INDIA Viaje a la fábrica de bebés El útero de alquiler del mundo

La joven Manjuca, de 31 años, espera sentada en el salón. En la pared hay una foto de un bebé blanquito sonriente y un gran calendario en el que los días que pasan son tachados rigurosamente. Ella los cuenta. Hace dos semana le transfirieron el embrión de un matrimonio de Londres y en 15 días sabrá si está embarazada. Manjuca es una madre de alquiler. Si tiene éxito se quedará en el hogar de acogida durante nueve meses. No está sola. Más de 60 mujeres conviven en habitaciones de entre cuatro y seis camas. Algunas dormitan, otras hacen punto o ven la televisión. Siguen una dieta estricta. A todas les une un origen humilde y todas afrontan el mismo destino: son madres de alquiler. Darán a la luz a niños que serán criados por otras familias, muchas de ellas extranjeras, como la de un padre soltero canario que hace un lustro vino a recoger a su hijo a esta pequeña ciudad en el Estado occidental indio de Gujarat.

Hasta hace una década, Anand sólo era conocido como el pueblo de la cooperativa lechera que en los años 70 propició la llamada revolución blanca, pero hoy es un referente mundial en maternidad subrogada. Detrás del fenómeno está la doctora Nayna Patel, la pionera, dueña de la clínica Akanksha en la que desde 2004 unas 500 madres de alquiler han tenido 697 partos.

Medio millar de centros como este han hecho de India una meca para quienes optan por esta práctica, atraídos por la calidad de sus servicios médicos, sus bajos precios y porque el alquiler de vientres es ilegal en casi todo el planeta. Sólo en octubre al menos seis parejas españolas tramitaron pasaportes para bebés nacidos de vientres de alquiler en el país asiático.

El negocio es boyante. La doctora Patel lo sabe y desde el año pasado está construyendo un macro hospital en las afueras de Anand, entre campos de cultivo y casas rurales, que abrirá en octubre de 2014 y acogerá muchas más madres subrogadas que el de ahora, entre 100 y 150.

Si Manjuca, de 31 años, se queda embarazada será la segunda vez que ofrece sus servicios a Akanksha, el máximo permitido por el borrador de ley pendiente de aprobación desde 2010, que regula también un máximo de cinco partos incluyendo hijos propios, dos cesáreas y una edad límite de 35 años para las madres de alquiler. «La primera vez lo hice para construirme una casa. Ahora lo hago por el futuro de mis hijos [dos niñas y un niño]», dice. Lo ve como un «trabajo» y asegura que «nunca» piensa en el bebé que tuvo en la primera ocasión para una pareja inglesa porque no lo considera suyo.

Para Rinku Megwan, de 32 años, también es la segunda vez que presta su vientre y su embarazo se halla ya en estado avanzado. Tiene mellizos de seis meses que crecerán en EEUU. Pragmática como Manjuca, la joven se muestra algo sentimental: «A veces pienso en qué estará haciendo, cómo será su cara. Tendrá dos años. No tengo contacto con la pareja para la que di a luz el bebé».

Durante el embarazo conviven en habitaciones compartidas. Por la clínica han pasado 500 gestantes. Reciben 6.500 euros

Entre las madres de alquiler se forja una cierta amistad. Son todas de distintos puntos de Gujarat, en su mayoría de zonas rurales. Muchas dicen seguir visitando el hogar de acogida meses después de haber terminado su servicio. «Somos una gran familia. Cuesta pasar tanto tiempo alejada de los tuyos pero tiene una recompensa final», exclama Megwan con una carcajada. «Los maridos y los hijos las pueden visitar los domingos y ellas pueden volver a casa en momentos de crisis o fiestas», explica la doctora Patel.

El concepto es sencillo. Alquilar su vientre reporta a estas mujeres un dinero que no ganarían ni en una década de trabajo. Para la pareja que recurre a ellas, que en muchos casos aporta el espermatozoide y el óvulo que engendran el embrión, es una manera de tener el bebé que tanto ansían. Y a un precio menor que en cualquier otro lugar. Todos contentos. Tanto que por la clínica Akanskha se han pasado ciudadanos de una treintena de países, de Australia a Kenia, pasando por Irlanda, Reino Unido o Hong Kong.

El nuevo hospital costará unos 3,5 millones de euros y será una auténtica fábrica de bebés. «Un nido» que en sus cuatro plantas albergará a las mujeres embarazadas, a los médicos y enfermeras que atenderán las consultas y conducirán los partos, al equipo que seleccionará y asesorará a las nuevas candidatas y a los matrimonios que se hospeden en la ciudad para recibir a su preciado bebé.

«Habrá más comodidad para todos, ahora está todo separado. Es un nuevo concepto. Hay un bebé y dos madres, la que a luz y la biológica. Queremos tenerlo todo junto», explica Patel en su despacho de la clínica actual, un edificio de 70 años de antigüedad algo desvencijado. Los papeles se amontonan sobre su mesa, junto a la que se levanta un pequeño altar con dioses y santones hindúes. Siempre tiene la sonrisa dibujada en la cara. Por cada embarazo contratado paga a la mujer unos 6.500 euros, aproximadamente un tercio de lo que los clientes extranjeros desembolsan. Para los indios la tarifa es algo más baja.

Profundas desigualdades

Los detractores ven en esta operación un negocio lucrativo, otro caso de explotación en un país con profundas desigualdades sociales. Ella dice «ignorar las críticas». Sólo ve una ventana de «oportunidades» en la que todas las partes salen ganando. Con un discurso optimista y cautivador desarrolla su idea: «Se trata de conseguir una vida más allá de la subrogación». «Les damos la vida deseada. Enseñamos a las mujeres qué es un banco, cómo abrir una cuenta, lo importante que es educar a sus hijos, compramos materiales para los niños, damos becas...». En su opinión, «lo importante» es «aprovechar» los frutos, pues «el dinero no va a durar siempre». De ahí que para el futuro tenga en mente aumentar el número de actividades que llevarán a cabo las mujeres que contrata. Durante el embarazo elaborarán productos como prendas de vestir, artículos de belleza o chocolates que serán comercializados bajo una marca identitaria por desarrollar. Tras el parto, algunas cocinarán o limpiarán en la nueva clínica y otras serán reclutadas como aprendices de enfermería. «Ya estamos recogiendo currículums».

La fórmula de Patel parece funcionar. El correo electrónico de la doctora recibe decenas de mensajes diarios. Repliega con cuidado su impoluto sari rojiverde, se sienta frente a la pantalla del Mac y en una enorme libreta de papel anota algunas preguntas. Un matrimonio del sur de España está interesado, inquiere por el precio y plantea fechas posibles de viaje a la India. El público foráneo compone la tercera parte de los clientes de la clínica Akanksha. Otro tercio son indios y el resto ciudadanos de ese país residentes en el extranjero. Entre los forasteros, predominan los estadounidenses. En EEUU la práctica es legal pero «cuesta seis veces más» que en la India, argumenta Patel, que defiende la ausencia de «malos hábitos como fumar o beber» en sus mujeres y la voluntad de «ayudar a una familia india» que mueve a muchos extranjeros.

Sólo el mes pasado, seis parejas españolas recibieron a sus bebés nacidos de vientres de alquiler en India

«Muchos españoles quieren venir pero no saben cómo, porque hay problemas», detalla. Desde que empezó solo ha atendido dos casos de clientes españoles, uno el del padre canario y el otro de un matrimonio que tuvo mellizos hace tres años y medio. Desde junio está en vigor un nuevo régimen de visados más estricto que ha complicado las cosas. Sobre el papel solo pueden recurrir a servicios de maternidad subrogada parejas heterosexuales que lleven dos años casadas. Esta restricción ha supuesto un duro golpe para aquellas clínicas indias de reproducción asistida que tenían en los gais un público habitual.

No ha sido así para el centro de Patel, que no atiende a homosexuales. «Yo los respeto», se justifica la doctora. «No lo hago porque este es un pueblo pequeño que no está muy expuesto a parejas homosexuales».

La normativa de visados aprobada por el Ministerio indio de Interior exige, además, un documento que acredite que el país destinatario «reconoce la subrogación», algo que en el caso de España es imposible puesto que es ilegal. La práctica era tolerada hasta ahora porque los niños de padre español tienen el derecho constitucional de obtener esa nacionalidad. Pero la nueva exigencia documental presenta un obstáculo para sellar el visado de salida en el pasaporte español de los bebés nacidos de madre de alquiler. Le sucedió a un matrimonio asturiano este verano, que tuvo varados a sus dos hijos dos meses en suelo indio hasta que las autoridades locales se conformaron con un documento que incumplía sus propias exigencias. Fuentes del Ministerio indio del Interior matizan que ante el volumen de situaciones potencialmente controvertidas «se estudiará caso por caso», algo que en la práctica se está traduciendo en que la Embajada española está pudiendo por el momento tramitar las solicitudes de ciudadanos españoles.

Enjambre legal

El enjambre legal atrapa a todos. Los trámites se prolongan a menudo indefinidamente. «Me va a llevar unos tres meses. Primero hay que conseguir la ciudadanía, luego el pasaporte. Creo que voy a cumplir un récord», asume resignada una mujer británica de origen indio, mientras su marido mece en los brazos al bebé, nacido hace un mes en la clínica. El matrimonio lleva 11 años casado, lo intentaron por muchas vías pero no podían tener hijos, y finalmente se enteraron de la posibilidad de recurrir a una madre de alquiler en el país de sus ancestros.

Gracias al boca a boca, «nosotros no necesitamos anunciarnos. Los pacientes anuncian la clínica por nosotros», clama el doctor Hitesh Patel, marido de Nayna y encargado de solucionar los papeleos que los clientes requieren. Hitesh recibe a la pareja en una sala en la que también se encuentra un matrimonio canadiense. Se fragua una empatía enseguida por los problemas y la felicidad compartidos. «El proceso es similar en Canadá. Esperamos que no haya problema pues hemos estado en contacto con la embajada», confía Dereck, el cabeza de familia, que no aparta la mirada de su vástago Peyton. «Ha merecido la pena», secunda su esposa, Marie. También ellos probaron suerte de varias maneras, tuvieron en dos ocasiones la posibilidad de adopciones privadas, pero no cuajó, y finalmente siguieron el consejo de «un primo de un amigo» que había estado en Anand tres años atrás.

Mientras las parejas conversan sobre el ajetreo previo al parto y lamentan haberse perdido el momento, la doctora Patel entra con prisa en la sala, que está adornada con fotos de su propia familia. Sonríe a los presentes. «Bebés, bebés por todos lados», dice, y la mujer británica confiesa que ha decidido iniciar otro proceso de fertilización de óvulos. «Ya que tenemos que esperar tanto, hemos decidido tener otro. Estaría bien un hermanito». La clínica le promete un éxito de entre el 40 y el 45 %.

Lejos de allí, en una pequeña aldea junto a Anand, Amita celebra los frutos de haber alquilado su vientre. En abril dio a luz a un bebé para un matrimonio extranjero y recientemente recibió el cheque que gratificó sus esfuerzos. Dentro de poco se reincorporará a la difícil realidad: un empleo de contable en una tienda remunerado con 50 euros al mes. Pero hoy toca festejar la inauguración del nuevo hogar, una casa de cuatro habitaciones con terraza construida con el dinero ganado.

Más de un centenar de familiares y amigos asisten con envidia a la fiesta. La gente come samosas, chapatis y arroz. Se reparten dulces. El inmueble aún necesita una capa de pintura. Amita lleva al periodista a un rincón. «Estoy muy contenta». Muestra la foto de un bebé dormido con el pelo moreno. Mira hacia los lados y dice: «Es para ti. La mayoría no sabe cómo gané el dinero. Prefiero mantenerlo en secreto, por el qué dirán». Se coloca el sari y regresa con su marido y su hijo. La fiesta continúa. Su familia es ahora importante en el pueblo.

Capital de la leche

No hay lugar en India donde la vaca haya alcanzado un estatus más sagrado que en Anand, capital mundial de la leche hasta hace una década. De esta ciudad, hoy con 633.793 habitantes (el 48% mujeres, frente al 45% de la media nacional), salía el líquido blanco que nutría a las más importantes cooperativas lácteas del país. Las cosas han cambiado y en la actualidad Anand, más que leche, lo que «exporta» son niños nacidos de sus cientos de vientres de alquiler.

Un 86% de españoles, incluido el 79% de votantes del PP, pide un cambio de caras ya

Descontentos y fatigados tras dos años de penuria, los españoles quieren cambios. Como mínimo, de caras y actitudes. La mayoría (58%) tiene una imagen mala del presidente, y el grupo de los críticos aumenta hasta casi el 66% cuando valora al equipo de Gobierno en su conjunto. Rajoy y sus ministros ni siquiera levantan pasiones entre los votantes del Partido Popular, que en buen número se suman a la inmensa mayoría (85,7%) que reclama una remodelación del Ejecutivo ya.

El Gobierno llega a la mitad de la legislatura literalmente achicharrado. Ésta es la principal conclusión que se desprende de la encuesta realizada por Sigma Dos para EL MUNDO.

Los votantes discrepan radicalmente de Mariano Rajoy cuando asegura sentirse muy satisfecho con todos sus ministros, alaba su esfuerzo y entrega y confirma su escasa predisposición a realizar cambios. Unos lo interpretan como indolencia, otros como demostración clara del sostenerla y no enmendarla.

Los españoles condenan a Wert, Mato, Gallardón, Báñez y a Cristóbal Montoro

Opiniones tan alejadas entre el poder y la calle vienen a reafirmar la creencia de que desde La Moncloa -la ciudad prohibida, como la denomina un buen número de diputados del PP- las cosas se ven desde una óptica diferente. Y da igual a quién se pregunte. Los votantespopulares en este caso apenas marcan diferencias y en un abrumador 79,4% se ponen del lado de los que reclaman con urgencia un equipo de refresco.

Ni que decir tiene que el porcentaje asciende hasta situarse en el entorno del 90% cuando los que se pronuncian aseguran haber votado a otras fuerzas políticas. Incluso si los encuestados se dividen por edades, el deseo de cambio se manifiesta en todas las franjas como un clamor.

Remodelación del Gobierno

A juzgar por la opinión de los españoles, la remodelación del equipo gubernamental debería ser casi completa. Sólo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se salvaría de la purga.Un 50,6% cree que debería continuar, frente a un 43% que prefiere su sustitución. Haciendo balance entre unos y otros, la número dos del Ejecutivo obtiene un saldo positivo del 8%.

Ella es la única; la cosecha del resto de los ministros es negativa. Los que se llevan la palma son el titular de Educación, José Ignacio Wert, denostado por una reforma educativa cuya explicación ha estado plagada de torpezas; la ministra de Sanidad, Ana Mato, acosada por su relación con la Gürtel e impulsora de recortes que afectan de lleno a los más desfavorecidos; la responsable de Empleo,Fátima Báñez, que no ha podido dar ni una sola buena noticiapese a su dura reforma laboral y firmante de una revisión sin consenso del sistema de pensiones; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, cuya mano se ve detrás de todos los tijeretazos y todas las subidas de impuestos, y el responsable de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que bandea en función de las circunstancias.

El cumplimiento del programa electoral cosecha un muy deficiente de nota

El descontento de la mayoría de los ciudadanos con los ministros se debe en parte a la falta de tacto, a la torpeza o a la ausencia de empatía personal, pero sobre todo al hecho de que se les considera manos ejecutoras de una política que en sus aspectos más relevantes ha sido justo la contraria a la que prometía el PP en su programa electoral.

De hecho, cuando se pide a los encuestados que valoren de 1 a 10 el grado de cumplimiento de las promesas que hizo Rajoy para llegar a La Moncloa, el resultado es un deprimente 2,71, e incluso los votantes populares muestran su insatisfacción concediendo un ramplón 3,94.

'Falta de capacidad política'

Las razones que encuentran los españoles a este incumplimiento palmario de la palabra dada se atribuyen casi en la misma medida a"las circunstancias" (37%), que no dejarían margen al Gobierno para moverse con libertad -aquí cabrían explicaciones que abundan en los dictados de Bruselas o en la nefasta herencia dejada por los socialistas-, y la "falta de capacidad política" (35%), que ahonda en la inoperancia de al menos una parte importante del Gobierno que preferiría el recorte indiscriminado al ajuste fino. Las explicaciones de este grupo conectan también con las del 25% restante que achaca los incumplimientos del programa electoral sencillamente a la "falta de determinación".

Obviamente, los votantes del PP se sitúan mayoritariamente (61,9%) en el primer grupo, más comprensivo con el Ejecutivo, en tanto que los electores de las restantes fuerzas políticas prefieren ubicarse en el segundo bando.

El PP pierde un tercio de sus votos pero sigue por delante del PSOE

El PP llega al ecuador de la legislatura malherido. En dos años ha perdido por el camino nada menos que el 31% de sus votos. Lo nunca visto en un primer mandato. Pese a todo, el partido de Rajoyseguiría siendo el más votado si las elecciones se celebraran ahora.Obtendría un 30,6% de los sufragios, 3,6 puntos por delante de un PSOE (27%) al que le resulta imposible levantar cabeza.

Frente al decaimiento de los dos grandes, IU y UPyD ganan terrenoy se perfilan como piezas decisivas en futuros gobiernos. Mientras, la inmensa mayoría de españoles (86%) reclama una remodelación profunda y ya del Consejo de Ministros.

Los populares han padecido en buena medida la ceguera propia de la mayoría absoluta; han actuado a sangre y fuego, presentando hechos consumados, impávidos ante el malestar, la petición de explicaciones y la desafección. Ahora, dos años después de la victoria electoral, la factura que le presentan los ciudadanos es muy elevada: el PP obtendría un 30,6% de los votos, o lo que es lo mismo, 14 puntos menos que en noviembre de 2011.

 Y en la otra esquina del ring, amarrados a un liderazgo caduco que sigue arrastrando la losa de la herencia, los socialistas no consiguen remontar, malviven sin llegar a tocar el 30% de los votos -la encuesta de Sigma Dos para EL MUNDO les otorga un 27%-, alimentados por sus votantes irreductibles pero sin atrapar electores por ninguno de sus flancos.

En el siempre codiciado magma del centro toma posiciones imparable UPyD, cuyas perspectivas son ya del 10,1% -5,4 puntos más que lo que lograron en las elecciones generales-, en tanto que por la banda izquierda, IU consigue aglutinar a los votantes más decepcionados, los que no ven rédito alguno en los continuos sacrificios que ha impuesto el Gobierno.

UPyD alcanza su máximo histórico, con una intención de voto que llega al 10,1%

UPyD, con Rosa Díez, que una vez más aparece como la política mejor valorada -los encuestados le otorgan una nota de 3,76-, ha logrado enhebrar un discurso que cada vez convence a más. Planta cara sin medias tintas a las derivas nacionalistas, se muestra inflexible frente a la corrupción y propone dedicar los recursos a las personas en lugar de a las estructuras elefantiásicas de una Administración multiplicada por tres.

¿Fin del bipartidismo?

Ahora mismo, se dibuja un panorama político que apunta cada vez con más claridad hacia el fin del bipartidismo. Ni PP ni PSOE podrían gobernar en solitario. Estarían obligados a pactar bien con UPyD, bien con Izquierda Unida. O, en su defecto, plantearse una solución a la alemana, es decir, la gran coalición. ¿Sería ésta la fórmula del renacimiento español? ¿Serviría para limar intereses partidistas y sectarismos ideológicos? ¿Conectaría con el ciudadano medio?

Habrá que esperar a las próximas elecciones generales, pero hoy por hoy un pacto de gobierno entre los dos grandes suena a ciencia ficción. Salvo imprevistos, la cita con las urnas será dentro de dos años. Mucho tiempo en política, aunque quizá no tanto para la economía. El Partido Popular confía en que se confirmen los pronósticos de Rajoy: dos años de padecimientos y dos para resurgir.

La primera parte del vaticinio se ha cumplido y justo ahora el Gobierno empieza a vislumbrar los primeros signos económicos positivos. El problema es que las buenas vibraciones aún no han llegado a una ciudadanía escéptica que sigue abrumada por un desempleo hasta ahora inmune a todas las medicinas, ahogada a impuestos y desesperanzada ante el futuro. Las promesas y los compromisos electorales se infringieron uno tras otro, sin paliativos. ¿Por qué han de creer ahora?

No es de extrañar, por tanto, que el presidente del Gobierno apenas obtenga un 3,36 de nota en la tabla de valoración de los políticos. Tras él, y pisándole los talones, se sitúa el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, con un 3,24.

En cualquier caso, el Ejecutivo confía en que 2014 sea por fin el año del cambio de tendencia y que en 2015 la mejoría se aprecie con nitidez. Si así fuera, un año debería bastar, según el PP, para recuperar la confianza de los votantes.

También con la vista puesta en los dos próximos años los socialistas intentan planear una estrategia que les permita desembarazarse definitivamente del pasado, pero aún no han dado el paso decisivo: cambiar de líder. Probablemente con la espera estén desperdiciando la ventaja que les ofrece las horas más bajas del Partido Popular.

'El cuarto puesto para el PSOE'

De hecho, el PSOE, con Rubalcaba al frente -el secretario general socialista, con un 3,12 de nota, queda relegado al cuarto puesto en la valoración de líderes-, no ha podido rentabilizar ni el rechazo a la política de recortes del Gobierno, ni las equivocaciones flagrantes de los ministros, ni tan siquiera escándalos de primera categoría como elcaso Bárcenas.

Los socialistas, en los dos años que van de legislatura y pese a la que ha caído, se encuentran ahora incluso por debajo -1,8 puntos- del nivel de votos que lograron en las elecciones generales. Y más aún, su Conferencia Política del pasado fin de semana, pensada por la dirección federal para renovar el ideario y ofrecer un proyecto capaz de ilusionar, lejos de haberles impulsado al alza parece haber hundido un poco más las ya alicaídas esperanzas de sus simpatizantes.

El pasado mes de julio, según la encuesta de verano de EL MUNDO, el PSOE llegó al 27,8% de intención de voto. Ahora, pierde casi un punto y retrocede al 27%.

ERC duplica generosamente sus perspectivas en las urnas a costa de CiU

Por lo que se refiere a las formaciones de carácter nacionalista se aprecia un descenso de CiU en favor de la oferta más radical que defiende ERC.

Los primeros, que en las elecciones generales de 2011 superaron en dos décimas la cota del 4% de los votos, descienden ahora al 3,6, en tanto que los segundos, puramente independentistas, aglutinan la desafección hacia el Estado y logran duplicar generosamente sus perspectivas electorales, pasando del 1,1% que obtuvieron hace dos años al 2,6 que obtendrían ahora. Tanto es así que el líder de los republicanos catalanes, Oriol Junqueras, supera en valoración al presidente de la Generalitat, Artur Mas.

En el terreno vasco, el PNV obtiene una leve mejoría, pasando del 1,3% de votos cosechados en las elecciones generales a un 1,4%. En paralelo, la formación abertzale Amaiur muestra tendencia al declive, cayendo del 1,4% que hace dos años le abrió las puertas del Parlamento nacional al 1,2% que lograría si las urnas se abrieran ahora.

La comida justa

Francisco Barboza, ingeniero industrial de 30 años, tiene un prototipo en la cartera, pero está convencido de que pronto estará en las cocinas. Su vida en el extranjero le llevó a crear Kitchen Hub, un proyecto que quedó finalista del Electrolux Design Lab 2013. “Viviendo fuera me di cuenta de la cantidad de comida que acabas tirando. Los datos son escalofriantes. Mi diseño es una declaración de intenciones para un problema de hoy. Aunque no se hable mucho de ello, el 30% de lo que se produce en España va a la basura”, explica Barboza. Por eso ideó este aparato inalámbrico que controla los alimentos que están a punto de caducar, permite hacer listas y recomienda recetas para aprovecharlos.

España es el sexto país de la Unión Europea que más comida desperdicia: 7,7 millones de toneladas, según indica la Comisión Europea. Al año, cada hogar español malgasta 76 kilos de alimentos, según los datos facilitados por el Estudio sobre el desperdicio de alimentos en los hogares. Cataluña y Madrid son las regiones donde se desecha más; en el polo opuesto están Andalucía, Canarias y Galicia.

Paco Muñoz, técnico de la oficina de medio ambiente de la Universidad Autónoma de Barcelona, recuerda que, por habitante, España está situada ligeramente por debajo de la media europea y que los datos deben tomarse con precaución porque incluyen toda la cadena. “Debemos ser muy conscientes de que tirar comida no tiene sentido cuando tanta gente no tiene garantizada una alimentación suficiente. También es preciso considerar los efectos económicos y ambientales. La producción de alimentos deja huella en la emisión de gases a la atmósfera, en tierras cultivables innecesariamente y en gasto de agua”, subraya Muñoz.

“Los datos son muy tristes”, asegura Ana Andújar, gerente de Yocomobien.es, empresa que se encarga de planificar un menú semanal, comprar y llevar la cesta a casa. “El objetivo es evitar la pregunta diaria ¿qué hago de comer? y comprar en la justa medida”. Andújar explica que en los hogares con personas de más de 60 años, el desaprovechamiento baja muchísimo: “Quizá porque han vivido otras cosas y con los años aprendes”.

No solo los hogares desechan. Los restaurantes españoles tiran más de 63.000 toneladas de comida al año –el doble que hace dos décadas–, según un informe de Unilever Food Solutions. Estos sobrantes suponen unas pérdidas de más de 255 millones de euros para el sector. En el centro de Copenhague, un grupo de voluntarios ha encontrado la solución. Se llama Rub & Stub, un restaurante que cocina a partir de los alimentos que no quieren algunos de los supermercados de la ciudad, bien porque su aspecto no les permite ponerlos a la venta o porque están a punto de caducar. El proyecto nació hace un año y abrió sus puertas el pasado 13 de septiembre. “Todavía estamos tejiendo la red de proveedores”, reconoce Sophie Sales, voluntaria y cofundadora. No es fácil sistematizar la entrega de los alimentos y lograr variedad. “Lo más difícil ha sido convencer a las empresas para firmar acuerdos. Además trabajamos día a día, con un menú diferente; algunas veces tenemos mucha variedad, y otras no. De momento, el 30% de lo que cocinamos procede de estos supermercados”, explica Sophie, quien subraya que lo importante es centrarse en el gasto de la comida.

Y en casa, ¿qué hacer para aprovechar los recursos? Marc Puig-Pey, miembro de la Fundación Alicia, aconseja planificar (qué hay en la nevera, organizar las compras, ajustar las cantidades), conservar, manipular los alimentos correctamente e intentar cocinar solo lo que ingeriremos. “Debemos abrir nuestra mente y huir de la uniformidad de los productos”, afirma.

“No podemos dejar que algo se tire porque no gusta la forma o el color, ya que cocinado tiene buen sabor; hay que formar a la población en habilidades culinarias que le permitan aprovechar mejor las sobras. Debemos abrir nuestras cocinas y talleres, y demostrar que nosotros no tiramos comida”. Paco Muñoz zanja la cuestión: “La comida que no consigue su fin, alimentar, es un despilfarro imperdonable".

45 diputados del PP valenciano piden el indulto para un exalcalde corrupto

Fue una rebelión soterrada, sin ruido. Un documento que el pasado miércoles circuló por la bancada del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas solicitando el indulto para el exalcalde de Torrevieja (Alicante) y exdiputado autonómicoPedro Hernández Mateo, condenado atres años de cárcel y siete de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad en documento público. Y la inmensa mayoría de los diputados —45 sobre 54— del PP lo firmaron sin ningún escrúpulo. El gesto representaba algo más que una muestra de solidaridad con un excompañero condenado. En la práctica era todo un desafío al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, del que se apartaron la mayoría de los pesos pesados del PP valenciano, con la excepción del presidente del parlamento autonómico, Juan Cotino, y del presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus.

Fuentes de la dirección nacional del PP aseguran desconocer la iniciativa de los parlamentarios valencianos. Las mismas fuentes desvinculan al partido de esa iniciativa y aseguran que no le consta que haya petición de indulto, sino un escrito de apoyo al condenado.

Fabra lleva tiempo diciendo que ningún imputado formará parte de las próximas candidaturas del PP en las elecciones municipales y autonómicas de 2015 y en los escaños del PP se sientan hasta ocho diputados con problemas con la justicia; más otro, Rafael Blasco, que ahora forma parte del grupo de no adscritos tras su expulsión por un supuesto fraude de ayudas al tercer mundo en su época de consejero de Solidaridad y Ciudadanía.

Pero, además, la mayoría del grupo está conformado a imagen y semejanza del antiguo presidente, Francisco Camps, que dimitió poco antes de sentarse en el banquillo por su implicación en el caso de los trajes, una derivada de la trama Gürtel. La mayoría de esos diputados sabe que no va a seguir en la próxima legislatura. La firma a favor de Hernández Mateo y el desaire a Fabra les sale gratis.dinero.

Los ocho imputados forman un grupo variopinto. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exalcalde de esa ciudad, Luis Díaz Alperi, están implicados en el caso Brugal, una supuesta trama para manipular el urbanismo de la localidad con el objetivo de favorecer al promotor Enrique Ortiz, con quien han compartido yate, regalos y vacaciones. Dos exconsejeras de Turismo, Milagrosa Martínez y Ángelica Such, se encuentran procesadas por favorecer presuntamente a Orange Market, terminal valenciana de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, en la adjudicación de los pabellones de la Comunidad Valenciana en Fitur. La fiscalía solicita para Martínez, conocida como La Perla, once años de cárcel y el embargo de sus bienes por un valor de 630.000 euros.

Tres exaltos responsables del PP en la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García, exsecretario general, exvicesecretario general y extesorera, respectivamente, de los populares valencianos, también tienen que responder ante la justicia por su presunta implicación en la financiación irregular del partido. A estos siete hay que añadir un exvicepresidente del Consell en la época de Camps, Vicente Rambla, que supuestamente actuó de intermediario entre la administración autonómica y el partido para facilitar la supuesta financiación irregular.

La división en el grupo parlamentario es de tal calibre que algunos dirigentes nacionales del PP estaban convencidos de que se iba a producir una fuga de votos cuando se planteó un proposición de Esquerra Unida sobre el mantenimiento de Canal 9 en las Cortes Valencianas. No fue así. El PP actuó como una falange, pese a que la votación era secreta. Pero ayer se abrieron todas las costuras con un tema muy sensible para los cargos públicos del PP.

Andrés Ballester, un diputado amigo de Hernández Mateo, impulsó la recogida de firmas con notable éxito. Salvo los miembros del Gobierno valenciano, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el portavoz del grupo, Jorge Bellver, y un muy escaso número de diputados, el resto firmó un documento que pone en tela de juicio toda la política de líneas rojas establecida por el presidente Fabra.

El vicepresidente y portavoz del Gobierno valenciano, José Ciscar, intentó quitar hierro al asunto: “Los diputados que han pedido el indulto lo han hecho a título totalmente personal. Es legítimo y se suman a una iniciativa vecinal. Yo no la he firmado, ni me he planteado hacerlo”, dijo Ciscar

El presidente de la Diputación de Valencia y el de las Cortes han firmado

“No me agrada que nadie vaya a la cárcel por cuestiones políticas”, explicó este viernes Ballester. “Ha firmado todo el mundo por su propia voluntad”, recalcó el diputado, quien explicó que su iniciativa es una muestra de apoyo a la de los hijos de Hernández Mateo, que intentan que la aceptación a trámite —por parte del Ministerio de Justicia— de la petición de indulto paralice el ingreso en prisión del exalcalde que también alega motivos de salud.

La dirección regional del PP guardó silencio, mientras la oposición exigió a Fabra la desautorización de la iniciativa.

IDILIOS En el Ministerio de Educación

Montserrat Gomendio, la secretaria de Estado de Educación y actual pareja del ministro del mismo ramo, Montserrat Gomendio, y su marido ya están divorciados, según ha sabido LOC.

La sentencia donde se oficializaba la ruptura entre Gomendio y Eduardo Roldán, investigador del CSIC, fue comunicada a la pareja este mes de septiembre, aunque todavía el Juzgado de Familia número 80 de Madrid tiene que dirimir aspectos esenciales como elreparto de bienes dado que la pareja contrajo matrimonio en régimen de gananciales.

El motivo es que ella se niega a ceder a su ex el 50% del patrimonio que ha acumulado durante los 24 años de matrimonio como establece la Ley. El juez ha abierto una investigación para esclarecer a cuánto asciende la fortuna real de Gomendio, que pertenece a una conocida familia de constructores y que se ha convertido en la mujer más rica del Gobierno con un patrimonio declarado de 14,5 millones de euros, tan sólo rebasada por el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles.

La labor investigadora del juez no será fácil dado que al menos cinco de las 18 empresas donde tiene participaciones Gomendio operan en antiguos paraísos fiscales como Panamá o República Dominicana, lo que podría eternizar aún más una batalla judicial que inició la ex investigadora del CSIC en diciembre de 2012.

Seis meses antes, en junio de 2012, la secretaria de Estado había empezado un affaire extramarital con Wert, una pareja ahora en el ojo del huracán por el recorte de las becas Erasmus. Gomendio no se lo comunicaría a su esposo hasta finales de septiembre, según fuentes cercanas al malogrado matrimonio.

Wert tardaría más en sincerarse con su novia pues no fue hasta noviembre cuando daría la mala nueva a la periodista Edurne Uriarte, que abandonó el inmueble que tenían alquilado.

Wert ya convive con Gomendio y viajó con ella y sus dos hijos a República Dominicana este agosto

La relación entre Gomendio y Wert se fraguó en los pasillos del Ministerio. El titular de Educación no la conocería hasta que un ex compañero del BBVA, donde Wert trabajó como director de relaciones corporativas, la recomendó para el Ejecutivo.

El ya ministro, una vez jurado su cargo, mantuvo tres entrevistas con ella para un puesto inferior, pero sorprendido de sus capacidades decidió hacerla secretaria de Estado a pesar de que no venía apadrinada por ningún primer espada del PP.

Cinco meses después de "compartir horas y horas de despacho", según un asesor del Ministerio, comenzarían una relación que llevaron a escondidas hasta el mes de septiembre de 2012 y que ahora no ocultan en las dependencias del edificio ubicado en la calle Alcalá.

Fue ella misma quien le pidió el divorcio al marido informándole de que había conocido a otra persona, aunque no le desveló una identidad, que Roldán conocería más tarde atando cabos por sus propios medios, según fuentes cercanas al ya fallido matrimonio.. Hasta ese momento y, según las mismas fuentes, la pareja vivía aparentemente "una relación idílica".

Ella no tardaría en abandonar el domicilio conyugal y se mudó a un piso de 200 metros en Joaquín Costa, a nombre de una empresa en la que tiene un 75% de participaciones, y donde convive actualmente con el ministro Wert.

Éste ya conoce a sus hijos y en agosto se fue con todos ellos a una de las propiedades que atesora su novia en la lujosa urbanización de Casa de Campo en República Dominicana.

Ministra en la sombra

Gomendio es, según aseguran desde su gabinete, quien controla los hilos el Ministerio. Todo aquel que trabaja en el edificio sabe cuánto poder ha adquirido la novia del titular del ramo, José Ignacio Wert, desde que se hizo pública su relación.

"Ella tiene un poder que no le corresponde y es fruto de su relación. Va a muchos actos como el Festival de San Sebastián a los que no debería. Toma decisiones de forma unilateral sin consultar a unos técnicos a los que no deja reunirse con Wert", cuenta un ex cargo.

Otra fuente asegura que todo aquel que se ha opuesto a sus criterios está ya fuera del Ministerio y recuerda cómo la directora de Universidades, María Amparo Camarero, fue cesada por oponerse al recorte de becas a pesar de que desde el Ministerio se aseguró que la razón residía en que "se llevaba mal" con los rectores.

"Fue Gomendio quien la cesó por llevarle la contraria", dicen. La directora de comunicación, Margarita Mayoral, por su parte, dimitió cansada de las injerencias de Gomendio en la agenda del díscolo ministro.

El fin de semana recibe al invierno

Tras un noviembre de clima inusualmente moderado, la nieve llegará este fin de semana a algunas zonas por debajo de los 1.000 metros y el frío traerá un clima "desapacible y casi invernal", según ha explicado el portavoz de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet),Fermín Elizaga.

Así, este viernes la nieve se situará en puntos por encima de 700 metros en el extremo norte peninsular, y esta situación se mantendrá durante la madrugada. Las temperaturas también caerán e incluso habrá máximas de tan solo 10 grados en algunas zonas de la mitad norte de España, mientras que las precipitaciones llegarán al Cantábrico y a Baleares.

A lo largo del sábado, la cota de nieve tenderá a subir hasta los 1.000 metros, con las nevadas más importantes en Cantábrico, Pirineos ySistema Ibérico por encima de 700 metros como cota más baja. En cuanto a las temperaturas, bajarán también pero sólo en la mitad sur peninsular y estas caídas irán acompañadas de vientos fuertes en lazona del nordeste y Baleares.

Asimismo, también habrá lluvias y las más fuertes afectarán aBaleares y otras zonas del este peninsular, con la posibilidad de acumular cantidades importantes de agua en el sur de Cataluña, sur de Aragón y norte de la Comunidad Valenciana.

Para el domingo continuará la situación "desapacible e inestable" de los días anteriores aunque con algo de menos frio. Las precipitaciones se localizarán en el norte y este peninsular yBaleares y pueden ser fuertes. Mientras, las temperaturas tenderán a subir y también la cota de nieve, aproximadamente hasta los 1.200 metros.

La próxima semana comenzara también con inestabilidad, sobre todo en el este peninsular, donde habrán precipitaciones muy abundantes en zonas cercanas a la costa y también vientos fuertes en el litoral de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares.

Además, el tiempo será inestable, principalmente en el norte peninsular y en zonas montañosas del interior, si bien el lunes los termómetros tenderán a subir. A partir del miércoles las temperaturas volverán a bajar, acompañadas de una entrada de aire de componente norte sobre la Península que traerá precipitaciones de manera persistente sobre el Cantábrico.

Déficit de lluvias en el Mediterráneo

Por otro lado, Elizaga ha indicado que en lo que va de año hidrológico (1 de octubre de 2013 a 30 de septiembre de 2014) ha llovido un total de 79 litros por metro cuadrado para el conjunto de España, lo que representa un 18% menos que el nivel medio normal, que se sitúa en 96 litros por metro cuadrado.

Por zonas, Elizaga ha indicado que continúa la diferencia entre lavertiente atlántica, con un superávit por las lluvias, y el este peninsular y Baleares.

Así, las cifras registradas en la vertiente atlántica cuentan con un valor superior a lo normal en Galicia, Extremadura, Castilla y León y también el oeste de Castilla-La Mancha y Andalucía, Navarra oPaís Vasco.

Por el contrario, en la vertiente mediterránea y Baleares los valores están "muy por debajo de lo normal" y no alcanzan ni el 25% en varias zonas.

Empresas y sindicatos llegan a un acuerdo para desbloquear la huelga

A las dos menos cuarto de la noche, horas después de que el Ayuntamiento hubiera ejecutado ya su amenaza de acudir ante la justicia y poner la limpieza de las calles de Madrid en manos de la empresa pública Tragsa, las concesionarias y los sindicatos han alcanzado un acuerdo sobre su convenio colectivo. Eso permitiría desactivar en las próximas horas la huelga que durante 11 días ha sepultado la capital bajo toneladas de porquería. Al cierre de esta edición se desconocían las condiciones del acuerdo. El motivo de la protesta es el expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por las empresas, pero un acuerdo sobre el convenio colectivo allanará, según los sindicatos, la negociación del ERE.

Sin embargo, la huelga todavía no ha sido desconvocada y, como estaba previsto, a las 4.00 de este sábado salió el dispositivo preparado por la empresa Tragsa para comenzar las labores de limpieza que garanticen los servicios mínimos. El operativo está integrado por 200 personas: 90 trabajadores que se han prestado voluntariamente para la labor y otros 110 empleados contratados a toda prisa mediante empresas de trabajo temporal. Los operarios han estado trabajando con escolta de la Policía Municipal y no se han registrado incidentes. Este dispositivo, formado por pequeños camiones para entrar en el centro de la capital, ha empezado a limpiar las calles a las 4.00, y se mantendrá hasta el final definitivo del conflicto, según adelantó el Ayuntamiento de la ciudad. A las 11.00 de la mañana el dispositivo será sustituido por otro turno para continuar las labores de recogida de basura.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), ha estado supervisando y dirigiendo desde la madrugada el despliegue operativo de limpieza en Madrid desde el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM). A las 8.00, los camiones habían recogido ya bastante de la basura acumulada en los últimos días en el centro de la capital y barrios como Lavapiés, Tirso de Molina, Arenal y Cibeles empezaban a notar la mano de los trabajadores de limpieza.

A las cinco de la tarde había expirado el ultimátum de la alcaldesa de Madrid que el pasado miércoles dio 48 horas a las empresas para cumplir los servicios mínimos. Según el Ayuntamiento, durante estos 11 días de huelga no se ha llegado ni al 70% de lo pactado, que establecía que siguieran trabajando cuatro de cada diez barrenderos. El concejal de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, acudió a las siete de la tardea los juzgados de la plaza de Castilla y denunció ante el Ministerio Fiscal el incumplimiento de los servicios mínimos.

A continuación, anunció la contratación de la empresa estatal Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, para hacer cumplirlos desde las seis de la mañana del sábado y hasta el final de la huelga. Entre tanto, las concesionarias (OHL, Ferrovial, Sacyr y FCC) y los sindicatos (CC OO, UGT y CGT) siguieron negociando durante toda la tarde, en pos de un acuerdo que cerrara el conflicto e hiciera innecesaria la intervención de Tragsa.

Se sentaron a la mesa a las seis de la tarde. Rondando las dos de la madrugada alcanzaron un acuerdo sobre el convenio colectivo, que según los sindicatos allanará automáticamente la reunión que mantendrán para cerrar la negociación sobre el expediente de regulación de empleo que afecta a 1.134 empleados y que fue el detonante de la huelga.

El líder de CC OO en Madrid, Jaime Cedrún, deslizó ayer su deseo de que “no haya heridos” en las calles por la intervención de Tragsa, que, en su opinión, “echa más leña al fuego”. Trabajadores de las contratas se reunieron anoche en la calle Hormigueros, y los sindicatos temen que puedan cargar contra los empleados de la empresa estatal.

Para evitarlo, el Ayuntamiento preparó un fuerte despliegue de seguridad. La Policía Municipal envió a primera hora de ayer una orden urgente a todas las unidades para pedir voluntarios para trabajar el fin de semana. Los mandos montaron un fuerte dispositivo de escolta a los 200 trabajadores de Tragsa: más de 600 agentes (la mitad, antidisturbios) han vigilado los camiones de la empresa pública para evitar que los piqueteros o algún exaltado reviente los servicios mínimos.

El dispositivo lo forman en las primeras horas de la madrugada unas 150 patrullas, que han escoltado a los operarios. Los efectivos de las Unidades Centrales de Seguridad (los antidisturbios de la Policía Municipal) se concentran en las zonas más conflictivos.

Los camiones de Tragsa han salido del Templo de Debod y de la plaza de Legazpi. Desde allí, se han dibujado unas cuadrículas sobre el mapa de Madrid, de forma que las distintas cuadrillas han ido avanzando por toda la ciudad. En el centro, camiones pequeños recogen los residuos y los depositan luego en otros más grandes. Estos son los que se han desplazado al vertedero de Valdemingómez.

Han sido escoltados por coches patrulla para evitar que les pinchen las ruedas o les impidan llegar a su destino, según destacaron fuentes policiales. El resto de patrullas de los distritos se ha encargado de vigilar posibles ataques a contenedores y sedes de las concesionarias. En caso de que fueran necesarios, también podrían sumarse al dispositivo de escolta.

El Cuerpo Nacional de Policía también participa en el operativo. En concreto, las furgonetas de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios) escoltan los camiones de Tragsa desde su sede en el kilómetro 6,800 de la autovía de Toledo (A-42), en el término municipal de Leganés, hasta los dos puntos de reunión. Fuentes policiales explicaron que los antidisturbios también podrían sumarse al despliegue de la Policía Municipal si se producen importantes altercados.

¿Quién pagará estas horas extras? En principio, fuentes municipales explicaron que el sobresueldo se repercutirá a las empresas concesionarias por haber incumplido los servicios mínimos.

CC OO ha acusado al Ayuntamiento ayer de “reventar” la protesta, y ha presentado una denuncia de urgencia ante la Inspección de Trabajo para que verifique si ha contratado a operarios para cubrir servicios mínimos a través de empresas de trabajo temporal. El líder de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, anunció también una denuncia por violación del derecho de huelga.

Hasta ayer, se había detenido a 19 personas por actos de vandalismo. Otras 249 personas han sido identificadas por su posible implicación. La factura por los destrozos roza el millón de euros. Las concesionarias calculan en 454.000 euros los daños sufridos, mientras que el Ayuntamiento añade a esa cifra otros 496.000 euros por 359 contenedores y 877 papeleras reventadas.