bajo la legalidad del futuro Estado catalán, y afirma que España no tiene margen para tomar excesivas represalias contra Cataluña ni contra Artur Mas.

Usted ha llamado al presidente Artur Mas a la desobediencia en caso de que el Tribunal Constitucional suspenda la consulta. ¿Qué pretende que haga?
Desobediencia, cuando alguien te prohíbe votar, significa votar igualmente. Desobedeceremos las leyes españolas pero obedeceremos el mandato que tenemos del Parlament y que nos dieron los catalanes en las elecciones de 2012.
Pero será una consulta ilegal.
Haremos la consulta bajo el marco legal del Estado naciente. Ha llegado la hora de saltarse las leyes españolas. Ha llegado la hora de prescindir de la legitimidad española para crear la nuestra propia. Ha llegado la hora de saltarse el marco legal anterior para crear el siguiente, como sucede siempre en caso de independencia.
Convergència dice que es mejor esperarse a desobedecer para declarar la independencia y no gastar el cartucho con la consulta.
La consulta es y tiene que ser previa a la independencia. Imagínate que sale que no.
Tanto el presidente Mas como sus cuadros dicen cada día más claramente que no celebrarán una consulta si es ilegal y le acusan a usted de hacer politiqueo de vuelo gallináceo.
Tenemos la máxima confianza en el presidente Mas y en todos los firmantes del acuerdo. Sentimos un gran aprecio por todos ellos.
Josep Rull, coordinador general de CDC, dijo el viernes que «los que somos parlamentarios no podemos apelar a la desobediencia civil».
Confiamos plenamente en el cumplimiento de los pactos y sentimos un gran respeto y afecto por todas las fuerzas políticas y líderes que nos acompañan, entre ellos el señor Rull y también el señor Duran Lleida, que es fantástico. Confiamos en su palabra y estamos seguros de que no nos defraudarán.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que lo tiene todo preparado para evitar la consulta.
Yo le digo que el nuevo Estado catalán querrá tener las mejores relaciones con España. Las mismas y excelentes relaciones que España tiene con Chile o con Holanda, que se independizaron hace muchos años.
El presidente Mas y su camarilla mediática le acusan de egoísta por no querer concurrir con CiU bajo una lista única a las próximas elecciones. Le acusan, concretamente, de «preferir el partidismo a la unidad»
La unidad ya existe y no hace falta reformularla. La unidad es propiciar todos juntos que podamos votar el 9 de noviembre.
¿Qué podría ofrecerle España para que renunciara a la consulta?
No hay nada que nadie pueda ofrecer a cambio del derecho fundamental de los ciudadanos de poder votar para decidir su futuro político.
¿Por qué insiste tanto en la consulta y no acepta el plan B de celebrar unas elecciones anticipadas?
Una consulta es más fácil de entender y los resultados no son interpretables. Cada voto vale lo mismo. Unas elecciones autonómicas, por mucho aire plebiscitario que les diéramos, continuarían siendo autonómicas, el sistema proporcional las desvirtuaría como referendo y mucha gente acudiría a votar movida por los más diversos asuntos, como así tiene que ser. La única solución es cumplir con lo acuerdos y celebrar la consulta.
¿Qué tendría que hacer el presidente Mas, ante la casi segura suspensión del Tribunal Constitucional, para que usted considerara que ha cumplido con su parte del pacto?
Los catalanes hemos de poder votar como en cualquier otra elección. Se han de abrir los colegios electorales, las mesas tienen que estar compuestas y todos y cada uno de nosotros tenemos que poder votar con total libertad y normalidad.
Todas las encuestas sugieren que usted será el próximo presidente de la Generalitat.
Nuestro objetivo no es ganar unas elecciones, sino cumplir con los catalanes y permitirles votar.
Si el presidente Mas le hace caso, se podría enfrentar a un procedimiento penal.
Estamos convencidos de que nadie en España irá a la cárcel por el hecho de votar.
No, irá por incumplir la ley.
Votar es un derecho fundamental e inalienable que prevalece por encima de cualquier ley, como el derecho a la vida, a la libertad y a buscar tu propia felicidad.
Sí, pero la ley es la ley y el presidente Rajoy ya ha avisado. Por otro lado, en Convergència le acusan de actuar como un espectador y de exigir en cambio grandes sacrificios a los demás.
Confío demasiado en el criterio y la educación de España como para pensar que meterían en la cárcel a un presidente por promover que su pueblo vote. Pero, en cualquier caso, ya le hemos dicho a Convergència que, si es para blindar la consulta, estamos dispuestos a entrar en el gobierno y compartir el riesgo.
De todos modos, como en cualquier Estado de Derecho, las ilegalidades tienen su castigo en España.
Serían mucho peores para España las consecuencias de encarcelar al presidente Mas que las de permitir la consulta, créeme. Confiamos en la inteligencia de España y en sus buenas prácticas.
Cuando los soberanistas catalanes se comparan con Escocia, se olvidan de apuntar que Alex Salmond ganó sus elecciones por mayoría absoluta y que en Cataluña, los dos únicos partidos independentistas, ERC y la CUP, obtuvieron un total de 24 escaños sobre 135.
Si no hay una mayoría independentista aceptaremos el resultado. Pero para saberlo es necesario votar.
¿Le preocupa que parte del voto descontento se escape hacia Podemos?
Somos tan demócratas que nos parece perfecto que cada cual vote lo que considere más oportuno. Insisto: no estamos aquí para ganar unas elecciones, sino para ayudar a que los catalanes puedan votar y maximizar así su bienestar.
¿La desobediencia como método no le acerca al peligroso mundo del antisistema?
La mejor manera de evitar el auge de lo antisistema es haciendo que el sistema funcione. Y el sistema funcionará si es incluyente y permite a la gente votar.
Los casos de corrupción de Convergència, cuando afloren con toda su magnitud, ¿le pueden impedir mantener las actuales complicidades con ellos?
La corrupción me asquea en cualquier circunstancia y casos como Gürtel o Bárcenas demuestran que los que están implicados en ella no luchan por erradicarla. El Partido Popular es la prueba más evidente de ello.

Galicia excluye de ayudas escolares a niños con síndrome de Down

Los niños y adolescentes de Galicia con síndrome de Down no podrán beneficiarse este curso del programa de ayudas Gratuidade solidariaimpulsado por la Consellería de Educación, con el que se subvenciona la compra de libros para alumnos matriculados en centros públicos de educación primaria, secundaria o especial. Hasta el curso que acaba de comenzar, los padres podían emplear estas ayudas para otros materiales didácticos, pero la convocatoria de 2014/2015 especifica que la finalidad se limitará “exclusivamente a libros de texto”. Ese cambio expulsa del programa a un significativo porcentaje del colectivo de estudiantes con necesidades educativas especiales porque los chavales con este síndrome, por norma general, no emplean libros y sí otros materiales didácticos que ahora quedan fuera de la subvención.
Educación reconoce el cambio pero matiza que las ayudas llegarán por otras vías. El director general de Centros y Recursos Humanos, José Manuel Pinal, asegura a este diario que la convocatoria “sigue las recomendaciones de la Defensora del Pueblo en las que se insta a fomentar el préstamo o el uso de materiales reutilizables, y por eso ahora solo se financiarán libros con los que se pueda crear un sistema de préstamo”. “No nos olvidamos de los niños con Down o cualquier otra necesidad especial porque, por ejemplo, los que están en centros educativos específicos reciben una subvención directa de 250 euros, independiente de la renta familiar, y los que están integrados en primaria o secundaria podrán utilizar libros de cursos anteriores del nuevo banco de préstamo”, aclara. Pinal insiste en que se “trata de cubrir al máximo y ojalá se pudiese dar a todos”. También recuerda que Galicia, teniendo la mitad de niños, invierte en estas ayudas el triple que Madrid.
En la Federación Gallega de Instituciones para el síndrome de Down están indignados. “Solo pedimos dignidad y respeto”, exclama su presidente, Delmiro Prieto, que achaca la decisión al “cambio de modelo educativo que implanta la ley Wert y no a un problema económico”. “Con la nueva legislación buscan la segregación de los niños del conjunto de la población común a la que pertenecen”, denuncia. Desde la federación explican que ya han solicitado que se destine el dinero para libros de otros cursos “a lo que realmente les hace falta y que es el material didáctico sustitutorio”. “No hay forma de que la Xunta acceda”, denuncia Prieto mientras recuerda que no reclaman ninguna nueva partida presupuestaria y sí una “gestión adecuada” del dinero ya consignado.
La convocatoria introduce dos excepciones en las que se permitirá adquirir material didáctico o complementario. Una para el alumnado matriculado en alguno de los centros específicos de educación especial, que no llegan a la veintena en Galicia, y otra para aquellos niños que, cursando estudios en colegios ordinarios, tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 65%. Al establecer un grado de discapacidad tan alto, esa excepción no afectará a prácticamente ningún chaval con Down matriculado en este segundo tipo de centros. Y es que según datos de la federación, a la práctica totalidad de los niños con este síndrome, por defecto, se les asigna un porcentaje del 33%. Además obliga a conservar en buen estado los libros y su incorporación a un banco al terminar el curso. La orden que regula las ayudas nombra en su introducción un artículo de la Ley Orgánica de Educación de 2006 que promulga el establecimiento de bolsas y ayudas para garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho universal a la educación. “Se da la paradoja de que la aplicación real de la Xunta vulnera ese planteamiento, excluyendo a parte del alumnado y negándole la igualdad de oportunidades y condiciones”, denuncia Down Galicia.
Delmiro Prieto cree que Educación quiere fomentar una “exclusión” de las aulas ordinarias de alumnos con necesidades especiales para derivarlos a centros específicos. “¿Por qué me obligan a cambiar a mi hijo de aquello que tiene por derecho, que es formar parte de la sociedad en la que vive, para llevarlo obligado a un centro especial apartado de todo?”, se pregunta. “No nos vamos a quedar quietos y de brazos cruzados, eso lo tenemos claro”, advierte. La federación ya ha mantenido contactos con otros colectivos de personas con necesidades especiales a los que afecta el cambio normativo. Y darán la batalla: “Para este curso ya no hay solución porque el plazo termina a comienzos de octubre, pero actuaremos contundentemente el próximo”.

1.400 alumnos con necesidades especiales

Desde Down Galicia recuerdan que el cambio impuesto por la Consellería de Educación en las subvenciones de Gratuidade solidaria afecta a estudiantes con necesidades educativas especiales que, en su día a día, no utiliza libros de texto porque sus adaptaciones curriculares establecen otros materiales personalizados por los profesores. “El cambio de modelo no solo salpica a niños con síndrome de Down y eso agrava las consecuencias de la decisión del Gobierno gallego”, matizan. “Este es un universo más amplio y el sistema público tiene que ser de calidad para dar respuesta a toda su población. Con esta orden, la Consellería de Educación excluye en vez de integrar”, recuerda el presidente del colectivo de Down, visiblemente enfadado. El pasado curso, entre centros públicos y concertados, se cerró con unos 1.400 alumnos con algún tipo de discapacidad intelectual que requiere de atención específica.
La cuantía de las ayudas del programa de la Xunta oscila, en función de la renta familiar, entre los 170 y los 90 euros en educación primaria o entre los 180 y los 104 en secundaria. El presidente de la federación lamenta que, de seguir por el camino “claramente segregador” que marca la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), “se acabará educando a una parte de la población en la más absoluta ignorancia de otra”.

Suecia vota con la oposición de izquierdas como favorita

Con los mimbres del Estado de bienestar en el centro de debate,Suecia se plantea en las elecciones parlamentarias de este domingo el giro hacia la izquierda tras ocho años de gobierno de centro derecha. Los socialdemócratas se perfilan como ganadores, según todas las encuestas, pero obtendrán un resultado insuficiente para gobernar, y quizá el más bajo de su historia: podrían necesitar apoyos para gobernar más allá del ya previsto de los ecologistas. En el panorama que pinta la fragmentación del voto se incluye el auge del partido Demócratas Suecos. Esta fuerza —populista para unos, de extrema derecha y con tintes xenófobos para otros— que quiere poner coto a la inmigración duplicará sus resultados, a tenor de los sondeos. Con el 10% de los sufragios, puede convertirse este domingo en la tercera más votada, pero nadie quiere contar con su apoyo.
Los colegios electorales, en los que se pueden votar desde las ocho de la mañana, permanecerán abiertos hasta las ocho de la tarde para que los 7,1 millones de suecos llamados a las urnas elijan a los 349 integrantes del Riksdagen, el Parlamento unicameral.
El líder socialdemócrata, Stefan Löfven, un antiguo sindicalista sin experiencia parlamentaria, y el actual primer ministro, Fredrik Reinfeldt, del Partido Moderado se enfrentaron en la noche del sábado en su último debate, en TV4, sin grandes divergencias. “He dicho todo el tiempo que las elecciones serán muy duras. Por eso debemos trabajar hasta el final de la campaña todo el día, al igual que los otros líderes políticos”, aseguró ayer Löfven, que este domingo, al igual que sus oponentes, seguirá haciendo campaña.
Los sondeos pronostican el auge del partido ultraderechista Demócratas Suecos
“Se ha producido un cambio de valores por lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años”, explica el politólogo Tommy Möller, de la Universidad de Estocolmo."Muchos ciudadanos son críticos con las compañías privadas que reciben dinero público y que a veces ofrecen servicios de poca calidad, pero logran grandes beneficios económicos", detalla.
Durante sus ocho años en el poder, la alianza de centroderecha —formada por moderados, liberales, cristianodemócratas y centristas— ha dado una vuelta de tuerca al Estado de bienestar, el sello de identidad sueco desde el siglo pasado —hijo de las largas décadas de gobiernos socialdemócratas— que todos los partidos defienden, aunque con matices. “Quizá el giro hacia las formaciones de izquierda se explique en parte porque algunos votantes de derecha están hartos de desregulación y reformas neoliberales”, apunta la investigadora social Charlotte Hyltén-Cavallius.
La alianza de gobierno encabezada por el primer ministro moderado Fredrik Reinfeld apostó desde 2006 por rebajar los impuestos que lo costean —cinco reducciones en ocho años— y favorecer la presencia del sector privado en tres sectores clave: educación, sanidad y cuidado de mayores. Ahora la presión fiscal equivale al 45% del PIB —más baja que a la francesa— . Pero las quejas abundan. En la diana, la educación. “La gran cuestión de estas elecciones es cómo mejorarla” apunta Möller. Casi un tercio de los centros están en manos privadas, pero los informes Pisa registran una caída del nivel de conocimientos de los alumnos y se alzan voces contra la creciente desigualdad en un país donde pervive un fuerte sentimiento igualitarista. Además, el paro fustiga a los jóvenes (21% frente al 8%, en la población general) en un país que ha sorteado la crisis (el PIB aumentó 1,6% el año pasado). A todo ello se suman las críticas por la atención sanitaria —también fuertemente privatizada— y por las deficiencias en el cuidado a los mayores.
“Ha habido un cambio de valores en los últimos cuatro años”, según un experto
Descontentos con los servicios básicos y atentos a la creciente llegada de refugiados políticos. Aunque el 20% de los suecos han nacido fuera o son de padres foráneos, la creciente llegada de extranjeros —sobre todo refugiados sirios e iraquíes— preocupa desde hace meses en una sociedad que se considera a sí misma “tolerante y no racista”, define Hyltén-Cavallius. Y es la principal bandera de Demócratas Suecos, el partido populista en alza que propone limitar las llegadas de refugiados —la principal vía de inmigración—. “El ritmo está en un nivel altísimo. Para este año se esperan 80.000. Es como si a España llegaran 400.000”, explica Víctor Lapuente, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo. “Muchos suecos consideran que es una cifra excesiva, en gran medida por el coste económico que supone, pero también por el cambio social que entraña”, añade. “Demócratas Suecos ha atraído a votantes de centro derecha y de centro izquierda y a algunos nuevos. Entre otras cosas, ha capitalizado la nostalgia por el Estado de bienestar y la creciente inseguridad debida a la globalización y a la inmigración que sienten sobre todo trabajadores de las clases más bajas”, sostiene Hyltén-Cavallius.
Dado que nadie quiere contar con su apoyo para formar Gobierno y que los sondeos acortan cada vez más —de 5 a 3,6 puntos— la diferencia en favor del bloque de izquierda que en agosto sacaba 10 puntos de ventaja, los pactos de gobierno serán determinantes. Los socialdemócratas, a los que una de las encuestas da en torno al 30,6% del voto, tienen la vista puesta en los ecologistas (8,6%), pero miran con recelo a los excomunistas (7,1%). Con el 46,3% de los votos de estas tres fuerzas lograrían 167 de los 349 escaños. Los cuatro partidos de centroderecha hasta ahora en el poder lograrían 148 escaños (41,3%).
Tras las urnas del domingo se dibuja el momento del cortejo a los pequeños (como los liberales hasta ahora en la Alianza y los ecologistas, más inclinados a la izquierda). El primer ministro, Fredrik Reinfeldt, contrataca con la vista puesta en su tercer mandato. Ofrece pactos con los ecologistas y otros partidos de la oposición. Las urnas apuntan a un Gobierno en minoría.

sábado, 13 de septiembre de 2014

Lomo de pescadilla rellena sobre salsa de piquillo

Ingredientes

4 lomos de pescadilla (de 200 g cada uno),  4 palitos de surimi,  2 cucharadas soperas de mayonesa200 g de harina,  3 huevos batidossal. Salsa de piquillo: 1 lata pequeña de pimientos de piquillo,  1 cebolletaaceite de oliva,  1 vaso de caldo de pescado.

Elaboración

Picamos el surimi y lo mezclamos con la mayonesa. Quitamos la piel de los lomos de pescadilla, cortamos el lomo a la mitad formando una especie de libro y sazonamos. Rellenamos los lomos, los pasamos por harina y huevo batido y freímos en abundante aceite de oliva a fuego lento hasta que queden los lomos dorados.
 
Para la salsa, troceamos la cebolleta, ponemos una cacerola al fuego con un chorro de aceite de oliva, incorporamos la cebolleta junto con los pimientos y dejamos rehogar durante 5 minutos. Mojamos con el caldo y cocemos 5 minutos más. Trituramos y colamos. Colocamos una base de salsa y sobre ella ponemos el lomo de merluza.

Uruguay libera a los esclavos del mar

Los militantes y dirigentes del Sindicato del Mar de Uruguay (SUNTMA)se han enfrentado este año a una inusual llegada de 47 marineros, la mayoría africanos, abandonados, y a veces esclavizados durante meses en alta mar. El caso más sonado ocurrió el pasado mes de mayo, cuando un grupo de 28 personas apareció en Montevideo, con aparentes señales de deshidratación y tortura. La presunta culpable es una empresa china la cual les garantizaba un trabajo como pescadores en Uruguay y un buen sueldo, sin embargo, estas promesas resultaron ser una mentira. Las víctimas fueron contratados por Zhang Jun Ming, según figura en la denuncia penal.
Los marinos, 24 procedentes de Sierra Leona y cuatro de Ghana, denunciaron siete meses de esclavitud y malos tratos. Además de recibir golpes, afirmaron que los ataban con grilletes en las piernas y su alimento consistía en arroz y agua. Después de que el sindicato uruguayo movilizó a los servicios sociales, varios marinos fueron hospitalizados con cuadros de malaria y tuberculosis. Más tarde presentaron una denuncia penal contra los propietarios del buque y después de negociaciones, la agencia marítima a cargo de la tripulación aceptó pagar el viaje de vuelta en avión de 18 de los marinos y una liquidación de sueldo de 1.500 dólares.
Los marinos, 24 procedentes de Sierra Leona y cuatro de Ghana, denunciaron siete meses de esclavitud y malos tratos
Otros diez africanos prefirieron quedarse. Tal es el caso de Salim, de 28 años, procedente de Ghana. En un inglés confuso explica que fue contratado en Guinea Conakry y trasladado a Montevideo en avión para salir desde allí a pescar en alta mar. Le prometieron un buen sueldo y dinero para su familia pero el pago nunca llegó. Actualmente subsiste con ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, trata de aprender español y está alojado en un hotel de Montevideo.
—¿Por qué preferiste quedarte?, preguntó una empleada del hotel.
—Porque la pobreza en mi país no es como la pobreza en tu país, respondió Salim.
“Aquí hemos ayudado a nigerianos, filipinos, tailandeses, vietnamitas. La mayoría empleados en barcos chinos”, cuenta Marcelo Bitancurt, secretario del SUNTMA. “En el caso de los africanos hicimos una denuncia penal pero el juez archivó la causa por no haber hallado pruebas suficientes de los malos tratos en alta mar”.
El jurista y abogado Julio Vidal Amoedo, con 40 años de experiencia en la aplicación del derecho marítimo, reconoce que los Estados tienen pocos elementos para prevenir este tipo de abusos. La marina mercante está dominada por grandes multinacionales que suelen respetar las leyes y tienen seguros, sin embargo, en la pesca la situación es mucho más precaria. “Uruguay tiene desde 2011 una ley de embargo preventivo de buques que es prácticamente el único recurso para hacer aplicar las leyes y cobrar deudas. Una vez que los barcos están en alta mar impera la ley de la bandera (el país del que procede el barco tiene jurisdicción para todo lo que sucede dentro del barco) que en muchos casos garantiza una total impunidad”, afirma. Según explica el abogado, en el caso de los delitos penales, cualquier país puede aplicar su jurisdicción en puerto, pero el asunto es más complejo cuando se trata de los derechos laborales.
“Esto siempre ha pasado, pero 2014 ha sido especial. En un año cinco buques fueron incendiados por su propia tripulación como protesta en el puerto de Montevideo como protesta. A veces los dejan ahí seis o nueve meses” dice Bitancurt.
Los mares están repletos de tripulaciones con contratos leoninos o condiciones similares a la esclavitud
Los mares están repletos de tripulaciones con contratos leoninos o condiciones similares a la esclavitud, a veces el naufragio económico de la naviera es tal que los marinos acaban abandonados en tierra y se descubre una parte de esa realidad.
En el puerto de Fray Bentos, sobre el río Uruguay, a unos 300 kilómetros de Montevideo, una naviera cargada de deudas dejó abandonados a tres marineros y dos buques a principios de año. Sergio Barbusano, Jefe de División del Puerto, explicó vía telefónica que los tres hombres eran indonesios y que los barcos tenían bandera surcoreana. Los marinos llegaron en febrero y fueron repatriados hace un mes.


La ley del aborto sera abortada por el nefranquista PP

A finales del pasado mes de julio, el ministro de Justicia aseguró que «el proyecto de ley del aborto se aprobará antes de que termine el verano». Interrogado acerca de cuál es la fecha concreta en la que para él termina el verano, Alberto Ruiz-Gallardón precisó: «Para mí, acaba el verano exactamente igual que para el Instituto Nacional de Meteorología». El verano acaba el 21 de septiembre. Es decir, que de acuerdo con los plazos de Gallardón, el proyecto de ley del aborto tendría que ser aprobado por el Consejo de Ministros en su próxima reunión.
No será así. Fuentes del Gobierno y del PP han asegurado a este periódico que el Ejecutivo se inclina por aparcar definitivamente el polémico anteproyecto ante la falta de consenso interno. «No existe consenso en torno a este proyecto, y si no se logra un acuerdo, cosa que parece muy difícil, la ley no se aprueba y en paz», aseguran fuentes de la cúpula del PP. Otros interlocutores son aún más contundentes: «Esa ley nunca llegará al Parlamento».
El anteproyecto de ley del aborto -aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre del pasado año- suscitó una contestación interna con pocos precedentes en el PP. El texto no suponía un retorno a la ley socialista del 85, como esperaba todo el mundo, ni se limitaba a cambiar el aspecto más controvertido de la ley de Zapatero: la posibilidad de que las menores de 16 años se sometieran a un aborto sin el permiso paterno.
El anteproyecto suponía la vuelta a la ley de supuestos, aunque eliminaba la malformación del feto como una de las circunstancias en las que la mujer podría abortar de forma legal. Uno tras otro, destacados dirigentes populares y casi todos los presidentes regionales pusieron el grito en el cielo, mientras que Gallardón defendió con ardor el texto. Las contestación interna obligó al presidente del Gobierno a pedir a su ministro que abriera un periodo de consultas con sus compañeros de partido para alcanzar un consenso interno. Una vez convocadas las elecciones europeas, el anteproyecto -teóricamente en periodo de consultas con distintas instituciones- fue aparcado. Justicia reformó el texto con las recomendaciones recibidas de algunos barones territoriales y anunció que el Gobierno lo aprobaría en julio.
La eliminación del supuesto de aborto por malformación del feto era el principal punto de controversia. Pero los intentos de Gallardón de convencer a sus compañeros de partido han fracasado. Y a día de hoy, hay casi unanimidad en el PP: la ley del aborto fue un error. Y dado que quien defendió públicamente el texto fue Alberto Ruiz-Gallardón, sobre él recae la principal responsabilidad de la equivocación. El ministro de Justicia, sin embargo, sostiene que sin el beneplácito del presidente del Gobierno nunca hubiera llevado la ley a la mesa del Consejo de Ministros.

Fuera del debate político

Tal y como ha quedado de manifiesto en sus comparecencias públicas, Rajoy desearía que la palabra aborto desapareciera del debate político. Deseo que comparten todos los dirigentes. Y ello porque los célebres estudios sociológicos de Pedro Arriola que maneja la cúpula popular concluyen que la ley del aborto ha sido muy perjudicial para los intereses electorales del PP, ya que una sólida mayoría de sus votantes se han sentido sumamente incómodos con el tema. Ni querían ni esperaban que el Gobierno legislara de forma tan restrictiva sobre una cuestión que afecta de lleno a las mujeres, por lo que la conclusión de los expertos es clara: hay que reconducir la situación y pasar la página para no abrir otra vez una controversia que haga daño al PP en un año clave con dos convocatorias electorales: las municipales y las generales.
El resultado de las elecciones europeas -en las que el PP perdió dos millones y medio de votos- ha servido para ratificar este análisis. «El debate sobre el aborto se ha dramatizado en exceso. Hemos complicado la vida a nuestros votantes obligándoles a hablar de un tema del que no querían hablar», aseguran los interlocutores de este diario.

Malformaciones incompatibles con la vida

Mientras el ministro de Justicia intentaba reconducir el contenido de la ley para su aprobación, una noticia de finales del mes de julio encendió todas las alarmas en la cúpula del Gobierno y del partido. Citando fuentes parlamentarias, la agencia Europa Press informaba de que la ley contemplaría un listado de malformaciones incompatibles con la vida que permitirían a las mujeres interrumpir su embarazo. La lista incluía la anencefalia, exencefalia o acráneo; la hidranencefalia; la holoprosencefalia alobar; la atresia laríngea o traqueal; la agenesia diafragmática o la renal bilateral y otras patologías.
Dirigentes del PP se mostraron horrorizados ante la posibilidad de tener que votar en el Congreso y en el Senado un texto de estas características. Hasta el punto de que algunos de ellos amenazaron con romper la disciplina de voto si el proyecto incluía este listado de malformaciones. Fuentes del Ministerio de Justicia, sin embargo, han asegurado a este periódico que la lista de malformaciones nunca figuró en ninguno de los borradores que se han manejado oficialmente para elaborar el texto definitivo.
El proyecto ahora mismo está ya en La Moncloa y las mismas fuentes aseguran que el ministro de Justicia no ha recibido una comunicación formal por parte de Presidencia del Gobierno sobre la retirada del proyecto. Todos los dirigentes consultados por este diario aseguran que la principal preocupación de Mariano Rajoy a la hora de guardar el anteproyecto en el cajón es el impacto político que ello tendrá para el ministro de Justicia que, lógicamente, se sentirá desautorizado cuando le comuniquen que su ley no será enviada al Parlamento. Pero eso se verá en las próximas semanas.

Cronología de una norma nonata

20-12-2013. El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto, al que denomina Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada. Principalmente, representaría la derogación del vigente sistema de plazos y el regreso al de indicaciones. No obstante, es más restrictiva aún que la despenalización de 1985 ya que, entre otros detalles, no incluye un supuesto autónomo de malformación del feto. > 11-02-2014. Aunque dirigentes como Celia Villalobos la habían cuestionado, el PP en bloque respalda la norma al rechazar en una votación secreta en el Congreso una proposición no de ley del PSOE que pedía su retirada. > 3-06-2014. El Consejo Fiscal apoya la ley por ocho votos a cuatro -muy críticos- y pide que se incluya una sanción para las mujeres que aborten. El mismo día, el Comité de Bioética emite un informe favorable, en el que reclama «una política explícita de apoyo a la maternidad». > 13-06-2014. El CGPJ informa a favor de la norma, con una crítica muy moderada en la que pide recuperar el supuesto de malformación. Paradójicamente, son más los vocales que respaldan la retirada de la ley del aborto, aunque no consiguen consensuar sus posturas. > 21-07-2014. El ministro Gallardón asegura que aprobará el proyecto en septiembre.

Dilma Rousseff resiste la oleada de popularidad de Marina Silva

La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), haciendo gala de una aleación incombustible, comienza a remontar poco a poco en los sondeos, dando la vuelta a una situación en la que todo, hace una semana, parecía jugar en su contra. La irrupción meteórica y sorpresiva de la candidata Marina Silva, del Partido Socialista Brasileño (PSB), que pronto se colocó a la par (cuando no por encima) de la actual presidenta, hizo temblar a los dirigentes del PT. Nada parecía detener la figura ascendente de Silva. Y sin embargo, el ataque frontal de la presidenta a la candidata, a la que acusa, entre otras cosas, de servir y servirse de los bancos y de no aclarar muchas partes oscuras de su programa, parece que comienza a surtir efecto.
Una encuesta hecha pública el miércoles presentaba una tímida remontada de la actual mandataria brasileña y, en términos generales, un empate técnico entre las dos mujeres, tanto en la primera ronda como en la segunda. Este viernes otro sondeo muestra que Dilma Rousseff sería la candidata más votada en esa primera ronda, con un 39%: Marina Silva obtendría un 31% y el tercero en discordia, cada vez más relegado a su papel de comparsa, Aécio Neves, del  conservador Partido Socialdemócrata Brasileño (PSDB), se quedaría en un 15%. En el segundo turno, por ahora, Dilma Rousseff y Silva están prácticamente empatadas, con un 42% y un 43%, respectivamente.
El sondeo también arroja datos sobre los seguidores de unos y otros: Marina Silva, ex ministra de Medio Ambiente con Lula, alejada posteriormente del PT, es la preferida de la clase media emergente y de los habitantes de las grandes ciudades como São Paulo o Río; mientras, Rousseff mantiene entre su electorado a la franja más pobre de la población y de las zonas rurales.
A la irrupción y avance de Marina Silva se le sumó el sábado pasado un problema más añadido a Rousseff: la existencia de una enmarañada y gigantesca red de corrupción creada a expensas de la mayor empresa pública brasileña, la petrolera Petrobras. La revista Veja revelaba ese día que, a cambio de una rebaja en la pena por un asunto de blanqueo de dinero, Roberto Costa, exdirector de abastecimiento de Petrobras, donde entró a trabajar 35 años atrás, había entregado una lista al juez de decenas de nombres de políticos brasileños que se han beneficiado de los sobornos que las constructoras versaban a la petrolera para adjudicarse obras.
Según el semanario, en la lista del delator hay desde ministros a diputados federales. Los políticos aparentemente envueltos pertenecen a varios partidos pero el escándalo, que sacudió la ya de por sí convulsa campaña política brasileña, golpeaba de lleno en Dilma Rousseff, responsable última de la empresa pública. El miércoles, el exdirectivo testificará ante una comisión de investigación parlamentaria que puede convertirse en otro bombazo informativo.
El episodio hizo temer a los miembros de la campaña de Dilma Rousseff un nuevo desplome de la candidatura de la presidenta. No ha sido así, a juzgar por los datos de los sondeos. Rousseff, además de emplearse a conciencia contra Silva, endureciendo la campaña, tomándola ya como único blanco a batir, ha aprovechado sus múltiples comparecencias públicas (la campaña monopoliza todo el espacio mediático brasileño) para alejarse del foco del escándalo y repetir que siempre ha luchado contra ese tipo de prácticas corruptas y abogado por su persecución: “Nunca, durante toda mi vida política, nadie me ha visto tratar de esconder cosas debajo de la alfombra. Estamos combatiendo la corrupción no con palabras vacías sino con acciones concretas”. Desde el otro lado, Marina Silva le lanza una acusación también muy concreta: “El PT colocó al director de Petrobas para asaltarla”.
De aquí al final del primer turno, todo va a ser así: las dos mujeres acusándose mutuamente mientras Aécio Neves pierde relevancia paulatinamente. Paradójicamente, recobrará importancia cuando, si las encuestas se confirman, quede eliminado y su formación aconseje a sus electores por quién votar. Su 15% se antojará entonces crucial. Todo apunta a que optará por Silva, pero aún es pronto para asegurarlo.