Putin amenaza a Europa con cortar el gas si Ucrania no paga su deuda

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha solicitado a la Unión Europea una reunión urgente para solucionar el problema del impago de gas que envía a Urania, que acumula una deuda de 2.200 millones de dólares. Esta situación, dice Putin en una carta dirigida a los líderes europeos, puede llevar a que Gazprom deje de bombear el combustible destinado al país vecino, lo que, a su vez, aumenta el riesgo de que Kiev se quede con parte del gas que pasa en tránsito hacia Europa. Si ello sucede, es probable que en el próximo otoño surjan problemas en el suministro a los países de la UE.

Gazprom tiene todo el derecho a suspender completa o parcialmente los envíos de gas a Ucrania si este país sigue negándose a saldar la deuda que tiene con Rusia, afirma Putin. “En lo que va de año, la deuda de la compañía ucrania Naftogaz aumenta de mes en mes”. A finales del año pasado la deuda ascendía a 1.451,5 millones de dólares, a los que en febrero se le sumaron 260,3 millones y el mes pasado otros 526,1 millones. “Llamo su atención sobre el hecho de que en marzo todavía estaba en vigor el precio con descuento: 268,5 dólares por mil metros cúbicos. ¡Pero, incluso con ese precio, Ucrania no ha pagado ni un solo dólar!”, subraya en su carta en la que expresa su profunda preocupación por la situación creada.

En estas circunstancias, el monopolio gasístico ruso, de acuerdo con el contrato en vigor, se verá obligado a exigir el prepago a Ucrania antes de suministrarle gas y a suspender los envíos si no los abona. “Naturalmente, se trata de una medida extrema. Somos conscientes de que aumenta los riesgos de la apropiación ilegal [por parte de Kiev] de gas destinado a los consumidores europeos que pasa por territorio ucranio. Y ello puede también dificultar la formación de reservas de combustible en Ucrania para garantizar el consumo a partir del otoño”, señala Putin en su carta.

Bruselas aseguró este jueves que intentaba verificar el contenido de la carta, sin querer emitir ningún juicio sobre las amenazas de Putin,informa Lucía Abellán desde Bruselas. Respecto a la ayuda financiera de 11.000 millones de euros prometida hace más de un mes, laComisión Europea aún no ha efectuado el primer desembolso, a la espera de que terminen las negociaciones entre Ucrania y el Fondo Monetario Internacional, que deben establecer las condiciones exigidas a Kiev para recibir la ayuda. Un portavoz del Ejecutivo comunitario aclara, no obstante, que el objetivo principal de esas ayudas (la mayoría son préstamos) consiste en promover reformas más que en pagar gastos concretos como la factura del gas. El 30% del gas que consume Europa procede de Rusia, y la mitad de este flujo atraviesa el territorio ucranio.

Para garantizar el tránsito ininterrumpido hacia Europa es necesario, según el presidente ruso, comenzar lo más pronto posible a bombear gas a los depósitos en Ucrania, en los que debe haber 11.500 millones de metros cúbicos. “Para esto se necesitará el pago de unos 5.000 millones de dólares”, advierte Putin, lamentándose que “los socios europeos” no quieran emprender acciones conjuntas para resolver la crisis económica de Ucrania e incluso eviten “las consultas” con Rusia.

Moscú no impondrá a Kiev ninguna condición que no esté en el contrato vigente, firmado en 2009, para el pago del combustible, asegura Putin. Al mismo tiempo, dice estar dispuesto a ayudar a su vecino, pero “no unilateralmente, sino en condiciones iguales con los socios europeos” ante la “crítica situación” de la economía ucrania.

Una copia de la carta firmada por Putin fue entregada también a los 16 países que reciben gas desde Rusia, que son: Alemania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Hungría, Italia, Macedonia, Moldavia, República Checa, Rumania, Serbia y Turquía.

Gazprom advirtió la semana pasada del “preocupante descenso de las reservas de gas natural en los depósitos subterráneos” creados en Ucrania para garantizar el suministro fluido de combustible a Europa. Esto significa que Kiev está utilizando el gas destinado a esos depósitos para su consumo interno.

Las nuevas autoridades de Kiev han anunciado que no están dispuestas a aceptar el nuevo precio anunciado por Rusia, que a partir de abril es de 485,5 dólares por mil metros cúbicos de gas. Y el ministro de Energía ucranio, Yuri Prodan, confirmó el miércoles que no están bombeando gas a los depósitos, aunque minimizó la importancia de este hecho al conmentar que “aún hay tiempo para hacerlo”.

Si la UE no responde positivamente a la iniciativa de Putin de celebrar consultas para resolver la crisis económica ucrania, se puede repetir la situación que hubo a comienzos de 2009, cuando Moscú cortó los suministros a Kiev por impago, y ello creó problemas en las entregas de gas a los consumidores de la Unión Europea.

LOS MEJORES BARES DE ZARAGOZA

CHILE : Un Juez hace entrega parcial del archivo incautado en la ex Colonia Dignidad

Londres 38

Rebelión

Luego de ocho años de mantener bajo secreto las 39 mil fichas incautadas en la ex Colonia Dignidad, el juez Jorge Zepeda ha entregado este archivo con informaciones sobre la represión dictatorial y crímenes de lesa humanidad cometidos por la DINA y personal del propio predio alemán, al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y copia al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Londres 38, espacio de memorias, mantendrá su campaña No Más Archivos Secretos hasta conseguir la apertura total y sin restricciones de aquellos conjuntos de archivos con información sobre la represión de la dictadura cívico militar.
La sola entrega del archivo a estos organismos del Estado es un paso importante para conseguir más verdad y justicia sobre los crímenes, pues mientras se han mantenido en secreto solo han facilitado la impunidad, al punto que ningún personero de la ex Colonia Dignidad ha sido juzgado por los crímenes políticos que se cometieron en ese lugar que funcionó como apéndice de la DINA y que fue usado como un centro de detención, tortura y exterminio.
No hay razones ni excusas para haber mantenido bajo secreto durante ocho años estos documentos que registran los delitos de una organización criminal. Tampoco hay razones para que los organismos del Estado que hoy tienen el conjunto de los documentos (las 39 mil fichas) no adopten medidas rápidas y transparentes para facilitar el libre acceso de la ciudadanía y sus organizaciones a esta información.
El juez que tenía este archivo entregó hace una semana a las organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria 407 fichas con informaciones a detenidos desaparecidos. Esa información es parcial y de reducida utilidad, toda vez que no se puede analizar en su contexto y porque además es posible constatar que hay otros conjuntos de archivos relacionados a este incautado en 2005.
El Estado debe comprometerse a buscar los otros archivos reseñados en el capturado en la ex Colonia Dignidad, así también como impulsar medidas que permitan abrir todos los archivos disponibles que contienen información sobre la represión, tales como los archivos de las comisiones Rettig y Valech, los que fueron construidos por los organismos de inteligencia de las distintas ramas de las FFAA y las policías, así como de los organismos represivos DINA y CNI.
No más archivos secretos

Venezuela es independiente, no ingobernable

Mario Isea Bohórquez

Prensa República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España

Tal como están las cosas en el mundo, no es difícil entender que sea tildada, de ingobernable –por un medio que responde a los intereses de las bolsas internacionales— una nación que ha desarrollado en los últimos 14 años un profundo proceso de cambios socioeconómicos y políticos por la vía democrática, logrando disminuir vertiginosamente la pobreza, las desigualdades (somos el país menos desigual de América Latina) –sólo la matrícula universitaria pasó de 400 mil a 2 a millones 600 mil (aumentó 550%)- y escalar velozmente en el Índice de Desarrollo Humano de la ONU, gracias a la recuperación de la soberanía sobre sus recursos naturales. No en vano la recuperación del control del Estado sobre los recursos naturales permitió que las mayores reservas petrolíferas del mundo fuesen reconocidas como tales y no vendidas a precio de carbón o que las empresas trasnacionales pagarán más de 1% de regalía por la explotación de dicho recurso.Sin embargo, con tan escandaloso título, es mi deber tranquilizar a la opinión pública española, la República Bolivariana de Venezuela goza de plena estabilidad institucional y sus poderes públicos continúan tomando decisiones y gerenciando las áreas bajo su responsabilidad con total normalidad. Ni siquiera en los municipios gobernados por la oposición, en los cuales se ha auspiciado la violencia (menos del 2% del total de los municipios del país y sólo en urbanizaciones de clase media y media alta), es posible hablar de ingobernabilidad, porque a pesar de que algunos alcaldes no han cumplido con sus responsabilidades, los poderes públicos nacionales están actuando para que se respete la Ley y se garantice el bienestar de la ciudadanía.
La imagen que intenta proyectar el editorial de un país sumido en “las protestas y la represión”, no es coherente con la realidad de una nación que viene de realizar dos procesos electorales en el último año –en los cuales ha aumentado, significativamente, el respaldo al gobierno del presidente democrático y constitucional, Nicolás Maduro– y que, según la última encuesta privada chilena Latinobarómetro (2013), es el país de la región que cuenta con más apoyo de su ciudadanía a la democracia.
Lo único que refleja con honestidad el artículo es que la unidad de la oposición está resquebrajada entre el sector que plantea una estrategia violenta para derrocar a un gobierno democrático; y el sector más racional que analiza lo equivocado de esta estrategia inconstitucional y los riesgos que supone para la paz social y la popularidad de la propia oposición.
En este sentido, es preocupante la simpatía mostrada por algunas corporaciones mediáticas, como PRISA, hacia la acción de sectores violentos de la ultraderecha en Venezuela. Sectores que han llamado a la salida inconstitucional del gobierno y que impulsan acciones claramente terroristas –llamadas guarimbas— entre las cuales destacan quema de instalaciones educativas, hospitalarias y de otras instituciones y servicios públicos, como unidades de transporte de pasajeros y/o alimentos; el levantamiento de barricadas con empleo de cócteles molotov, armas de fuego y todo tipo de trampas en las vías, además de asesinatos con francotiradores, el envenenamiento de embalses de agua y provocación de incendios forestales.
¿Cómo se puede hablar de represión en un país en el que un sector de ultraderecha llama a derrocar al gobierno democrático e impulsa acciones terroristas, y los efectivos del orden público responden con proporcionalidad y control para devolver la tranquilidad a los ciudadanos, mientras la Fiscalía actúa de manera ejemplar aplicando la Ley a los implicados en hechos violentos o irregulares, incluso en los casos excepcionales donde se han determinado responsabilidades de efectivos del orden por violaciones de derechos humanos?
Llama la atención que El País olvida mencionar que estas protestas violentas han dejado en dos meses un lamentable saldo de 39 víctimas mortales, de las cuales las investigaciones ya señalan que los llamados guarimberos tienen la responsabilidad directa de más de la mitad. Sin embargo, hasta el 27 de marzo sólo había 168 detenidos, por la gravedad de los casos criminalísticos en los que están implicados. ¿Cuál sería el resultado de la acción de las fuerzas del orden y las instituciones de justicia en países de Europa Occidental si un sector extremista pretendiera la salida por la fuerza del gobierno constitucional y provocara acciones de violencia y terrorismo en algunas ciudades, durante dos meses? ¿Cómo lo cubriría El País?
¿Cómo se puede decir que sufre un desastre económico, Venezuela, un país que creció en 2012 un 5,5% y en 2013 un 1,6%, que tiene una relación deuda externa/PIB del 18%, una tasa de paro en 7% o que entregó en los últimos dos años más de 500 mil viviendas sociales? No se trata de eludir los retos que tiene nuestra nación en el área económica, pero parece que la escandalosa deuda del grupo PRISA, por las aventuras financieras y empresariales de sus directivos, influye cada vez más en su forma de plasmar la realidad.
¿A qué apuesta El País cuando descalifica la Conferencia Nacional de Paz convocada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que ha sido apoyada por todos los organismos de la región, desde Unasur hasta la OEA, y ya ha producido importantes acuerdos con sectores empresariales y de la oposición democrática? ¿Por qué no cuestiona la voluntad política de la oposición violenta en un país donde la Constitución establece la posibilidad de realizar un referéndum revocatorio a mitad de mandato? ¿Por qué reitera la idea sin sustento de que los simpatizantes del chavismo son violentos?
¿Quiere re-editar El País su nefasto editorial del 13 de abril de 2002 “Golpe al caudillo”, cuando creyendo que había triunfado el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, intentaron justificar la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela?
Ya decía algún otro medio –igualmente de derechas— hace poco, que el principal directivo de El País ha estado con el franquismo, la República, la Monarquía y ahora sólo busca que le echen “una mano para reducir la deuda de PRISA”… Quizás sea El País el que deba rectificar sus políticas editoriales, por respeto a los ciudadanos que todavía creen en él… Mientras tanto el pueblo venezolano y su gobierno democrático, constitucional y revolucionario seguiremos siendo independientes, aunque algunos nos llamen ingobernables.

Desinformar como la CIA

Pascual Serrano

Rebelión

Un conflicto entre la senadora Dianne Feinstein, que preside la poderosa Comisión Selecta de Inteligencia del Senado estadounidense, creada tras el escándalo de Watergate, y la CIA debido a que se ha descubierto la existencia de un informe que muestra que la agencia espió y mintió a los miembros de la comisión, ha permitido conocer el sistema por el que los servicios secretos rendían cuenta a los representantes políticos.
En un indignado discurso de Feinstein, una defensora habitual del amplio programa de espionaje a nivel mundial de la Agencia de Seguridad Nacional y de otras agencias de inteligencia de Estados Unidos, explica que "la CIA comenzó a enviar documentos en formato electrónico a los miembros de la Comisión en un establecimiento alquilado por la CIA a mediados de 2009. El número de páginas llegó a ser rápidamente de miles, decenas de miles, cientos de miles, y luego millones. Los documentos facilitados no tenían índice ni una estructura organizativa. Era una verdadera pila de documentos que los miembros de nuestra comisión tuvieron que examinar y tratar de interpretar".
Es decir, la CIA había descubierto que el mejor sistema para no tener desinformados a los legisladores no era ocultarles la información, sino sepultarlos en documentos. En realidad es el mismo modo con el que se nos mantiene desinformados a los ciudadanos gracias a la borrachera de medios, internet, redes sociales, blogs, chats y todo tipo de formatos y soportes.
De un oligopolio en el que una exclusiva élite tenía el privilegio de informar a la opinión pública, y de ahí la facilidad para que desde el poder se pudiera controlar la información, hemos pasado a una marabunta informativa en la que este poder ha tenido que replantear el modo en el que siga manteniéndonos desinformados. Y parece que lo ha encontrado, ha descubierto que si quería que no encontráramos una aguja, en lugar del método poco elegante de esconderla en una caja fuerte y no darnos la llave, era más “democrático” dejarla en un pajar y señalarnos que se encontraba allí (además junto con otras agujas falsas).
En contra de lo que muchos piensan, un grupo de investigadores de la Universidad de Londres ha alertado sobre el aumento de la desigualdad informativa en el sistema actual (Juan Varela, Periodistas 21, 6-5-2013). Hasta ahora el mundo se dividía entre los que tenían acceso a la información y los que no. Hoy la diferencia está entre quienes saben desenvolverse en la vorágine, seleccionar las fuentes adecuadas, organizarse en las búsquedas y jerarquizar los resultados; y los que viven perdidos en un torbellino sin diferenciar lo que se ha quedado viejo de lo actual, lo valioso de lo inservible, lo riguroso de falso. De eso se sirve la CIA enterrando a los senadores en documentos y el resto de los poderes enterrando a los ciudadanos entre paja. El reto entonces debe ser aprender a seleccionar, jerarquizar y elegir la información. Y los medios que no nos ayudaban a informarnos antes, tampoco esperemos que lo hagan ahora.

El asesino terrorista 'Billy el Niño' denuncia que le siguen para atentar contra su vida

El ex inspector de la Brigada Político Social del franquismo Antonio González Pacheco, el temible Billy el Niño, ha asegurado este jueves durante su vista de extradición que "es objeto de seguimientos y amenazas con el objetivo de atentar" contra su vida, y ha presentado un certificado del secretario técnico de la Policía Científica que así lo acreditaría.

"Por motivos de seguridad personal y familiar" se ha opuesto a que se tomasen imágenes de su rostro durante la audiencia pública, posición que ha sido apoyada por la Fiscalía y finalmente resuelta en ese sentido por la presidenta del tribunal, Concepción Espejel.

La Sala ha retirado asimismo las medidas cautelares que pesaban sobre él -comparecencias quincenales y retirada del pasaporte- tras solicitarlo su defensa y respaldado el fiscal, ya que ambos razonaron que su única finalidad era asegurar su presencia en la vista. Después,Billy ejerció así su derecho a la última palabra: "Mi nombre es Antonio González Pachecho, nunca me he llamado José Antonio ni Juan Antonio, y tampoco me puse yo ese apodo".

El fiscal ha rechazado la entrega a Argentina de Billy el Niño, reclamado en aquel país tras ser denunciado por supuestas torturasen España durante el franquismo. El representante del Ministerio Público ha mantenido la postura que ya sostuvo la semana pasada durante la vista de extradición del ex capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas: la de que su enjuiciamiento por los tribunales españoles sería posible para "satisfacer ese deseo de Justicia" de las víctimas de la dictadura, que sea escuchado su relato sobre su presencia ante el Tribunal de Orden Público y "contar, al menos, con una resolución judicial que reconozca la ilegalidad de sus detenciones".

Concretamente, expuso que el Estado argentino debería presentar una querella ante los juzgados de Madrid, localidad en la que habrían sucedido los hechos.

Prescripción de los delitos

Sin embargo, entre los argumentos que ha utilizado el fiscal está el de la segura prescripción de los posibles delitos que se atribuyen a Billy el Niño, tanto conforme al Código Penal argentino como a cualquiera de los españoles que se tenga en cuenta. Una hipotética causa penal en nuestro país tendría, por tanto, escaso recorrido.

Entre los razonamientos jurídicos del representante de la acusación pública no se incluyó ni la más mínima mención a la Ley de Amnistía, que al menos en apariencia sería aplicable al caso y que, de hecho, fue invocada por la Fiscalía cuando se opuso al arresto de Billy el Niño y Jesús Muñecas y adelantó "la probable concurrencia de una causa de denegación de la extradición".

La vista provocó una notable y ruidosa presencia de simpatizant pores de los afectados por los crímenes de la dictadura, algunos llegados desde Argentina, que inicialmente tuvieron que mantenerse a más de 100 metros de la sede judicial. Ya en la sala, Billy el Niño apenas tuvo que responder a dos pregunta del fiscal Pedro Martínez Torrijos: primero, se limitó a rechazar que tuviese algún tipo de vínculo con el país que lo reclama.

Después, admitió que "hace muchos, muchos años" tuvo algún problema judicial "por algo de malos tratos". "Pero creo que no fuimos condenados", concluyó.

El aspecto físico de Billy el Niño ha cambiado notablemente desde su juventud: su rostro achiquillado sigue siendo el mismo, cubierto ya por las arrugas, pero sus ojos saltones se esconden tras unas gafas y donde antes lucía una melena leonina brilla ahora una calva lustrosa. Hoy ni siquiera pendía de su cabellera la colgeta grisácea con la que fue fotografiado recientemente haciendo running, instantánea que fue publicada por este diario.

Su defensa negó que participase en los hechos concretos que se le imputan: el ex inspector de la Brigada Político Social del régimen franquista, que ahora tiene 67 años, está reclamado por supuestas torturas que habría cometido entre 1971 y 1974 sobre 13 personas durante el tiempo en que estuvieron detenidas antes de su traslado a las cárceles madrileñas de Yeserías y Carabanchel o al Tribunal de Orden Público, cuando Billy era el terror de la Ciudad Universitaria.

'¡Yo estuve 62 días!'

Uno de los denunciantes, presente en la sala, protestó a viva voz por lo que consideró "una mentira". El abogado había dicho que no se podía creer que los supuestos torturados hubiesen pasado 30 días en atención médica: "¡Yo estuve 62 días!", le recriminó desde las sillas del público, siendo llamado al orden por el tribunal.

La juez argentina María Servini instruye a partir de una querella de víctimas del franquismo un procedimiento por genocidio y crímenes contra la Humanidad cometidos en España desde la asonada militar del 18 de julio de 1936 hasta el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.

La Constitución argentina se atribuye jurisdicción universal sobre esos delitos en los casos en los que las autoridades del país en el que tuvieran lugar no hayan iniciado una investigación efectiva sobre los mismos, que es lo que la juez considera que ocurre en España.

Manifestantes con fotos de víctimas del franquismo frente a la Audiencia. Julien / Afp

No obstante, Argentina ni siquiera se ha personado en las vistas de extradición, aunque se le ha dado la oportunidad expresa de hacerlo. Países como México, por ejemplo, lo hacen siempre sin excepción cuando reclaman a un presunto delincuente.

El informe del fiscal consideró esta vez que sí es posible que las denunciadas de torturas de Billy el Niño pudieran calificarse como un delito de lesa humanidad, que es lo que pretenden los querellantes: pero en ese hipotético caso, estarían igualmente prescritas.

Recordó, en este sentido, la sentencia del Supremo que absolvió a Baltasar Garzón por su causa contra el franquismo, en la que, no obstante, el Alto Tribunal concluyó que, "aun cuando los tratados internacionales sobre la materia fijaran la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, esa exigencia, que ha sido llevada a nuestro ordenamiento jurídico interno, tiene una aplicación de futuro y no es procedente aplicarle una interpretación retroactiva".

Esto es: que la imprescriptibilidad no puede aplicarse a delitos cometidos antes de 2010, año en que España la introdujo en su Código Penal.

Antes de iniciarse la vista, la presidenta del tribunal dio por recibido un escrito de los periodistas que cubren la información judicial en el que muestran su rechazo por la negativa que ya había manifestado la juez a que se tomasen imágenes del rostro de Billy el Niño.

La magistrada Espejel preguntó entonces al reclamado si aceptaba expresamente que se hiciera, a lo que él se negó. El fiscal apoyó su postura con el argumento de que, al contrario de lo que ocurrió la semana pasada con el ex capitán Muñecas -a quien si se le grabó de frente-, éste no había alegado ningún motivo de seguridad.

Una grieta en la seguridad de la Red

Un error en uno de los principales programas de conexión segura utilizado en Internet ha tenido potencialmente expuestos a millones de usuarios desde hace dos años. El lunes, Google difundió un punto débil en el sistema de cifrado que utiliza para sus conexiones seguras, llamado OpenSSL, que también ha afectado a gigantes como Yahoo y Amazon. Esta grieta, existente desde 2011 y descubierta en diciembre de 2013 por un técnico de Google, podría haber permitido a hackersrobar contraseñas de los usuarios.

El problema afecta a las conexiones seguras, las que comienzan con “https” y aparecen en la barra de direcciones cuando el usuario introduce datos delicados, habitualmente contraseñas. El fallo ha sido bautizado en inglés como Heartbleed, o “corazón sangrante”, porque afecta a un tipo de intercambio de información en web, el Heartbeat(latido de corazón).

El agujero de seguridad está en el código fuente (los bloques de construcción que componen un programa informático) de las versiones 1.0.1 a 1.0.1f de OpenSSL. Ya existe una nueva versión lista para descargar que subsana el fallo: la 1.0.1g. Los internautas de las páginas que utilizan este código habrían sido potencialmente vulnerables desde 2011. Y si alguien hubiera accedido a información confidencial, no habría dejado rastro. Pero los expertos llaman a la calma porque no hay razones para suponer que la seguridad haya sido violada desde entonces.

Open SSL es un sistema de seguridad utilizado por algunas de las principales web que existen, y “entre el 50% y el 70%” de servidores según Igor Unanue, técnico de la empresa de seguridad S21SEC. Ricardo Galli, fundador de Menéame, rebaja los servidores afectados a unos 500.000. Es gratuito y funciona como una herramienta que las web utilizan para cifrar la información que intercambian con los usuarios individuales, para que esta no pueda ser robada por terceros.

Open SSL es un programa de código abierto. Es decir, supuestamente cualquier programador puede participar en la escritura de su ADN, aunque eso no quiere decir que lo pueda alterar a voluntad como los artículos de Wikipedia.

Lo usan desde Yahoo, Google, Facebook o Amazon, a la plataforma de juegos Steam, pasando por elsoftware de conexión segura Tor. Potencialmente podría haber dejado sin cobertura de seguridad a millones de usuarios que almacenan los datos de sus tarjetas bancarias en páginas de pago, o que utilizan el e-mail o los mensajes instantáneos.

El fallo puede incluso afectar a quien se conecte a su cuenta de banco por Internet, si usan este método de cifrado (existen otros), aunque Unanue recuerda que las entidades siempre utilizan sistemas de seguridad complementaria, independientes del cifrado de la contraseña. La Caixa afirmó ayer que sus servidores usan una versión de Open SSL que no ha sido afectada.

Un portavoz de Yahoo explicó ayer que la empresa ha arreglado el problema en sus webs Yahoo Homepage, Yahoo Search, Yahoo Mail, Yahoo Finanzas, Yahoo Deportes, el sitio de fotos Flickr y la de blogs Tumblr, y que están trabajando para subsanar el error en el resto de sus webs. Google publicó que la vulnerabilidad ha afectado a los usuarios de Search, Gmail, YouTube, Wallet (que se utiliza para realizar pagos), Play (descarga de aplicaciones para Android), Apps, y App Engine (donde los desarrolladores suben sus aplicaciones), y también ha subsanado el bug.

Los afectados de mayor tamaño están parcheando (jerga para arreglos de código) el error, pero el alcance todavía se desconoce. El arreglo fue fabricado por Adam Langley, ingeniero en el desarrollo del navegador Chrome, de Google, y Bodo Möller, experto alemán en cifrado PGP, que trabaja para ACM, una sociedad informática dedicada a la divulgación El descubrimiento del problema fue realizado paralelamente por un técnico de Google llamado Neel Mehta y por Codenomicon, una empresa finlandesa.

La vulnerabilidad podría haber afectado a unas 600 de las 10.000 páginas con más tráfico de la red, según un experto de la empresa Qualys citado por Associated Press. Eso supone “millones” de usuarios cuya información ha estado potencialmente expuesta, afirma Chema Alonso, experto en seguridad informática y consultor de Informática 64, empresa española cuya seguridad también ha sido afectada (y que ya ha arreglado el problema).

¿Cómo funciona el fallo? Open SSL es un programa de código abierto. Es decir, supuestamente cualquier programador puede participar en la escritura de su ADN, aunque eso no quiere decir que lo pueda alterar a voluntad como los artículos de Wikipedia. Roberto Velasco, cofundador de la empresa vasca de software Arima y de la de seguridad Hdiv, explica el “procedimiento habitual” en la escritura de código abierto. “Se utilizan repositorios de código fuente en Internet. El que más se usa se llama Github, y sirve para almacenar proyectos. Cada proyecto tiene unos administradores que controlan la calidad del código. El usuario puede enviar trozos de código para introducir cambios, y si el administrador los acepta, los incluye en el código fuente final”.

Y un fallo en el código puede crear una vulnerabilidad. “Una cosa es elbug, es decir, el fallo en el código, y otra es el exploit, la manera de sacar partido del fallo”, detalla Alonso. Hay páginas web donde se pueden conseguir exploits, programas que permiten sacar partido de las grietas de seguridad. Pero “no se conocen incidencias todavía”, explica con calma Unanue. Quiere decir que no se sabe de ningún delincuente que haya aprovechado para obtener información de usuarios.

Esto no quiere decir necesariamente que los programas abiertos sean más proclives a estos fallos. Por su naturaleza, existe un historial detallado de los cambios con el que se puede trazar cuándo se introdujo el error; pero localizar al responsable es más complicado, ya que normalmente el programador no usa su nombre y puede que ni siquiera su IP (la “firma” electrónica) real. Fuera quien fuere, el fallo ha agrietado la seguridad de internet.

Cuidado en la parada de autobus !!!!!

Publicación by augirona.blogspot.com.

Los carteles colombianos se lanzan al menudeo de droga en Pontevedra

Los peones del negocio de la cocaína, dedicados a vigilar el tránsito de los cargamentos a Galicia desde Sudamérica y al cobro de deudas, han tenido que bajar al último escalón del mercado de estupefacientes para sobrevivir en un momento en el que la entrada de grandes alijos marca mínimos históricos. El excedente de traficantes colombianos que comenzaron a desembarcar en la Península en los noventa y los vaivenes de un mercado que se abastece por oleadas han obligado a los temidos asalariados de los dueños de la cocaína a rentabilizar al máximo el mercado minorista.

Una investigación del Grupo de Tráfico Medio de Estupefacientes de la Comisaría de Policía de Pontevedra ha confirmado cómo, en apenas un año, un grupo de siete colombianos —presuntos miembros del poderoso cartel del Valle— desplazaron a los vendedores locales para hacerse con su clientela de consumidores habituales de cocaína en dosis. Entre finales de 2012 y mediados de 2013, estos traficantes procedentes de Madrid formaban “un grupo estable que se dedicaban al tráfico cocaína y marihuana en la ciudad”, según la policía. La cocaína que distribuían la transportaban periódicamente de las “caletas” (escondites en su argot) donde se almacenan los envíos que llegan a España en maletas o contenedores.

Para el desarrollo de su activo negocio “existía una clara distribución de funciones entre los imputados”, dice el fiscal que les acusa de narcotráfico y pertenencia a un grupo criminal organizado. El cabecilla, César Mauricio Torres González, de 40 años, nacido en Cartago Valle (Colombia) y con residencia en Getafe (Madrid) pero en situación irregular en España, era el encargado de conseguir la cocaína y enviarla desde la capital a Pontevedra. Su principal contacto en la ciudad era Mauricio Ramírez Cano, alias Muñeco Chino, de 37 años, procedente de la misma ciudad colombiana y que tampoco tenía permiso de residencia. El cometido de Cano era distribuir a los vendedores la droga que enviaba el jefe, concretamente a Juan Carlos Cano, alias Juancho o Caifás, nacido en Toro Valle (Colombia) pero con residencia en Monteporreiro, y a León Antonio Torres Izaza, alias Leo, de 63 años, con domicilio en Pontevedra después de obtener la nacionalidad española. El otro vendedor era Dayro Alberto Ayala Cogollo, de 27 años, con permiso de residencia y vivienda céntrica en la ciudad. Los otros dos miembros del grupo, José Fidel Marín Buitrago y su hija Nidia Amparo Marín Soto, procedentes de la ciudad colombiana Tulúa Valle pero residentes en Getafe, eran los encargados del transporte de la coca a Galicia.

A principios de marzo de 2013, la policía había montado un dispositivo para detenerles. Sabían que Mauricio Ramírez le había hecho un pedido de cocaína a su jefe, un pequeño transporte para atender la demanda puntual de un cliente. El día 8, José Fidel y su hija viajaron con 300 gramos de cocaína (valorados en 10.000 euros) para entregarlos al distribuidor en su casa, hecho que desencadena la detención del grupo. En los registros policiales se localizaron numerosas bolsas de plástico con pequeñas cantidades preparadas para su venta y otros útiles para pesar las dosis, además de numerosos teléfonos móviles. De los análisis del laboratorio se comprobó que la cocaína que distribuía el grupo era de escasa calidad, con un grado de pureza medio del 35%. El fiscal antidroga de Pontevedra, Luis Uriarte, pide penas superiores a los cinco años de cárcel para seis de los detenidos y solo a uno le rebaja en un año la condena, además de imponer multas de 168.000 euros. En su escrito de acusación solicita al tribunal que mantenga a los acusados en prisión hasta la celebración del juicio, previsto para el 6 y 7 de mayo en la Audiencia de Pontevedra.

Ana Palacio defenderá al putero Berlusconi ante la justicia de Estrasburgo

“Al impedirles votar a Silvio Berlusconi en las próximas elecciones europeas, se están violando los derechos como electores de los ciudadanos italianos”. Así de tajante se mostraba este martes, en conversación telefónica con este periódico, la exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio, actual consejera electiva del Consejo de Estado y, desde hace unos días, abogada del ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi. “Estoy convencida de que hasta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo no resuelva el recurso presentado por Berlusconi contra su expulsión del Senado en virtud de la llamada ley Severino [que prohíbe la presencia en el Parlamento de políticos condenados a más de dos años de prisión], el líder de Forza Italia tiene todo el derecho a presentarse a las elecciones y ser votado”.

Ana Palacio tenía previsto darse a conocer el miércoles como abogada de Berlusconi al anunciar en Estrasburgo la presentación de una nueva instancia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para que dictara una media que obligara al Estado italiano a permitir la candidatura europea de Berlusconi. “Pero lo que es increíble”, se queja la exministra del Gobierno de José María Aznar, “es que ya la hayan rechazado en menos de 24 horas, sin que siquiera la haya visto un juez y teniendo en cuenta solo la documentación parcial que enviamos por fax. Es increíble, y por eso mañana [por el miércoles] voy a comparecer para explicar el asunto en Estrasburgo”.

Según la ley Severino, aprobada durante el Gobierno de Mario Monticon los votos incluidos del Pueblo de la Libertad (PDL), el partido que entonces lideraba Berlusconi, ningún político condenado en firme a más de dos años puede conservar su escaño, y el ex primer ministro fue condenado a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de fraude fiscal en el llamado caso Mediaset. De hecho, el jueves está previsto que un tribunal de Milán decida finalmente si Berlusconi descuenta su pena –que se redujo de cuatro años a uno en virtud de una amnistía aprobada durante el Gobierno de Romano Prodi— en arresto domiciliario o prestando servicios a la comunidad.

Según Ana Palacio, los primeros contactos para que ella defendiera a Berlusconi partieron de un grupo de parlamentarios europeos de Forza Italia a los que se unieron después “cerca de 4.000 personas más”. Según la exdiputada nacional del Partido Popular (PP), exeuroparlamentaria y exvicepresidenta del Banco Mundial, la representatividad política del líder del centroderecha italiano está fuera de toda duda. “La prueba la tiene usted en que el señor Renzi, cuando quiso pactar la ley electoral, a quien llamó fue a Silvio Berlusconi, otorgándole el poder de representación y liderazgo que sin duda sigue teniendo”.

La ‘madre coraje’ de Argentina consigue una gran victoria judicial

Susana Trimarco, la madre coraje argentina, la heroína que llegó a disfrazarse de prostituta para buscar a su hija en los prostíbulos más oscuros del país, el símbolo de la lucha contra la trata de blancas, la madre de María de los Ángeles, Marita Verón -vista por última vez hace 12 años en la provincia argentina de Tucumán- pudo respirar el martes más tranquila. Su hija continúa desaparecida. Pero un tribunal de Tucumán compuesto por tres jueces dictaminó condenas de entre 10 y 22 años para los 10 acusados de secuestrar a Marita Verón y promover su prostitución.

“Se ha hecho justicia”, declaró Susana Trimarco nada más escuchar la sentencia. “Esperaba mucho más, pero estoy conforme. Yo no quiero decir que con esto que no voy a seguir luchando. Vamos a seguir hasta el día de saber qué hicieron con Marita (…) Hay un antes y un después de este fallo. (…) Después de 12 años de lucha, algo vamos consiguiendo”.

En diciembre de 2002, tras un juicio de diez meses por el que desfilaron más de 100 testigos, la Sala II de la Cámara Penal de Tucumán dictaba por unanimidad la absolución de los 13 imputados que habían entonces. Mientras ellos lloraban y se abrazaban, los testigos insultaban a los jueces y un abogado de Trimarco declaraba: “Esto es un acto de corrupción”.

Trimarco, sin derramar una lágrima declaró aquel día: “Estoy más fuerte que nunca. Soy una persona muy fría porque ellos me hicieron así. Mica [la nieta Micaela, que ahora tiene 15 años, hija de Marita Verón] se crió durmiendo en los ventanales de los tribunales. No voy a parar hasta que estos tipos sean enjuiciados. Estoy muy tranquila por todo lo que hice y todas las chicas a las que rescaté. Esto termina acá pero mañana empieza otra lucha nueva”.

El pasado diciembre, la Corte Suprema de Tucumán revocó parcialmente el fallo, confirmó la absolución para dos imputados y dispuso la extinción del proceso para otro acusado que había muerto. Quedaban 10 por juzgar. Y el martes, los jueces Emilio Páez de la Torre, Dante Ibáñez y Juana Juárez dictaron sentencia. Tras escucharla, Susana Trimarco declaró: “A Marita no la encontré, pero acá se hizo justicia por tantas chicas que esta gente les hizo muchísimo daño y aún hoy viven con miedo”. Trimarco añadió que con esa sentencia acaba una etapa pero se inicia otra: la de la búsqueda de su hija. Para ese fin, Trimarco espera que los condenados “abran su corazón” y le digan dónde está su hija. “No puede ser que una persona se apropie así de otra y la haga desaparecer. Todos los que estaban sentados en el banquillo lo saben”.

Trimarco tuvo palabras de agradecimiento hacia la presidenta, Cristina Fernández, quien en público y en privado le ha expresado varias veces su apoyo. “Cristina me dijo que no nos tenemos que quedar quietos, hay que seguir luchando y hay que darle una respuesta a Mica -su nieta-. Cristina me dijo que va a estar a mi lado como madre, no como presidenta. De madre a madre es una mujer excelente y siento que está conmigo”.

En 2007 el Gobierno de Estados Unidos otorgó a Trimarco el Premio Internacional a las Madres con Coraje. Ese año creó la fundación María de los Ángeles destinada al rescate de prostitutas. Tres años después, en 2010, moría su esposo Daniel Verón. Él había caído en una depresión tras la desaparición de Marita. Y le había advertido a Susana muchas veces que no se metiera con las mafias de los prostíbulos. Pero ella continuó su lucha. Se llegó a rodar una telenovela con sus vivencias.

Hace dos años, durante una entrevista concedida a este periódico,Trimarco hizo mención a los acusados del secuestro de su hija: “Conozco muy bien a estos mafiosos. Para mí, tenerlos ahí [en el banquillo] es ya una gran victoria. Porque me decían que con la misma plata que ganaban con mi hija le iban a pagar a los jueces”.

Finalmente, nueve de los diez acusados serán encarcelados y una mujer cumplirá arresto en su domicilio por 15 días. Las penas mayores, de 22 años, recayeron en los hermanos José, Chenga, Gómez y Gonzalo Gómez, supuestos culpables de la desaparición.

Marita Verón tenía 23 cuando desapareció. Su hija Micaela tenía solo tres años. “Mica tiene el mismo carácter alegre de mi hija”, señaló a este periódico Susana Trimarco. “Porque desde bien chica Marita fue muy alegre, le gustaba andar en patines, pintar, dibujar, cantaba muy lindo. Era también muy solidaria. Tenía muy buena comunicación con los niños. Se relacionaba rápido con otras personas. Dibujaba muy bien, había hecho estudios de Bellas Artes, hacía esculturas, reciclaba los muebles, también hizo cursos de decoración, de repostería... Tenía una tienda de alimentos que le habíamos puesto mi marido y yo”.

Ahora, el objetivo de Trimarco es encontrar a su hija.

Artur Mas: “Buscaremos otro marco legal. El proceso sigue”

"El proceso sigue". Este es el mensaje que se ha apresurado a comunicar el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Pese al 'no' del Congreso de los Diputados la Generalitat continuará adelante con el órdago soberanista. "La votación del Congreso es dolorosa y prevista, no querida por nuestra parte, pero, pese a ello, esto no es un punto y final. Es un punto y a parte. A partir de este no, las instituciones catalanas buscarán la construcción de marcos legales para hacer esta consulta". Mas avanza así el siguiente paso en el proceso soberanista: la aprobación en el Parlament de una ley de consultas catalana con la que los partidos quieren dar amparo legal a la votación soberanista, prevista para el 9 de noviembre. 

Ausente del debate, el líder nacionalista ha hecho una declaración sin preguntas desde la Generalitat a los pocos minutos de culminar el pleno. Mas ha defendido que la propuesta del Parlament se ajustaba a la Constitución, y ha lamentado lo que a su juicio supone un error de PP y PSOE: "Se han equivocado, y el tiempo lo demostrará". Según el presidente catalán, ambos partidos "tienen miedo a que se vote", porque "están en falso en Cataluña". 

El líder nacionalista ha insistido en que los grandes partidos han perdido la oportunidad de que la consulta sea pactada. "No nos han querido dar la mano que habíamos tendido, había voluntad de negociación y no ha sido correspondida. Siguen en el no a todo, es una gran lástima", ha lamentado el presidente catalán, que aunque continuará con el proceso soberanista sigue ofreciendo diálogo. "Pese a este no mayoritario, nuestra mano sigue tendida durante los próximos tiempos. Si hay un cambio de actitud por parte del Gobierno español, la mano de las instituciones catalanas seguirá extendida para llegar a acuerdos". 

Mas no ha querido intervenir en el pleno -ha cedido el testigo a tres diputados del Parlament- con un triple objetivo: el presidente de la Generalitat quería evitar la imagen de derrota personalizada en su figura, como le ocurrió al lehendakari Juan José Ibarretxe al defender su plan soberanista en 2005. Cediendo el testigo al Parlament, el líder catalán evitaba la imagen de estar liderando un proyecto personalista y también daba aire a los partidos que defienden la consulta, que defienden que el liderazgo del proceso soberanista debe ser del Parlament. El líder catalán ha alabado el discurso de los tres representantes del Parlament y ha agradecido los votos favorables de los partidos no catalanes: "Puedo decir que incluso hay más partido en Madrid que han dicho sí que los que han dicho no, pero los del nosuman más diputados.

El Congreso rechaza la consulta soberanista por aplastante mayoría

La Constitución, invocada como una realidad política infranqueable por el 86% del Congreso de los Diputados, ha frenado este martes la proposición de ley del Parlamento de Cataluña para promover una consulta independentista en esa comunidad. El Congreso ha rechazado el plan catalán por 299 votos frente a 47 síes y una abstención.

Siete horas de debate para poner de manifiesto la ausencia de cualquier punto de coincidencia para buscar una salida al conflicto territorial. Las posiciones básicas discurren como líneas paralelas: entre la voluntad de los partidos nacionalistas e independentistas de seguir adelante por otras vías; la inconcreción de la oferta de diálogo de Mariano Rajoy y su negativa a abordar una reforma de la Constitución; y la propuesta federal de Alfredo Pérez Rubalcaba que no tiene el apoyo de los demás y niega la consulta. No hay sorpresa ni asomo de cambio en favor del consenso, aunque ha sido un debate correcto, sin descalificaciones y cargado de argumentos.

Rajoy dice estar dispuesto a dialogar sin concretar sobre qué contenido

Han sido los votos de PP, PSOE, UPyD, UPN y Foro Asturias (que suman 301 escaños en la Cámara), unidos en la defensa de una interpretación de la Constitución que impide el referéndum de autodeterminación, pero con discrepancias sobre la medicina a aplicar. Frente a los de CiU, PNV, ERC, ICV y el resto del Grupo Mixto, que defienden el llamado derecho a decidir y, más concretamente, la cesión a Cataluña de la competencia para convocar la consulta no vinculante de autodeterminación.

Rubalcaba pide una negociación para una reforma constitucional

“No es posible atender lo que nos solicita el Parlament de Cataluña porque no lo permite la Constitución”, ha respondido en un discurso contundente el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Esta tesis básica ha sido compartida también por el portavoz socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la líder de UPyD, Rosa Díez, aunque con diferencias entre los tres al llegar al momento de los caminos propuestos para encontrar una salida. Rajoy solo ha adimitido “diálogo dentro de los límites que nos exige la Constitución”, sin precisión alguna sobre el contenido. Y ha asegurado que “hay una puerta abierta de par en par para aquellos que no estén conformes con el actual estado de cosas: iniciar los trámites para una reforma de la Constitución. Quienquiera que desee modificar la Constitución, quienquiera que pretenda que España se disuelva, se fragmente, cambie de nombre… lo que sea… en vez de solicitar a esta Cámara lo que no está en manos de esta Cámara, ha de emprender el camino de la reforma constitucional. Se lo acaba de recordar también el Tribunal Constitucional”. Pero el PP tiene mayoría de veto para esa reforma. En el pasado lo ha hecho siempre que se ha planteado esa posibilidad, salvo en los dos mínimos retoques introducidos desde 1978 y siempre por exigencia europea. No hay por eso opciones para pensar en la apertura de un proceso de diálogo sobre la reforma de la Constitución, más allá de la retórica de sus palabras sobre puertas abiertas que no llevan a ningún sitio. De hecho, el presidente del Gobierno ha advertido, en un ataque de sinceridad para enfriar las expectativas de diálogo: “Ni con un café, ni con 500 con Artur Mas podría hacer algo que fuera en contra de la Constitución”.

Por su carril, Rubalcaba ha defendido “abrir un proceso de negociación, de acuerdo sobre nuevas normas de convivencia, un proceso dialogado, transparente, acordado, participativo y legal” para negociar una reforma federal de la Constitución, para cambiar la distribución de competencias y modificar el Senado, entre otras.

Y por su propia vereda, Rosa Díez (UPyD) ha asegurado con vehemencia que “no hay nada que dialogar, solo hay que cumplir la ley y las resoluciones de los tribunales. Lo esencial no se discute”. “No podemos solucionar desde la política las obsesiones de los nacionalistas que tienen otro tipo de tratamiento, pero no político”, ha dicho.

Con esas posiciones tan diferentes y tan fosilizadas, aunque coincidieran en el voto, y, sobre todo, con la voluntad de los partidos catalanes de seguir adelante en todo caso, el resultado ha sido un debate que no pone fin al proceso soberanista. Solo se ciega una vía y se deriva ahora hacia otras, como la aprobación de una ley de consultas en el Parlamento de Cataluña o, la más extrema, la de la declaración unilateral de independencia.

“No desistiremos e impulsaremos otras vías”, “es un proceso sin retorno” y “a pesar de lo que hoy sentencien en esta cámara, la mayoría del pueblo se mueve y se seguirá moviendo”, han replicado los representantes de los partidos catalanes para dejar claro que no cejan en el empeño de llegar ala consulta del 9 de noviembre.

“¿Qué esperan para negociar todo?”, ha preguntado reiteradamente el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, para exigir un diálogo que acabe en una consulta popular no vinculante. Clamando en el desierto para salir del empate infinito ha asegurado que “no es un problema jurídico, sino político”. Duran seguirá desde este miércoles con sus gestiones hasta ahora infructuosas para encontrar la coincidencia imposible entre Rajoy y Mas.

La tarde ha tenido la solemnidad de una larga sesión parlamentaria con trascendencia histórica a la que solo le ha faltado la presencia del principal impulsor de la vía soberanista: el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. En su lugar han defendido la propuesta Jordi Turull (CiU), Marta Rovira (ERC) y Joan Herrera (ICV).

CiU, ERC e ICV aseguran que el proceso es ya “irreversible”

“Si se quiere se puede”, ha insistido el primero con el argumento de la falta de voluntad del Estado para facilitar la capacidad de decidir de los catalanes. Rovira ha apelado al sentimiento con una especie de independentismo afectivo desde su arranque, lanzando abrazos a los escaños y con un discurso naif que incluyó expresiones como “queremos un Estado que invierta en trenes cargados de oportunidades y empleos. Un Estado que persiga el interés general” y referencias a la futura ley del aborto para justificar la independencia de Cataluña.

Anuncian que seguirán por otras vías para llegar a la consulta

Herrera ha hablado de la historia, de cómo “la Constitución hoy está secuestrada y no la sentimos como propia”, y de la necesidad de buscar un nuevo pacto de convivencia. Ha culpado a la sentencia del Tribunal Constitucional que “decapitó el Estatuto de Cataluña” del sentimiento de incomodidad con España del 80% de los ciudadanos de esa comunidad.

El presidente del Gobierno ha tomado la palabra para rebatir sus peticiones con el argumento de que la Constitución impide delegar la función de convocar referendos y, además, la soberanía reside en el conjunto de los españoles y no se puede trocear.

“Independientemente del uso que se le quiera dar, se trata de una competencia indelegable. El referéndum es una manifestación de un derecho fundamental, el derecho de participación política. Si este Parlamento tuviera la potestad de transferir la titularidad de todas las competencias exclusivas, estas Cortes tendrían la potestad de liquidar la Constitución y el Estado mismo sin el concurso ni la aprobación del conjunto de los españoles” y “lo que tampoco está permitido es autorizar un referéndum cuyo propósito sea radicalmente contrario a la Constitución. La soberanía española corresponde a todos los españoles”.

Su otro argumento ha sido rechazar lo que ha llamado “relato de opresión” del Estado sobre Cataluña, para acabar con el elogio a esa comunidad —“amo y creo en Cataluña más que ustedes”— y la advertencia de las pésimas consecuencias de la independencia: “Será más pobre, saldrá del euro y la Unión Europea, no podrá estar en la ONU y quedará fuera de los tratados internacionales que garantizan sus derechos”.

Sobre su discurso previsto y repartido al inicio, ha improvisado la diferenciación con el proceso de Escocia, por historia y porque esa región de Gran Bretaña no tiene ni de lejos las competencias de Cataluña.

Rubalcaba ha coincidido con Rajoy en asegurar que ese derecho a decidir invocado no existe en ninguna constitución del mundo y rechazando que se levanten “fronteras para separar”.

Gran parte de intervención se ha centrado en la posición coincidente con el Gobierno de no poder trocear la soberanía popular de la Constitución. “No cabe una pregunta que afecta al conjunto de los españoles”, ha sido su argumento para reforzar su posición contraria a la consulta a la que ha conseguido arrastrar a la dirección del PSC y a todos los diputados socialistas catalanes que han votado este martes con el PP y con el PSOE.

Izquierda Unida, integrada en el grupo de la Izquierda plural, ha votado en favor de la consulta y ha dejado la fijación de su posición en manos de Joan Coscubiela (ICV) que, obviamente, ha defendido el proceso soberanista y el llamado derecho a decidir democrático de los catalanes.

Para completar la tarde de los desencuentros y los carriles que discurren en paralelo, los portavoces de PNV y Amaiur, Aitor Esteban y Xabier Miquel Errekondo, respectivamente, con distinta intensidad han extendido la reivindicación del derecho a decidir al País Vasco. “La euskalpatata”, dijo Esteban para referirse a la “patata caliente” con la que los distintos gobiernos se queman desde hace años con lo que llamó la “posición defensiva del nacionalismo español con la Constitución como trinchera”.

El debate, voto a voto

Hubo 347 votos (tres diputados estaban ausentes): 47 síes (13,5%), 299 noes (86%) y una abstención.

PP (185 diputados, en contra). En su intervención, Mariano Rajoy apeló a que solo la reforma constitucional podría autorizar la consulta y se presentó como un político que ama a Cataluña como algo propio: “Yo creo en Cataluña más que ustedes”.

PSOE (110 diputados, en contra). “Queremos una reforma de la Constitución que suponga un nuevo Estatuto para seguir viviendo juntos”, aseguró Alfredo Pérez Rubalcaba.

CiU (16 diputados, a favor). Josep Antoni Durán: “Queremos negociar, y queremos votar. Esto no es un pleito jurídico, es político. Es gravísimo refugiarse en la Constitución para no resolver un problema político”.

Izquierda Plural (IU, ICV-EUiA, CHA, 11 diputados, a favor). Joan Coscubiela: “Rajoy se ha empeñado en hacer creer que discutimos sobre la independencia. No es verdad”.

UPyD (cinco diputados, en contra). Rosa Díez: “Tanto defender el derecho a decidir y ustedes ya vienen diciendo que hagamos lo que hagamos van a seguir adelante”.

Grupo Vasco (EAJ-PNV, cinco miembros, a favor). Aitor Esteban: “La democracia necesita una legalidad para sustentarse, pero estados autoritarios como el de Franco también se basaban en la legalidad”.

Grupo Mixto (18 miembros) formado por BNG (votó sí), UPN (no), NC-CC (abstención), Foro Asturias (no), ERC (sí), Amaiur (sí), Compromís (sí), Geroa Bai (sí). Alfred Bosch, de ERC: “Queremos votar y votaremos”.