Pese a que la solicitud de imputación tiene fecha del lunes, no fue hasta la mañana del miércoles —una vez jugado el partido de ida de los octavos de la Champions— cuando la fiscalía dio a conocer su acusación contra el F.C. Barcelona, al que señala como autor de un fraude fiscal cometido por no haber declarado todos los contratos del fichaje de Neymar.
Después de que el Barça pretendiera amortiguar el caso con la dimisión de Rosell, la fiscalía formula una dura acusación contra el club barcelonista por la firma de “contratos simulados” y la realización de operaciones de “ingeniería financiera” mediante los que “se pretende cometer el engaño a la Hacienda pública” y por los que el club habría defraudado 9,1 millones de euros en 2011 y 2013, fechas en las que se firmaron los acuerdos con el delantero brasileño. El escrito señala que, además del contrato de trabajo con el futbolista y el contrato de adquisición de los derechos federativos al Santos, “constan hasta nueve contratos diferentes por diversas causas en los que se acuerda el abono de cuantiosas cantidades a sociedades de la órbita del jugador”.
Tras la petición de la Fiscalía, será el juez Pablo Ruz, instructor del caso Neymar, el que decidirá si atiende la solicitud e imputa al club y si llama a declarar a su representante legal o a las personas que firmaron los contratos que originaron el fraude. En los acuerdos aparecen como firmantes el propio Neymar y Sandro Rosell, Javier Faus y Josep Maria Bartomeu, como representantes del Barça. Hasta en siete ocasiones, el actual presidente Bartomeu es uno de los firmantes.
Tras conocerse la petición de imputación, el club emitió un comunicado en el que defiende que la actuación del Barça “ha sido, en todo momento, con respecto a esta operación y de acuerdo con la información de que se dispone, plenamente conforme al ordenamiento jurídico vigente”.
Para pedir la imputación, el fiscal José Perals ha escrutado los 11 contratos presentados por el propio club y sostiene que de su estudio y de lo declarado a Hacienda existe una diferencia ya que no constan abonados “y sin la retención o declaración voluntaria de liquidación del impuesto correspondiente, un total de 37.920.000 euros”. “Únicamente consta que se hayan retenido por el F.C. Barcelona por el Impuesto sobre la Renta de los No Residentes el 24,75% de 8,5 millones de euros que se abonaron al jugador en la nómina de septiembre de 2013”, señala la Fiscalía, para añadir que la cuantía supera, “con mucho”, el límite del delito fiscal, fijado en 120.000 euros.
Desde 2010, la legislación permite acusar no solo a personas físicas sino a jurídicas y, en esa posibilidad, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide la imputación del Barça. El club podría regularizar su situación fiscal en el caso de que se abra un expediente administrativo por parte de la Agencia Tributaria pero tendría que rendir cuentas, igualmente, de su responsabilidad penal, por la que se podrían imponer multas de hasta el cuádruple de lo defraudado.
Como argumento de la imputación, la fiscalía alude a otros casos resueltos por el Tribunal Supremo (entre ellos, uno del Real Madrid) que considera que la adquisición de derechos federativos y el abono de otras cantidades a sociedades ligadas al jugador deben considerarse rendimientos de trabajo. A este respecto apunta que dado que Neymar es “en principio, un no residente, la obligación de tributar corespondería al pagador, al F.C. Barcelona”.
Aunque ya ha concretado los motivos por los que pide la imputación, el fiscal considera que han de seguir las investigaciones y pide que la Agencia Tributaria aporte las declaraciones de liquidación de impuestos del Barça relacionadas con el fichaje investigado y que certifique si el jugador se considera a efectos fiscales como “no residente” en 2013 con obligación de tributar en España o en su caso si debía hacerlo en Brasil. Reclama, además, que el padre del futbolista aporte toda la documentación relativa a la constitución y actividad real de la sociedad N&N, así como las declaraciones tributarias a partir de 2011.
También pide el fiscal que se dé traslado de la acusación a la Abogacía del Estado ya que debe ser esta institución la que reclame el pago del fraude como representante de la Haciendo Pública.
La petición de la imputación del Barça se deriva de la querella presentada por el socio del Barça Jordi Cases contra el ya expresidente del club, Sandro Rosell, por un presunto delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción. Tras esta querella, el club, que había asegurado que el precio del traspaso de Neymar fue de 57,1 millones de euros, acabó admitiendo que la operación total alcanzó los 86,2 millones de euros.
Una vez admitida la querella, el pseudosindicato Manos Limpias decidió personarse en la causa. La fiscalía se ha mostrado favorable a admitir la personación siempre que pague una fianza de 60.000 euros.
