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viernes, 24 de enero de 2014

Alemania volverá a publicar ‘Mein Kampf’, de Hitler

El banquillo de los acusados en el juicio que se celebró el 15 de octubre de 1948 en Múnich estaba vacío y tampoco había un abogado que defendiera al acusado ausente, una contrariedad que no irritó a nadie en la sala por una razón de sentido común. El acusado, Adolf Hitler, se había suicidado con una pistola Walther calibre 7,65 milímetros, el 30 de abril de 1945, en la soledad de su búnker en Berlín.
El proceso fue breve y la decisión de la Corte otorgó al ministerio de Finanzas de Baviera un título legal inédito. Ese día, el juez señaló que no era necesario mencionar las razones para declarar culpable al ex dictador y sentenció que todos sus bienes en Baviera, incluidos los derechos de autor de un libro escrito por Hitler, debían ser confiscados y pasar a manos de la administración bávara.
La sentencia convirtió al ministerio de Finanzas, en el propietario de los derechos de autor del libro Mi lucha, que pertenecían a la editorial del partido nazi, Franz Eher, Pero el regalo de la justicia no enriqueció las arcas, en ese entonces, casi vacías del estado bávaro. La sentencia obligó a las autoridades del ministerio a llevar a cabo una solitaria cruzada para impedir que la obra magna del Führer volviera a ser editada en el planeta tierra.
Pero la cruzada bávara estuvo condicionada por un problema legal. Los derechos de autor de Mi lucha caducan el 31 de diciembre de 2015, una fecha que hará posible que el libro entre en el dominio público y pueda volver a ser imprimido. Para evitar nuevas ediciones financiadas por partidos de extrema derecha en Alemania, el Instituto de Historia Contemporánea de Múnich logró obtener, en 2012, un permiso del gobierno bávaro para publicar una ambiciosa edición comentada del libro maldito.
El ambicioso proyecto estuvo a punto de fracasar en diciembre del año pasado cuando la jefa del gabinete bávaro, Christine Haderthauer, anunció que el Gobierno seguiría impidiendo la publicación del famoso libro, aun después de que expiren los derechos de autor. “Nuestra posición es que hay que detener también el proyecto del Instituto, porque no es tarea del estado difundir propaganda nazi”, dijo la jefa del gabinete bávaro.
Pero el rigor de las decisiones políticas del gobierno bávaro, son impredecibles y el miércoles pasado el ministro de Cultura de Baviera, Ludwig Spaenle anunció, después de un violento debate en el parlamento regional, que Múnich renunciaba a adoptar nuevas medidas legales para impedir el trabajo de reedición de Mi lucha que lleva a cabo el Instituto de Historia Contemporánea.
“No se puede atentar contra la libertad científica”, declaró el ministro bávaro. “El Instituto de Múnich, que tiene a su cargo este proyecto puede publicar una edición bajo su propia responsabilidad”, agregó.
Las declaraciones del político causaron un profundo alivio en la sede del instituto, pero dejaron en el aire un interrogante que solo podrá tener una respuesta a partir del 1 de enero de 2016, cuando una editorial intente sacar a la venta en el país una edición no comentada del libro maldito.
“Ya no habrá más problemas legales para continuar nuestro trabajo y tampoco tendremos que devolver el dinero (500.000 euros) que nos dio el Gobierno para el proyecto”, dijo Simone Paulmilch, portavoz del instituto bávaro, a EL PAÍS. “Aun no conocemos la dimensión de las declaraciones del ministro, pero se puede suponer que tampoco habrá medidas legales en contra de otras publicaciones, aunque las leyes siguen vigentes”, añadió.
Una sentencia de la Corte Suprema germana en 1979 permitió la venta del libro en las tiendas de anticuarios y los sabuesos bávaros tampoco saben cómo impedir la difusión del libro en Internet, donde los nostálgicos de Hitler siguen ofreciendo descargas gratuitas y en varios idiomas del volumen. Pero Baviera sigue utilizando el artículo 130 del Código Penal que castiga con penas de cárcel la incitación al odio racial y prohíbe escritos que, como Mein kampf, puedan ser utilizados como propaganda para difundir los ideales del nacionalsocialismo.
Adolf Hitler comenzó a escribir su libro en 1924 cuando cumplía una condena de cárcel en la prisión de Landsberg y escribió las últimas páginas en Obersalzberg, un idílico lugar en los Alpes bávaros donde el dictador poseía una casa. La primera edición del primer volumen del libro vio la luz en julio de 1925 y el segundo volumen se publicó en diciembre de 1926.

Casi 700.000 hogares carecen de cualquier tipo de ingreso

Seis años de desplome laboral arrojan un saldo desolador. El paro de larga duración ha alcanzado cotas que amenazan con enquistarse en la sociedad española por muchos años. El número de hogares en el que todos sus miembros están desempleados ha llegado hasta los 1,8 millones. Y de la mezcla de ambos datos, surge un cóctel demoledor: las familias en las que ninguno de sus miembros tiene ingresos se ha duplicado desde que comenzó la crisis, ya son 686.600, según la encuesta de población activa.
EL PAÍS
El paro de larga duración se convertirá, probablemente, en una de las heridas de esta crisis que más tardará en cicatrizar. Conforme ha pasado el tiempo y la caída laboral no revertía, la cifra crecía. Quienes llevan más de un año sin trabajar ya suman más de 3,5 millones de desempleados, el 61% de todos los parados. El problema se agudiza porque de este colectivo más de 2,3 millones están en esa situación más de dos años.
Pasar mucho tiempo sin trabajar, es uno de los peores lastres que tienen los parados para volver a incorporarse al mercado laboral. A la hora de contratar, las empresas prefieren optar por alguien que se acaba de incorporar al mercado laboral o quien ha perdido su empleo hace poco tiempo. No facilita la salida que muchos de los parados provengan de la construcción, un sector que sigue sin levantar cabeza y que probablemente no volverá a tener su antiguo vigor. Tampoco ayuda la escasa formación de muchos de quienes integran este colectivo. De ahí que los expertos adviertan de que el paro de larga duración generado durante esta crisis precisará mucho tiempo y muchos recursos —léase dinero— para que se pueda solucionar.
Hablan de políticas activas, de formación, de orientación laboral y también de extender la protección (prestaciones y subsidios). También lo hacen los sindicatos. Porque la falta de oportunidades laborales es solo una de las caras del paro de larga duración. La otra es el agotamiento del seguro de desempleo, tanto en su parte contributiva como en la asistencial, que abocan a buena parte de este colectivo al riesgo de exclusión social.
1,8 millones de familias tienen a todos sus miembros en paro
Este peligro lo afrontan buena parte de los 1,8 millones de hogares en los que ninguno de sus miembros trabaja. Pero no todos, ya que esto no quiere decir que ninguno de ellos tenga ingresos. Puede darse el caso de que al menos uno de sus integrante perciba la prestación por desempleo, una pensión o algún tipo de renta, como un alquiler.
Quien seguro que afronta el riesgo de exclusión son las 686.600 familias en las que ni uno solo de sus miembros percibe algún tipo de ingreso. Al comienzo de la crisis, a mitad de 2007, este colectivo suponía justo la mitad. El paso del tiempo ha hecho que el problema se duplique. Sobre todo en los últimos años, debido fundamentalmente a la propia estructura del seguro por desempleo, que en un primer momento amortiguó el impacto.
El paro de larga duración amenaza con enquistarse durante varios años
Desde 2009, el peor año de la crisis, el gasto del seguro de desempleo asciende a unos 30.000 millones anuales. Casi tres puntos del PIB. Pero esto no implica que quienes perdieron su trabajo a comienzos de la crisis mantengan algún tipo de ayuda, ya que la prestación por desempleo (la parte contributiva de la ayuda y la primera que se percibe) tiene una duración máxima de dos años y el subsido, excepto en algunos casos, no se cobra hasta la jubilación. Además los recortes aprobados en 2012 endurecieron el acceso al subsidio para la mayor parte de sus ponteciales beneficiarios.
Además del dato de hogares sin ingresos que proporciona el INE, hay otro que apunta en la misma dirección: la tasa de cobertura de las ayudas al desempleo. Según el Ministerio de Empleo, el pasado noviembre, último mes con datos disponibles, el 61,4% de los parados registrados en las oficinas de empleo disponían de algún tipo de ayuda, una porcentaje muy inferior al máximo que se marcó años antes, cuando se llegó a superar el 80%.

FARMACEUTICA BAYER : “No creamos fármacos para indios, sino para los que pueden pagarlo”

La discusión con las autoridades indias consiguió sacar de sus casillas al consejero delegado de Bayer. En juego estaba la patente de su anticanceroso Nexavar, un fármaco de última generación para tratar cánceres de hígado y riñón. “No creamos este medicamento para los indios, sino para los occidentales que pueden pagarlo”, saltó el consejero delegado de Bayer, Marijn Dekkers. Y varios medios lo han recogido después.
Un excolega de Dekkers, John LaMattina, le dio ocasión de disculparse después. En un artículo publicado en Forbes, el exdirectivo de Pfizer le recrimina sus palabras. Y así dio pie a que Dekkers se explicara. Bayer remite a esas declaraciones.
“Lamento que lo que una rápida respuesta en el marco de una discusión haya salido a la luz de una manera que yo no pretendía. No puede ser más contrario a lo que yo quiero y lo que hacemos en Bayer”, dice Dekkers. Como compañía “queremos mejorar la salud y calidad de vida de la personas, independientemente de su origen o ingresos”. “En cualquier caso, estaba especialmente frustrado por la decisión del Gobierno indio de no proteger la patente del Nexavar que nos había concedido la autoridad en patentes del país. Estoy convencido de nuestra capacidad para innovar y en una abierta discusión en la reunión, mientras expresaba mi frustración fundamental, tenía que haber aclarado esto”.
“En cualquier caso, me reafirmo en que hay ningún motivo para que un país debilite la protección de la propiedad intelectual. Sin nuevos medicamentos, tanto las personas de los países en desarrollo como las de otros más prósperos sufrirán”, añade. Y concluye con una mención a que si bien los fabricantes de genéricos tienen “un papel crucial que desempeñar”, “no invierten en investigación y no producen nuevas curas o tratamientos, ni para los mercados en desarrollo ni los desarrollados”.
El enfrentamiento con India es uno más de un gran laboratorio con un país que aplica rigurosamente una ley de patentes que les lleva a rechazar la protección de algunos productos punteros (la mayoría de los casos porque no permiten modificaciones en la patente original según avanzan las investigaciones en los medicamentos, por ejemplo buscando sales diferentes). Fue lo que llevó al conflicto con Novartis por otro anticancerígeno (el Glívec). Con esa política, el Gobierno indio no solo consigue que la patente dure menos (lo que obliga a los laboratorios a bajar sus precios para competir), sino que protege a su pujante industria de genéricos.

Los inspectores médicos no podrán cobrar incentivos por dar altas

Los inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no pueden cobrar incentivos según el porcentaje de altas que dan en sus revisiones de enfermos de baja por incapacidad temporal (IT). Así lo afirma una sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 18 de diciembre, que desestima los recursos de apelación que presentó el Gobierno. El fallo confirma una sentencia previa, del 24 de mayo, que anuló uno de los criterios que había fijado la Administración para calcular el complemento de productividad de los médicos inspectores o evaluadores, un colectivo de unos 900 profesionales en toda España.
En 2011, el INSS determinó que el 4% de ese complemento se cobraría si el inspector daba de alta al menos al 15% de los pacientes citados para reconocimiento médico. Ahora la Audiencia Nacional confirma que no se puede imponer ese criterio porque lo único que debe regir la actuación de un médico inspector es “el estado de salud del trabajador, y en íntima relación con él, su capacidad laboral”. Es decir, la Audiencia argumenta que estos profesionales tienen que decidir “bajo criterios objetivos y científicos”, porque sus decisiones se verían afectadas “si se establecen determinados índices cuantitativos, como ocurre en el presente caso, lo que afectaría al derecho a la salud”.

Los argumentos del Gobierno

El objetivo impugnado, y ahora anulado, atribuía 4 puntos sobre los 100 totales de la puntuación en el llamado Índice General de Productividad (IGP). Para conseguirlos, era necesario que del total de reconocimientos médicos efectuados por los médicos inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a trabajadores en situación de baja médica, un 15% acabara con uno de los siguientes tres resultados.
Por cada 100 pacientes, 15 debían salir de la consulta del inspector con alta médica por haber recuperado la capacidad laboral para desarrollar su actividad o con una propuesta de apertura de expediente de incapacidad permanente por considerar que el trabajador no va a recuperar su capacidad laboral o con una suspensión del cobro de la prestación de incapacidad temporal (IT) “cuando de forma injustificada no se presente a reconocimiento médico”.
El abogado del Estado argumentó en la apelación que “no se trata de un objetivo economicista, sino que busca la racionalidad en el control médico de la prestación”. El letrado de la Seguridad Social también argumentó que el objetivo “no tiene por finalidad incentivar económicamente al médico inspector” sino “conseguir el objetivo del 15% que como dato cierto y objetivo de la gestión del control de la IT se ha fijado como consecuencia de las comprobaciones estadísticas que se vienen haciendo en el INSS”. Añadía que, una vez conseguido el objetivo, la puntuación es la misma (4 puntos en el índice general).
Los inspectores del INSS son los encargados de controlar las bajas por incapacidad temporal de los trabajadores. Es el médico de familia quien da la baja y el alta a un enfermo, pero en ocasiones los inspectores citan a determinadas personas a reconocimiento médico si el INSS detecta que una baja está durando más de lo previsto según sus estándares. El INSS, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aprobó en 2011 un nuevo cálculo del complemento de productividad que cobran los inspectores. Uno de los criterios consiste en que 15 de cada 100 visitas debe acabar con uno de estos tres resultados: alta médica, apertura de expediente de incapacidad permanente o suspensión del cobro de la prestación cuando el trabajador no se presenta al reconocimiento de forma injustificada.
La polémica por los incentivos a los profesionales sanitarios por reducir la cantidad o la duración de las bajas médicas saltó en 2009, cuando el INSS firmó convenios con comunidades autónomas como Madrid y Cataluña para “mejorar la gestión de la incapacidad temporal”. Se trataba de “racionalizar” la gestión de estos procesos, que según los datos que dio entonces el INSS, le costaban al Estado entre 6.000 y 7.000 millones de euros anuales. Según estos convenios, la Seguridad Social entregaba a las regiones unas cantidades de dinero destinadas,entre otras cosas, a incentivar a los médicos de familia que redujeran el número de bajas o su duración. En algunos casos este complemento se entregaba también a los médicos inspectores de los servicios regionales de salud y a los administrativos.
La sentencia que ahora confirma la Audiencia Nacional afirmaba que “el inspector médico no puede ver condicionada su actuación en las decisiones que adopte sobre altas médicas o sobre la iniciación de oficio de los procedimientos de declaración de incapacidad permanente, pues el único criterio que debe regir su actuación es el estado de salud del trabajador, y en íntima relación con él, su capacidad laboral. Y ello con independencia del porcentaje que estadísticamente pueda corresponder a la mencionada actuación”. El fallo reconoce que es “legítimo” fijar objetivos estratégicos de los funcionarios y controlar los procesos de IT, pero “lo que no es admisible es que el resultado de ese control se condicione por el cumplimiento de unos objetivos que dan derecho a percibir un complemento de productividad, cuando el mismo ha de venir determinado, como los propios apelantes señalan, porque el estado de salud del trabajador le impida o no trabajar”. Fue un recurso de la Confederación Intersindical Galega el que inició el procedimiento judicial.
“El criterio que ha anulado la Audiencia condicionaba la función médica y técnica de los inspectores del INSS”, asegura José María Morán, vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (FAISS). “Los argumentos de la sentencia se pueden extrapolar a situaciones asimilables, como los incentivos que reciben los médicos de atención primaria en las comunidades”, añade. Morán explica que el criterio ahora anulado se ha estado manteniendo desde 2011 y critica una medida que suponía “apriorizar las decisiones y presionar la libertad de actuación de un técnico”. “Se me puede incentivar para hacer más inspecciones o para compararme con otro inspector, pero no nos puedes decir que tenemos que superar un determinado umbral”, añade.
Xaime Rei, de la Confederación Intersindical Galega, señala que su organización recurrió la resolución de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social que aprobaba los nuevos criterios a petición de varios de sus afiliados, médicos inspectores del INSS. “Ahora que la sentencia es firme, exigiremos que este parámetro se retire de los objetivos de 2014, que aún no se han publicado”, añade.
“Estamos analizando la sentencia”, señaló este jueves un portavoz del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en respuesta a las diversas preguntas que le formuló este diario.

La presión judicial por el fichaje de Neymar fulmina a Sandro Rosell

Neymar se ha cobrado la víctima más insospechada sin necesidad de marcar un gol ni de ganar un título con el Barça. El damnificado es Sandro Rosell, el presidente del propio FC Barcelona, propietario del delantero, quien siempre se desvivió por jugar en el Camp Nou. Un triunfo rotundo como fue en junio la contratación del brasileño, pretendido por diferentes clubes, especialmente por el Madrid, se ha convertido en una cruel derrota para el mandatario azulgrana, al que un socio ha demandado ante la Audiencia Nacional por apropiación indebida en la modalidad de distracción.
Aunque ni siquiera ha sido llamado a declarar —“no quiero que el presidente del Barça sea un imputado”—, Rosell ha convertido el precio de Neymar en una cuestión de honor y, ante la duda y unas “amenazas personales y familiares” hasta ahora desconocidas y ayer denunciadas por el presidente, anoche, a las 20.50 horas, anunció su dimisión “irrevocable” y su directiva intentará agotar el mandato hasta 2016, con el vicepresidente deportivo Josep Maria Bartomeu. Así se pretende combatir una crisis institucional generada en una época de bonanza por el propio Rosell.El equipo, líder y actual campeón de Liga, vive una etapa de estabilidad y éxitos sin precedentes (una Champions, un Mundial de Clubes, una Copa, dos Ligas, tres Supercopas de España y una de Europa durante el mandato de Rosell: 2010-2014, con Guardiola y después Vilanova en el banquillo del Camp Nou); se ha reducido la deuda de la entidad hasta 230 millones de euros al tiempo que se mejoraban los ingresos; prácticamente no hay oposición al actual consejo; y los estatutos se actualizaron en octubre.
El dirigente dijo sentirse víctima de “amenazas y ataques” que ponen “en riesgo a la propia familia”
Incluso queda como referente de su mandato de cuatro años un código ético de buen gobierno aprobado por el Senado del Barça y por el consejo en septiembre de 2010. El libro de estilo de Rosell puede que se haya inspirado precisamente en tal declaración y, puesto que la querella presentada es de momento solo contra él, ha cargado con la pena como un mártir, de manera personal, víctima, a su entender, de los poderes fácticos representados por el Madrid. “No quiero que ataques injustos afecten negativamente a la gestión y a la imagen del club y es por eso que mi etapa ha terminado“, subrayó Rosell ante la prensa, rodeado de sus directivos —solo faltaron Jordi Moix y Jordi Mestres— y familiares, así como empleados del Barça: “Esta junta es un equipo”, prosiguió, “y este equipo lidera un proyecto”.año 2016”.
El socio demandante, Jordi Cases, se plantea extender la demanda al hasta ahora vicepresidente deportivo Bartomeu y al económico Xavi Faus. Pero, dado que se plantean su continuidad hasta 2016, no parece que cualquier decisión del juez Ruz vaya a condicionarles. La nueva junta se reunirá hoy en el Camp Nou. Los proyectos del consejo, visualizados sobre todo en el referéndum de abril para la construcción del nuevo Camp Nou, y el momento de la temporada futbolística no admiten parón en el Barça. Bartomeu comparecerá hoy como presidente, después de la reunión de la junta, para atender a la prensa después de que ayer no se aceptaran preguntas en su comparecencia y la de Rosell. La continuidad de la directiva se interpreta, además, como la mejor respuesta para evitar cualquier movimiento electoral y dar estabilidad al equipo.
La dimisión de Rosell fue el final de la controvertida y contradictoria estrategia del Barça desde la entrada en escena de Cases. El consejo no atendió la petición del socio, que aspiraba a que le detallaran el coste de Neymar; después pidió a la Audiencia que no admitiera la demanda; el lunes fue el presidente quien, en rueda de prensa, solicitó al juez que la admitiera y le tomara declaración; y ayer, tres días después, sin que mediara más noticia que el hecho de que la cláusula de confidencialidad no afectaba a todos los contratos de Neymar, dimitió Rosell. Ruz ha reiterado que por ahora no es necesario que declare el presidente y los estatutos del club establecen que no ha lugar a la dimisión ni cuando hay imputación porque prevalece la presunción de inocencia.
Sobre l
Rosell tomó la decisión de abandonar el club el miércoles, durante su viaje a Valencia, y ayer, ya en su despacho de Barcelona, convocó a sus consejeros de confianza por la mañana y a la directiva por la tarde en el Camp Nou. Reitera el presidente que Neymar costó 57,1 millones y que los demás contratos no son simulados sino posteriores a la ficha del jugador y corresponden a operaciones diferentes y paralelas, fórmulas de uso común en la mayoría de los clubes de la Liga.
Rosell no quiere que se le califique de mentiroso después de que ya tuviera que admitir su error cuando negó que había dialogado con los boixos nois para crear una grada de animación y fuera cuestionado también por el despliegue del contrato con Catar y su voto en blanco el día que se decidió la acción de responsabilidad contra la junta de Laporta.
Rosell triunfó con Laporta en 2003 por el fichaje de Ronaldinho, la alternativa de Beckham, que fue utilizado como señuelo de la candidatura, y al final ha perdido por el fichaje de Neymar. Poderoso como vicepresidente, opositor y candidato, no ha sabido ejercer de presidente institucional y, víctima de la tensión, no ha podido acabar su mandato como acostumbra a pasar con la mayoría de presidentes del Barça.

jueves, 23 de enero de 2014

CCOO anuncia que pondrá en marcha un 'calvario jurídico' contra la 'Ley Wert'

La polémica Ley Wert se ha aprobado ya, pero eso no significa que se haya terminado la guerra educativa. El sindicato CCOO ha anunciado que va a poner en marcha "un calvario jurídico" contra la reforma educativa, al tiempo que inicia "campañas de resistencia" en colegios e institutos.
La Lomce comenzará a aplicarse en septiembre, pero CCOO hará todo lo posible por frenarla. Como no está capacitado para poner unrecurso ante el Tribunal Constitucional, recurrirá al Defensor del Pueblo y se dirigirá al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea para denunciar "la vulneración de derechos fundamentales" recogidos en nueve artículos de la Constitución Española, tres convenios y acuerdos internacionales y una directiva comunitaria.
El sindicato dice que la Lomce "vulnera", por ejemplo, los artículos 148, 149 y 150 de la Carta Magna, que hablan de las competencias de las comunidades autónomas. Sostiene que la parte de la Lomce que fija el currículo y los tipos de asignaturas "anula, en gran medida, las posibilidades legislativas en el ámbito educativo de las comunidades autónomas, ya que sólo les permite complementar contenidos y ampliar el horario de las asignaturas troncales y establecer contenidos y fijar el horario relativo a las asignaturas específicas y de libre configuración autonómica".
"La Lomce es una ley mucho más centralista que otras anteriores", señala el sindicato, que también aprecia que el Estado "se extralimita en sus competencias" cuando regula todo lo relativo a la enseñanza en las lenguas cooficiales o en la formación del profesorado.
"Esta competencia es de las comunidades autónomas, pero aquí el Estado ha regulado absolutamente todo dejando a las autonomías vacías de competencias", ha dicho Carmen Perona, responsable jurídica del sindicato.
CCOO asegura también que la Lomce "viola" la Constitución, en su artículo 14, porque, "al blindar los conciertos a los centros de educación diferenciada en función del sexo del alumnado, vulnera elderecho a la igualdad y no discriminación".

Religión y Valores

En cuanto a la asignatura de Religión, señala que la ley va contra el artículo 27, el del derecho a la educación, porque, "al obligar a elegir entre Religión o su alternativa de Valores, permite que los alumnos que escogen Religión se puedan pasar toda la enseñanza obligatoria sin cursar ninguna asignatura que tenga que ver con los valores éticos", en palabras de Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO.
El sindicato también ve inconstitucionales los artículos 23.2 (porque lacontratación de profesores nativos sin pasar por oposiciones se carga, según CCOO, el "derecho al acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos"); 37.1 y 28.1 (porque "no remite a la negociación colectiva" cuando aborda aspectos de la carrera profesional de los docentes), y 9.3 (porque la Lomce devuelve a los centros de educación diferenciada el concierto que perdieron y, según el sindicato, "no puede haber retroactividad").
Prácticamente por los mismos motivos, considera que se están vulnerando la Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación; el artículo 14 del Tratado de la UE, que prohíbe diferencias de trato basadas en la nacionalidad; el artículo 10 de la Convención sobre Eliminación de toda forma de Discriminación hacia la Mujer; el artículo 17 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, relativo a la prohibición del abuso de derecho, y el artículo 11 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales sobre libertad de reunión y asociación.

'Campañas de resistencia'

Respecto a las "campañas de resistencia", una especie de objeción de conciencia para los profesores que no estén de acuerdo con la Lomce, Francisco García ha dicho que en el sindicato se encuentran "desmenuzando la ley para ver qué tipo de iniciativa se puede hacer en los centros educativos para que expresen su malestar hacia la ley sin colocar a los docentes en una situación de inseguridad jurídica".
No ha querido dar muchos detalles sobre en qué consistirán estas acciones, pero ha insinuado dos: seguir dando las clases conforme al modelo anterior, el de la LOE socialista, y "trabajar con otros materiales" que no sean los libros de texto oficiales. En este sentido, la marea verde ya lleva tiempo poniendo en circulación apuntes y manuales alternativos.

Demandan al cardenal que dijo que la homosexualidad se puede tratar

La Confederación Española de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales Colegas ha presentado ante la Fiscalía en Málaga una denuncia contra el cardenal Fernando Sebastián Aguilar por unasdeclaraciones en las que aseguraba que la homosexualidad "es una deficiencia sexual que se pude normalizar con tratamiento".
El presidente de Colegas en Málaga, Antonio Ferre, ha explicado a Efe que han presentado "la denuncia contra el futuro cardenal o cardenal en funciones" porque creen que con esas declaraciones "se esta cometiendo un delito penal".
"El cardenal asocia la homosexualidad a una enfermedad o una carencia sexual tratable dentro de la sexualidad y hace más de 24 años que el Organismo Mundial de Salud (OMS) lo descatalogó como enfermedad", ha señalado.
Ferre ha explicado que creen que se está vulnerando el artículo 510 del Código Penal y quieren que el fiscal abra diligencias porque no pueden "permitir que determinadas instituciones o personas de ciertas instituciones queden impunes".
Ha apuntado que siempre han defendido que ante cualquier ataque homofóbico, ya sea agresión o insultos se ponga una denuncia, ya que "no se pueden lanzar esos mensajes al público donde se menosprecia al colectivo homosexual" donde los "llama enfermos".
Ferre ha aclarado que les "choca mucho" que a pesar de los mensajes "muy positivos" del Papa en contra de la persecución de esta moral sexual, dentro de su curia se "hagan ese tipo de comentarios".
"España es un país avanzado y aconfesional y se tienen que castigar estas declaraciones por parte de la Iglesia porque ellos son los menos indicados para hablar de carencias sexuales, sobre todo cuandoesconden abusos de menores o casos de pederastia", ha agregado.

Ahora o nunca (2007)


Para ver la película pica en la imágen


Dos enfermos terminales de cáncer, de caracteres y mundos completamente opuestos, entablan amistad. Edward Cole (Jack Nicholson) es un engreído millonario mientras que Carter Chambers (Morgan Freeman) es un modesto mecánico. A pesar de todo, deciden emprender juntos un último viaje para poder hacer, antes de morir, todas las cosas que siempre han deseado.

Piden ocho meses de cárcel para un anciano de 91 años por matar a los gatos de su vecino con una carabina

El Juzgado de lo Penal número 1 de Albacete tiene previsto juzgar este jueves, 23 de enero, a F.P.S., un hombre de 91 años de edad y sin antecedentes penales, por matar a varios gatos de su vecino con una carabina de aire comprimido.
La Fiscalía considera estos hechos como un presunto delito continuado de maltrato animal, por lo que solicita para el acusado una pena de ocho meses de prisión y que indemnice al propietario de los felinos, además de con su valor, con otros 1.000 euros más por los daños morales causados.
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, a una hora no determinada del 24 de enero de 2011, el acusado disparó y causó la muerte, con una carabina de aire comprimido (y con plomos del calibre 5,5 milímetros) al gato de raza siamés, propiedad de un vecino, que se encontraba en el patio de su vivienda situada en Villalgordo del Júcar (Albacete).
Dos días más tarde, el 26 de enero, el acusado volvió a disparar en el mismo lugar y con la misma arma, contra otro gato de raza siamés del mismo vecino, el cual murió como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.
Según el escrito, el acusado volvió a repetir esta acción una tercera vez, el 3 de febrero de 2011, disparando y dando muerte a dos gatos de un dueño desconocido, que se encontraban en el mismo patio.

Renfe no instruyó sobre el riesgo de la curva de Angrois al maquinista

La alerta lanzada por un maquinista jefe sobre el riesgo de la curva de Angrois antes del accidente del 24 de julio, en el que murieron 79 personas, se saldó con la decisión de formar mejor y “sensibilizar” a los conductores sobre ese problema, sin que se mejorase la señalización en la vía. El maquinista del tren Alvia accidentado, Francisco José Garzón, único imputado, declaró que circulaba despistado tras recibir una llamada del interventor del tren y no frenó a tiempo antes de la curva, que carecía de señales o frenados automáticos que paliasen su despiste. Garzón tampoco había recibido esa “sensibilización” o formación específica sobre Angrois en la que se escuda Renfe.

La decisión de reforzar la formación la adoptaron Mazaira y Vilariño después de que el resto de técnicos y cargos superiores a los que habían enviado la advertencia no les comentasen nada al respecto por considerar que la señalización se ajustaba a la normativa. Fue una medida que Mazaira y Vilariño tomaron dentro de su restringida área de competencia, limitada a la formación de maquinistas en Media Distancia y que no les permitía modificar la señalización. Los formadores de Larga Distancia, según algunas fuentes, ni siquiera conocieron el intercambio de correos de sus compañeros de Media Distancia sobre el riesgo de Angrois.
La advertencia inicial sobre el “riesgo” de la curva partió el 26 de diciembre de 2011, un año y medio antes del accidente, de un maquinista jefe de Ourense, José Ramón Iglesias Mazaira, que se la comunicó a su superior, José Luis Rodríguez Vilariño. En la investigación interna abierta por Renfe, tanto Mazaira como cuatro compañeros formadores de conductores, el superior al que remitió el primer aviso y el gerente de Viajeros de Galicia repiten, en declaraciones calcadas, que a raíz de esa alerta se dio “un especial asesoramiento a los maquinistas de Media Distancia” y que se hizo “especial hincapié” en las “transiciones de velocidad”, esto es, en frenadas como la que requería Angrois. Sin embargo, Garzón no era maquinista de Media Distancia. Hace varios meses la propia Renfe remitió al juez instructor del caso, Luis Aláez, el historial formativo de Garzón. Al analizarlo se comprueba que recibió “cursos para AVE Larga Distancia”, pero no hay ninguna mención a cursos de Media Distancia. Además, tanto esos cursos como la habilitación específica para circular por la línea Ourense-Santiago los recibió antes de que el jefe de maquinistas advirtiese del riesgo de Angrois. Al margen de estos documentos aportados por la propia Renfe a la causa, que Garzón no recibió esa “sensibilización” decidida tras la alerta lo aseguran también un compañero que compartió cursos de formación con él y su abogado.
El hecho de que una decena de técnicos y cargos intermedios de Renfe conocieran la alerta sin hacer nada, alguno de ellos por no estar entre sus competencias, y que al menos un responsable de Madrid ni la leyera, argumentando falta de tiempo por sobrecarga de trabajo y presión por los plazos, lleva a varias fuentes sindicales y del gremio de maquinistas a criticar la situación que se viene viviendo en Renfe y Adif desde hace unos años. Que la gestora de las vías, responsable de la señalización, tampoco se enterase de la alerta, no ayuda a mejorar su visión.
“Todo se duplica, se dividen los departamentos y nadie sabe ya quién es el responsable”, argumenta un maquinista jefe. Un conductor de base también se muestra crítico con esas divisiones: “Larga Distancia no sabe lo que hace Media Distancia, y no te queda claro si las advertencias que haces le llegan a Adif”. Desde dos sindicatos se alerta de que las ya programadas nuevas divisiones de Adif y Renfe en varias empresas seguirán incrementando la descoordinación.

Los trabajadores lamentan que la empresa culpe a quien avisó del riesgo y no a quien lo creó

Tanto en la documentación entregada al juez como por boca de un portavoz, Renfe culpó el martes al jefe de maquinistas, Mazaira, de no haber comunicado su alerta por los “canales oficiales”. Esta acusación ha causado un importante malestar entre los maquinistas gallegos, algunos de los cuales consideran que Renfe lanza así el mensaje de que perseguirá a quien advierta de fallos a sus superiores en vez de investigar a los responsables de esos errores o a quien deba corregirlos. En esa línea, el interrogatorio de la investigación interna de Renfe deja en el aire dos incógnitas que deberán ser desentrañadas por el juez Aláez: si Mazaira, como asegura, avisó también a un miembro de la Gerencia de Seguridad en la Circulación, Ángel Lluch, con competencias de las que él carecía; y si Adif, máximo responsable de la señalización, pudo saber algo de la cuestión.
Mazaira indica en su declaración a Renfe que con ella adjunta un correo enviado en enero de 2012 a Lluch, de Seguridad en la Circulación, con su advertencia, pero la empresa no ha incluido ese documento entre los papeles entregados al juez. Por el contrario, Renfe sí ha remitido al juez un escueto escrito de Lluch en el que este se muestra ambiguo: “No me consta el recibo del citado documento en aquel momento”. El abogado de Garzón, que insinúa que Lluch miente, pedirá el correo que Renfe no facilitó.
La otra incógnita, si Adif pudo saber del problema, algo que la empresa niega, se sustenta en una respuesta ambigua del superior de Mazaira, Vilariño. En un primer correo enviado a sus superiores hace un mes, cuando la cúpula de Renfe supo de la alerta, indica que se “trasladó el contenido del mencionado punto al Adif”, sin aclarar si se refiere solo a otra advertencia de Mazaira que sí fue solucionada por Adif o también al riesgo por la falta de señalización de Angrois, asunto por el que le preguntan expresamente. Días después, en otra declaración en el marco de la investigación de Renfe, Vilariño sigue sin aclarar esa cuestión: “Desconozco si se dio traslado a Adif del contenido del documento enviado por el Sr. Iglesias Mazaira”.

Cataluña pedirá la consulta por tres vías para 'controlar' el debate

Los tres grupos partidarios del referéndum soberanista en Cataluña con representación en el Congreso -CiU, ERC e ICV- preparan dos iniciativas parlamentarias -y no sólo una proposición de ley, calcada de la aprobada en el Parlament catalán- con el propósito de dominar mínimamente los tiempos y de que el debate parlamentario sobre la consulta, por cualquier vía, no dependa sólo de la voluntad delPP. Éste es uno de los acuerdos que se alcanzó el martes en las reuniones bilaterales que el portavoz de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, mantuvo con sus homólogos de ERC y de ICV, Alfred Bosch yJoan Coscubiela.
Aunque en principio sólo se había apuntado a la presentación de una proposición de ley, espejo de la propuesta promovida desde Cataluña, solicitando la delegación de competencias para celebrar la consulta, finalmente habrá otras dos iniciativas. Una, suscrita por los tres grupos, y otra, con la firma de 15 diputados. Según la terminología utilizada ayer por el dirigente republicano Alfred Bosch,«copias de seguridad» de la petición del Parlament. En total, tres propuestas idénticas reclamando el referéndum.
De este modo, los grupos catalanes dispondrían de instrumentos suficientes, en la configuración del orden del día de las sesiones plenarias, para poder controlar cuándo se produce en el Congreso el ansiado debate sobre la consulta.

Temor a la demora

En CiU existía cierto temor a que el PP pudiera demorar la discusión de la proposición de ley conjunta de los tres grupos, prevista para el mes de marzo, presentando otras que retrasaran la suya. Y, aunque el Grupo Popular lo que quiere es avanzar el debate sobre Cataluña todo lo posible, para alejarlo de la celebración el 11 de septiembre de la Diada, CiU, ERC e ICV no están dispuestos a aceptar que el asunto quede a merced de lo que interese al PP.
Los populares son partidarios de que el Congreso rechace cuanto antes la petición del Parlament. Pero su interés radica en esta solicitud -la verdadera- y no en los sucedáneos en forma de propuestas de los grupos catalanes en el Congreso.
Por ello, van a insistir en que el Parlament retire su iniciativa sobre ejecuciones hipotecarias para que se adelante la de la consulta. Desde CiU y ERC se asegura que esta posibilidad ni siquiera se contempla. Primero, no quieren ser acusados de orillar los problemas de la gente en pro del independentismo. Y segundo, existe un compromiso con la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, una persona con gran predicamento en Cataluña. Por tanto, no habrá adelanto del debate catalán de esta manera.

Otras vías

Aun así, existen vías para que la petición del Parlament se solvente antes de septiembre, como pretende el PP. Pasaría por que sevolvieran a retrasar dos proyectos de las Cortes Valencianas, aplazados hasta tres veces en los últimos años. Fuentes de la Mesa del Congreso admitieron ayer que se contempla esta posibilidad.
Estaríamos por tanto ante dos escenarios de debate de la misma propuesta que discurren en paralelo. Uno, la solicitud del Parlament, donde el PP puede disponer de cierto margen de maniobra si se aplazan las iniciativas de otras comunidades (hay cinco en cola). Dos,las copias de seguridad de la primera, en forma de iniciativas parlamentarias de los grupos catalanes, con las que éstos aspiran a controlar los tiempos. Estas dos proposiciones de ley serán presentadas el próximo 3 de febrero, tras la negativa de ICV a que se registraran esta misma semana. Este partido, que no forma parte del Gobierno de Artur Mas, no quería dar a CiU y ERC ninguna baza, justo la semana que se conocerá el presupuesto catalán con nuevos recortes. Así se lo trasladó Coscubiela a Duran en la reunión del martes.
Mientras, a la espera de comprobar qué iniciativa de las tres se debate y cuándo, los grupos catalanes han incluido en todos sus discursos alusiones a que se autorice el referéndum. Y Rajoy sólo calla.

Almejas al ajillo con aroma de manzanilla


Ingredientes:
1 kg de almejas,  2 dientes de ajos,  1 ramita de perejil,  1 guindilla seca,  aceite de oliva,  sal,  1 copa de manzanilla.
Elaboración:
Ponemos una sartén al fuego con aceite de oliva, añadimos los ajos en láminas y la guindilla en rodajas.
Agregamos la manzanilla y las almejas y reducimos.
Espolvoreamos con el perejil picado y ponemos a punto de sal.

Los policías y el misterio irresoluto de Luis El Cabrón

En la contabilidad opaca de Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama Gürtel, hay anotaciones de pagos a L. B. y a Luis El Cabrón. En 1999, el juez Baltasar Garzón estaba convencido de que las siglas y el apodo ocultaban a Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular (hoy en prisión). Pero cinco años después no está claro a quién corresponde tal mote. Es un misterio irresoluto.
Este apodo hiriente fue lo que provocó en 2012 una extraña operación protagonizada por Alfonso Trallero, entonces abogado de Bárcenas, en la que se vieron implicados el actual director de la Policía, Ignacio Cosidó, y dos comisarios, según se ha sabido ahora. Trallero escribió el 27 de agosto de 2012 una carta a Cosidó, a espaldas del juez Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel. El letrado actuó así después de que Bárcenas contactase con personas destacadas del PP. En la misiva, Trallero pedía a Cosidó que se dirigiera a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que esta hiciese un nuevo informe en el que se estableciera que Luis Bárcenas no era Luis El Cabrón, un apodo que aparece varias veces en la contabilidad de las empresas de Gürtel. En sus declaraciones del 22 de julio de 2009 en el Tribunal Supremo, Bárcenas había insistido una y otra vez en que Luis El Cabrón existía, pero que no era él.
Cosidó envió la carta de Trallero a la Comisaría General de Policía Judicial. Y esta se la reenvió al juez Ruz, quien no ocultó su enfado hacia las maniobras de Trallero y su cliente. Consideraba que el hecho de que semejante escrito se hubiera cursado directamente ante el director general de la Policía, invocando su condición de superior jerárquico de los funcionarios policiales, impedía que el juez pudiera haber valorado la “pertinencia, necesidad y posibilidad de la diligencia interesada”.
El magistrado fustigó a Trallero acusándole de que su conducta se situaba “extramuros del procedimiento judicial, privando al instructor de la dirección del mismo que tiene conferida”. Y le advertía de que eso “pudiera llegar a constituir abuso o fraude procesal en caso de admitirse y perpetuarse tal proceder”. Con todos esos razonamientos, el juez Ruz ordenó a la UDEF que se abstuviera de practicar cualquier diligencia en la línea de lo que quería el abogado de Bárcenas. No obstante, Ruz requirió a la UDEF para que le detallase si tenía acreditado o no que el enigmático Luis El Cabrón era Luis Bárcenas.
Mientras tanto, Trallero contactó con el comisario José Luis Olivera, que llevaba poco tiempo al frente del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) tras haber sido relevado de la jefatura de la UDEF. El abogado convenció a Olivera de que quería hablar con él porque “tenía información relevante” sobre el caso, según fuentes policiales. Olivera le hizo notar que el asunto estaba “judicializado” y, por tanto, bajo el control del juez. Pero ante la insistencia del letrado, Olivera y otro comisario se reunieron con el defensor de Bárcenas en el pub Milford, en la calle de Juan Bravo, en el barrio de Salamanca de Madrid.
Después de solicitar al camarero dos aguas de Vichy y una Coca Cola, el abogado sacó a relucir el maldito apelativo de Luis El Cabrón, remachando que tenía mucho interés en que hicieran un informe asegurando que ese sobrenombre no correspondía a Bárcenas, ya que eso podría exculparle de un delito fiscal que le atribuía Hacienda. Los dos mandos de Interior intentaron zafarse de las presiones de Trallero y le hicieron ver que la policía no estaba interesada en ese supuesto delito fiscal, sino en investigar si Bárcenas estaba implicado en un delito de evasión de capitales procedente de actividades ilícitas. Además, durante la conversación, el letrado no aportó ningún dato relevante, según fuentes policiales.
Con posterioridad a la cita del Milford, la UDEF envió al juez un informe en el que se ratificaba en lo que ya había dicho en otros escritos anteriores: que no tenía datos concluyentes al 100% de que Luis El Cabrón fuese Luis Bárcenas, aunque sí había “elementos indiciarios” a favor de esa hipótesis. En cambio, las siglas L. B. sí son “determinantes” y están acreditadas en el sumario, según fuentes policiales. Estas añaden que las gestiones de Trallero fueron estériles, ya que los informes “no se modificaron ni un ápice”.
El Grupo Socialista en el Congreso ha cursado una batería de preguntas el PSOE sobre este confuso asunto. Una de ellas dice: “¿Ha modificado la UDEF sus informes en relación con la contabilidad encontrada en la sede del grupo de Francisco Correa?” (en la calle de Serrano, de Madrid.

España destruye empleo por sexto año consecutivo y el paro supera el 26%

Por sexto año consecutivo España ha vuelto a tener un mal año en su mercado laboral. 2013 ha acabado destruyendo empleo, como 2008, 2009, 2010... Han sido menos que en todos esos años precedentes. Pero la bajada de 198.900 puestos de trabajo en 12 meses se acumula a las caidas anteriores hasta acumular 3,75 millones, según la Encuesta de Población Activa que ha publicado este jueves el INE. En cambio, descendió el paro. En el último trimestre del año pasado había 65.000 personas sin trabajo menos que en el mismo periodo del año anterior, quedó en 5.896.300.
Con estos ingredientes en la ecuación, la respuesta lógica sería que desciende la tasa de paro. Pues no. Sube hasta el 26,03%. ¿Por qué? Cae la población actica, el colectivo de personas en edad y disposición para trabajar. Descendió en 267.900. Prolonga así su retroceso hasta los casi dos años. La duración de la crisis se nota en el ánimo de la gente, que cansada de no encontrar empleo, acabar por desistir (por lo que el INE deja de contarlos como parados) o por irse fuera de España para probar suerte.
La cara de la moneda hay que buscarla en los datos desestacionalizados de empleo que, por primera vez desde comienzos de 2008, respunta. Creció un 0,29%. Este dato parece apuntar un cambio de tendencia. Algo que el Gobierno espera que se confirme a lo largo de este año. "En el año 2014, las proyecciones que tenemos en el Ministerio de Economía es que va a haber creación neta de empleo, incluso superior de la que habíamos proyectado cuando elaboramos los presupuestos", dijo el ministro de Economía, Luis de Guindos, hace unas semanas.

Empleo en agricultura y a tiempo parcial

Bajando al detalle de la EPA, los ocupados aumentan en la Agricultura con un alza de 85.200 personas. Por el contrario, desciende en servicios (–109.100),un sector en el que se nota la caída del empleo tras la temporada turística. construcción (–35.200) e industria (–6.000).
El empleo a tiempo completo baja en 218.100 personas, mientras que el número de ocupados a tiempo parcial aumenta en 153.100. 2013 acaba con un aumento del empleo a tiempo parcial. La tendencia, que viene de largo, se ha agudizado. Así, el porcentaje de personas que trabaja a tiempo parcial se incrementa casi un punto, hasta el 16,34%.Y eso que no ha dado tiempo a que las medidas adoptadas en diciembre por el Gobierno para impulsar este tipo de contratación tengan efecto.
El número total de trabajadores por cuenta propia se reduce en 51.500 personas en el cuarto trimestre de 2013. Por su parte, el número de asalariados baja en 10.400. Los que tienen contrato indefinido aumentan en 45.600 y los de contrato temporal disminuyen en 56.000. La tasa de temporalidad baja 39 centésimas, hasta el 23,92%. En los 12 últimos meses el número de asalariados ha bajado en 188.200 y el de trabajadores por cuenta propia ha descendido en 9.000. El empleo privado desciende este trimestre en 30.200 personas, situándose en 13.962.400. Por su parte, el empleo público disminuye en 34.800 personas.