El fiscal pedirá 17 años a Urdangarin y 600.000 euros a la infanta Cristina

El fiscal Anticorrupción Pedro Horrach tiene en su ordenador el largo escrito de acusación final del caso Nóos. En él reclamará que no se acuse a la hija del Rey si entonces aún consta su nombre en el auto final del instructor, José Castro. Tiene previsto pedir hasta 17 años de cárcel para el duque de Palma y hasta 15 para su exsocio Diego Torres, por malversación, falsedad y delitos fiscales. El cuñado de Torres y asesor fiscal, Miguel Tejeiro, que diseñó las sociedades pantallas y el método tributario de los duques de Palma cargará también con una petición de pena de 17 años de cárcel.

Para la Infanta, Horrach reclamará que pague 600.000 euros por responsabilidad civil, como partícipe a titulo lucrativo, por ser socia al 50% de la sociedad familiar Aizoon, en la que su esposo ingresó 1,7 millones de euros ilícitos.

El abanico de delitos que Pedro Horrach contempla en sus diferentes calificaciones para cada uno de sus acusados es amplio: fraude a la Administración, falsedad, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación. En la cota máxima de posibles condenas, según el tipo para cada delito que el Tribunal aplique, alcanza a más de 130 años; y en su valoración más favorable a los reos más de 70 años.

Según el criterio formado por el acusador público, de los 40 imputados actuales en el caso Urdangarin, además de la Infanta más de la mitad deben quedar excluidos exentos de sentarse en el banquillo en el juicio. El fiscal no acusará a 24 de los investigados, entre ellos al secretario de las infantas Carlos García Revenga. También quedará sin acusación fiscal la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro, cuya imputación es un punto clave de la pugna abierta entre exsocios de Nóos y la divulgación de informaciones internas de la trama.

En la categoría de expolíticos, el ex presidente de Baleares Jaume Matas, del PP, recibirá una petición del fiscal que supera los cinco años de cárcel por fraude a la Administración. Matas suma ya dos condenas en dos juicios delcaso Palma Arena con penas menores, una de ellas de hasta nueve meses de cárcel.

Por la llamada rama valenciana del caso Urdangarin, los negocios del Instituto Nóos con la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, el fiscal contempla sentar en el banquillo a los excargos públicos y de las empresas de la Generalitat Elisa Maldonado, Luís Lobón, Jorge Vela, Ángeles Mallent, y el publicita Miguel Zorío que actuó asociado a Urdangarin y Torres en negocios de Nóos. Además, un excargo de Madrid 2016, Mercedes Coghen, que fue la delegada de las administraciones públicas al frente de la candidatura olímpica Madrid 2016 será acusada por supuesta prevaricación.

El fiscal Pedro Horrach considerará en su calificación las circunstancias atenuantes previstas para los colaboradores con la justicia que explican su implicación y confiesan los delitos y el caso. Entre estos arrepentidos clave está José Luis Pepote Ballester, amigo de los duques de Palma, medallista olímpico y ex director general de Deportes con el Gobierno de Jaume Matas, Ballester explicó la relación con Urdangarin-Matas y de él mismo; implicado en diferentes piezas de la causa que recibirá una pena rebajada, de más de dos años, pero que de ser aceptada por el tribunal puede implicar su ingreso carcelario.

Otros dos colaboradores de Anticorrupción, serán acusados por penas reducidas, el asesor jurídico en Turismo del Gobierno Matas Miguel Ángel Bonet y el ex gerente del Instituto de Turismo de Baleares Juan Carlos Alía –imputado en otras causas y que ha estado en la cárcel preventivamente- porque han colaborado con la investigación.

La reforma penal del Gobierno, igual que la normativa actual, permite lucrarse con la prostitución si no es forzada

Proxeneta es la “persona que obtiene beneficios de la prostitución de otra persona”, según el Diccionario de la Real Academia. Son muchos los que, directa o indirectamente, se lucran en España con esa actividad sin que estén cometiendo una ilegalidad. Porque en nuestro país, ser un proxeneta —en el estricto sentido académico— no equivale a ser un delincuente. La explotación por terceros del sexo de pago y de las personas que lo prestan —en el sentido empresarial o comercial, no en el inmoral o delictivo— es una actividad económica lícita siempre que la persona prostituida tenga autonomía en su trabajo. Solo las coacciones, los chantajes, la violencia o los abusos de superioridad que fuercen a ejercer esa actividad, muy frecuentes en el sector, están castigados. ¿Debería prohibirse cualquier tipo de proxenetismo y no solo el coactivo o violento?

Si se lee atentamente la ley, la pregunta parece absurda, porque esa prohibición taxativa es lo que establece el Código Penal si se interpreta literalmente. El último inciso de su artículo 188.1 castiga con penas de entre dos y cuatro años de cárcel y cuantiosas multas —la misma pena que para la prostitución forzada— a quien “se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”. Si uno se atiene al sentido de esas palabras, el negocio de la prostitución estaría prohibido en España. Sin embargo, las principales carreteras de nuestro país y los polígonos industriales de las afueras de las ciudades están plagados de locales y clubes de alterne. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se incumple esa prohibición?

Ese incumplimiento es especialmente llamativo si se analiza la tramitación parlamentaria que condujo a ese veto a los proxenetas. La prohibición la introdujo en 2003 el grupo parlamentario de CiU mediante una enmienda al proyecto de ley de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros que finalmente fue aceptada e incluida en la norma. “La penalización del proxenetismo es acorde con los convenios internacionales suscritos por España, en especial el artículo 1 del Convenio Internacional para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, que entiende que toda explotación por terceros de la prostitución ajena merece el reproche y la sanción penal, además de constituir un instrumento importante para erradicar el tráfico ilegal de personas”, explicaba CiU en la justificación de la enmienda.

Cambios en la legislación

• Artículo 188.1 del Código Penal vigente. El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma.
• La reforma penal que propone el Gobierno del PP (artículo 187.1 del proyecto de Codigo Penal). En la misma pena [de dos a cuatro años de prisión y multa de 12 a 24 meses] incurrirá el que se lucre de la prostitución ejercida por una persona aun con el consentimiento de la misma cuando:
  a) se encuentre en una situación de dependencia personal y económica que no le deje otra alternativa, real o aceptable, que el ejercicio de la prositutución, o, b) se impongan para su ejercicio condiciones gravosas, o desproporcionadas o abusivas.

“Nuestro objetivo era claro: prohibir el proxenetismo, es decir, la explotación de la prostitución por cuenta ajena; otra cosa es lo que hayan interpretado los tribunales”, explica Manuel Silva, actual consejero de Estado y portavoz en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de Convergència i Unió (CiU) durante la tramitación de esa ley, el encargado de defender esa enmienda junto a Mercè Pigem, también exdiputada de ese grupo. “Pretendíamos que la prostitución se pudiera ejercer únicamente por cuenta propia para garantizar que la mujer prostituida ejercitaba esa actividad únicamente de forma voluntaria”.

¿Qué ha ocurrido entonces? ¿Por qué en realidad no está prohibida esa actividad? Como adelantaba el exdiputado Silva, el artículo ha sido interpretado por los jueces, y estos han acotado de manera muy drástica el alcance que el Congreso quiso dar a ese veto. “El Supremo estableció rápidamente que penalizar la ‘explotación’ no significaba que quedara prohibido cualquier negocio que se lucrase directa o indirectamente de la prostitución”, recuerda Manuel Cancio, profesor de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. “La doctrina de ese tribunal afirmó que esa explotación no existe si la persona que ejerce la prostitución tiene cierta autonomía para dejar de ejercerla, para seleccionar a sus clientes, las prácticas que ofrece... El término ‘explotación’ que recoge la ley quedaría referido solo a aquellos casos en los que se produzca un abuso de la persona prostituida, aunque esta haya consentido ejercer ese trabajo”, añade el penalista.

En concreto, según el Tribunal Supremo, para que el que se lucre de la prostitución consentida cometa un delito deben darse determinadas condiciones. En primer lugar, la víctima debe haber sido obligada a ejercer ese oficio con violencia, intimidación, engaño, abuso de superioridad o debido a su situación de necesidad o vulnerabilidad, y el proxeneta, para que exista delito, debe ser consciente de ello. En segundo lugar, la ganancia que se lleve este debe constituir un beneficio económico “directo”, es decir, “íntimamente ligado” a la prostitución ajena. Y la percepción de esa ganancia por el proxeneta debe ser reiterada. “No basta con un mero gesto de liberalidad”, mantiene la Sala de lo Penal del alto tribunal. En resumen: si el ejercicio de la prostitución es más o menos libre y autónomo, no hay delito.

“El problema es que el Código establece la misma pena [de dos a cuatro años de cárcel] para el proxenetismo que para otro delito mucho más violento, la prostitución forzada, que se recoge en ese mismo precepto”, continúa Cancio. “Eso ha obligado a los magistrados a interpretar que el proxenetismo prohibido ha de ser especialmente grave”, añade el catedrático. Así pues, la fórmula más común de proxenetismo en España, los clubes de alterne —que proporcionan a las prostitutas las habitaciones donde prestar sus servicios—, quedaría fuera de la prohibición, según las sentencias del alto tribunal.

En 2003 el Congreso aprobó hacer 

ilegal el negocio

La polémica sobre el tema volvió a saltar el pasado diciembre. El PSOE denunció que la reforma penal impulsada por el Gobierno del PP, que acaba de empezar su tramitación en el Congreso, elimina esa prohibición de ganar dinero a costa de los que ejercen el sexo de pago. Así, según los socialistas, el Gobierno del PP trataría de despenalizar el negocio de la prostitución a gran escala, como el que supuestamente estaba previsto en Eurovegas, la ciudad del juego que el magnate estadounidense Sheldon Adelson pretendía edificar en Madrid. Esa modificación legal, de conservarse la letra de la propuesta del PP, daría carta de naturaleza a macroburdeles como el club Paradise de La Jonquera (Girona), mantienen. El PP lo niega y sostiene que solo trata de acotar “actuaciones de proxenetismo que actualmente quedan impunes”, según su portavoz parlamentario, Alfonso Alonso.

Lo que escandaliza al PSOE es que el proyecto de ley del Gobierno elimine el término “explotar”. Y que castigue al que haga dinero de la prostitución de otra persona solo en dos escenarios concretos: cuando la víctima se encuentre en una situación “de dependencia personal y económica” que no le permita dedicarse a otra cosa, o en los casos en los que se le impongan a la persona prostituida “condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas”. Los socialistas mantienen que interpretando la propuesta del Gobierno al contrario, cualquier otro tipo de explotación o lucro obtenido de la prostitución quedaría permitido. “Esa dependencia personal y económica que exige la reforma es un concepto de una gran indeterminación jurídica”, ya que los jueces, a la hora de interpretarlo, “en muchos casos no considerarán la conducta punible”, asegura la diputada socialista Ángeles Álvarez. Respecto de la segunda condición, la de las condiciones abusivas, afirma: “¿Qué se quiere decir con ello? ¿A partir de qué número de relaciones sexuales o con qué prácticas se considera que existen condiciones gravosas o desproporcionadas?”. Para el PSOE, la reforma “despenaliza el proxenetismo con carácter general”.

La interpretación de los jueces ha reducido el alcance de la prohibición

Pero el proxenetismo —no con carácter general, pero casi— está despenalizado desde hace mucho tiempo. Y fueron precisamente los socialistas —el último Gobierno de Felipe González— los que levantaron la prohibición siempre que fuera consentido por la persona prostituida. “El Código anterior, el de 1973, lo prohibía, aunque en realidad siempre estuvo tolerado”, recuerda el penalista Cancio. “El de 1995 acabó con ese veto y circunscribió el castigo a los casos en los que el proxeneta obligara a la víctima a ejercer la prostitución, es decir, a la prostitución forzada”, continúa. “

La reforma que ahora plantea el Ejecutivo del PP no cambia nada. Lo único que hace esa modificación es introducir en el Código Penal los criterios de interpretación que ya había establecido el Supremo con sus sentencias”, subraya el catedrático.

En caso de que la reforma tuviera por objeto legalizar los locales de prostitución a gran escala, como asegura el PSOE, los más contentos con ello deberían ser los empresarios del sector. Sin embargo, la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne (ANELA), que hasta el momento de la elaboración de este reportaje desconocía el cambio legal, considera que el proyecto mantiene la situación actual. “Lo que habría que hacer es eliminar la parte del artículo que castiga al que se lucre ‘explotando’ la prostitución de otra persona, aunque esta lo consienta. ¿Quiénes son los que se lucran de la prostitución? Está claro que nosotros, los dueños de los clubes de alterne, nos beneficiamos, pero también, por ejemplo, los guardias de seguridad que los vigilan, o los periódicos que publican anuncios de prostitutas. ¿Dónde ponemos el límite?”, afirma José Roca, portavoz de la organización. “Estamos contra la prostitución forzada y debe mantenerse castigada, pero no la consentida. Lo que hay que hacer con esta última no es prohibirla, sino regularla”, prosigue Roca. “Que se obligue a ejercerla en locales. Solo así se evitan problemas como la trata o la explotación, que son típicas de la prostitución callejera”.

El PSOE pide que se castigue 

a quien se lucre aunque sea 

con consentimiento

Sin embargo, las estadísticas oficiales del Gobierno y las sentencias judiciales confirman que, en gran parte, la prostitución forzada que prohíbe el Código Penal y otros delitos relacionados con esta, como la trata, están ligados a estos locales donde, en muchos casos, las prostitutas no trabajan de una manera tan autónoma. Por eso, estos lugares son los primeros a los que acuden las fuerzas de seguridad en sus inspecciones preventivas contra la compraventa de seres humanos. El 73% de las personas en situación de riesgo de sufrir trata (no necesariamente víctimas de ese delito) fueron detectadas en clubes de alterne, según el último informe de seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la Trata con fines de Explotación Sexual, el relativo a 2012. En las 2.201 redadas que se ejecutaron ese año —no solo en locales de alterne, también en polígonos industriales o zonas de prostitución callejera—, los agentes identificaron a 976 víctimas. En su mayoría eran mujeres de entre 18 y 22 años y extranjeras sin papeles procedentes mayoritariamente de Rumanía, Paraguay y Brasil.

Ante esta situación de indefinición legal se vuelve al debate de siempre sobre este tema: ¿regulación o abolición de la prostitución y el proxenetismo? Entre los partidarios de regular

se encuentra el Grupo de Estudios de Política Criminal, un colectivo de unos 200 penalistas progresistas —entre los que están la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Adela Asua, o los magistrados de la Audiencia Nacional Ramón Sáez y José Ricardo de Prada—. Ese colectivo elaboró en 2007 una propuesta en la que se apostaba por regularizar la prostitución como un trabajo por cuenta ajena —especificando las jornadas, descansos, vacaciones, retribuciones...— o como trabajo autónomo con acceso a la Seguridad Social. Esa regulación laboral debería adaptarse “a las especiales características de la prestación de servicios sexuales”, según la propuesta. Así, debería reconocer la máxima autonomía en el ejercicio de su actividad al trabajador. “El empresario no podría decidir si se presta un servicio o no, o el tipo de servicio”, mantienen los penalistas progresistas.

Varios penalistas progresistas

piden que se regule 

como cualquier actividad

Para ello, proponen eliminar del Código Penal la prohibición de “lucrarse con la explotación de la prostitución” aunque sea consentida dejando únicamente como conducta sancionada la prostitución forzada. Al pasar las personas prostituidas a considerarse, a todos los efectos, trabajadores, la imposición de condiciones laborales abusivas o la obtención de un lucro excesivo por el proxeneta-empresario pasarían a castigarse, como en el caso de cualquier otro empleado, como los delitos contra la protección de los derechos de los trabajadores que ya contiene ese texto legal.

En el otro lado se encuentra el PSOE, con una postura más cercana al abolicionismo y que considera el proxenetismo una variedad más de violencia de género. Sus diputados aún no han planteado su propuesta sobre la reforma legal que el Gobierno ha llevado a las Cortes, pero, de entrada, consideran que la prohibición de lucrarse con la prostitución ajena debe seguir en el Código Penal. Esa conducta, según los documentos internos que maneja el partido, debe prohibirse, porque “conlleva siempre un grado mayor o menor de explotación sexual hacia la persona que ejerce la prostitución”. En palabras de la diputada Ángeles Álvarez: “Hay que dar herramientas a los jueces para que puedan luchar contra esta explotación”. Solo así se logrará imponer límites más estrictos para evitar la trata y otros delitos asociados a este fenómeno.

“Las autodefensas de Michoacán no son un grupo de delincuentes”

En el ambiente podrido que reina ahora en Michoacán, donde nadie confía en nadie, y donde todos se acusan de todo, el comisionado gubernamental Alfredo Castillo Cervantes (México, 1975) enarbola un discurso de confianza. Abogado de profesión, policía de oficio y deportista apasionado, el enviado del presidente Enrique Peña Nietomete las manos al fuego por sus 200 hombres, pero también defiende la legitimidad de las autodefensas, vistos por parte de la prensa de este país como paramilitares o criminales disfrazados de justicieros que desfondarán al Estado mexicano si este insiste en negociar con ellos. Para Castillo, en cambio, la paz en esta región pasa por lograr que las autodefensas confíen en él y en su equipo.

Vestido con camisa de lino de manga corta y zapatos cómodos, Castillo soporta de buen ánimo el calor del mediodía en la Tierra Caliente, región que no conoce el invierno y cuna del levantamiento de las autodefensas, ciudadanos que hace un año decidieron tomarse la justicia por su mano contra narcotraficantes y extorsionadores.

Son las tres de la tarde del pasado jueves y Castillo va saliendo de una larga reunión con líderes de las autodefensas. Saluda, como es habitual en él, con un “qué pasó, mi rey”. “Mi rey”, o “papá”, es como llama a casi todos este aficionado al tenis y racquet. Incluso llama así a las autodefensas, dice uno de sus colaboradores.

“Lo más importante que ellos [las autodefensas] tienen no es un arma, su mejor arma es la información”

El cónclave se realiza en los cuarteles de la 43ª Zona Militar. El dato no es menor. En la instalación castrense están líderes de un movimiento que usa armas reservadas a las fuerzas de seguridad oficiales. Tan solo la posesión de ese armamento constituye un delito grave que se paga con cárcel. A pesar de ello, las autodefensas están en la misma mesa con policías federales, el fiscal del Estado, otros encargados de la seguridad y, por supuesto, con el comandante militar de la región, el general Miguel Ángel Patiño. Pero, por el momento, el Gobierno no pretende desarmar a las autodefensas.

Nombrado el 15 de enero por Peña Nieto como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, que en la práctica quiere decir que manda más que el gobernador michoacano Fausto Vallejo, Castillo explica en entrevista que cree que en 15 días contará con la plena confianza de las autodefensas. Con eso en la bolsa, los siguientes pasos de la estrategia para la paz son desactivar en la población “el chip de la extorsión”, asfixiar las finanzas de los criminales y hacer que los programas gubernamentales, que han funcionado mal durante demasiados años y de cuyos fondos se han beneficiado los criminales, ahora sí operen con eficacia. Más aún cuando el Gobierno federal ha anunciado esta semana un presupuesto extra de 3.400 millones de dólares (2.495 millones de euros) para ese Estado del oeste de México.

Y todo lo anterior lo tiene que hacer Castillo, al tiempo que se le cuestiona, porque las autodefensas continúan su avance regional. Tan solo la víspera de la entrevista con EL PAÍS, los alzados habían tomado el municipio de Gabriel Zamora, y dos días después de la charla llegarían, desarmados, a Apatzingán, la principal población de la zona de Tierra Caliente, y bastión de los Templarios, cartel criminal contra el que las autodefensas se levantaron el 24 de febrero del año pasado.

Alfredo Castillo atiende a medios de comunicación tras el anuncio del nuevo hospital de Apatzingán. / R. V.

El primer punto de la estrategia anunciada por el presidente Peña Nieto para Michoacán implica el control territorial. Miembros del Ejército y de la Marina, así como policías federales, ya ocupan 27 de los municipios del Estado. Ahora, Castillo quiere que la población le ayude a “judicializar” ese control territorial y abrir procesos para capturar a los criminales.

“Lo más importante que ellos [las autodefensas] tienen no es un arma, su mejor arma es la información. El esfuerzo que estamos realizando es para que nos platiquen, para que nos den información. Es información a cambio de seguridad para ellos”, dice.

Castillo explica que las autodefensas tendrán que convertirse en guardias rurales, una figura jurídica del siglo XIX desempolvada por este Gobierno, y que podrían participar en el control de entradas y salidas de puntos estratégicos de las poblaciones desde donde los Templarios gobernaban su reino de terror. Así, con la colaboración de esos guardias, las fuerzas federales podrán detectar a los presuntos delincuentes.

Las autodefensas van a recibir capacitación y adiestramiento, pero antes deben empadronarse y declarar sus armas. “Ellos son los primeros que quieren el registro y el control para que no se les meta gente. Ellos lo están pidiendo, quieren diferenciarse, y quieren que sea la autoridad la que diga quién sí y quién no puede estar en las guardias comunitarias para no tener que confrontarse”.

Se le cuestiona que al negociar con las autodefensas se ha entregado a quienes pudieran ser enemigos del Estado. De hecho, un día después de la entrevista se revelará que un personaje acusado de narcotraficante estuvo en una reunión de Castillo y autodefensas el miércoles pasado.

“La gente de Tierra Caliente no está maleada. No dijo: ‘que no venga el Gobierno’. De hecho dijo: ‘¡que venga el Gobierno!’. Y el Gobierno durante mucho tiempo no acudió al llamado”.

— ¿Tiene confianza en que representan intereses legítimos?

— Los líderes, totalmente. Mira, en las reuniones nos piden rellenos sanitarios, computadoras, procesadoras de limón, una escuela secundaria, cuatro doctores… No creo que sean demandas de una organización que representa peligro. Si fueran un grupo delincuencial no firmarían un acuerdo, no lo habrían hecho tan rápido [ocurrió el 27 de enero], tendrían demandas inviables y no estarían sentándose a discutir temas de desarrollo integral, de agenda social. En cuanto a las armas, hay que distinguir zonas urbanas de zonas rurales, en estas la gente desde hace mucho ha estado armada, para proteger sus fincas, para proteger su ganado, para protegerse de animales. No es que anden con esas armas en centros comerciales, como algunos creen. Para ellos es cosa de su cotidianidad.

— Pero en el campo mexicano se veían escopetas y pistolas, no armas de asalto y menos tantas.

— Habrá que hacer el registro y el intercambio, en su momento. Ahora lo que importa es hacer el registro para controlar, para saber, si se llega a cometer un crimen, qué arma fue.

— ¿Las autodefensas van a entregar las armas que no sean de calibres reglamentarios?

— Sí, llegaremos a ese punto al final.

— ¿No está durmiendo con el enemigo?

— Por supuesto que no. Los últimos 10 años he estado relacionado con el trato con delincuentes, aprendes a distinguir quién es un delincuente y quién actuó en una circunstancia.

Sobre los Templarios, el comisionado cree que es necesario asfixiarlos económicamente. Eso se debe lograr para empezar con una ley de extinción de dominio, que hace a los delincuentes perder las propiedades en las que operan. Además habrá que “revisar todas las concesiones de las minas” en Michoacán para cerciorarse de que no están en manos de Templarios; y controlar las exportaciones desde el puerto de Lázaro Cárdenas. “Y lograr que los presidentes municipales y las empresas no paguen” extorsiones. “Que si alguien recibe un intento de extorsión puedan decir ‘no pago’, porque saben que dada nuestra presencia los criminales tendrían muy difícil” las represalias.

Castillo llegó a esta misión acompañado de 200 colaboradores. Uno de ellos es el nuevo fiscal del Estado, otro el nuevo encargado de la policía, otros más los fiscales regionales. Peña Nieto ha ordenado además que cada ministerio ponga a disposición del comisionado un funcionario de alto nivel para las labores de reconstrucción institucional y de desarrollo. “No creo que se vea esto en muchos lados del país, es una oportunidad única”, dice Castillo sobre esa colaboración. “No puedes solucionar un problema a través de la violencia. Y lo más importante es no tener violencia, y no hemos tenido. Eso tiene un valor inmenso”.

Decenas de mociones contra la ley del aborto salen con apoyo del PP

Cada vez es más patente que el anteproyecto de ley del aborto es foco de incomodidad y división en el Partido Popular. Desde los escalones más elevados —con voces críticas de barones como el de Extremadura, José Antonio Monago, o el gallego Alberto Núñez Feijóo— a los más cercanos a la ciudadanía. El apoyo o la abstención de concejales del PP está permitiendo aprobar en decenas de Ayuntamientos españoles mociones de rechazo a la nueva ley. Calatayud (Zaragoza), Lepe (Huelva), San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) o Xàbia (Valencia) han pedido ya, a iniciativa de los partidos de la oposición, la retirada de la nueva norma que, si sale adelante tras los trámites parlamentarios,permitirá abortar solo en casos de violación o riesgo grave para la salud física o psicológica de la mujer.

Las mociones municipales en un asunto como este, que se discute en el Parlamento y donde los Ayuntamientos tienen poca mano, son más simbólicas que otra cosa. Sin embargo, suponen un buen termómetro para definir cuán escoradas están las posturas en el espinoso debate de la interrupción del embarazo. En aquellos municipios donde se ha decidido dar libertad de voto, muchos populares han apoyado las mociones contra la reforma; o han preferido no situarse en contra y que salgan adelante. Es el caso de Calatayud (21.000 habitantes), gobernado por el PP, que a iniciativa del PSOE ha pedido la retirada del anteproyecto con el respaldo de tres concejalas populares y la abstención de los otros seis ediles. Su alcalde, José Manuel Aranda, que se abstuvo, prefiere no abundar en el tema. A través de una portavoz, este médico de 53 años se remite a lo que dijo en el pleno, donde apuntó que aunque no está de acuerdo con la ley actual, de 2010, el anteproyecto es “manifiestamente mejorable” y debería ir a las cortes “mucho más consensuado”.

Las mociones son un buen termómetro para medir la división que genera la nueva ley en el PP

La estrategia de la oposición —sobre todo del PSOE— de trasladar el debate de la ley del aborto a los estamentos provinciales y municipales para dejar claro su frontal rechazo, y tratar de visibilizar la división que genera, está dando frutos. También el pleno del Consistorio de Lepe (PP) aprobó el día 31 una moción de IULV-CA contra la reforma y en defensa del derecho a decidir de la mujer. En este municipio de 27.400 habitantes, la declaración tuvo el respaldo de dos ediles populares. Tres la rechazaron y siete, incluido el alcalde, se abstuvieron en la votación, en la que había libertad de voto, según anunció el portavoz del equipo de Gobierno, Jesús Toronjo. El resultado, que supone una nueva crítica al anteproyecto de ley impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha levantado una buena polvareda. La semana pasada, el presidente del PP de Huelva y exalcalde del municipio, Manuel Andrés González, insistió en que el aborto es un asunto “moral e ideológico” en el que se respeta “la opinión de todos los militantes”. González argumentó que lo ocurrido en Lepe es “un síntoma de esa libertad absoluta que existe entre todos los militantes”.

Desde la dirección del PP minimizan este foco de división interna al recordar que es habitual que los Ayuntamientos debatan temas que, en principio, no son de su competencia y sostienen que la “inmensa mayoría” de las mociones que se votan en los Consistorios populares apoyan la reforma. No obstante, varios dirigentes admiten abiertamente que es bueno que se abra ahora una etapa de trámite y reflexión en todas las instituciones, dirigida a buscar “mayor consenso”. También reconocen que será complicado porque hay puntos, como la polémica supresión del supuesto de aborto por malformación fetal, que tienen difícil solución.

Una segmentación que aumenta. En la Comunidad Valenciana son ya una decena los municipios que han sacado adelante mociones de este tipo. Muchas respaldadas por el PP. Xàbia (33.000 habitantes) pidió la semana pasada la retirada del anteproyecto, como proponía el PSPV —que gobierna—, con el voto a favor de los tres ediles populares. El portavoz del PP de la localidad, José Luis Genovés (independiente), explica por teléfono que él es más partidario de no tocar la norma actual. “Estoy en contra de cualquier ley que sea más restrictiva que la que ya tenemos. No entiendo a qué viene tocarla y crear una alarma social al respecto”, dice. Genovés, que recalca que no es “político profesional”, cree que en un asunto “tan personal” como este no hay que tomar una posición de partido sino “la que cada uno opine en conciencia”. “No me gustaría que se pusieran barreras a cualquiera de nuestras hijas si tuviera que abortar”, dice.

En Teulada, Estivella, Cullera, Oliva o Paterna se repitió la misma dinámica. En este último municipio valenciano (65.000 habitantes) se aprobó un texto que pide la retirada de la nueva ley. Su aprobación, dice, sería una “regresión”. Seis ediles del PP apoyaron la declaración; otros siete, incluido el alcalde, se abstuvieron.

La estrategia de la oposición, sobre todo del PSOE, es llevar disposiciones de rechazo a municipios y diputaciones

El viernes, La Oliva (Fuerteventura) y San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) también aprobaron mociones de rechazo. En el último municipio (56.700 habitantes), por unanimidad. Con el apoyo en pleno de una decena de concejales populares. Todos —también el alcalde, Marco Aurelio Pérez— rehusaron hacer declaraciones sobre su postura. Algo que se repite en la mayoría de los municipios. “Yo tengo mi postura y respeto la de los demás, pero esto es muy personal y al margen de la votación prefiero no significarme”, apunta una edil valenciana que apoyó una moción de rechazo. La concejala reconoce también que en los pueblos pequeños o medianos es más fácil “votar en conciencia” porque se tiene “menos visibilidad”.

En municipios de Galicia, Asturias o Baleares también se ha rechazado, con apoyo del PP, la nueva ley: San Sadurniño, O Grove, Es Mercadal, Consell... En Cangas de Onís (Asturias), Culleredo (A Coruña) o Barro (Pontevedra), los populares han permitido con su abstención la aprobación de estas declaraciones simbólicas. En este último municipio gallego, de 3.700 habitantes, el PP se abstuvo en la votación de un texto del BNG, que pide que se mantenga la norma actual, con la que la mujer puede abortar sin tener que justificar su decisión hasta la semana 14ª de gestación y que permite después esta intervención si existe riesgo para su salud (hasta la 22ª) o malformaciones fetales muy graves (sin plazo). Su regidor, el popular José Landín Eirín, sostuvo que la actual ley funciona “perfectamente”.

No en todos los Ayuntamientos ha habido comportamientos similares. Los populares han rechazado mociones que censuraban la nueva ley en Consistorios como el de Sevilla, Teruel, Hospitalet, A Coruña o Barcelona —donde pese a su voto negativo la disposición salió gracias al apoyo de CiU—. En otros municipios, como en Molina del Segura (68.500 habitantes), el grupo popular del Ayuntamiento optó por sacar adelante su propia moción en la que pide al Gobierno “que intente conseguir el mayor consenso posible en la tramitación de la reforma”. Una tramitación, dice, “que debería cesar en caso de que ese consenso no llegue a alcanzarse”.

Informes negativos

Mañana se votará en el Congreso una proposición del PSOE que pide la retirada del anteproyecto de ley del aborto. Los diputados votarán en urna, lo que permite que el voto sea secreto. El texto, además, debe pasar, antes de iniciar su tramitación en el Parlamento, por los informes de los organismos preceptivos. Para tratar de esquivar las críticas a la falta de consenso, el Ministerio de Justicia los ha enviado también a una decena de entidades como la Organización Médica Colegial, la Agencia de Protección de Datos y colectivos especializados.

Algunas entidades ya han adelantado su postura. Save the Children ha rechazado elaborar el informe. El aborto, dicen, es “un tema de conciencia y una decisión individual de la mujer”. La Asociación de Mujeres Juristas Themis ha manifestado que no hará observaciones, sino que insistirá en su oposición frontal a todo el texto. Esta organización critica, además, que Justicia no le haya enviado la memoria de impacto —en la que dice que la ley será buena para la economía porque puede aumentar la natalidad—, que el ministerio solo ha mostrado a algunos de los organismos a los que pidió informe.

El Congreso decidirá con voto secreto si pide retirar la reforma del aborto

El Pleno del Congreso se pronunciará el martes, con voto secreto, sobre la proposición del Grupo Socialista que pide la retirada del anteproyecto presentado por el Gobierno para la reforma de la legislación sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

El debate y votación de esta iniciativa forma parte de la "ofensiva" parlamentaria que los socialistas han planteado para esta semana contra la modificación de la ley del aborto, con tres preguntas al Gobierno en el Pleno del Senado ese mismo día y otra en el Pleno del Congreso el miércoles.

Los diputados votarán la proposición no de ley citada en urna con papeleta, una vez que los socialistas formalizaran una petición en ese sentido dirigida al presidente del Congreso, Jesús Posada, el 6 de febrero pasado.

Según el artículo 85.1 del reglamento de la Cámara Baja, "la votación será pública por llamamiento o secreta cuando así lo exija este reglamento o lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados o de los miembros de la comisión", siempre que no se trate de un procedimiento legislativo.

Los socialistas pretenden así facilitar que los diputados del PP que se han manifestado disconformes con la reforma puedan expresarse "en libertad".

También el martes, Izquierda Plural pedirá la retirada del anteproyecto con una moción en el Pleno del Congreso, y Entesa preguntará al Ejecutivo por este asunto en el Pleno del Senado.

Recabar apoyos

La portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, recordó esta semana su intención de pedir la votación secreta para esta proposición no de ley de cara a recabar el apoyo de los críticos del PP con la nueva regulación.

"Pediremos un voto secreto para que con toda libertad todos aquellos que han manifestado que no están de acuerdo, algunos de ellos del PP.Incluso en el PP hay mucha gente que lo desea y lo celebrarían muchos militantes si el próximo martes saliera una votación a favor para que se suprima el anteproyecto", señaló la portavoz socialista.

Durante su argumentación, Soraya Rodríguez remarcó que su proposición no de ley tenía por objetivo que el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada "no llegase a ser proyecto de ley".

El tren de la libertad

Por otro lado, el orden del día del pleno de la semana que viene también contempla la moción de la Izquierda Plural que pide igualmente la supresión de la reforma del Aborto. Se trata de la moción, consecuencia de la interpelación que mantuvo la responsable de Igualdad de la IU-ICV-CHA en el Congreso, Ascensión de las Heras, con el titular de Justicia.

Eso sí, dado que es el último punto del orden del día del martes es probable que la iniciativa sea debatida el miércoles, al término de las interpelaciones, y ya votada el jueves en el Pleno, momento en el que habrá votaciones.

Igualmente, el aborto protagonizará uno de los principales temas de la sesión de control del próximo miércoles, con la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, Carmen Montón, quien ha pedido preguntar al ministro de Justicia su valoración acerca de la manifestación que tuvo lugar el pasado fin de semana en Madrid y que concentró a miles de personas venidas de toda España en contra de la nueva regulación del Aborto, con el lema 'El tren de la libertad'.

522 años después, los sefardíes podrán tener nacionalidad española

"El sueño español" o "522 años después" son algunos de los titulares que copan las portadas de los principales diarios israelíes volcados con el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de conceder la ciudadanía española a los descendientes de los judíos expulsados por los Reyes Católicos en 1492.

"Aquellos ciudadanos extranjeros sefardíes que prueben dicha condición y su especial vinculación con nuestro país, aún cuando no tengan residencia legal en España, cualquiera que sea su ideología, religión o creencias", según el anteproyecto anunciado el viernes, que modifica el artículo 23 del Código Civil.

Antes, deberá ser aprobado en el Congreso. "Si han esperado 522 años, pueden esperar unos meses más", ironiza el veterano periodista israelí Yaron London en el Canal 10 antes de lamentar no tener raíces españolas en un país unido con dolor, emoción y nostalgia a la Sefarad que persiguió y expulsó a los judíos y al mismo tiempo conectado a la España actual con tapas, turismo, películas y muchos goles.

Tras la expulsión de 1492, los judíos tuvieron que dispersarse en Europa, Asia y posteriormente América "con el imborrable recuerdo de aquella madre que los había expulsado de su seno".

Los Medina, Toledano, Moreno...

Los sefardíes buscan hoy con curiosidad y expectación en la lista de apellidos publicada por las autoridades españolas. En Israel, también. Amsalem, Medina, Abutbul, Danon, Toledano, Najmias, Saban o Moreno podrán recibir el pasaporte español si demuestran sus raíces sefardíes y -un dato crucial- sin tener que renunciar a su nacionalidad actual.

No es sólo un gesto meramente simbólico e importante con el fin de reparar "uno de los errores históricos más importantes" en palabras de Gallardón. Según diversos cálculos, el número de judíos "españoles potenciales" en todo el mundo llegaría a los 3,5 millones de personas.

Uno de los discos de Yasmin Levy

"No sé si al final tendremos el pasaporte español pero se trata de un gesto importante para los que hemos conservado y promovido la cultura de Sefarad y hemos traspasado el ladino de generación en generación", dice la cantante Yasmin Levy, conocida por su talentosa voz y sus canciones en ladino.

Sus huellas sefardíes son sólidas. No sólo por sus actuaciones en judeoespañol en todo el mundo sino por ser la hija de Isaac Levy, prestigioso investigador de la música en ladino. Si algún funcionario español o de la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) la pone a prueba, sólo debe enseñar el libro de su padre "Canciones judeoespañolas". O simplemente cantar "Una Pastora".

La crueldad de la Inquisición

Levy reconoce un doble sentimiento. "Por un lado, crecí siempre con el amor increíble hacia España y sus gentes. Por otro, cuando empecé a cantar en ladino, tenía que explicar en las actuaciones de dónde venía esta lengua y para ello leí muchos libros sobre la época. Fue cuando descubrí la crueldad de la Inquisición y lo que sufrieron los judíos", explica la cantante que aclara: "No guardo ningún rencor y para mí, España sigue siendo un país maravilloso y acogedor".

El 22 de noviembre de 2012, Gallardón ya había anunciado que la condición de sefardí garantizaría el derecho a la ciudadanía española. Recogimos meses después cierto malestar por la lentitud en el proceso.

"El procedimiento sobre la concesión de la nacionalidad española a extranjeros sefardíes por carta de naturaleza se encuentra aúnpendiente de desarrollo normativo", respondieron entonces desde el Ministerio de Justicia.

Hace menos de un año, casi 3.000 solicitudes de nacionalidad de sefardíes estaban pendientes de tramitación.

'Un paso histórico'

El abogado israelí-argentino-sefardí León Amiras confiesa haber recibido en un sólo día más de 80 llamadas de sefardíes. "Pese al trágico pasado y la expulsión de judíos, hay mucho cariño en Israel a España. Esperemos que no sea sólo un gesto de relaciones públicas sino un paso histórico", comenta a ELMUNDO.es.

La noticia ha provocado un río de comentarios en las redes sociales en Israel donde algunos dicen que, con la inclusión de tantos judíos de todo el mundo, "España tendrá más Premios Nobel en Ciencias".

La cuestión ha entrado de lleno en el cruce de chistes entre los judíos del Centro y Este de Europa (ashkenazíes) y los del norte de África, Oriente y España (sefardíes o mizrajíes). Dado que muchos ashkenazíes israelíes tienen un segundo pasaporte (por ejemplo, polaco), el humorista Nadav Abukasis bromea: "Por fin, hay igualdad y también los que procedemos del norte de África tenemos ya donde huir en la próxima guerra".

Una nueva ciclogénesis explosiva mantiene a 44 provincias en alerta

Un total de 44 provincias terminarán la semana en situación de riesgo (amarillo) o riesgo importante (naranja) por fenómenos costeros, viento, lluvias o nevadas, provocados por una nueva ciclogénesis explosiva quebarrerá el noroeste y centro de la Península y Baleares. Sin embargo, desaparecen los avisos por riesgos extremos, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El avance de la ciclogénesis explosiva provocará el estado de alerta en 38 provincias situadas en la mitad occidental del territorio, detectándose un riesgo importante en Cádiz, Huelva y Navarra. Así, el viento soplará del sur o suroeste y de moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en gran parte de la Península y Baleares, aumentando al final del día en el litoral de Galicia a muy fuerte del noroeste.

La alerta por lluvias localmente fuertes o persistentes afectará este domingo a diez provincias del cuadrante suroccidental peninsular mientras toda la costa atlántica permanecerá en alerta naranja (riesgo importante) por un oleaje que también mantendrá en alerta amarilla a cinco provincias del litoral mediterráneo. Las precipitaciones pueden ser localmente fuertes en cuadrante suroeste, el extremo noroeste y el oeste de Galicia, donde podrían registrarse tormentas.

La nubosidad y las precipitaciones se irán extendiendo al resto de la Península y Baleares, aunque caerán de forma más débil hacia el norte y este del territorio, siendo muy poco probables en el litoral mediterráneo. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte, mientras que en el sur se apreciarán algunas nubes aisladas.

El riesgo de nieve mantendrá en alerta amarilla a quince provincias del norte y centro peninsular. Entre ellas se encuentran Madrid, La Rioja, y otras pertenecientes a los pirineos catalán y aragonés y a ambas castillas. La cota de nieve se situará al principio del día entre los 700 y los 1000 metros en la mitad norte, subiendo luego hasta los 1.100 y 1.500 metros. En el resto será superior a los 1.300 metros y podría alcanzar los 1.800.

En relación a las temperaturas, los termómetros bajarán en la mitad norte durante el día y en el nordeste por la noche, mientras que en el área mediterránea se espera un descenso ligero o moderado a lo largo del día. En el resto del territorio peninsular no se esperan cambios significativos.

El PP se hunde en estimación de voto por abandonar el centro

El PP sigue su tendencia a la baja en estimación de voto y solo le salva la menor caída del PSOE que a duras penas mantiene sus constantes vitales. El llamado bipartidismo continúa su hundimiento y su sangría de votos, en favor de otras opciones y, sobre todo, de la abstención ascendente que recoge el malestar y desencanto general. Según la encuesta de Metroscopia para EL PAÍS, el PP tendría un exiguo 30,8%, con tendencia a la baja —ha perdido 1,8 puntos en un mes y casi 14 desde las generales de 2011—, frente a un 31,7% del PSOE —1,8 puntos menos que en enero y tres más que en las generales.

Hay que hacer siempre la salvedad de que la mínima ventaja de 1,1 puntos en favor de los socialistas es en la práctica un empate técnico, susceptible de invertirse en función del margen de error. Y, sobre todo, que se trata de tendencias de trazo grueso que indican la bajada de los dos grandes partidos y, sobre todo, el enorme desgaste del Gobierno del PP.

Esas tendencias son especialmente reveladoras para las elecciones europeas de mayo porque, a falta de conocerse los candidatos respectivos, puede aventurarse que la suma del voto de PP y PSOE será menor que nunca y la ventaja del más votado será, en todo caso, mínima.

IU y UPyD siguen su tendencia al alza y la abstención sigue aumentando

La participación estimada es del 65%, seis puntos por debajo de la de las generales de 2011. Es decir, la confirmación de las tendencias depende en gran medida de si los dos grandes partidos son capaces de movilizar a los electores que se muestran dispuestos ahora a dar la espalda a las urnas.

Su movilización dependerá, por ejemplo, de si el PSOE consigue rentabilizar decisiones del Gobierno como la de la reforma de la ley del aborto para llevar a abstencionistas a votar y castigar así a Mariano Rajoy. O si el Gobierno es capaz de vender la futura supuesta bajada de impuestos, los datos macroeconómicos favorables o el mensaje apuntado por Dolores de Cospedal en la Convención: O el PP o la nada.

La clave del desgaste del PP está en que los ciudadanos no perciben mejoría alguna; en el porcentaje de ciudadanos que votaron a Rajoy creyendo que traía la solución a la crisis y ahora se sienten defraudados y, especialmente, en el sesgo ideológico de muchas de sus decisiones.

Según al interpretación de las llamadas “tripas” del sondeo, a la luz de los acontecimientos y las decisiones del Gobierno, resulta revelador el dato del abandono del centro del espectro ideológico por parte del PP. Son los votantes que apoyaron a Rajoy como mal menor en una situación de crisis y decadencia del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y que, por tanto, pueden fluctuar entre los dos grandes partidos. O entre esas dos formaciones y la novedad de UPyD que aspira a restarle votos a ambos desde una posición equidistantemente crítica y, de hecho, logra hacerlo.

En ese centro ideológico se sitúa un 38% de los electores, frente al 31% que se adscribe al centro-izquierda y el 16% del centro-derecha. Según la encuesta, en el centro puro el PP solo tiene en este momento el 9,8% de los votos, mientras que el PSOE logra el 11,2%. El PP ha cedido el centro.

La clave del éxito de UPyD es que tiene el 8,6% de los votantes de centro, con capacidad para recoger de PP y PSOE. El partido de Rosa Díez tiene una estimación de voto global del 8,5%, casi el doble del 4,7% de las generales de 2011. Al PP le alejan del centro decisiones como el proyecto de ley del aborto o las anunciadas reformas legales vinculadas a derechos fundamentales, como la de Seguridad Ciudadana que establece sanciones administrativas sin intervención judicial para conductas que ahora son faltas analizadas por jueces o consideradas por estos como no punibles.

Por eso, y especialmente en lo que se refiere al aborto, el malestar es manifiesto en el seno del PP. En mayor grado esa contrariedad cala en barones regionales del PP que deben presentarse en 2015 a elecciones autonómicas y competir por el centro ideológico perdido. Tiene algo que ver con eso que la cara y la vanguardia de esa reforma, Alberto Ruiz-Gallardón, sea el ministro peor valorado, a pesar de que partía de buenas valoraciones.

En las europeas, ese 38% de electores de centro desnivelará el empate técnico con el que parten.

Y mientras descuida el voto del centro, susceptible de darle el triunfo en unas elecciones, el PP ni siquiera afianza el voto de la derecha más extrema porque, por primera vez, deberá competir en ese espectro con otra fuerza política, VOX. No hay previsión de resultados para este nuevo partido, pero cada voto que le quite al PP será un voto que antes nadie le disputaba al partido de Rajoy.

IU sigue siendo el otro beneficiario del desplome del bipartidismo con un 13,5% de los votos, casi el doble de su último resultado, lo que muestra que el PSOE tampoco aglutina o recupera a electores de su izquierda.

La encuesta muestra también que el mensaje de impostada unidad de la convención del PP no ha calado, porque el 69% lo pone en cuestión. Un 66% lamenta que no se hablara de problemas de los ciudadanos. La otra noticia pésima para el Gobierno es que el 73% no ve remedio inmediato a paro y las perspectivas de recuperación se ven lejanas, mientras el 75% dice que la reforma laboral ha traido más desempleo.