Hace un par de meses que apenas tenemos noticias de secuestros de buques en las aguas próximas a Somalia. No nos llevemos a engaño. El brusco descenso de la piratería -dos secuestros desde junio, frente a los 29 de los primeros cinco meses del año- se debe a que el fuerte oleaje causado por el monzón del suroeste pone en peligro las frágiles embarcaciones piratas. Por eso mismo, las organizaciones internacionales ya han avisado de que habrá un repunte de los ataques en septiembre y de que hay que aumentar la vigilancia en la zona pero, sobre todo, hay que darse prisa para poner al día las leyes. Ante el desafío que plantea la piratería del siglo XXI nadie parece tener claras las reglas que rigen el arresto o enjuiciamiento de los maleantes y la confusión reinante les está beneficiando.
Descripción cronológica de los principales ataques piratas que se han vivido en aguas somalíes desde el año 2005. La ruta del Mar Rojo, que une el océano Índico y el mar Mediterráneo, se ha convertido en una de las zonas más amenazadas por los piratas. Es más difícil cambiar la coma de un tratado que enviar una flotilla.
No es ilegal portar armas en alta mar, según la costumbre de siglos
En demasiadas ocasiones han acabado impunes. De 238 sospechosos de piratería arrestados hasta marzo en las aguas del golfo de Adén y el este de Somalia, menos de la mitad han sido procesados, según ha informado la Armada estadounidense. La mayoría han sido soltados en las playas de Somalia una vez desarmados. Con razón, muchos analistas han puesto en duda la eficacia de los 34 destructores y fragatas que patrullan estas aguas internacionales. Como pasa con tantos otros problemas globales, cada país ofrece una solución propia, y sentarse a la mesa para cambiar una coma en un tratado es más difícil que enviar una flotilla militar.
Todo sería más sencillo si existiera un tribunal internacional y si los Estados estuvieran obligados a detener y procesar a los asaltantes de barcos, algo que aún hoy es facultativo. La conocida como Constitución de los océanos, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, un tratado aprobado en 1982 y ratificado por 157 Estados, permite a cada país reprimir la piratería marítima mediante el arresto y enjuiciamiento de los criminales. Pero tomar estas medidas es una opción tan válida como no hacer nada. Por tanto los países son libres de regular sus leyes antipiratería a conveniencia.
En España la piratería marítima no está tipificada en el Código Penal. La Cadena Ser informó ayer de que Eurojust, órgano de cooperación judicial de la UE, ha criticado a España por esto en su último informe, en el que se recomienda un endurecimiento de las penas. Eurojust también reprocha a los países de la UE que no se está haciendo lo suficiente para interceptar los circuitos de blanqueo. El dinero de los rescates puede servir para financiar a organizaciones terroristas. Ayer los piratas recibieron dos pagos millonarios para liberar un barco alemán y un remolcador malayo.
Estas deficiencias se pusieron de manifiesto cuando el juez Fernando Andreu ordenó el 8 de mayo la puesta en libertad de siete bucaneros a los que la Armada española había echado el guante. El enredo legal en que se vieron atrapados durante seis días Fiscalía, Audiencia Nacional y Gobierno, que finalmente se resolvió con la entrega de los supuestos delincuentes a Kenia, lo han sufrido también otros países que patrullan esta ruta marítima crucial por la que transita el 20% del comercio mundial.
Lo lógico sería crear un tribunal internacional que diera una respuesta unificada, pero parece una utopía si se tiene en cuenta la lentitud con que avanzan los diplomáticos. "Pasan años desde la firma de un tratado hasta su entrada en vigor después de conseguir las ratificaciones suficientes", explica José Luis Rodríguez-Villasante, quien trabajó en la redacción del Estatuto de Roma, el convenio que en 1998 constituyó la Corte Penal Internacional, un tribunal que se puso en marcha en sólo cuatro años. "Fue una velocidad asombrosa si se compara con el tiempo que se necesita normalmente para impulsar acuerdos multilaterales de este tipo", considera Rodríguez-Villasante.
Así las cosas, los delincuentes deberían ser juzgados a miles de kilómetros de Somalia por el país que los detiene. Pero aquí aparece otro problema de tipo práctico. Es un engorro hacerse cargo de los piratas. Lo explica Roger Middleton, investigador en asuntos de África de Chatham House, un think tank londinense: "Estos países no quieren enfrentarse a una avalancha de solicitudes de asilo de los piratas, que pedirían no ser devueltos a Somalia, un país en guerra. Además, es caro reunir y trasladar desde África las pruebas y testigos. Y, sobre todo, entran en juego razones logísticas porque durante la operación de traslado los navíos dejarían de vigilar las aguas".
La salida de emergencia se ha hallado en el vecino del sur de Somalia, Kenia, al que algunos de los países implicados han otorgado el papel de juez y carcelero de los piratas. Más de 80 aguardan juicio en las celdas de Shimo la Tewa, una insalubre prisión de Mombasa, después de que Kenia firmara acuerdos con EE UU (enero) y la UE (marzo).
Las ONG creen que entregar a los detenidos a un país con unos estándares democráticos tan cuestionables es una componenda impropia de Estados que se precian de ser abanderados de los derechos humanos. Human Rights Watch asegura que en las cárceles de Kenia las torturas y vejaciones son sistemáticas y que los jueces son fácilmente corrompibles. Al menos sobre el papel, la UE está preocupada por el destino de los piratas. En las condiciones de entrega de los detenidos por la misión europea Atalanta se detallan con prolijidad las garantías procesales que el país africano deberá respetar. En particular, que no se les aplique la pena de muerte. En Kenia el castigo máximo por piratería marítima es de siete años de prisión.
"En principio, entregar los detenidos a Kenia parece más aceptable que dejarlos en libertad", sostiene Félix Arteaga, especialista en asuntos de defensa del Real Instituto Elcano. "Que se prolongue esta medida dependerá de que se respeten los derechos de los detenidos. Alemania ha enviado observadores para garantizar que no han sido torturados y que les asiste un abogado". Aunque con menor autoridad sobre los jueces, la minoría somalí en Kenia también vigilará que no se cometan agravios contra sus compatriotas, opina Arteaga. India, Rusia y China han entregado a los piratas apresados a las autoridades de otros países de la región, como Yemen, Yibuti o Seychelles.
La cuestión de dónde juzgar a los piratas no es la única que tiene 16 respuestas distintas, tantas como los países que patrullan esta ruta. Otro asunto que cada cual resuelve a su manera es el uso de la fuerza para capturarlos. Mientras que algunos navíos han tomado medidas drásticas, otros han interpretado que no es ilegal portar armas en alta mar, como ha sido costumbre durante siglos, y los arrestos sólo pueden efectuarse cuando sorprenden a los asaltantes in fraganti.
Ahora bien, cuando se trataba de proteger a ciudadanos o intereses nacionales, las armadas no han vacilado en abrir fuego. Como cuando los comandos estadounidenses redujeron a disparos en abril a los tres piratas que retenían al capitán Richard Philips, o en el caso de las fuerzas especiales francesas que han entrado en acción en varias ocasiones para rescatar a rehenes.
La escena más parecida a una batalla naval la protagonizó la fragata india INS Tabar, que en noviembre hundió a cañonazos un buque pesquero tailandés después de avistar piratas armados a bordo. Lo que desconocían era que retenían a 14 rehenes. Sólo uno sobrevivió al impacto de los misiles y pudo aclarar el suceso al ser avistado por otro buque tras seis días a la deriva sobre una barra de metal, resto del naufragio.
"No se trata de matar gente sin contemplaciones", reprocha Agustín Blanco-Bazán, vicedirector de asuntos legales de la Organización Marítima Internacional. "El término guerra contra la piratería, usado frecuentemente, es desacertado. Se trata de reprimir un delito común y usar armas es, como sería en el caso de un hecho policial en el centro de Madrid o Barcelona, un recurso extremo para evitar males mayores".
Otros juristas y militares creen que hasta que no se pase a la ofensiva no se logrará exterminar la plaga de piratas. Se sirven como precedente del uso mucho más decidido de la fuerza por Singapur, Indonesia y Malaisia contra los piratas del estrecho de Malaca, al otro extremo del Índico. Allí estos países han limpiado de piratas este paso marítimo aquejado durante décadas por este tipo de delincuencia.
"Los navíos deberían tener autorización para atacar y hundir las embarcaciones piratas si son avistados en un intento de abordaje, y no limitarse a perseguirlos, como está ocurriendo ahora en Somalia", opina Robert C. Beckman, director de Derecho Internacional en la Universidad de Singapur. En muchas ocasiones las leyes estatales sólo permiten abrir fuego como medida de autodefensa, pero Beckman cree que los Estados deberían reformarlas para ser más eficaces.
La realidad es que los piratas somalíes son menos violentos que los del estrecho de Malaca y muchos expertos militares desaprueban el uso de la fuerza porque podría conducir a mayores derramamientos de sangre, en especial teniendo en cuenta que retienen 10 barcos con 190 rehenes. Aún así, EE UU defendió en diciembre que las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que facultan para "tomar todas las medidas necesarias en Somalia" con el fin de acabar con los piratas dan vía libre incluso para atacar desde el aire el puerto de Eyl, la principal base pirata. También Rusia ha defendido con ímpetu la opción bélica.
De momento, a las potencias les han surgido unos aliados inesperados: los líderes religiosos han convencido a una de las mayores y más antiguas bandas de piratas, con 200 integrantes, de lo malo que es secuestrar barcos. Como en tantas otras ocasiones, la fuerza de la palabra ha resultado más poderosa que la de las bombas.
EP-E
